Sumario:
1. Origen y desarrollo del Estado español
1.1 Las raíces históricas de España
1.2 La centralizacion de los reinos hispánicos
1.3 Hacia el Estado multinacional
1.4 El tardío despertar de la burguesía
1.5 Los conceptos de Estado y nación
1.6 España, Estado multinacional
1.7 El nacionalismo en España
2. El nacionalismo reaccionario y clerical de la burguesía vasca
2.1 El origen del capitalismo
2.2 La aparición del movimiento nacionalista
2.3 Un bastión del movimiento obrero
2.4 La etapa autonomista
2.5 Posición del Partido Comunista ante el problema nacional
3. Galicia: la lucha contra el feudalismo agrario
3.1 O Rexurdimento de Galicia
3.2 La liquidación del sistema foral y el regionalismo
3.3 El nacionalismo y la revolución democrático-popular
4. El nacionalismo catalan en la encrucijada de la lucha de clases
4.1 Los comienzos de la industrialización y "La Renaixença"
4.2 La aparición del nacionalismo
4.3 El radicalismo del movimiento obrero catalán
4.4 La lucha por el Estatuto de Autonomía
4.5 La resistencia antifascista y la formación del PSUC
5. Dos formas de entender la nación
5.1 El desarrollo monopolista y la nueva correlacion de las fuerzas sociales
5.2 La lucha por el socialismo
5.3 El falso nacionalismo
5.4 El principio del derecho a la autodeterminación
5.5 El partido comunista y sus tareas generales más inmediatas
El presente trabajo, realizado en la prisión de Herrera de la Mancha por comunistas de Galicia, Euskadi y Catalunya, no persigue otro objeto que contribuir a fundamentar los principios básicos por los que hasta ahora se ha venido guiando nuestro Partido en lo referente al problema nacional, así como delimitar claramente nuestras posiciones de las sostenidas por los grupos nacionalistas.
Pero es en el proceso de liquidación del feudalismo y de ascenso del capitalismo cuando los hombres se constituyen en naciones.
Ha sido Stalin quien mejor y de forma más clara ha definido el concepto de nación: La nación sólo se forma como resultado de un conjunto de relaciones duraderas y regulares, como resultado de una vida en común de los hombres, de generación en generación. Es decir, la nación es, ante todo, una comunidad de hombres, una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura [...] Por lo expuesto -prosigue Stalin- es necesario subrayar que ninguno de los rasgos indicados, tomados aisladamente, es suficiente para definir la nación; basta con que falte tan sólo uno de estos rasgos, para que la nación deje de serio. Por tanto, se comprende que la nación como fenómeno histórico se halla sujeta a la ley del cambio, tiene su historia y su fin (1). Tales son, en la concepción marxista, las bases sobre las que se asienta el nacionalismo y el desarrollo de la nación.
La aparición de la nación moderna es consecuencia de la formación de un marco económico propio, y las condiciones más idóneas para la formación de este marco se dan allí donde no existen barreras lingüísticas ni geográficas. Sin embargo, este desarrollo no va a ser igual en todos los casos. En los lugares donde la formación de las naciones coincidió con la formación de Estados centralizados, las naciones revistieron la forma estatal y se constituyeron como Estados nacionales burgueses.
Por otra parte, nos encontramos con los Estados integrados por varias nacionalidades, es decir, Estados multinacionales. Este modo peculiar de formación de Estados, como también subraya Stalin, sólo podía tener lugar en las condiciones de un feudalismo todavía sin liquidar, en las condiciones de un capitalismo débilmente desarrollado. Cuando el capitalismo comienza a desarrollarse en estas naciones postergadas, que despiertan a una vida propia, ya no se constituyen en Estados nacionales independientes: tropiezan con la poderosísima resistencia que les oponen las capas dirigentes de las naciones dominantes, las cuales se hallan desde hace largo tiempo a la cabeza del Estado.
Este es el caso de los letones, ucranianos, georgianos, etc, en la Rusia zarista. Y es el caso también de los vascos, catalanes y gallegos en la España actual.
El Estado multinacional, que se ha originado en base al dominio de la clase dirigente de la nación hegemónica sobre las naciones más débiles, constituye, por tanto, la base histórica de la opresión nacional y de los movimientos nacionales.
Aunque más adelante hablaremos ampliamente de España como Estado multinacional, conviene adelantar que el concepto de España, desde su misma aparición en la historia, designa una realidad político-administrativa, y no la denominación que adopta una sola nación. Durante la Edad Media, existirán distintos Reinos en la Península Ibérica, y será más tarde, con la unificación estatal de la mayor parte de ellos, cuando se adoptará la denominación española. Sin embargo, hoy está universalmente admitido que esa misma denominación agrupa a cuatro naciones bien diferenciadas: la castellana, la vasca, la gallega y la catalana. España es, pues, un concepto de Estado, un concepto que designa una realidad estatal multinacional, y no una sola nación. Y así ha sido siempre, desde los comienzos mismos de nuestra historia.
El diferente grado de desarrollo de los pueblos hispanos hizo que la cultura romana fuera asimilada con mayor o menor resistencia, con mayor o menor facilidad. En aquellas zonas donde eran ya escasos o nulos los restos del régimen gentilicio, y la propiedad privada estaba presente en todas las esferas de la vida social, las formas jurídico-sociales romanas se asimilaron con facilidad. Serían los pueblos del Norte, más atrasados con relación a los habitantes de las regiones mediterráneas y del Sur, los que mantendrían una resistencia permanente. Sus formas sociales radicalmente opuestas a las romanas -vida rural, administración de la tierra por la comunidad como principal forma de organización social, existencia de lazos gentilicios, diferencia mínima en cuanto a posesiones privadas, etc.- fueron factores decisivos para la oposición a Roma, que jamás pudo imponerse, hasta el punto de que los romanos tuvieron que establecer una frontera entre los pueblos del Norte y el resto de Hispania. La existencia de este límite, con fortificaciones y ejércitos permanentes, revela la preocupación de los romanos ante la amenaza constante que suponían las continuas rebeliones e intentos de expansión de los pueblos septentrionales.
A pesar de ello, la prolongada dominación romana en la Península aceleró la evolución natural de las tribus del norte. Cántabro-astures y galaicos recibieron las influencias de la cultura y formas sociales romanas, aceptaron el latín como lengua y, junto a él, múltiples aspectos de la vida romana. Los vascones se mantuvieron más reacios a estas influencias.
Tras la caída del Imperio Romano y la fijación definitiva de los visigodos en la Península, la totalidad de Hispania es incluida en la administración estatal visigoda. Sin embargo, cántabro-astures y vascones mantienen su oposición, persistiendo las diferencias entre una y otra cultura, entre unas formas y otras de organización social. Las mismas fronteras fortificadas que establecieron los romanos para combatir a estos pueblos continuaron con los visigodos. Estos se habían erigido en defensores de Roma; pasaron de ser bárbaros a defensores de la civilización; de feroces opositores, se transformaron poco a poco en paladines de todo lo que significaba la vieja Roma. Pertenecía al pasado la vitalidad que les dio la victoria sobre el Imperio Romano. Ahora, los visigodos eran incapaces de abatir la resistencia de los pueblos nor-peninsulares que por necesidades de supervivencia se enfrentaban persistentemente a su poder. En el año 711, cuando los musulmanes iniciaron su andadura por Hispania, Rodrigo, rey de los godos, se hallaba combatiendo las revueltas del norte.
La rápida implantación del Islam en la Península obedece a la descomposición del endeble Estado Visigodo, en proceso de feudalización y minado por continuas luchas de banderías entre sectores de la nobleza. El régimen social musulmán, que aún conservaba formas democráticas junto con las peculiaridades feudales que lo animaban -combinación de la propiedad estatal sobre la tierra con la propiedad privada de artesanos y comerciantes-, es aceptado con regocijo por la mayoría de la población hispana. Únicamente en el norte de la Península Ibérica, la oposición al avance musulmán fue rotunda y no lograron someter a sus pobladores. Como anteriormente los romanos y visigodos, los árabes se limitaron a acciones de castigo y control militar, sin llegar en ningún momento a implantarse permanentemente en estas regiones septentrionales.
Precisamente entre esos pueblos se iniciaría el fenómeno mal llamado de la Reconquista. Este movimiento de expansión no se debió -como afirman los historiadores burgueses más reaccionarios y patrioteros- a que la nacionalidad española existiera ya. Su fuerza motriz no fue ninguna idea de restauración nacional o las motivaciones religiosas congénitas al espíritu español. La prueba más palpable de tal mixtificación es que la Reconquista se inició, concretamente, desde las zonas que habían ofrecido más tenaz resistencia a los sucesivos pueblos que dominaban la Península -romanos, visigodos y, ahora, musulmanes-, es decir, desde los pueblos menos hispánicos. Estos pueblos habían alcanzado al fin suficiente grado de maduración histórica como para hacer su expansión irrefrenable, en un momento en que Al-Andalus atravesaba una profunda crisis que terminó por fragmentario en varios estados (taifas) independientes y enfrentados entre sí. Se trató, por tanto, de una conquista y no de una reconquista.
