Sumario:
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Introducción
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Los conceptos de Estado y nación
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España, Estado multinacional
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La lucha por el socialismo
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El falso nacionalismo
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El principio del derecho a la autodeterminación
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El Partido Comunista y sus tareas generales más inmediatas
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Una fantasmada
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Guerra de clases por la liberación social y nacional
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Obreros utópicos y burgueses realistas
La mayor parte de los escritos que conforman esta recopilación han sido recogidos del folleto que lleva por título Lucha de clases y movimientos nacionales en España, el cual fue elaborado y editado por nuestro Partido en 1983. Esta circunstancia explica lossaltos, laslagunas y lalejanía de algunas fechas que aparecen en el texto. Aún así, hemos preferido no retocarlo, ya que ello nos obligaría a tener que extendernos y lo que pretendemos, precisamente, es ser lo más breves posible. Este será, pues, el tributo que habrá que pagar.
No obstante, si nuestros lectores están interesados, pueden pedir el texto completo, del que bien se puede decir que lo que sigue no es más que una edición abreviada, con un anexo que en el anterior no aparece.
Para la formación de la nación es absolutamente necesario que se den una serie de condiciones (como la comunidad de idioma, de territorio, de economía, cultura, etc.), mientras que para la formación de un Estado, tal como hemos visto en el caso de España, no son necesarias dichas condiciones, ya que un mismo Estado puede integrar diferentes nacionalidades con su idioma, economía, cultura, etc., diferenciados.
Al analizar nuestro caso, vemos incluso cómo el concepto de España se va formando paralelamente a la formación del Estado moderno. A lo largo de toda la exposición histórica se ha utilizado el nombre de España -y el de su raíz etimológica, Hispania- lo más ajustado posible al uso y significado que tuvo en las diferentes épocas de nuestra historia.
Trataremos, pues, de aclarar este concepto, dada la tendencia que existe a identificarlo con una sola nación, así como la de considerar a las naciones que conforman el actual Estado español como no españolas, como algo completamente ajeno a ese mismo Estado, lo que con frecuencia origina no pocos equívocos.
El concepto de España no ha permanecido inmutable a través de la historia, sino que ha evolucionado paralelamente al desarrollo de la sociedad, a medida que ésta se ha hecho más compleja y se han complicado las relaciones sociales. Y como es lógico, el contenido que las sucesivas clases dominantes han dado a este concepto respondía únicamente a sus intereses económicos, políticos y sociales, llenándolo de equívocos.
El propio nombre de España surge de la antigua denominación que el Imperio Romano dio al conjunto del territorio conquistado dentro de la península ibérica. Antes de la conquista de Roma, la Península carecía de la más mínima unidad. Es con la conquista por Roma cuando toma un carácter de unidad, al ser integrada como una provincia a la administración del Estado romano, y entonces se acuñó el nombre de Hispania para designarla.
Durante el periodo visigodo, el nombre de Hispania sigue designando a la península, pero con una nueva acepción. Ya no es una provincia de Roma, sino un reino independiente, el reino con sede en Toledo, donde se halla enclavada la corte goda. Y los visigodos, para nombrar los territorios dominados y no dominados por ellos, utilizan el nombre de Spanie, resultado de la mezcla del vocablo latino Hispania con la influencia lingüística germana de los visigodos.
Con la llegada de los árabes y su afincamiento en la península, este concepto entra en desuso. Sin embargo, al iniciarse la expansión y posterior conquista por los pueblos del Norte de los territorios musulmanes, hace de nuevo su aparición el nombre de Hispania o Spanie, recogiéndolo de la tradición visigoda.
Esta misma denominación perduraría a través de los siglos, junto a la toponimia propia de cada uno de los distintos reinos. De ahí que, tras la formación de las monarquías absolutas, los reyes lo sean a la vez de cada uno de los reinos y, por extensión reyes de España, vocablo generalizado en los medios mercantiles europeos.
Será a principios del siglo XVIII, en el reinado de Felipe V, cuando se lleven a cabo medidas administrativas que van a unificar bajo la hegemonía de Castilla los diferentes reinos en un Estado centralizado moderno, proceso que se había iniciado con los Reyes Católicos.
Así pues, el vocablo Hispania, reinos hispanos, etc., va evolucionando durante el proceso unificador hasta adoptarse el nombre de España como un concepto jurídico-administrativo de un territorio enclavado en un mismo Estado, al igual que siglos atrás hicieran los romanos. Insistimos, por tanto, en que el concepto de España ha quedado acuñado por la historia como denominación de una realidad político-administrativa, es decir, de un Estado. Como bien dice Joan Comorera, España es un nombre que, hecha abstracción del Estado, no dice nada, no es nada (1).
En consecuencia, España no existe como denominación de una sola nación, puesto que la nación es una realidad bien distinta del Estado. La formación de la nación -aparte de la comunidad de territorio, economía y psicología propia integrada en la comunidad de cultura- es inconcebible sin un idioma común, con el que precisamente pueda entenderse esa comunidad de hombres que se ha ido formando históricamente. Y esto es algo que jamás se ha conseguido en España, por más que se ha intentado con la oficialidad del castellano borrar los diversos idiomas nacionales.
Por el contrario, el concepto de Estado no es incompatible con la integración en su jurisdicción político-administrativa de varias naciones con diferentes idiomas, economías, culturas, etc. Así se han formado los Estados abigarrados nacionalmente, como en nuestro caso. O sea, el Estado multinacional español.
Resulta contradictorio, se nos dirá, un Estado integrado por naciones que luchan entre sí. Y es cierto. Tan contradictorio como lo es sin duda cualquier nación o Estado nacional, integrado por clases antagónicas. Pero esa es la realidad, por paradójica que aparezca ante las miradas más superficiales, y creemos que de nada sirve tratar de escamotearla; una realidad que ha sido impuesta por el desarrollo histórico y la lucha de clases.
Precisamente esa inclusión forzada, no deseada, está en la raíz misma del problema nacional y es lo que da sentido a la lucha que se viene librando para acabar con el sometimiento de unas naciones por otra y para erradicar todo vestigio de opresión y explotación.
Por tanto, y para concluir, diremos que hoy día, por mucho que les pese a los nacionalistas burgueses, los miembros de las nacionalidades oprimidas, además de ser vascos, gallegos, catalanes, etc., somos ciudadanos de un Estado, dependemos de él. Por eso se puede decir que, aún siendo antes que nada vascos, gallegos, catalanes, etc., por nuestra nacionalidad, de grado o por la fuerza también somos españoles por nuestra ciudadanía.
Escamotear esta realidad no creemos que contribuya a esclarecer la cuestión nacional en España ni mucho menos puede contribuir a aunar los esfuerzos de todos aquellos que estamos interesados en modificarla.
A diferencia de lo ocurrido en España, los Estados modernos que se van configurando en Europa occidental lo hacen sobre la base de una burguesía que se ha fortalecido con la industria manufacturera y capitalista, suprimiendo la fragmentación feudal hasta formar un gran mercado nacional. Y con ello, van desplazando del poder a las castas feudales y se erigen en clase gobernante y hegemónica de la sociedad. Es el periodo de las revoluciones burguesas, y en él se forman los Estados nacionales burgueses independientes.