La expansión del primitivo reino astur fue resultado de la aparición en el mismo de nuevas y superiores formas sociales y económicas. Las peculiaridades históricas que confluyeron en la formación del reino astur caracterizaban su vitalidad. Una organización social marcadamente jerarquizada convivía con rasgos de la sociedad gentilicia. Y ello fue posible porque habíase formado en pugna con el estado visigodo. Fueron, pues, las necesidades militares, de defensa, las que dieron origen al reino astur. Lo constituyeron unos pueblos que, a la vez que alcanzaron formas de desarrollo económico y social superiores, se dotaron de un Estado de tipo feudal, producto de las guerras, conservando en buena medida las viejas formas gentilicias. Esta síntesis, aparentemente contradictoria, fue la causa de su irrefrenable avance sobre los territorios de Al-Andalus. Las mismas o parecidas razones confluirían al poco en los otros principales focos de este movimiento: Navarra, Aragón y Catalunya.
Será tras la expansión inicial del reino astur y con la progresiva asimilación cultural de las formas económicas y sociales predominantes en las tierras conquistadas -León y Galicia-, cuando la nobleza y la Iglesia se atribuyan la continuidad con el reino visigodo. A partir de este momento surgirá la idea de la Reconquista, que no es otra cosa que una coartada ideológica pura y simple para justificar las guerras de rapiña emprendidas. Desde entonces, la Historia oficial de España va a ser una Historia muy peculiar, falseada desde sus albores para justificar los intereses de la sucesivas castas dominantes.
Con los movimientos de expansión de los pueblos del norte se inicia una larga época de luchas, aparición, fusión y desaparición de pequeños estados que culminaría en el siglo XIII con la conquista de los reinos de Valencia, Mallorca, Murcia y la mayor parte de la cuenca del Guadalquivir. En este siglo acaba la Reconquista para la mayoría de los reinos que se han consolidado políticamente durante los últimos trescientos años en la Península. Navarra, vuelve ahora su mirada hacia Francia, Aragón inicia su expansión por el Mediterráneo, y Portugal muy pronto comenzará también su aventura africana y atlántica. Únicamente Castilla mantiene la lucha contra el reino de Granada, con acciones militares que no pasan del pillaje, concluyendo por hacer a este reino musulmán tributario de su corona.
Es el inicio de una crisis que ha de culminar en los Estados centralizados y en las monarquías absolutas -Francia, Inglaterra, España- allí donde el equilibrio de fuerzas entre las nuevas clases ciudadanas y la vieja nobleza feudal no logra romperse en favor de unos u otros. Donde esto ocurre -en Italia a favor de las ciudades o en Alemania a favor de los viejos caballeros teutónicos- será imposible la centralización.
En los territorios europeos donde se consolidan, a partir de los siglos XV y XVI, las monarquías absolutas, los campesinos alcanzan su liberación de la servidumbre, y las dos fuerzas fundamentales en pugna, ciudades y nobleza, cederán su independencia y muchos de sus privilegios políticos a favor de las viejas monarquías feudales, que se erigen así en árbitros de la contienda.
Esta crisis general del feudalismo -una crisis que revela la aparición de formas sociales en su seno que exige nuevos cauces para su desarrollo- afectará de forma peculiar a los reinos peninsulares y su incidencia será distinta en cada uno de ellos.
Veamos qué ocurre, durante estos siglos de grandes convulsiones sociales, en los dos reinos peninsulares que van a protagonizar esa unificación: Aragón y Castilla.
La Corona de Aragón está constituida en esta época por una federación de cuatro reinos: Aragón, Catalunya, Valencia y Mallorca. Con la conquista de Levante y el fin de la guerra contra los musulmanes, en el siglo XIII, todo su potencial económico y militar se volcó hacia el Mediterráneo. Barcelona se convirtió en su principal puerto y, con Valencia, en una importante ciudad mercantil, competidoras ambas de las ciudades italianas.
Si bien el siglo XIV es de plena expansión, la caída demográfica de finales de siglo causada por la peste negra y, sobre todo, el inicio de la crisis comercial que provoca el avance turco en el Mediterráneo, traerá como consecuencia una profunda crisis económica, social y política que culminará en la guerra civil de 1462-1472. En ella se enfrentan, de una parte, los campesinos y las nuevas clases ciudadanas de productores y exportadores; y de otra, la vieja nobleza feudal y la aristocracia mercantil de los importadores. Los pageses de remensa consiguen su liberación, pero el triunfo político es para la monarquía, que logra someter a la nobleza y, en vista de que el mercado mediterráneo se ha cerrado -Constantinopla caería en manos turcas en 1453-, vuelve los ojos al mercado castellano como única posibilidad de relanzamiento económico, apoyando los intereses de la Biga, el partido de las nuevas clases ciudadanas que ha luchado junto al rey en la guerra. El fin de la guerra civil coincide con el matrimonio de Fernando e Isabel, herederos respectivos de las coronas de Aragón y Castilla.
En Castilla las cosas ocurren de otro modo. La fusión definitiva de Castilla, León y Galicia a comienzos del siglo XIII -Portugal había iniciado el siglo anterior su andadura histórica independiente- da un fuerte impulso a la Reconquista, pero en las últimas décadas del siglo el Reino manifiesta claras muestras de agotamiento. Se paralizará durante dos siglos la lucha contra el último bastión musulmán en la Península: el Reino de Granada. En el siglo XIV se impulsa la repoblación de amplias zonas peninsulares y se inicia un largo período de convivencia pacífica de tres culturas: cristiana, judía y musulmana; prospera la vida ciudadana y la Mesta comienza a tener fuerza. Es precisamente el comercio de la lana lo que va a permitir a Castilla, en un momento de profunda crisis en el comercio mediterráneo, tomar posiciones de privilegio en la ruta comercial del Cantábrico, que se abre próspera en el siglo XV. Este mismo comercio de la lana impulsa las ferias en el interior, una incipiente producción textil y el desarrollo y prosperidad de las ciudades, no sólo las exportadoras del tipo de Bilbao y Burgos.
Mientras esto ocurre, son continuas las luchas entre la nobleza feudal y se agudizan sus enfrentamientos con las ciudades. El primer conflicto serio entre ciudades y nobleza se da ya a finales del siglo XIV, en el reino de Pedro I. El asesinato del rey refuerza la hegemonía política de la alta nobleza ligada a los intereses ganaderos de la Mesta: comienza en Castilla la persecución de los judíos. Aun así, durante el siglo XV las ciudades consolidarán su propia milicia, la Santa Hermandad, para contener los desmanes de la turbulenta nobleza. Y apoyarán, en la guerra civil de sucesión (1469-1479), a Isabel la Católica contra la nobleza más recalcitrante. Por lo demás, su peso en la vida económica del reino era cada vez mayor.
Así pues, en el siglo XV Castilla se encuentra en plena expansión. La crisis de estos siglos no la ha debilitado. Al contrario, se han fortalecido las nuevas clases urbanas, es floreciente el comercio de la lana -la mejor producción posible de valor económico internacional en la Europa arruinada de entonces-, se inicia la producción textil y aún Castilla disputa a Portugal la otra ruta comercial que comienza a despuntar: la atlántica y africana. Estos intereses encontrados iban a impedir precisamente la unidad con Portugal, que en la guerra de sucesión al trono de Castilla apoyará al bando que se opone a la coronación de Isabel la Católica. Lo que para Aragón -su unidad con Castilla- era un problema de supervivencia, para Portugal representaba ya a estas alturas un conflicto de intereses, de reparto de influencias.
La centralización de los reinos hispánicos -pronto se conquistará Granada y Navarra será anexionada mediante un golpe de mano un poco más tarde- en las testas coronadas de Isabel y Fernando se produce en un momento de máximo apogeo económico y demográfico de Castilla, y tanto la nobleza como las ciudades ceden de grado o por fuerza su independencia política en favor de un poder centralizado. Pero la inestable conjunción de fuerzas sociales y económicas, que ha hecho posible la formación de esa monarquía absoluta, cambiará muy pronto. Los campesinos han logrado liberarse de la servidumbre tras largas luchas, igual que en Catalunya, y las ciudades han alcanzado el máximo desarrollo económico y demográfico hasta entonces. El equilibrio se romperá, finalmente, primero a favor de la Iglesia, que en pocos años recuperará el terreno perdido en dos siglos de desprestigio; y muy pronto también en favor de la nobleza, que saldrá tremendamente fortalecida, económica y políticamente, de la conquista de Granada, y a la que favorece sobremanera el próspero comercio de la exportación lanera y los privilegios de la Mesta. Por el contrario, la expulsión de los judíos debilitará a las clases urbanas, que incluso verán descender su poderío político y económico tras las medidas decretadas por los Reyes Católicos, como la imposición de corregidores reales e n los ayuntamientos, la limitación de la cantidad de lana disponible para los talleres, etc.
Castilla es la fuerza hegemónica en la unificación y en Castilla se están planteando los conflictos sociales que van a dilucidar el futuro de la monarquía absoluta y del Estado recién inaugurado. A pesar de la expulsión de los judíos y del apoyo de los Reyes Católicos a los exportadores laneros, las ciudades castellanas mantienen un desarrollo progresivo en las primeras décadas del siglo XVI y surgen algunos centros manufactureros de tejidos en el interior. Hasta que el conflicto entre la nobleza más reaccionaria, partidaria de una política imperial y militarista que refuerce su hegemonía social, y las ciudades, que plantean una política de protección aduanera y de desarrollo de la producción interior, estalla con fuerza inusitada. La negativa de las ciudades castellanas a pagar los impuestos exigidos para la coronación de Carlos V como Emperador marca el inicio de la guerra civil. Tras dos años de lucha, los Comuneros serán aplastados en Villalar. El triunfo de la orientación política imperial y militarista en la recién estrenada monarquía absoluta estaba asegurado, y con él la hegemonía social y económica de las castas feudales más reaccionarias, la nobleza y la Iglesia, que se van a erigir en gendarmes de Europa.
Un imperio se alzaba sobre el cadáver de las fuerzas sociales progresistas y de las libertades medievales de las ciudades castellanas. En Villalar se decapitó también, junto a los jefes comuneros, toda posibilidad de un desarrollo natural y progresista de la sociedad castellana. Su decadencia era únicamente cuestión de tiempo.
Fue en el siglo XVI -dice Marx- cuando se formaron las grandes monarquía, que se erigieron en todas partes sobre la base de la decadencia de las clases feudales en conflicto: la aristocracia y las ciudades. Pero en los otros grandes Estados de Europa la monarquía absoluta se presenta como un centro civilizador, como la iniciadora de la unidad social... hasta permitir a las ciudades trocar la independencia local y la soberanía medievales por el dominio general de las clases medias y la común preponderancia de la sociedad civil. En España, por el contrario, mientras la aristocracia se hundía en la decadencia sin perder sus privilegios más nocivos, las ciudades perdían su poder medieval sin ganar en importancia moderna.La unidad que se ha logrado de todo el territorio peninsular (exceptuando Portugal, con quien se llegará en tiempos de Felipe II a una unidad puramente nominal y efímera, de la que saldrá además muy perjudicada esta nación) es solamente formal; las medidas político-administrativas son insuficientes para crear unos intereses comunes y un mercado nacional. Al contrario, cada reino conservará las instituciones de gobierno propias, Cortes, Fueros, etc. Existen impuestos aduaneros para pasar de un reino a otro y diferentes monedas para el intercambio. La pervivencia de todas estas rémoras es posible porque falta el elemento dinamizador, moderno, en la sociedad de los distintos reinos: la burguesía.Así, la vida local de España, la independencia de sus provincias y de sus municipios, la diversidad de su vida social, basada originalmente en la configuración física del país y desarrollada históricamente en función de las diferentes formas en que las diversas provincias se emanciparon de la dominación mora y crearon pequeñas comunidades independientes, se afianzaron y acentuaron... Y como la monarquía absoluta encontró en España elementos que por su misma naturaleza repugnaban a la centralización, hizo todo lo que pudo para impedir el crecimiento de intereses comunes derivados de la división nacional del trabajo y de la multiplicidad de los intercambios internos, única base sobre la cual puede crearse un sistema uniforme de administración y de aplicación de leyes generales. Así pues, la monarquía absoluta en España, que sólo por encima se parece a las monarquías absolutas europeas en general, debe ser clasificada más bien, junto a las formas asiáticas de gobierno. España, como Turquía, siguió siendo una aglomeración de repúblicas mal administradas con un soberano nominal a su cabeza... si bien el gobierno era despótico no impidió que subsistiesen las provincias con sus diferentes leyes, costumbres, monedas, banderas militares de colores distintos y sus respectivos sistemas de contribución (2).
La nobleza rancia, el patriciado urbano y la Iglesia mantienen e incrementan su poder económico e incluso ganan influencia política al servicio de la corona y sus aventuras militaristas. En la guerra de las Comunidades se habían enfrentado dos concepciones: una política imperialista y aventurera, contra una política partidaria del proteccionismo económico. Esta última es derrotada y con ella es derrotada una burguesía naciente, demasiado débil aún como para continuar su lucha contra el poder económico y militar más fuerte y reaccionario de Europa. Esto ocurría en Castilla. Respecto a la burguesía que despunta en Catalunya, se hará también todo lo posible desde el poder para impedir su despegue económico, negándole la participación en el comercio americano y manteniendo las trabas para el comercio peninsular.
La monarquía absoluta surgida de la centralización no hubiera logrado imponer su política sin el descubrimiento y la esquilmación de América. Únicamente el oro americano le permitió dar continuidad a sus campañas contrarreformistas en Europa, en consonancia con la herencia ideológica de la Reconquista, y volver la espalda al desarrollo económico peninsular y a las clases que lo hubieran hecho posible. La corona reservó para sí el monopolio del comercio de las Indias e impidió que este tráfico de mercancías favoreciera a las diversas ciudades y reinos, si exceptuamos Sevilla. El monopolio de Indias, en vez de favorecer, perjudicaría la integración de los diversos reinos, al facilitar a la monarquía una política económica sin base real de desarrollo. La bancarrota económica era ya un hecho en la segunda mitad del siglo XVI. Y así, en vez de hacer frente a los elementos que por su misma naturaleza repugnaban la centralización de la única manera posible, mediante el desarrollo económico y la creación de un mercado nacional, estaba favoreciendo su pervivencia.
Cada vez más, la monarquía absoluta se parecía a las formas asiáticas de gobierno, y, como en Turquía, únicamente ataca la autonomía de los diversos reinos cuando ésta se opone a sus intereses directos, permitiendo de buen grado la supervivencia de sus instituciones en tanto que éstas le eximen del deber de hacer algo y le evitan la molestia de ejercer la administración con regularidad.
Mientras en Europa la razón empezaba a abrirse paso como fórmula de progreso, florecían la ciencia y la técnica y se daba un gran desarrollo de las fuerzas productivas con el establecimiento general de industrias manufactureras -inicio del régimen capitalista-, en España predomina la fuerza bruta como argumento, la negación de todo desarrollo industrial, científico y técnico, de toda idea renovadora. En resumen: el estancamiento, la intolerancia y el despotismo feudal más sangriento.
En el transcurso de los siglos XVI y XVII, Asturias, León, Andalucía, Aragón, etc., fueron perdiendo las peculiaridades que mantenían en el momento de la formación de la monarquía absoluta de los Reyes Católicos. Pero ni siquiera en estas regiones hubo un proceso natural de integración en una unidad nacional superior. Fue más bien un proceso de castellanización, y en no pocas ocasiones realizado de forma violenta (caso de Antonio Pérez en Aragón, expulsión de los moriscos...) En cambio Galicia, Euskal Herría y Catalunya, atrincheradas en sus tradiciones, mantendrían y acrecentarían aún más su estructura económica y social peculiares, conservando su propio idioma.
En Galicia, de espaldas a la Península, se acentuará la ruralización social y económica de sus gentes, con una estructura fuertemente feudalizada. El País Vasco, que pierde su preponderancia en el mercado lanero, mantiene los astilleros, la pesca y las ferrerías; la participación de sus fabricantes y comerciantes en la esquimalción de las colonias americanas y en su comercio es marginal, lo que agranda sus diferencias estructurales con el resto de la Península más que borrarlas. Lo mismo ocurre en Catalunya, apartada a su pesar del comercio americano, pero para la que el Mediterráneo se ha puesto de nuevo a su alcance, a causa, precisamente, de la política imperial de los Austrias: al mismo tiempo, la creciente producción mercantil va minando sus estructuras gremiales.
El siglo XVII marca el inicio de las revoluciones burguesas y de la formación de los primeros Estados nacionales en Europa. Es el momento en que el poderío militar del imperio toca a su fin. Se intenta paliar la decadencia y la crisis extendiendo el pago de tributos a los reinos no castellanos, determinación que ya únicamente estimulará las luchas y rebeliones. Sectores de la burguesía e incluso de la nobleza intentan cambiar el rumbo económico y social del país, y en Catalunya tendrá que aplastarse la primera rebelión, coincidiendo con el final de la Guerra de los Treinta Años. Catalunya veía entonces mejor aliado para sus intereses en Francia que en España.