No es éste nuestro caso. La formación y posterior desenvolvimiento histórico del Estado español no se lleva a cabo por medio de ninguna revolución burguesa que fundiera en un todo único los diferentes pueblos peninsulares. Aquí, por el contrario, el Estado se forma únicamente en base al mantenimiento y reforzamiento del sistema feudal y a la integración en su ámbito territorial de unos pueblos, con una economía, una lengua, una cultura y unas costumbres plenamente diferenciadas. Sin embargo, aunque tarde y de manera desigual, el capitalismo comenzó a desarrollarse en España. Pero lo hace principalmente en la periferia, donde a través de las ciudades portuarias se ha ido gestando una burguesía comercial, lo que acentúa aún más las diferencias nacionales.
El desarrollo tecnológico de la época impulsa la expansión de la producción. Esto permite que los capitales acumulados en el negocio comercial, de las rentas de la tierra y la usura, se inviertan en el desarrollo industrial, principalmente en Catalunya y el País Vasco. Con el incipiente desarrollo capitalista, la sociedad cobra una enorme vitalidad, se expanden las vías de comunicación y la vida social y cultural experimenta un gran impulso. Los diferentes rasgos característicos de los pueblos que se han ido configurando a través de siglos de luchas, de usos y costumbres, de leyes y fisonomía propias, es decir, los rasgos fundamentales que han ido determinando su nacionalidad, con el desarrollo capitalista se han convertido en una realidad histórica.
Así han surgido la nación catalana, la vasca, la gallega y una cuarta nación formada por las regiones o antiguos reinos que han ido asimilando, en lo fundamental, la lengua, economía, costumbres, etc., de Castilla. Es ésta la nación castellana, aunque más frecuentemente, y como signo inequívoco de su vocación centralizadora, se la ha identificado con el conjunto del Estado, denominándola nación española.
Por tanto, en España existen cuatro idiomas, cuatro economías, cuatro culturas, que se manifiestan en psicologías nacionales bien diferenciadas, expresión todo ello de otras tantas comunidades nacionales. Son comunidades estables, históricamente formadas, donde una de ellas (la castellana), por su situación privilegiada, ha ejercido la hegemonía y la opresión política, económica, lingüística y cultural sobre el resto.
La imposición de la lengua castellana ha venido siendo un arma política y económica en manos de la nobleza y la alta burguesía castellana, utilizada en detrimento de los intereses de las capas populares. Igualmente Castilla ha sido, a través de los siglos, el centro militar y administrativo en torno al cual se ha ido creando una casta militar y burocrática, principal beneficiaria del expolio a que han sido sometidos los diferentes pueblos.
Sin embargo, el vigor, la resistencia históricamente demostrada por los pueblos oprimidos para reproducirse y adaptarse a los cambios sufridos durante siglos y para sobrevivir a la presión integradora, primero del reino castellano y hoy del Estado de los monopolios, todo esto sólo puede comprenderse por el profundo sentido de la identidad étnico-cultural de estos pueblos, entendiendo esto como esa forma particular de ser y de sentir de las colectividades y que han ido conformando factores tan diferentes y complejos como son el idioma autóctono, los ámbitos de la infancia, la relación con la tierra, las costumbres y tradiciones, etc.
Así, existe un territorio delimitado, propio y característico, en el que la comunidad de cada nación ha convivido, se ha asentado y formado históricamente.
Existe una vida económica propia y diferenciada: el minifundio gallego, en oposición al latifundio castellano, y las normas contractuales agrarias para la explotación de los pequeños lotes (a diferencia de los campesinos asalariados del conjunto castellano); su propia industria, muy relacionada con el mar, etc. En el País Vasco nos encontramos con la pequeña propiedad, el caserío, núcleo fundamental del campo vasco; las propias costumbres de explotación colectiva, comunal, aún las encontramos hoy en las cofradías o agrupaciones pesqueras; la creación de una industria pesada y el poder del capital financiero fueron características peculiares en la formación de la economía vasca. En Catalunya la liquidación del feudalismo por el campesino catalán, consecuencia de largas y sangrantes guerras de los pageses, dio origen a un régimen agrario peculiar, sin latifundios, con extensas zonas de pequeña propiedad; la capacidad del pagés para asimilar y practicar la técnica del comercio internacional, el alto nivel de vida conseguido por su perseverante espíritu combativo formado a través de incesantes luchas contra los parásitos propietarios (rebeldía heredada de generación en generación), la creación de la más poderosa industria ligera de la Península, etc., son rasgos de la formación económica en Catalunya.
En España, además del castellano, existe un idioma vasco (más antiguo que el griego, el latín o el árabe), el catalán y el gallego. Hay una cultura catalana, vasca y gallega. Sus canciones y danzas se confunden con los primeros vestigios de civilización y de historia oral y escrita, y su propia mística religiosa saturada de paganismo, especialmente en Galicia y el País Vasco.
Todo ello ha ido creando unas psicologías peculiares. Las reacciones de un catalán, un vasco y un gallego ante cada hecho y ante cada problema no son iguales entre ellos y en relación con las de un castellano. Sus formas de trabajo y de convivencia social, el orden de sus preferencias y ocupaciones, su capacidad sentimental (más acusada en los gallegos), su individualismo más o menos obstaculizador de ideas y construcciones colectivas, su receptividad por lo que hace a las teorías universales, son aspectos diferentes de cada una de sus psicologías, expresadas en otros tantos rasgos de cultura.
Por lo demás, también hay que decir que dentro de las nacionalidades oprimidas se desenvuelve, paralelamente a su surgimiento nacional, el chovinismo local, chovinismo provocado por los excesos del poder central y por la táctica de los capitalistas nacionales que encuentran en esta división y en el enconamiento de las contradicciones y antagonismos nacionales, uno de sus mejores apoyos para hacer crecer su poder y su riqueza, su dominio político, a expensas de los intereses populares.
En resumen, tenemos que decir, salvo que distorsionemos la historia y la misma realidad actual hasta hacerlas irreconocibles, que a diferencia de lo ocurrido en otros países, España jamás ha existido como Estado nacional. España no es, pues, la una e indivisible que encarna el espíritu de las clases dominantes, sino un Estado multinacional formado sobre la base de la opresión de una nación sobre las otras.
Al asumir el hecho nacional y los problemas nacionales que ha dejado sin resolver el capitalismo, que son una herencia que nos ha legado la burguesía y que no podrá hallar solución bajo este sistema, la clase obrera da un contenido socialmente distinto al nacionalismo. Para los obreros, la lucha por los derechos nacionales está indisolublemente unida a sus intereses de clase, a la lucha por la revolución socialista. Ciertamente, ésta es una cuestión que no interesa sólo y exclusivamente al proletariado. Numerosos sectores de la población también son víctimas, en mayor o menor medida, de la explotación monopolista, de la represión y la conculcación de los derechos y libertades nacionales.