El siglo XVIII se inaugura con una nueva sublevación en Catalunya. En España, a diferencia de los países europeos en que la revolución burguesa está en marcha y existe un comercio y una industria desarrollados, aún pervive una economía basada principalmente en la agricultura, y la exportación se reduce a productos agrícolas. Las pocas manufacturas que existían en el siglo XVI fueron desapareciendo paulatinamente. Únicamente en Catalunya y Euskadi han arraigado núcleos burgueses de fabricantes. Ellos son los que, en Catalunya, se opondrán con más fuerza a los proyectos centralizadores de los Borbones, al abrirse la crisis dinástica de principios de siglo. El aplastamiento de la rebelión catalana tiene su epílogo esta vez en la pérdida de todas sus prerrogativas feudales.
En 1716 se publica el Decreto de Nueva Planta por el que se derogan los Fueros de Aragón, Catalunya, Valencia y Mallorca y se relega a estos reinos a categoría de provincias. Los virreyes son sustituidos por capitanes generales y sus instituciones de gobierno autónomo son abolidas. Al acabar con los derechos forales, los municipios empiezan a regirse por leyes castellanas, los corregidores son castellanos y la lengua castellana es impuesta por decreto en todas las instituciones y organismos de lo que ya comienza a configurarse como el Estado español. Pero el decreto de Nueva Planta es ya a estas alturas, después de dos siglos y medio de "unidad", más un castigo a la burguesía catalana que un intento serio de unificación nacional y estatal.
Los propósitos centralizadores de los Borbones llegan, pues, demasiado tarde. En Europa, el proceso unificador benefició sobre todo a una clase burguesa en ascenso, que acabaría derrotando al poder feudal y legislando de manera favorable la unidad nacional y las relaciones económicas acordes a sus intereses de clase. En España, por el contrario, la reunificación de los reinos feudales y la configuración del Estado moderno coartaron el desarrollo económico y de las clases progresistas de la sociedad. Como dice Marx, mientras la aristocracia se hundía en la decadencia sin perder sus privilegios más nocivos, las ciudades perdían su poder medieval sin ganar en importancia moderna. La unificación acabó por convertirse en la imposición de una nación, la castellana, atrasada y senil, sobre la burguesía periférica que a duras penas había logrado pervivir a estos siglos.
Y así la política borbónica, por demás inconsecuente, pretendió dar solución a algunas de las exigencias seculares de la clase burguesa (disolución de la Mesta, libertad de fabricación, abolición del monopolio comercial con América, reformas administrativas...) cuando la burguesía estaba ya más pendiente de lo que pasaba en Francia y de su revolución, que del reformismo trasnochado de los Borbones.
Hemos analizado los avatares de la burguesía en España durante los tres largos siglos de monarquía absoluta. El siglo XIX comienza para la burguesía con un proyecto revolucionario definido en lo fundamental por el liberalismo. Pero una cosa son los proyectos políticos e ideológicos y otra muy distinta las fuerzas con que se cuentan para ponerlos en práctica.
A principios de siglo, muchos intelectuales burgueses tenían bien asimilada la experiencia jacobina y su clase se aprestaba decidida a barrer con el absolutismo. Pero la realidad económica era muy distinta en los albores de la España liberal que en la Francia jacobina. Mientras en Francia la producción capitalista tenía ya unos firmes cimientos históricos y peso económico, y la ideología burguesa había calado en amplias capas de la población, en España apenas se había dado un paso en esta dirección. Los núcleos progresistas burgueses eran minoritarios, la producción capitalista insignificante en el contexto económico del Estado y los agitadores liberales escasamente influyentes entre las masas populares. Salvo para un puñado de individuos, España continuaba en lo ideológico viviendo de las glorias barrocas, calderonianas y tridentinas, cuando Europa entera había participado en la elaboración de La Enciclopedia o la estaba asimilando.
En este contexto, la invasión napoleónica vino a complicarlo todo. La lucha de resistencia contra el invasor removió hasta sus cimientos a la sociedad española. Todas las capas populares participaron en esta lucha con un entusiasmo y una creatividad política y militar únicamente superados en nuestra historia por el Frente Popular y la guerra antifascista y patriótica de 1936-1939 (pero ya en otras circunstancias y dirigidas por otra clase social: el proletariado).
En la Guerra de la Independencia, las ideas estaban únicamente en la cabeza de unos pocos burgueses, mientras que los fusiles estaban en manos de todo el pueblo, que tan sólo había oído recitar hasta entonces las cantinelas imperiales y religiosas. La única ideología subyacente en esta guerra y capaz de aglutinar tan vasto movimiento, estaba configurada, de una parte, por ideales patrióticos y, de otra, por la defensa de la religión contra el racionalismo que representaban los invasores. Hasta el punto de que en la Constitución de Cádiz, donde se habían refugiado el puñado de hombres esclarecidos, hubo que proclamar a la religión católica como la religión oficial del Estado.
La escasa influencia política e ideológica de la burguesía en un momento tan crítico hacía patente su gran debilidad. La sociedad estaba viva y se demostró en la guerra. Pero faltaba una clase con capacidad para ponerse a la cabeza y conducirla por el camino del progreso. Y no sólo esto. El enemigo, el Estado absoluto borbónico, era un cadáver hediondo, como se demostró también en la guerra, que estaba exigiendo, por su ineficacia y por la decadencia y pusilanimidad de las clases que lo sustentaban, la mano firme de un sepulturero. El sepulturero no existía y el cadáver continuó descomponiéndose al sol de las siguientes décadas del siglo.
La Guerra de la Independencia había unido a la burguesía y a todos los pueblos de la Península. Esta unión de todas las clases progresistas de la sociedad se va a mantener en la lucha de los liberales contra el absolutismo. Catalanes, vascos, gallegos, participan junto a la burguesía madrileña y andaluza en un proyecto común de Estado democrático, capaz de crear la unidad económica, social y nacional que no se había logrado en tres siglos de absolutismo.
Pero es sabido que el entusiasmo revolucionario de la burguesía sólo dura mientras están en disputa los beneficios de la explotación capitalista. Y así ocurrió que, con el inicio del despegue industrial y las tibias reformas arrancadas al absolutismo a raíz de la muerte del indeseable narizotas Fernando VII, el pasteleo con la aristocracia feudal y sus espadones se hizo norma política para esta clase. Así, no hubo ruptura de la burguesía con el sistema feudal en el campo ni en la administración estatal o el ejército, ni siquiera, por supuesto, en el terreno ideológico. En la primera mitad de siglo a causa de su debilidad económica y política, y en la segunda mitad a causa de su propio pánico ante el proletariado naciente, la burguesía no supo hacer por sí sola su revolución en España ni modernizar la sociedad y el Estado. Mientras, el desarrollo desigual en la Península acentuaría las diferencias nacionales entre Catalunya, Euskadi y Galicia. El fracaso de la revolución burguesa clásica había propiciado el mantenimiento de un Estado multinacional.
Pero veamos qué sucedió en la I República con el proyecto federal. Es ésta la segunda gran crisis de un siglo plagado de intentonas revolucionarias y de golpes contrarrevolucionarios.
En cada período revolucionario se habían ido ampliando paulatinamente las perspectivas de desarrollo capitalista y de acumulación de capitales. Se deslindó definitivamente el binomio productores-medios de producción; se inició el desarrollo capitalista con las clases más reaccionarias usufructuando todos los grandes beneficios. Surge así la gran burguesía agraria, propietarios seculares de la tierra, que convierten en propiedad capitalista. Las desamortizaciones habían atraído también a la burguesía usuraria y a algunos industriales burgueses, que se convirtieron en terratenientes. La gran masa campesina, abandonada en su miseria, se convirtió en proletariado agrícola, campesinos sin tierra. Por contra, el lento proceso de la industrialización se llevó a cabo en zonas muy localizadas, allí donde existían fuentes de materias primas o donde tradicionalmente se habían situado los centros de acumulación de capital. Por tanto este primer desarrollo capitalista no se realizó en un marco común a todo el territorio del Estado, sino que la debilidad de la burguesía y el desarrollo desigual limitó esos avances a regiones muy localizadas de la periferia peninsular, sobre todo a Catalunya y Euskadi. Es en esta situación como surge el republicanismo, con un fuerte componente federal, como último intento de conciliar en un marco común realidad tan compleja.
La agravación de la situación política internacional -son los momentos de la Comuna de París-, la liberación paulatina de las colonias y las guerras coloniales, unido a la dependencia económica y financiera del exterior en un momento de aguda crisis económica internacional, hicieron surgir graves contradicciones entre la burguesía comercial aliada a la nobleza terrateniente y las burguesías industriales periféricas, especialmente la catalana. Se había dado la licencia a Isabel II, y Amadeo de Saboya se la iba a tomar muy pronto por su cuenta. Con éste eran tres los reyes expulsados en España de la cúspide del Estado y del país, amén de dos regentes, muestra clara este récord del profundo sentimiento monárquico del pueblo español. La República era, pues, la única solución viable a tan aguda crisis social e institucional.