En estas circunstancias, y dado el auge extraordinario que están tomando los movimientos antifascistas y patrióticos en los últimos años en España -especialmente en Euskal Herria-, han aparecido, incluso dentro de las filas obreras, concepciones que tienden a considerar el fomento del nacionalismo y la creación de frentes de liberación nacional como la tarea más importante que deben acometer en estos momentos los revolucionarios. Para los comunistas está fuera de toda duda la estrecha relación que guardan los objetivos de la liberación social y nacional, y en esto parecen coincidir nuestras posiciones con las de aquéllos; ahora bien, las diferencias aparecen desde el momento mismo en que se intenta establecer el orden de prioridades, cuando se trata de definir el objetivo inmediato de la actividad revolucionaria: o bien la unión del proletariado de las distintas nacionalidades, para llevar a cabo la lucha por el derrocamiento del Estado capitalista e imperialista español, o bien la de crear partidos en cada una de las nacionalidades para desarrollar la lucha por separado y en base a un programa de liberación nacional.
Como se comprenderá, esto ultimo nos llevaría a proclamar la consigna de la independencia y a dejar la lucha contra la propia burguesía, y por los propios objetivos de clase, para un futuro remoto. El proletariado no puede seguir ese camino sin traicionarse a sí mismo. Por eso, los comunistas hace tiempo que hicimos nuestra elección, decidiéndonos por la organización de todos los revolucionarios en un partido único, por la unión más estrecha de todo el proletariado de España y por la lucha resuelta contra la burguesía. Pero es que, además, como hemos analizado más arriba, esta elección se ha visto reforzada por la evolución histórica, hasta el punto de que hoy día se puede decir casi con toda seguridad que no existe realmente otra salida más que ésa al problema nacional.
Más adelante nos ocuparemos con mayor detenimiento de esa estrategia que nos proponen los nuevos nacionalistas. Ahora queremos insistir en un punto capital, de cuya importancia baste decir que sirve de base a toda nuestra concepción política.
Tal como lo define la línea política de nuestro Partido -el PCE(r)-, de la base económica monopolista, de la actual correlación de fuerzas sociales y de la naturaleza del régimen que impera en España, se deducen las principales contradicciones de nuestra sociedad: contradicción entre la burguesía y el proletariado, contradicción entre la pequeña burguesía y la gran burguesía monopolista, contradicción entre las naciones oprimidas y el Estado imperialista, etc.
Todas estas contradicciones vienen determinadas por la contradicción fundamental que forma la base económica capitalista, altamente socializada, y las relaciones de producción correspondientes, fundadas en la gran propiedad capitalista y la explotación del trabajo. Esta contradicción fundamental y la lucha de clases que genera determina el carácter socialista de nuestra revolución. De aquí se desprende que hoy día es altamente improbable que se pueda dar la liberación de una o varias naciones si no se transforman a la vez las relaciones sociales y económicas que están en la base de la explotación y la opresión. Por consiguiente, si tenemos en cuenta el carácter socialista de nuestra revolución y el hecho de que únicamente el socialismo es capaz de garantizar un régimen de auténtica libertad a los pueblos, sólo podemos concluir que la lucha por la solución definitiva del problema nacional está indisolublemente ligada a la lucha por el derrocamiento del Estado monopolista y a la realización del socialismo.
Esta lucha, que por su propia naturaleza es antifascista, antimonopolista y nacional, ha de llevarla a cabo el proletariado de las naciones oprimidas en unión estrecha con el proletariado de la nación opresora, y al hacerlo así, los obreros de Euskal Herria, Galicia y Catalunya deben ser conscientes de que no sólo luchan por la emancipación social de su clase, sino también contra la opresión y la esquilmación de sus naciones por los monopolios.
La práctica consecuente del internacionalismo proletario y la lucha por el socialismo son, por tanto, inseparables y no excluyen en modo alguno la lucha por los derechos nacionales, sino al contrario: actualmente, dada la situación general que hemos descrito, ésa es la única vía que permitirá a los pueblos oprimidos por el Estado español acceder realmente a su total liberación. No hay otro camino.
La Revolución Socialista de Octubre ilustra magníficamente nuestra posición. Como es sabido, el Partido Bolchevique aplicó esta misma orientación, que nosotros venimos defendiendo, en la solución del problema nacional -muy extendido en la Rusia zarista-, subordinándolo en todo momento a la cuestión social. La experiencia demostró, desmintiendo a los nacionalistas, que sólo el socialismo podía resolver este problema.
Debemos advertir, no obstante, que de estas posiciones no se debe deducir que el partido de la clase obrera tenga que abandonar o aplazar la lucha por los derechos nacionales. Nada de eso. Tan sólo se trata de situarla en su justo lugar. Para nosotros no cabe la menor duda, tal como se deduce de la contradicción fundamental existente en nuestra sociedad, que lo más importante en estos momentos, la tarea principal que ha de acometer resueltamente el proletariado, es la lucha contra la burguesía y su Estado. Solamente cuando esta contradicción sea resuelta, todas las demás contradicciones entrarán en vías de solución. ¿Negamos por eso la existencia de las otras contradicciones? Precisamente porque reconocemos su existencia es por lo que, desde hace tiempo, nos esforzamos en establecer y desarrollar buenas relaciones con los movimientos pequeño-burgueses de clara orientación nacionalista que se hallan enfrentados al fascismo y al monopolismo.
El desarrollo monopolista ha provocado la ruina económica y ha postergado políticamente a algunos sectores de esa misma pequeña burguesía que actualmente se encuentra en acelerado proceso de proletarización. Estos sectores pequeño-burgueses tienden a radicalizarse. En unos lugares se cobijan bajo el manto del marxismo-leninismo y, así, dan lugar a la aparición de toda una caterva de partidillos que se autodenominan comunistas. Pero allí donde existen las condiciones de una fuerte opresión nacional, estos grupos adquieren un tinte nacionalista furibundo.
De modo que nos encontramos con que, actualmente, representantes de estas capas sociales vuelven a agitar la bandera de la independencia nacional en un esfuerzo por sobrevivir como clase, resucitan viejas consignas e intentan ganar influencia y atraer al proletariado a su propia causa. está claro que la época que les ha tocado vivir no facilita mucho las cosas a estos retoños del nacionalismo, no se presta para hacer que el proletariado se deje engatusar y siga sus consignas nacionalistas. Los obreros conscientes de todas las nacionalidades de España saben que en estos momentos sólo tienen un objetivo (el socialismo) y un enemigo: la burguesía, que sostiene y a la vez es sostenida por un Estado que explota y oprime a gallegos, vascos, catalanes o castellanos.
Por todas estas razones, se puede asegurar que todos los intentos que realice la pequeña burguesía por atraerse a los obreros están irremisiblemente condenados al fracaso.
A pesar de todo, estas capas de la población son un aliado potencial del proletariado. Sin embargo, no hay que perder de vista que vacilan continuamente, oscilan con mucha frecuencia desde una posición radical intransigente, a otra capitulacionista y entreguista. Estas vacilaciones es inevitable que se produzcan en una clase que está condenada a desaparecer y que se ve cogida entre dos fuegos, entre las fuerzas de los dos grandes ejércitos contendientes (el proletariado y la gran burguesía), sin decidirse nunca hacia qué lado inclinarse. Sólo cuando el proletariado actúa con todas las fuerzas y la energía de que es capaz (y esto podrá hacerlo una vez que se haya unido bajo la dirección de su Partido de vanguardia), sólo entonces la pequeña burguesía basculará a favor de aquél. Mientras llega ese momento, nuestra actitud ante esas organizaciones no puede ser otra que la de alentarlas a continuar la lucha.
El Partido debe apoyar a esos sectores de la pequeña burguesía nacionalista en la lucha contra la esquilmación a que los someten los monopolios, y en su oposición a la opresión y al oprobio nacional: debe apoyar sus justas demandas (algunas de las cuales coinciden hoy con las del proletariado); pero al mismo tiempo tiene que estar vigilante y criticar tanto sus limitadas posiciones ideológicas y políticas (y sus desmesuradas pretensiones) como sus vacilaciones inevitables.
El Partido ha de preservar en todo momento su independencia orgánica y política; debe, sí, apoyar todo lo que tienda a debilitar al Estado capitalista, procure aliados potenciales a la clase obrera y facilite la organización de las masas populares; debe poner empeño en crear un frente común de lucha de todas las fuerzas democráticas y patrióticas, pero es fácil comprender que nada de eso se podrá conseguir si hipoteca su independencia, si se deja arrastrar y, menos aún, si hace dejación de los principios revolucionarios en aras de un acuerdo con los nacionalistas burgueses. Los intereses de la clase obrera -escribe Lenin- y de su lucha contra el capitalismo exigen una completa solidaridad y la más estrecha unión de los obreros de todas las naciones, exigen que se rechace la política nacionalista de la burguesía de cualquier nación (3).
Para nadie es un secreto que la reforma se hizo una necesidad para la oligarquía desde el momento mismo en que se inicia la crisis económica por la que atraviesa actualmente el sistema capitalista, y cuando el régimen, acosado por la lucha de masas, ve crecer sus contradicciones internas y comienza a hacer agua por todas partes. Era necesario, pues, llevar a cabo la reforma, a fin de adaptar la vieja máquina del Estado fascista a las nuevas condiciones y ponerlo en disposición de hacer frente a los nuevos problemas originados por la crisis y el ascenso incontenible del movimiento revolucionario de masas.
Esta reforma incluía, como una de las piezas más esenciales, el establecimiento de las llamadas autonomías en las nacionalidades. El mero hecho de que desde las áreas oficiales se reconociera la existencia como entidades nacionales de lo que hasta aquel momento no habían rebasado la categoría de regiones, hizo a más de un incauto abrigar no pocas esperanzas. Pero muy pronto se van a revelar los verdaderos planes de la oligarquía, que no van a ser otros, en realidad, que el de legalizar, como tantas otras cosas, una situación que se venía dando ya de hecho: la incorporación formal de las burguesías nacionales a la estructura del Estado centralista.
El desarrollo monopolista no sólo había colocado a las burguesías nacionales en una situación de completa dependencia económica respecto de la oligarquía financiera, sino que también, y como no podía ser menos, las había supeditado en el terreno político. Desde tiempo atrás, las antiguas burguesías nacionales no existen como fuerza política independiente, por lo que sus objetivos no podían ser diferentes de los objetivos de la oligarquía: seguir manteniendo la explotación de los obreros y defender su sistema frente al peligro de revolución.
Esta situación se venía gestando desde los tiempos de la II República, cuando el triunfo de las fuerzas populares en las elecciones del 16 de febrero demostró que el proletariado tenía ya suficiente fuerza para conducir el proceso democrático-revolucionario y hacerlo avanzar hacia el socialismo. Esto explica la complacencia -cuando no el apoyo más o menos encubierto- de la burguesía nacionalista al golpe y la victoria militar fascista; para esta burguesía era un mal menor la pérdida de los Estatutos y otras prerrogativas logradas durante la República, frente a la posibilidad de perderlo todo si las fuerzas populares llegaran a ganar la guerra.
Durante los cuarenta años que duró la etapa franquista del régimen actual, los nacionalistas burgueses no alzaron su voz contra los crímenes del fascismo, para denunciar la miseria en que vivían los trabajadores o la represión de los derechos de los pueblos de las nacionalidades. Salvo los nuevos movimientos surgidos de la mano de la pequeña burguesía a que ya hemos hecho referencia, nada había quedado del nacionalismo tradicional.
Sin embargo, a partir de los años 70 vuelven a aparecer, de la noche a la mañana, los PNV, ERC, UPG, etc. ¿Era el resurgir de las viejas burguesías nacionalistas? ¿Estaban dormidos estos partidos en espera de tiempos mejores? No, ni mucho menos. Las burguesías periféricas siempre habían estado ahí, medrando a la sombra del Estado; algo disminuidas en sus intereses, es cierto, pero beneficiándose también del desarrollo económico realizado en base a la superexplotación de los obreros.
Lo que ocurre ahora es que todos se han apresurado a acudir en ayuda de ese mismo Estado, cuando pasaba por unos momentos particularmente difíciles, esperando sacar de ello alguna que otra tajada. Todos esos grupos políticos burgueses que no habían movido ni un solo dedo (aunque sólo fuera para denunciar los atropellos cometidos por el régimen contra los derechos de su nación), se apresuraron a sacar a la luz las apolilladas momias del nacionalismo -algunas de ellas haciéndolas venir del exilio como Leizaola o Tarradellas, el honorable-, resucitando viejas y gastadas consignas al objeto de apoyar, desde sus respectivas parcelas, el proyecto de reforma política destinado a sustituir las viejas formas de dominación fascista por lo que han denominado, sin empacho, el Estado de las autonomías.
Con la aprobación de los actuales estatutos, que han venido a consagrar la Constitución monárquico-fascista, estos partidos pretendidamente nacionalistas se han puesto definitivamente, por si quedaba alguna duda al respecto, del lado del poder central, y han dado por bueno el peregrino argumento según el cual la opresión nacional ha dejado prácticamente de existir en España; consiguientemente, la lucha por los derechos nacionales habría perdido su razón de ser, no quedando ya más cosa que hacer que dedicarse a chalanear para aumentar las asignaciones económicas o para acaparar el mayor número de puestos burocráticos posibles en el ejercicio de no se sabe todavía qué tipo ni qué número de competencias. Lo que sí está claro, ya desde el principio, es que tales competencias serán las que el gobierno de Madrid tenga a bien conceder para conservar intacta la sacrosanta unidad de la patria.