La República ponía otra vez sobre el tapete peninsular el problema histórico fundamental de la época: la necesidad de la revolución burguesa, tarea a la que había renunciado la alta burguesía comercial y usuraria, los hijos del viejo liberalismo. No así la burguesía industrial republicana, cuya supervivencia llegó a verse ahogada por la orientación económica gubernamental del librecambismo, por la pérdida de la mayor parte de las colonias americanas y por su marginación de los organismos de decisión del Estado.
Ahora esta burguesía revolucionaria, apoyada en las clases medias, había tomado el poder. El débil desarrollo capitalista provocará que por sí sola esta burguesía sea incapaz de mantenerse en él, lo que va a condicionar el futuro de la República. Pese a los esfuerzos de Pi i Margall, que en un momento llegó a tener todo el poder en sus manos, la República no supo dotarse de una base popular. Para ello tenía que haber abordado la radical expropiación de los latifundios y el mejoramiento de las condiciones de vida de las masas trabajadoras. Pero el miedo de la burguesía industrial a las masas populares pudo más que el peligro de la contrarrevolución, a la que ni siquiera se había arrebatado su instrumento más eficaz: el Ejército. El proletariado había comenzado a jugar un papel importante en el marco de la lucha de clases de la época, dando sus primeros pasos en el terreno de la organización y la actuación política independiente. Pero la burguesía, dando pruebas una vez más de su timoratería, no supo ni quiso tener en cuenta a este importante aliado en potencia, a no ser para reprimirle y temblar ante él.
La I República estaba fracasando, como el viejo liberalismo, en sus intentos de dotarse de una amplia base social, y ello agravaba las tensiones entre sus dirigentes, que se sucedían impotentes al frente de los gobiernos. Al mismo tiempo, la gran burguesía y la aristocracia terrateniente aprendían la lección y cerraban filas, utilizando de nuevo al ejército para dar un golpe de Estado el 3 de enero de 1874. El espadón de turno fue el general Pavía.
En diciembre de ese mismo año, la unión política de estos dos sectores, hegemónicos en la economía, se materializa en la Restauración borbónica. Durante la misma, la unión política entre estas clases explotadoras favorecerá su fusión económica, dándose paso así a la formación de la oligarquía financiera-terrateniente: la vía española de desarrollo capitalista quedaba así consolidada.
Para la formación de la nación es absolutamente necesario que se den una serie de condiciones (como la comunidad de idioma, de territorio, de economía, cultura, etc.), mientras que para la formación de un Estado, tal como hemos visto en el caso de España, no son necesarias dichas condiciones, ya que un mismo Estado puede integrar diferentes nacionalidades con su idioma, economía, cultura, etc., diferenciados.
Al analizar nuestro caso, vemos incluso cómo el concepto de España se va formando paralelamente a la formación del Estado Moderno. A lo largo de toda la exposición histórica se ha utilizado el nombre de España -y el de su raíz etimológica, Hispania- lo más ajustado posible al uso y significado que tuvo en las diferentes épocas de nuestra historia. Trataremos, pues, de aclarar este concepto, dada la tendencia que existe a identificarlo con una sola nación, así como la de considerar a las naciones que conforman el actual Estado español como no españolas, como algo completamente ajeno a ese mismo Estado, lo que con frecuencia origina no pocos equívocos.
El concepto de España no ha permanecido inmutable a través de la historia, sino que ha evolucionado paralelamente al desarrollo de la sociedad, a medida que ésta se ha hecho más compleja y se han complicado las relaciones sociales. Y como es lógico, el contenido que las sucesivas clases dominantes han dado a este concepto respondía únicamente a sus intereses económicos, políticos y sociales, llenándolo de equívocos.
El propio nombre de España surge de la antigua denominación que el Imperio Romano dio al conjunto del territorio conquistado dentro de la Península Ibérica. Antes de la conquista de Roma, la Península carecía de la más mínima unidad. Es con la conquista por Roma cuando toma un carácter de unidad, al ser integrada como una provincia a la administración del Estado romano, y entonces se acuñó el nombre de Hispania para designarla.
Durante el período visigodo, el nombre de Hispania sigue designando a la Península, pero con una nueva acepción. Ya no es una provincia de Roma, sino un reino independiente, el reino con sede en Toledo, donde se halla enclavada la corte goda. Y los visigodos, para nombrar los territorios dominados y no dominados por ellos, utilizan el nombre de Spanie, resultado de la mezcla del vocablo latino Hispania con la influencia lingüística germana de los visigodos.
Con la llegada de los árabes y su afincamiento en la Península, este concepto entra en desuso. Sin embargo, al iniciarse la expansión y posterior conquista por los pueblos del Norte de los territorios musulmanes, hace de nuevo su aparición el nombre de Hispania o Spanie, recogiéndolo de la tradición visigoda.
Esta misma denominación perduraría a través de los siglos, junto a la toponimia propia de cada uno de los distintos reinos. De ahí que, tras la formación de las monarquías absolutas, los reyes lo sean a la vez de cada uno de los reinos y, por extensión, reyes de España, vocablo generalizado en los medios mercantiles europeos.
Será a principios del siglo XVIII, en el reinado de Felipe V, cuando se lleven a cabo medidas administrativas que van a unificar bajo la hegemonía de Castilla los diferentes reinos en un Estado centralizado moderno, proceso que se había iniciado con los Reyes Católicos.
Así pues, el vocablo Hispania, reinos hispanos, etc., va evolucionando durante el proceso unificador hasta adoptarse el nombre de España como un concepto jurídico-administrativo de un territorio enclavado en un mismo Estado, al igual que siglos atrás hicieran los romanos. Insistimos, por tanto, en que el concepto de España ha quedado acuñado por la historia como denominación de una realidad político-administrativa, es decir, de un Estado. Como bien dice Joan Comorera: España es un nombre que, hecha abstracción del Estado, no dice nada, no es nada (3).
En consecuencia, España no existe como denominación de una sola nación, puesto que la nación es una realidad bien distinta del Estado. La formación de la nación -aparte de la comunidad de territorio, economía y psicología propia integrada en la comunidad de cultura- es inconcebible sin un idioma común, con el que precisamente pueda entenderse esa comunidad de hombres que se ha ido formando históricamente. Y esto es algo que jamás se ha conseguido en España, por más que se ha intentado con la oficialidad del castellano borrar los diversos idiomas nacionales.
Por el contrario, el concepto de Estado no es incompatible con la integración en su jurisdicción político-administrativa de varias naciones con diferentes idiomas, economías, culturas, etc. Así se han formado los Estados abigarrados nacionalmente, como en nuestro caso. O sea, el Estado multinacional español.
Resulta contradictorio, se nos dirá, un Estado integrado por naciones que luchan entre sí. Y es cierto. Tan contradictorio como lo es sin duda cualquier nación o Estado nacional, integrado por clases antagónicas. Pero ésa es la realidad, por paradójica que aparezca ante las miradas más superficiales, y creemos que de nada sirve tratar de escamotearla; una realidad que ha sido impuesta por el desarrollo histórico y la lucha de clases.
Precisamente esa inclusión forzada, no deseada, está en la raíz misma del problema nacional y es lo que da sentido a la lucha que se viene librando para acabar con el sometimiento de unas naciones por otra y para erradicar todo vestigio de opresión y explotación.
Por tanto, y para concluir, diremos que hoy día, por mucho que les pese a los nacionalistas burgueses, los miembros de las nacionalidades oprimidas, además de ser vascos, gallegos, catalanes, etc., somos ciudadanos de un Estado, dependemos de él. Por eso se puede decir que, aun siendo antes que nada vascos, gallegos, catalanes, etc., por nuestra nacionalidad, de grado o por la fuerza también somos españoles por nuestra ciudadanía .
Escamotear esta realidad no creemos que contribuya a esclarecer la cuestión nacional en España ni mucho menos puede contribuir a aunar los esfuerzos de todos aquellos que estamos interesados en modificarla.
A diferencia de lo ocurrido en España, los Estados modernos que se van configurando en Europa Occidental lo hacen sobre la base de una burguesía que se ha fortalecido con la industria manufacturera y capitalista, suprimiendo la fragmentación feudal hasta formar un gran mercado nacional. Y con ello, van desplazando del poder a las castas feudales y se erigen en clase gobernante y hegemónica de la sociedad. Es el período de las revoluciones burguesas, y en él se forman los Estados nacionales burgueses independientes.
No es éste nuestro caso. La formación y posterior desenvolvimiento histórico del Estado español no se lleva a cabo por medio de ninguna revolución burguesa que fundiera en un todo único los diferentes pueblos peninsulares. Aquí, por el contrario, el Estado se forma únicamente en base al mantenimiento y reforzamiento del sistema feudal y a la integración en su ámbito territorial de unos pueblos, con una economía, una lengua, una cultura y unas costumbres plenamente diferenciadas. Sin embargo, aunque tarde y de manera desigual, el capitalismo comenzó a desarrollarse en España. Pero lo hace principalmente en la periferia, donde a través de las ciudades portuarias se ha ido gestando una burguesía comercial, lo que acentúa aún más las diferencias nacionales.
El desarrollo tecnológico de la época impulsa la expansión de la producción. Esto permite que los capitales acumulados en el negocio comercial, de las rentas de la tierra y la usura, se inviertan en el desarrollo industrial, principalmente en Catalunya y el País Vasco. Con el incipiente desarrollo capitalista, la sociedad cobra una enorme vitalidad, se expanden las vías de comunicación y la vida social y cultural experimenta un gran impulso. Los diferentes rasgos característicos de los pueblos que se han ido configurando a través de siglos de luchas, de usos y costumbres, de leyes y fisonomía propias, es decir, los rasgos fundamentales que han ido determinando su nacionalidad, con el desarrollo capitalista se han convertido en una realidad histórica.
Así han surgido la nación catalana, la vasca, la gallega y una cuarta nación formada por las regiones o antiguos reinos que han ido asimilando, en lo fundamental, la lengua, economía, costumbres, etc., de Castilla. Es ésta la nación castellana, aunque más frecuentemente, y como signo inequívoco de su "vocación" centralizadora, se la ha identificado con el conjunto del Estado, denominándola nación española.
Por tanto, en España existen cuatro idiomas, cuatro economías, cuatro culturas, que se manifiestan en psicologías nacionales bien diferenciadas, expresión todo ello de otras tantas comunidades nacionales. Son comunidades estables, históricamente formadas, donde una de ellas (la castellana), por su situación privilegiada, ha ejercido la hegemonía y la opresión política, económica, lingüística y cultural sobre el resto.
La imposición de la lengua castellana ha venido siendo un arma política y económica en manos de la nobleza y la alta burguesía castellana, utilizada en detrimento de los intereses de las capas populares. Igualmente Castilla ha sido, a través de los siglos, el centro militar y administrativo en torno al cual se ha ido creando una casta militar y burocrática, principal beneficiaria del expolio a que han sido sometidos los diferentes pueblos.
Sin embargo, el vigor, la resistencia históricamente demostrada por los pueblos oprimidos para reproducirse y adaptarse a los cambios sufridos durante siglos y para sobrevivir a la presión integradora, primero del reino castellano y hoy del Estado de los monopolios, todo esto sólo puede comprenderse por el profundo sentido de la identidad étnico-cultural de estos pueblos, entendiendo esto como esa forma particular de ser y de sentir de las colectividades y que han ido conformando factores tan diferentes y complejos como son el idioma autóctono, los ámbitos de la infancia, la relación con la tierra, las costumbres y tradiciones, etc.
Así, existe un territorio delimitado, propio y característico, en el que la comunidad de cada nación ha convivido, se ha asentado y formado históricamente.
Existe una vida económica propia y diferenciada: el minifundio gallego, en oposición al latifundio castellano, y las normas contractuales agrarias para la explotación de los pequeños lotes (a diferencia de los campesinos asalariados del conjunto castellano); su propia industria, muy relacionada con el mar, etc. En el País Vasco nos encontramos con la pequeña propiedad, el caserío, núcleo fundamental del campo vasco; las propias costumbres de explotación colectiva, comunal, aún las encontramos hoy en las cofradías o agrupaciones pesqueras; la creación de una industria pesada y el poder del capital financiero fueron características peculiares en la formación de la economía vasca. En Catalunya la liquidación del feudalismo por el campesino catalán, consecuencia de largas y sangrantes guerras de los pageses, dio origen a un régimen agrario peculiar, sin latifundios, con extensas zonas de pequeña propiedad; la capacidad del pagés para asimilar y practicar la técnica del comercio internacional, el alto nivel de vida conseguido por su perseverante espíritu combativo formado a través de incesantes luchas contra los parásitos propietarios (rebeldía heredada de generación en generación), la creación de la más poderosa industria ligera de la Península, etc., son rasgos de la formación económica en Catalunya.
En España, además del castellano, existe un idioma vasco (más antiguo que el griego, el latín o el árabe), el catalán y el gallego. Hay una cultura catalana, vasca y gallega. Sus canciones y danzas se confunden con los primeros vestigios de civilización y de historia oral y escrita, y su propia mística religiosa saturada de paganismo, especialmente en Galicia y el País Vasco.
Todo ello ha ido creando unas psicologías peculiares. Las reacciones de un catalán, un vasco y un gallego ante cada hecho y ante cada problema no son iguales entre ellos y en relación con las de un castellano. Sus formas de trabajo y de convivencia social, el orden de sus preferencias y ocupaciones, su capacidad sentimental (más acusada en los gallegos), su individualismo más o menos obstaculizador de ideas y construcciones colectivas, su receptividad por lo que hace a las teorías universales son aspectos diferentes de cada una de sus psicologías, expresadas en otros tantos rasgos de cultura.
Por lo demás, también hay que decir que dentro de las nacionalidades oprimidas se desenvuelve, paralelamente a su surgimiento nacional, el chovinismo local, chovinismo provocado por los excesos del poder central y por la táctica de los capitalistas nacionales que encuentran en esta división y en el enconamiento de las contradicciones y antagonismos nacionales, uno de sus mejores apoyos para hacer crecer su poder y su riqueza, su dominio político, a expensas de los intereses populares.
En resumen, tenemos que decir, salvo que distorsionemos la historia y la misma realidad actual hasta hacerlas irreconocibles, que a diferencia de lo ocurrido en otros países, España jamás ha existido como Estado nacional. España no es, pues, la una e indivisible que encarna el espíritu de las clases dominantes, sino un Estado multinacional formado sobre la base de la opresión de una nación sobre las otras.
De esta forma, las contradicciones que enfrentaban a las burguesías de Euskal Herria, Catalunya y Galicia con el régimen de la oligarquía agrario-financiera en formación -contradicciones agravadas por las crisis industriales y financieras de finales del siglo XIX, especialmente tras la pérdida de Cuba y Filipinas- van a manifestarse de forma diferente a como lo habían hecho hasta entonces, pasando a transformarse en una lucha de tipo nacional.
Como dice Stalin:
La burguesía de la nación oprimida, que se ve acosada por todas partes, entra naturalmente, en movimiento. Apela a ‘los de abajo de su país’ y comienza a gritar acerca de la ‘patria’, [...] en interés de la ‘patria’, queriendo hacer pasar su propia causa por la causa de todo el pueblo. Y ‘los de abajo’ no siempre permanecen sordos a sus llamadas, y se agrupan en torno a su bandera: la represión de arriba les afecta también a ellos, provocando su descontento.Así comienza el movimiento nacional (4).
Los jauntxos, favorecidos por el aumento de la renta de la tierra que la gran expansión de la economía capitalista en Europa hizo posible durante el siglo XVIII, acumularon un capital que irían invirtiendo de manera creciente en los negocios comerciales (el más próspero de ellos lo forma la Compañía Guipuzcoana de Caracas). Sin embargo, estos negocios aún tendrán, durante un tiempo, un carácter limitado, precapitalista, y estarán profundamente condicionados por la fuerza que aún tenía el antiguo régimen.
Será la burguesía comercial bilbaína, junto a los jauntxos más acaudalados, los iniciadores de las primeras industrias del País Vasco.
Un grupo de comerciantes bilbaínos funda, en 1841, la primera empresa siderúrgica (Santa Ana de Bolueta). Más adelante, varias familias de jauntxos, propietarios de minas en las Encartaciones -entre ellas, la de José Antonio Ibarra-, adquieren la fábrica de la Merced de Guriezo y la trasladan a Baracaldo. De la mano de estos propietarios mineros e industriales, de comerciantes acaudalados y de grandes rentistas de la tierra, se fundará en el año 1857 el Banco de Bilbao, que tanta importancia va a tener en el posterior desarrollo financiero e industrial de Euskadi.
De este primer impulso que el capitalismo recibe en Euskal-Herria van a quedar apeados la mayor parte de los jauntxos y los propietarios de empresas pequeñas y tradicionales en decadencia. En los esfuerzos de estas capas de la sociedad vasca por subsistir se hallan buena parte de las razones que hicieron que, en el País Vasco, la defensa de los Fueros frente a la política centralizadora y liberal, se uniera a la defensa de una monarquía clerical y reaccionaria. El carlismo encontró en estas capas de pequeños propietarios en proceso de ruina uno de sus más firmes baluartes.
Pero la base social del carlísmo estuvo constituida por los campesinos trabajadores; fueron ellos quienes formaron el grueso de las tropas carlistas y también quienes más duramente sufrieron las consecuencias de las sucesivas sublevaciones y represiones.
Las razones materiales del descontento existente entre las masas campesinas en el País Vasco arrancan de su empobrecimiento progresivo por las sucesivas desamortizaciones y el traslado de las aduanas al litoral.