Ni siquiera se les ha pasado por la cabeza a esas llamadas burguesías nacionales aprovechar la coyuntura política, en que el régimen se hallaba notablemente dividido y debilitado, para tratar de arrancarle algunas reformas reales (tal como hicieron en diversas ocasiones en otro tiempo). La burguesía es muy consciente de sus limitaciones y de los riesgos que comporta una actuación de este tipo en los momentos históricos actuales; sabe que ya pasó la época en que podía plantearse un desarrollo autónomo y disputar a la oligarquía la hegemonía política del Estado. Hoy es una clase en plena dependencia, que tiene que defenderse, antes que nada, contra lo que representa para ella el mayor peligro: el proletariado; y para eso necesita, más que nunca, de ese mismo Estado que manejan los grandes monopolios. Por este mismo motivo se ve también en la necesidad de defenderlo y no plantearle excesivas exigencias. De manera que los actuales estatutos de autonomía no pueden tener más finalidad que reforzar el predominio de la oligarquía y hacer posible la aplicación en cada nacionalidad de cuantas medidas tome el poder para incrementar la explotación y la opresión de los trabajadores.
Apenas sí hace falta decir que estos estatutos no tienen nada que ver con los que, durante la II República, fueron masivamente apoyados por las masas populares de Euskal Herria, Galicia y Catalunya, y como todo el mundo sabe han debido ser elaborados a espaldas del pueblo y bajo un permanente estado de guerra impuesto en todo el país; que ni en la forma ni en su contenido responden a las aspiraciones e intereses de las masas; que no están destinados a resolver ninguno de sus problemas más acuciantes (como el paro, la enseñanza, la vivienda, la represión, etc.). Con los actuales estatutos de autonomía se niega la identidad nacional de los pueblos vasco, catalán y gallego (así como la situación colonial de Canarias); se intenta degradar a estas comunidades históricas, diluyendo el hecho diferencial nacional en una amalgama de autonomías en la que Euskal Herria, Catalunya y Galicia aparecen como otras tantas regiones castellanas -como Aragón, Asturias, Andalucía, etc.-. Los actuales estatutos de autonomía restringen el uso del idioma y de la cultura nacionales, supeditándolos al idioma castellano y a la enseñanza oficial; se priva a las comunidades supuestamente autónomas de toda capacidad legislativa que rebase el marco de la mera descentralización administrativa. De este modo, los flamantes parlamentos que se han erigido en todas y cada una de las regiones, incluidos los parlamentos nacionales, no pasan de ser una copia de los anteriores Consejos de Empresarios y Trabajadores de la etapa franquista. Lo único que realmente ha cambiado (como en el caso de las Cortes) ha sido el nombre; todo lo demás sigue como antes, con algunas variaciones de detalle.
Pero la burguesía no puede impedir que la nación, la lengua, la cultura, los sentimientos patrióticos sigan vivos; no puede impedir que los problemas y lacras sociales se sigan agravando. Por eso no renuncia a utilizar los símbolos y una demagogia seudonacionalista para tratar de sembrar la confusión y fomentar la división entre los trabajadores, pretendiendo sustituir la unidad de clase en la lucha contra el Estado por la idea del orgullo nacional (¡somos una nación!); y si en un principio, aplaudió las manifestaciones de carácter patriótico (Diada, Aberri Eguna, etc.), intentando orientarlas hacia el apoyo de sus estatutos, pronto tuvo que plegar velas ante la actitud decidida de las masas que acabaron por no acudir a sus llamamientos en unos casos, o por transformarlos, en otros, en auténticas jornadas de lucha contra la opresión nacional.
Como complemento de esta política demagógica, la burguesía se ha esforzado por crear artificiales problemas de opresión nacional allí donde, como en Andalucía, la única opresión que ha existido siempre ha sido la de los capitalistas y latifundistas. Pero no pasó mucho tiempo sin que se demostrara que todos estos montajes carecían de la más mínima base. Efectivamente, todos los esfuerzos que hizo el gobierno de la UCD desde las Cortes y a través de la prensa (creando, incluso, fantasmales partidos nacionalistas, como el PSA), se vinieron abajo estrepitosamente cuando trataron de atar al pueblo al carro de su política embaucadora y marrullera.
En este sentido, merece destacarse la experiencia del referéndum andaluz del 28 de febrero de 1980, donde como es sabido, pese a todas sus artimañas orientadas a llevar al pueblo a las urnas, sólo registraron un 55'7 por ciento de votos afirmativos (¡y esto en pleno apogeo del nacionalismo andaluz!). Como las trampas del gobierno no surtieron los resultados esperados, esta primera votación tuvo que ser anulada. Luego se efectuó una segunda, la buena, y en ésta los resultados fueron aún más desastrosos: no cosecharon más del 47'9 por ciento de sufragios favorables al proyecto de estatuto presentado por el gobierno, lo que provocó una crisis en su seno de la que ya no lograría reponerse.
Igual suerte corrieron los demás chanchullos electorales destinados a implantar los estatutos y llevar a los caciques a las flamantes poltronas de los parlamentos de Galicia, Euskal Herria y Catalunya. Con un 53'1 por ciento de votos afirmativos obtenido en Euskal Herria (donde también fue rechazado por mayoría del pueblo, que se abstuvo de acudir a las urnas), un 52'3 por ciento en Catalunya y el 20'8 por ciento en Galicia (donde la abstención fue casi absoluta), la burguesía dio por concluido el tramite que, según ellos, colmaba las aspiraciones de libertades de estas nacionalidades.
En otras condiciones históricas, la lucha por la consecución de los Estatutos de Autonomía despertó el interés y el entusiasmo de las masas. Era una época en que dichos Estatutos fueron elaborados sobre una base democrática (aunque todavía limitada), y contemplaban los intereses más inmediatos del pueblo de las nacionalidades frente al poder de las clases feudales reaccionarias. Por tanto, suponían un progreso indudable y venían a ser un importante paso adelante en la vía de la total solución de este importante problema. Ahora, en cambio, propugnar la lucha por unos estatutos de autonomía, desligando esta cuestión del problema general de la lucha contra el Estado capitalista y de la conquista del derecho de los pueblos a su autodeterminación, es una mofa que sólo puede servir a los intereses de la clase explotadora que domina en España.
Pero, como acabamos de comprobar, las masas populares, con la clase obrera al frente, no han mordido el anzuelo, y esto le deja las manos libres para reemprender con más fuerza que antes el combate por la verdadera libertad.
Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros por derecho a la autodeterminación? Detengámonos en este punto, pues no faltan interpretaciones de este principio revolucionario adobadas para todos los gustos. La más extendida de todas -y también la más torcida- es la que lo entiende, sin más, como la separación, la independencia; ni que decir tiene que ésta es una interpretación unilateral de dicho principio que no podemos compartir.
Dejemos que sea Lenin -que como se sabe es quien más se ha ocupado de este problema- el que nos ayude a aclarar un poco las ideas a este respecto: El derecho de autodeterminación de las naciones significa exclusivamente el derecho a la independencia en el sentido político y a la libre separación política de la nación opresora. Concretamente, esta reivindicación de la democracia política significa la plena libertad de agitación en pro de la separación y de que ésta sea decidida por medio de un referéndum de la nación que desea separarse. Por tanto, esta reivindicación no equivale en absoluto a la separación, fraccionamiento y formación de Estados pequeños. No es más que una expresión consecuente de la lucha contra toda opresión nacional (4).
El derecho a la autodeterminación significa, pues, el derecho de los pueblos de Catalunya, Euskal Herria y Galicia a expresar libremente su voluntad como nación para elegir sus destinos, hasta llegar a la separación, si así lo deciden, para formar un Estado aparte; significa también plena libertad de agitación a favor de esa separación. Sin estas dos condiciones no puede hablarse seriamente de libertad de elección ni de democracia política. Pero reparemos en un pequeño detalle que suele pasar inadvertido con harta sospechosa frecuencia: es el que se refiere al referéndum mediante el cual los pueblos de las nacionalidades han de expresar su voluntad. Digamos de paso que un referéndum para decidir una cuestión de esta naturaleza es impensable que se pueda realizar en España mientras exista el actual sistema capitalista. Ahora bien, una vez garantizados los derechos políticos y la libertad plena de elección (únicamente el régimen socialista puede garantizarlo), la cuestión que se plantea es la siguiente:
¿En nombre de qué principio se puede impedir, aunque sólo sea a un sector minoritario de la población, manifestarse a favor de la unión? Por eso afirma Lenin que la reivindicación de la democracia política -que es al fin y al cabo de la que se trata- no equivale en absoluto a la separación..., no es más que una expresión consecuente de la lucha contra toda opresión. Por consiguiente, el derecho a la autodeterminación no es sólo y exclusivamente -como lo interpretan los nacionalistas pequeñoburgueses- la separación, sino que implica también la unión y la libertad de agitación en pro de esa unión.
Tal es nuestro concepto del derecho de los pueblos a la autodeterminación que, como se ha podido comprobar, no tiene nada que ver con la autonomía, la federación o alguna otra fórmula, como la misma independencia, que suponga una imposición. El derecho a la autodeterminación -dice Lenin- significa la existencia de tal régimen democrático en el que no sólo haya democracia en general, sino también en el que no pueda darse solución no democrática al problema de la separación (5). Y este régimen, apenas hace falta decirlo, no puede ser otro que el régimen socialista.
De ahí que el PCE(r), al mismo tiempo que apoya la lucha por el derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos por el Estado imperialista español, muestra su desacuerdo con los que propugnan la separación, y llama a los obreros de todas las nacionalidades a unirse a fin de derribar el Estado monopolista e implantar el socialismo en España como única solución al problema nacional.
Llegado ese momento, serán los pueblos los que decidan libre y democráticamente su destino como nación: la separación o la unión. Ni que decir tiene que ésta última habría de realizarse en pie de absoluta igualdad económica, política y cultural, sin que ninguna nación sobresalga o trate de imponerse a las otras.
No es misión del Partido de la clase obrera decidir ahora, y por sí mismo, cuál de estas dos posibles soluciones es la mejor. Eso dependerá de muchos factores y, en todo caso, serán los pueblos -y sólo ellos- quienes lo decidan. Nuestro deber en estos momentos consiste en defender consecuentemente este principio e impedir que la clase obrera -la única clase de nuestra sociedad que puede asegurar el ejercicio de ese derecho, así como la consecución de los demás objetivos de la revolución- sea fraccionada o imposibilitada de actuar unida.
Por todas estas razones nos oponemos resueltamente a la consigna de la independencia, ya que sostenerla supondría en estos momentos hacerle el juego a la burguesía -a la propia y a la de todo el Estado-; nos llevaría a dividir al proletariado según su nacionalidad, a crear varios centros dirigentes, varios partidos comunistas y varios focos de lucha independientes y desvinculados unos de otros. Así facilitaríamos la labor del fascismo, que podría concentrar sus fuerzas donde más le conviniera en cada momento e iría aplastando la resistencia por partes, nación a nación.
Este sería, en suma, el camino más corto para llevar la revolución a la derrota y no conseguir ninguno de los objetivos marcados: no se podría derrocar al Estado, ni conseguir el derecho a la autodeterminación ni, por ende, acceder a la independencia ni a ese socialismo a que hacen mención los nacionalistas para adornar sus proclamas.
Estos nacionalistas subordinan la lucha por el socialismo al logro de la independencia nacional y, consecuentes con este planteamiento, desligan el movimiento nacional del proceso revolucionario que se viene dando en el conjunto de España. Esta política no puede responder más que a los intereses de la pequeña burguesía que trata así de defenderlos ante el riesgo inminente de su desaparición como clase. Esta no puede ser la política del proletariado, ya que sólo puede crear su aislamiento y hacer fracasar su propio movimiento. Y si ETA (por poner el ejemplo más conocido de materialización de aquella política) ha logrado durante un tiempo, aglutinar a su alrededor a un sector de la clase obrera vasca y jugar, en cierto modo, el papel de vanguardia del movimiento popular revolucionario en Euskal Herria, esto ha podido hacerlo por la coincidencia de dos factores: primero, por la eficacia probada del método de lucha que viene practicando (la lucha armada de resistencia); y en segundo lugar, por la ausencia durante muchos años de un auténtico partido marxista-leninista que lograra encabezar de una manera consecuente la lucha del proletariado y el pueblo vasco contra todo tipo de explotación y opresión, tanto social como nacional.
Ahora bien, la aparición de una nueva vanguardia de la clase obrera, la reconstrucción del Partido Comunista, fiel interprete de los intereses inmediatos y futuros del proletariado y de las más amplias masas del pueblo, y la actividad consecuente que viene realizando, ha contribuido a poner al nacionalismo radical, pequeño-burgués, en la encrucijada: o bien tomar el camino de la lucha por el socialismo, de la revolución proletaria, adquiriendo así un carácter internacionalista; o bien proseguir por el estrecho camino del nacionalismo, lo que no puede conducirle más que a acentuar cada vez más su carácter de clase burgués y llevarle finalmente al fracaso y a la disgregación.
En cuanto a la posibilidad de ganar para la causa socialista a algunos de esos sectores que hoy se movilizan sobre la base de las consignas independentistas, hemos de decir que ésta no depende solamente -ni siquiera principalmente- de la posición que adopte el Partido ante esa consigna. Es más, estamos convencidos de que si existe realmente alguna consigna justa que permita al Partido ganar influencia en las nacionalidades, ésa es la consigna del derecho a la autodeterminación. El proletariado no puede estar interesado en la separación más que en el caso hipotético (inadmisible desde todo punto de vista para nosotros) de que no se le permitiera acceder a todos sus derechos -y no sólo nacionales-. Ahora bien, la pequeña burguesía (como la media y la grande), siempre procurará influir en el proletariado, distraerlo de sus verdaderos objetivos; tratara de impedir que se una a sus hermanos de clase de las otras nacionalidades, y todo eso, como se comprenderá, no se puede evitar haciéndole concesiones en cuestiones de principios.