El proceso desamortizador se inicia en Euskal Herria muy tempranamente (antes de 1815, en Álava y Guipúzcoa), y los principales beneficiarios van a ser la alta nobleza y la burguesía, únicos que disponen de dinero para comprar tierras. Muchos colonos son expulsados de sus tierras; otros ven subir vertiginosamente las rentas que tienen que pagar a los nuevos propietarios. Además, la eliminación del disfrute de los terrenos comunales, en una época de crisis agrícola, acentuará aún más la mala situación del campesinado, que se ve desprovisto de abonos, leña y pastos. Estos cambios económicos van acompañados de transformaciones sociales y políticas. En el País Vasco, el ascenso de la burguesía exigirá la ruptura con una de las instituciones que habían caracterizado a los territorios vascos durante todo el período de formación del Estado español: las aduanas interiores.
Hasta entonces, las aduanas interiores habían sido beneficiosas para la gran masa de la población vasca: el que los derechos aduaneros no se pagaran en los puertos de mar, sino al atravesar las mercancías las comarcas interiores camino de Castilla, convenía a industriales y comerciantes. No menos ventajosas resultaban estas aduanas secas para los pequeños propietarios y los campesinos, que adquieren en los países europeos tejidos y otros productos de consumo, baratos y de mejor calidad que los castellanos; cuando la cosecha va mal siempre queda el recurso de comprar cereales en Europa.
La independencia de la mayoría de las colonias americanas, lo que supone la pérdida del monopolio comercial con Indias, y la industrialización europea, que permite la fabricación de productos mejores y más baratos, rompen la identidad de intereses en la defensa de las aduanas secas. Industriales y comerciantes se hacen proteccionistas; sus intereses económicos les impulsan ahora a la defensa y conquista del mercado español, lo que supone la desaparición de las aduanas interiores, su traslado a la costa y la homogeneización del mercado estatal. Esta nueva orientación de los industriales y comerciantes es a todas luces contraria a los intereses de los campesinos, a quienes el impuesto de aduanas supone el encarecimiento de todos los productos importados.
Estas son las causas, de orden económico y social, del profundo descontento que existía entre las masas campesinas del País Vasco. Al mismo tiempo, crecerá también el descontento de la pequeña nobleza rural y del bajo clero, incapaces de soportar la competencia de los grandes propietarios y de los productos agrícolas importados. Se va a dar así una confluencia de intereses entre estos tres sectores de la sociedad vasca -campesinos, pequeña nobleza y eclesiásticos- que se encuentran objetivamente enfrentados a la alta nobleza y la burguesía, tanto la del País Vasco como la del resto de España, las cuales, por su parte, abrazaron sin reservas la causa liberal, representada en esta época por la entronización de Isabel II.
El propio contenido de la propaganda tradicionalista aprovecha sutilmente las transformaciones sociales que origina el cambio hacia la nueva sociedad. El inmovilismo, la intolerancia, el clericalismo, la defensa de las tradiciones más añejas, ya caducas; la desconfianza hacia la ciudad y la preferencia por una sociedad rural y por un Estado descentralizado son temas comunes al conjunto del carlismo español. Además de la propaganda, la propia dinámica de la guerra favorece la ligazón entre carlismo y pueblo vasco. Los insurrectos y sus jefes son del país, gente conocida y, a menudo, con prestigio o influencia; mientras, los militares del ejército liberal son foráneos, extraños, ya que los vascos están exentos de hacer el servicio militar.
Frente a ese aspecto populista del carlismo vasco -que más tarde logrará, incluso, atraerse a parte del campesinado catalán-, los liberales se caracterizan por su conservadurismo, manteniendo una estrecha alianza con la nobleza terrateniente. Al liberalismo español de la segunda mitad del siglo XIX le preocupa más la represión de las luchas populares que la restricción de las prerrogativas de la monarquía y los privilegios de las castas feudales. En su propaganda no se contemplan medidas como la reforma agraria, única posibilidad de que el pueblo -en especial las masas campesinas- pueda sentirse atraído por su causa.
Los núcleos liberales más importantes del País Vasco se hallan en las comarcas de economía más moderna, más mercantilizada, y están compuestos por burgueses, miembros de las profesiones liberales y obreros industriales principalmente. Tal es el caso de Bilbao y San Sebastián.
El triunfo -más o menos pactado- de los isabelinos en la primera guerra carlista consagró la división de la clase dominante del País Vasco, división que se venía perfilando desde principios del siglo XIX. La alta burguesía, por un lado, consiguió crear las condiciones para un desarrollo económico acelerado de tipo capitalista; por otro, la nobleza rural y toda la pequeña y media burguesía fueron desplazadas de este desarrollo y tendrán que buscar un camino nuevo a través del cual poder hacer una defensa de sus intereses y librarse de la ruina.
En el transcurso de las guerras carlistas, los sectores más pujantes y progresistas de la burguesía vasca se hallarán de parte de las llamadas fuerzas liberales y del gobierno de Madrid, pues sus intereses en aquel momento estaban de parte de un desarrollo capitalista al que venían oponiéndose los partidarios de Don Carlos. En este período tiene lugar un gran desarrollo de la incipiente burguesía financiera e industrial vasca, desarrollo que vendría dado por el impulso industrial que se produce en aquella época en toda Europa Occidental, particularmente en Inglaterra.
Las innovaciones tecnológicas introducidas en este país en la industria siderúrgica (en especial las de Henry Bessemer) crean una gran demanda de hierro vasco, especialmente idóneo para la nueva técnica, además de resultar más económico por su fácil extracción a flor de tierra.
En Vizcaya, al contrario de lo que sucede en otras zonas de España, los propietarios mineros arriendan sus minas a las empresas extranjeras, en vez de venderlas, lo que les permite participar en los beneficios de la extracción y exportación de mineral. Esto supone una importante fuente de ganancias y de acumulación de capital que, unido al capital procedente del extranjero, constituirá la base del desarrollo industrial del País Vasco.
Se abre así una época de gran expansión industrial y financiera, particularmente intensa a fines del siglo XIX y primeros del presente. Al mismo tiempo, los medios de comunicación y transporte se extienden con gran rapidez por todo el País Vasco, se construye una red ferroviaria y el Puerto del Abra de Bilbao, se crean astilleros y sociedades navieras, etc. Surgen así, en la Ría bilbaína, las grandes empresas siderúrgicas y metalúrgicas. Entre las más importantes figura Altos Hornos de Vizcaya, fundada en 1902. Esta empresa -que desde la concentración del sector (fusión de Altos Hornos, La Vizcaya e Iberia en 1879), fija precios de monopolio en todo el Estado- aportará enormes beneficios a sus principales promotores y accionistas (los Ibarra, Villalonga, marqués de Urquijo, etc.). Surgen también, en 1917, empresas metalúrgicas como Compañía Auxiliar de Ferrocarriles de Beasaín o la sociedad de construcción Babcok Wilcox, en 1918.
Si el desarrollo industrial recae en manos de unas pocas familias de la alta burguesía vasca, que irán monopolizando el sector, lo mismo ocurre en el negocio bancario.
En el año 1901 se funda el Banco de Vizcaya; su consejo de administración lo forma Ibarra, Urquijo, Villalonga, etc. Este mismo año se crea el Banco Hispano Americano, dirigido por Besagoiti-Arteta, el Urquijo (1918) y el Central (1919), de modo que a principios de siglo nos encontramos con que los únicos seis importantes Bancos privados existentes en España, están estrechamente vinculados a los industriales y financieros vascos.
Será en base a éstos como se irá formando la oligarquía industrial y financiera española. Esta alta burguesía vasca, tal como vimos ya en sus orígenes, no tiene patria ni sentimientos; su patria son los negocios, su alma el arca de caudales.
Durante todo este tiempo, la gran burguesía vasca ha ido pasando de uno a otro campo político, según la conveniencia de sus intereses económicos y sociales. En la primera etapa salió en defensa de los intereses industriales y para ello no dudó en utilizar el argumento foral para conseguir una autonomía fiscal que le pusiera a cubierto de la rapiña de los grandes terratenientes feudales; pero una vez firmemente asentada en la industria, su interés estaba en proteger el mercado nacional, gravando las importaciones. A partir de este momento, los grandes patronos vizcaínos van a identificar los intereses del País Vasco con los de todo el Estado; España pasará a ser a partir de entonces su coto privado; o sea que, como dijo el oligarca vasco Chávarri, España (será) para los españoles.
Esta política proteccionista y monopolista de la oligarquía vasca perjudicará no solamente a las pequeñas empresas, sino que también, y muy particularmente, les llevará a enfrentarse a la mayor parte de las restantes capas sociales que componen la sociedad vasca. De esta manera, ya desde principios de siglo, nos encontramos con una alta burguesía industrial y financiera (que ha dado lugar a la oligarquía vasca) cuyos intereses han pasado del mercado local (País Vasco) al estatal, lo que permite influir y tomar parte directa en el aparato del Estado. Junto con esta burguesía se encuentra la alta burguesía de Catalunya y la aristocracia terrateniente castellano-andaluza.