Por lo demás, tal como hemos demostrado, nosotros no nos oponemos a la separación, a la independencia de las naciones, y, como en el caso de Canarias, estamos decididos a apoyarla sin ningún tipo de reservas desde ahora mismo. No creemos, pues, que ninguna persona seria pueda acusarnos de chovinismo (o lo que es lo mismo, de españolismo, según la expresión acuñada por los nacionalistas burgueses). Nosotros lo que mantenemos es que hoy día la tarea más importante de todo revolucionario, lo que verdaderamente interesa al proletariado es acumular fuerzas suficientes, dotarse de una dirección única y esclarecida y adoptar los justos métodos de lucha que conduzcan al derrocamiento del Estado capitalista. Por eso nos oponemos a la consigna de la independencia, ya que esta consigna confunde y divide al proletariado, impide su actuación conjunta y lo aparta de sus verdaderos objetivos históricos.
Pretender enfrentarse a un Estado como el actual, armado hasta los dientes, fuertemente centralizado y con una larga experiencia en la represión del movimiento revolucionario; pretender derrocar a este Estado y lograr la independencia desde una estrategia localista, de aislamiento nacional, sin contar con la fuerza del proletariado del resto de las naciones -muchos de ellos emigrantes en Euskal Herria o Catalunya-, ése es un objetivo prácticamente imposible de lograr o, por lo menos, muy improbable. A lo máximo que podríamos llegar de seguir esa estrategia, como se está demostrando, es a una situación de ulsterización, a mantener un foco permanente de rebelión que llegado un momento, puede ser aislado fácilmente por la reacción.
Nuestra estrategia se orienta hacia el logro de la revolución socialista, hacia el derrocamiento del Estado, empeñándonos para ello en la tarea de lograr la unidad de todos los revolucionarios en un Partido único que haga posible la organización y la lucha común de todos los obreros y los pueblos de las distintas nacionalidades, sin lo cual no será posible dar solución a ningún problema en España.
Luchar por los derechos nacionales sin más -incluso por la independencia- tenía algún sentido en la época ascensional de la burguesía o en una situación colonial donde exista una burguesía nacional con amplias perspectivas de desarrollo. Hoy día, cuando el capitalismo ha alcanzado en España la última fase de su desarrollo, unificando a las burguesías de las distintas nacionalidades y llevando a la máxima agudización sus contradicciones con el proletariado, sólo éste está en condiciones de encabezar y dirigir la lucha nacional, y lo hará, qué duda cabe, sólo que supeditándola a la revolución social. Por tanto, excepto en la colonia de Canarias, no existe en la actualidad en ninguna nacionalidad de España una burguesía democrática o nacional que esté realmente interesada en un cambio profundo y radical de la sociedad, ya que este cambio únicamente puede venir con su propio derrocamiento [...]
Frente a esta tendencia, el PCE(r) hace tiempo que adoptó la decisión de trabajar sin descanso para forjar la unidad de los revolucionarios de las distintas nacionalidades en un Partido Unico, verdaderamente marxista-leninista, capaz de unir a la clase obrera y de forjar una alianza de todas las fuerzas que se hallan enfrentadas al fascismo y al monopolismo; el PCE(r) persigue de esta forma crear un amplio movimiento popular de resistencia, bajo la hegemonía de la clase obrera, dotándolo de un único y efectivo estado mayor. Esto no excluye que puedan existir varias organizaciones y que cada una de ellas posea su propia dirección. Nosotros no pretendemos tener en exclusiva la dirección del movimiento popular, ni nuestro Partido puede representar otros intereses que no sean los de la clase obrera. Precisamente, es en aras de esos intereses por lo que nos negamos a aceptar que puedan existir distintos partidos comunistas con distintos objetivos y distintos programas.
En cuanto al funcionamiento orgánico, el Partido Comunista, asentado firmemente en el marxismo-leninismo y el internacionalismo proletario, adopta el principio de organización y funcionamiento del centralismo democrático. Esto quiere decir que el Partido Comunista es una organización centralizada, que sólo admite un centro dirigente (el Comité Central) al cual se subordinan todos los militantes y las organizaciones que lo componen. Todo lo cual exige, a su vez, la adopción de procedimientos democráticos en la discusión y en la adopción de decisiones, en el control de los dirigentes sobre la base y de ésta sobre los dirigentes, etc. La aplicación del centralismo democrático garantiza, junto a la más amplia libertad de discusión, la unidad de acción necesaria para enfrentar a la reacción que permanece siempre unida y armada hasta los dientes.
La pequeña burguesía no puede ver con buenos ojos la existencia de un Partido Comunista de este tipo, fuerte y unido, y que conduzca al proletariado y a los distintos pueblos de las nacionalidades a la lucha más resuelta contra el capitalismo, por la supresión de la explotación y por las demandas nacionales. Por esta razón ataca constantemente y boicotea de mil formas todos los esfuerzos que venimos haciendo encaminados a lograr la unidad, anteponiendo los objetivos nacionalistas a la lucha de clases y pretendiendo de esta forma escindir al proletariado según su nacionalidad.
Esta influencia de la ideología nacionalista pequeño-burguesa se deja sentir incluso en las filas de la clase obrera, y en ocasiones hace aparecer dentro del propio Partido a elementos que propugnan una u otra forma de estructura orgánica y de funcionamiento distinta del centralismo democrático. Entre esas proposiciones destaca la estructura federal que, de ser adoptada, llevaría en poco tiempo a la liquidación del Partido como vanguardia de la clase obrera; llevaría a destruir la organización monolítica necesaria del Partido. Estas proposiciones no son algo nuevo en la historia del movimiento obrero revolucionario. Ya Lenin tuvo que luchar contra los nacionalistas de su país para poder formar el Partido Bolchevique; y aquí, en España, también surgieron estas tendencias en el curso de la formación del Partido Comunista que encabezó José Díaz.
La división del Partido en federaciones conduciría a organizar a los obreros bajo el principio de su nacionalidad, es decir, de lo que diferencia a unos de otros, y no en base a lo que les une como clase, a lo que les lleva a luchar contra el enemigo común. De este modo -explica Stalin en uno de sus numerosos trabajos dedicados a este problema- en lugar de derribar las barreras nacionales, nosotros, por obra y gracia de los federalistas, las reforzamos aún más con barreras de organización, en lugar de impulsar adelante la conciencia de clase del proletariado, la haremos retroceder y les someteremos a pruebas peligrosas (6).
Crear un Partido Comunista federado, escindir a la clase obrera según su nacionalidad, equivale a dar el primer paso hacia la liquidación del Partido y a sofocar la lucha de clases, convirtiendo a la patria en el terreno donde confluyen los intereses del proletariado y de la burguesía.
En sus más de ocho años de existencia, el PCE(r) ha venido aplicando consecuentemente los principios del internacionalismo y del centralismo democrático dentro de su organización, y ha realizado su trabajo político entre la clase obrera de toda España combatiendo cualquier intento de fragmentar el Partido o escindir a los obreros. Es desde estas posiciones como viene impulsando la lucha contra la burguesía. Fue, precisamente, la fusión de dos grupos marxista-leninistas (Organización Obreira y OMLE) y la creación de núcleos comunistas en Euskal Herria y Catalunya lo que sentó las bases orgánicas para la celebración del Congreso Reconstitutivo del Partido. En el futuro, el Partido seguirá desarrollándose sobre estas mismas bases y ninguna corriente ideológica pequeño-burguesa, por muy bien que se quiera camuflar con los ropajes del marxismo, del leninismo o del maoísmo, podrá apartarnos de este camino.
Decía Stalin, al atacar al federalismo en la organización del partido proletario: Sabemos a qué conduce la separación de los obreros por nacionalidades: la desintegración del partido obrero único, la división de los sindicatos por nacionalidades, la exacerbación de las fricciones nacionales, rompehuelgas nacionales, completa desmoralización dentro de las filas de la socialdemocracia: he ahí los frutos del federalismo en el terreno de la organización (7).
La clase obrera de España viene padeciendo, desde hace tiempo, esa misma situación descrita más arriba, de la que únicamente se beneficia la burguesía. Combatir esa tendencia a la dispersión, a la atomización de la clase obrera, a la confusión de objetivos y a la consiguiente desmoralización que crea, es una de las tareas más importantes que tenemos que acometer en este momento sin vacilar.
El PCE(r) elabora su línea política y su programa teniendo en cuenta las condiciones generales de nuestro país y los problemas más importantes que origina la existencia del capitalismo. Abordar los problemas que padecen las masas obreras y populares, buscar las mejores soluciones para ellos conjuntamente con las masas, y luchar en primera fila para resolverlos, es lo que va a permitir al Partido ligarse estrechamente a los trabajadores, desarrollarse y encabezar finalmente el movimiento de resistencia popular en todas partes [...]
En relación al movimiento nacional popular, el PCE(r) no realiza su actividad de forma igual y esquemática; ante todo tenemos en cuenta las diferencias que existen en una nacionalidad respecto a otra.
Los comunistas de la nación opresora deben llevar a cabo una labor de propaganda del hecho diferenciador de los distintos pueblos que integran el Estado y de la existencia de la opresión nacional; deben desarrollar un trabajo constante de educación internacionalista de las masas basada en el respeto a las diferencias nacionales así como en su derecho a elegir libremente sus propios destinos como nación, su derecho a separarse, a constituirse en Estados independientes. Por su parte, los comunistas de las naciones oprimidas han de partir también de las posiciones de clase internacionalistas de los intereses del proletariado en su conjunto, y dejar bien sentado en su labor de propaganda y agitación que sólo una vez derrocado el Estado y a través de la revolución socialista es como se podrá hacer efectivo el ejercicio del derecho a la autodeterminación, abogando por la unión más estrecha y fraternal del proletariado de todas las nacionalidades en la lucha contra el enemigo común (la burguesía y su Estado), y por la creación de un Partido Comunista único. Además, llegado el momento, deben defender con firmeza y hacer campaña por la unión voluntaria y en pie de absoluta igualdad de su pueblo con los otros pueblos de España.
Esta doble actividad de los comunistas, única forma de integrar en una misma lucha los deberes internacionalistas del proletariado con las reivindicaciones del movimiento nacional popular, se manifiesta igualmente en la labor que realizan las distintas organizaciones nacionales del Partido.
Estas aplican la política y las resoluciones aprobadas en los Congresos, y están sujetas a la misma disciplina. Ahora bien, los Comités Nacionales poseen algunas atribuciones -como convocar Conferencias Nacionales y mantener una representación permanente en el Comité Central- que no son necesarias a las otras organizaciones del Partido, y además gozan de una amplia autonomía para aplicar la línea política de acuerdo con las peculiaridades concretas de su nacionalidad.
Ni que decir tiene que las organizaciones nacionales del Partido proletario están obligadas a estudiar los problemas específicos de su nación, buscarles soluciones de acuerdo con los intereses del proletariado y de las amplias masas trabajadoras y denunciar constantemente el nacionalismo y la ideología reaccionaria burguesa en todas las formas que ésta presente. Particularmente, las organizaciones del Partido de las nacionalidades deben prestar mucha atención a las maniobras políticas del régimen encaminadas a imponer por la fuerza sus actuales estatutos de autonomía. En la realización de todas estas actividades, los comunistas de las nacionalidades han de procurar establecer justas relaciones con todas aquellas organizaciones nacionalistas que luchan consecuentemente contra el monopolismo y por la liberación nacional.
Las organizaciones del Partido de las nacionalidades también tienen la obligación de abordar de forma sistemática aquellas tareas derivadas de la existencia de una lengua y una cultura propias. En este sentido, es absolutamente necesario editar (en la medida de lo posible) la propaganda en bilingüe, respetando así también los derechos de los obreros inmigrados a recibir la propaganda comunista en su propia lengua; es decir, los comunistas han de tener presente en todo momento que en cada nación hay dos naciones, dos culturas, dos clases: la burguesa y la proletaria, y que, por tanto, su deber consiste en defender y desarrollar la cultura democrática popular en todas sus formas.
No menos importante es la labor que tienen que realizar los comunistas de las nacionalidades oprimidas entre los obreros encaminada a resaltar el hecho de que el proletariado de la nación opresora es igualmente explotado y oprimido por la misma clase capitalista y por el mismo Estado que les explota y oprime a ellos (lo mismo a los obreros de SEAT de Barcelona, a los de Altos Hornos de Vizcaya, a los de Astilleros Astano de Ferrol, como a los obreros de Chrysler de Madrid, etc.).
Es preciso, pues, que todas las organizaciones del Partido encabecen las diversas manifestaciones de la lucha de las clases integrándolas en un solo movimiento orientado a la destrucción del sistema capitalista, la realización del socialismo y la liberación nacional.
La clase obrera no tiene ningún interés económico y egoísta que defender que la lleve a desear un mercado propio, exclusivo; por consiguiente, no tiene tampoco interés alguno en explotar ni oprimir a ningún pueblo. Además, el proletariado está interesado en el derrumbamiento de las barreras nacionales, en la libre unión de todos los pueblos para marchar juntos a la meta del comunismo, ya que, como dijeron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista:
El aislamiento nacional y los antagonismos entre los pueblos desaparecen de día en día con el desarrollo de la burguesía, la libertad de comercio y el mercado mundial, con la uniformidad de la producción industrial y las condiciones de existencia que le corresponde.He ahí, brevemente expuestos, los motivos que mueven a los comunistas y sus objetivos últimos en el terreno de la lucha nacional.El dominio del proletariado los hará desaparecer más deprisa todavía. La acción común, al menos en los paises civilizados, es una de las primeras condiciones de su emancipación.
En la misma medida en que sea abolida la explotación de un individuo por otro, será abolida la explotación de una nación por otra.
Al mismo tiempo que el antagonismo de las clases en el interior de las naciones desaparecerá la hostilidad de las naciones entre sí.
Notas:
(1) Joan Comorera: Despierta Catalunya, artículo aparecido en Treball en 1952.
(2) Lenin: Notas críticas sobre la cuestión nacional.
(3) Lenin: El derecho de las naciones a la autodeterminación.
(4) Lenin: La revolución socialista y el derecho de las naciones a la autodeterminación.
(5) Lenin: Acerca del programa nacional del POSDR.
(6) J. Stalin: ¿Cómo entiende la socialdemocracia la cuestión nacional.
(7) J. Stalin: El marxismo y la cuestión nacional.