Por otro lado, y enfrentado a esta oligarquía en formación, se encuentra el conjunto formado por la pequeña y media burguesía industrial, pequeños y medios comerciantes, propietarios de tierras, etc., a los que se va a unir la nueva burguesía nacida al calor del desarrollo capitalista.
Esta multitud de pequeñas y medianas empresas aparece principalmente en Vizcaya y Guipúzcoa. Si en el caso de las grandes empresas su eje de desarrollo se sitúa en torno de la Ría de Bilbao, las nuevas empresas industriales se extenderán por todas las poblaciones importantes de estas dos provincias (Eibar, Tolosa, Bergara, San Sebastián, etc.). Esto daría lugar al tránsito de muchas poblaciones, que hasta entonces basaban su existencia en una economía de tipo agrario, a una economía nueva, en la que se combina lo rural y lo industrial -urbano-. Va a surgir así un proletariado nuevo, en su mayor parte autóctono.
En cambio, la economía de las provincias interiores (Álava y Navarra) no experimentará en la misma medida esta transformación en sentido capitalista; su economía seguirá siendo predominantemente agraria y en ellas pervivirá el espíritu del tradicionalismo carlista.
Por consiguiente, la nueva burguesía no monopolista vasca nace enfrentada a una oligarquía que controla el poder político y económico, tanto en el propio País Vasco como a nivel estatal. Sus necesidades de expansión económica chocan con la competencia y el dominio de las grandes empresas monopolistas; los Conciertos Económicos aprobados en 1878 se convierten en una pesada carga para este nuevo sector de la burguesía en ascenso, así como para los industriales y comerciantes ligados a los antiguos jauntxos; el sistema político de la Restauración impide cualquier posible influencia de este sector de la burguesía en las decisiones políticas.
La antigua aristocracia rural de los jauntxos, los profesionales y la nueva burguesía industrial y comercial no monopolista van a ser el caldo de cultivo en el que se van a desarrollar las ideas nacionalistas de Sabino Arana. Imposibilitadas de influir en la política estatal y ahogadas por la doble tenaza de su propia oligarquía y la del resto del Estado, las clases medias vascas van a volver sus ojos a las antiguas tradiciones forales que permanecían vivas en el pueblo tras las derrotas de las sublevaciones carlistas.
Este va a ser el germen del que nacerá el nacionalismo vasco.
El 14 de julio de 1874 se inaugura la primera sociedad nacionalista vasca, Euskaldun Batzokija (Círculo Euskeriano o Vasco). En este acto se izó la bandera ideada por Sabino Arana, la ikurriña, enseña que a partir de 1936 se convertirá en la bandera oficial del País Vasco. El lema de esta sociedad será: Jaungoikoa eta Lagizarra (Dios y Ley Vieja). Al mismo tiempo, a través del periódico Bizcaitarra se comienza a propagar el ideario del nacionalismo vasco. Este se fundamenta en las ideas de soberanía de raza y de lengua que fueron expuestas por Sabino.
Sabino Arana procedía de una familia de pequeños armadores y constructores de barcos de madera, de profunda raíz carlista. Para él las instituciones que se llaman Fueros Basko-Nabarros no son privilegios: son leyes propias de estos pueblos libres con libertad originaria, creadas libremente y con soberana potestad por ellos mismos para ellos mismos, sin injerencias de ningún poder extraño (5). En base a la recuperación de estas leyes propias -perdidas, según él, allá por los tiempos de la Reconquista y cuyos orígenes se remontan poco menos que a la prehistoria- Sabino Arana funda su política nacionalista tendente a crear un Estado independiente en Euskadi.
En una época de gran desarrollo económico, de crecimiento del proletariado y de auge dentro del mismo de las ideas socialistas, el nacionalismo burgués de Sabino tuvo necesidad de recubrirse con una ideología profundamente reaccionaria. Esta ideología está fuertemente influenciada por el componente racista, clerical y antisocialista. La prensa nacionalista abundará en estos temas. Así, cuando habla de la raza (elemento esencial en la ideología de Sabino Arana) encontramos frases como éstas: La raza vasca es la más libre del mundo... la raza vasca no procede de mezclas como la española... la nación vasca podría existir conservándose la raza; en el aspecto religioso las ideas de Sabino no son menos reveladoras: para que Euzkadi se mantenga católica ha de separarse de la irreligiosa España; y por último expongamos una muestra de sus ideas en el terreno social: Los maquetos (maquetos son los inmigrantes) son uno de los principales males de Vizcaya de ahí que no dude en llamar a los obreros vascos a asociarse entre ellos, separándose totalmente y excluyendo a los maquetos (6).
En 1898 se crea en Euskadi una nueva organización política: la Sociedad Euskal Herria. Esto provocará la primera fisura seria en las filas del nacionalismo vasco, ya que los euskalerriakos, que se consideran también nacionalistas, propugnan una autonomía para Euskadi dentro del Estado español. Su principal líder es Ramón de la Sota, capitalista naviero y socio mayoritario de los Astilleros Euskalduna. Los sabinianos acusarán a la Sociedad Euskal Herria de regionalista, desdeñadora de la religión y lo vasco.
Los euskalerriakos representan un sector de la burguesía no monopolista, naviera y minera, al que no podía menos que preocupar el reaccionarismo ultramontano de Sabino y sus partidarios. De manera que, aunque más adelante las relaciones entre estos dos sectores se harán más cordiales, no estarán exentas de continuos enfrentamientos.
En 1903 muere Sabino Arana. Entonces asomaba amenazante el espectro del movimiento obrero revolucionario. Un año antes de su muerte, Sabino había dirigido un vibrante llamamiento a sus correligionarios (lo que se ha considerado como su testamento político), invitándoles a cerrar filas junto con la gran burguesía: Al nacionalismo se le han negado todos los derechos y hay que conseguir la autonomía dentro del Estado español... la patria exige que nos hagamos españolistas (7). Así acaban los tiempos gloriosos del nacionalismo burgués en el País Vasco, aunque la influencia de Arana habría de perdurar aún durante algún tiempo.
Era inevitable que a partir de aquel momento se formaran dos tendencias en el nacionalismo vasco: una compuesta por los nacionalistas moderados siempre proclives a capitular ante las presiones y exigencias del Estado de la gran burguesía, y otra, más radical e intransigente, vinculada a los intereses de determinadas capas populares.
Sin embargo, las dos tendencias se unirán en muchos momentos, como, por ejemplo, en contra de la Ley de Canalejas (1910) que restringía el derecho de asociación de las comunidades religiosas, lo que indica claramente la enorme influencia que sigue conservando la Iglesia dentro del movimiento. Esto llevaría al Partido Nacionalista a cambiar su nombre por el de Comunión Nacionalista, de claras resonancias clericales, lo que empujó a un importante sector a escindirse para crear Aberri ta Askatasuna (Patria y Libertad), proyecto de la izquierda radical y laica que entonces no llegó a cuajar y desapareció al poco tiempo.
Estas gentes de orígenes geográficos, culturales y sociales diversos irán configurando una nueva clase social, la clase obrera, en lucha permanente con la burguesía. Así van a surgir en el País Vasco las primeras luchas y las organizaciones del proletariado.
El cinturón industrial y minero de Vizcaya pronto se va a convertir en un bastión del socialismo. Uno de los fundadores del PSOE, Facundo Perezagua, es un emigrante, y en torno a él se crean las primeras agrupaciones socialistas en Las Carreras, San Salvador del Valle, Sestao, Begoña, Erandio, Santurce, Deusto, etc. En base a estas agrupaciones socialistas comienzan a extenderse las luchas, principalmente por la zona minera y márgenes de la Ría.
La primera lucha importante se produce tras la manifestación del 1 de mayo de 1890 en Bilbao. La empresa Orkonera expulsa a cinco obreros por su participación en la misma. A la mañana siguiente, grupos de piquetes recorren las minas exigiendo la readmisión de los despedidos, la jornada de 8 horas y el cierre de las tiendas obligatorias. La protesta se convierte en un paro general en Bilbao. Después de violentos enfrentamientos con el ejército, los obreros consiguen imponer un acuerdo con los patronos que incluye el cierre de las tiendas obligatorias y la reforma de los horarios. Fue la primera victoria del proletariado vasco.
Sin embargo, la patronal viola sistemática mente los acuerdos. Ante esta postura de la patronal, y tras un mitin presidido por Perezagua, comienza la huelga general de 1903 que supuso un nuevo y resonante triunfo para los obreros. En 1910 se produce otra huelga general y el gobierno declara el estado de guerra, pero la resistencia de los obreros consiguió la aprobación en las Cortes del proyecto de reducción de la jornada laboral.
En el transcurso de estos años, los obreros inmigrados comienzan a asimilar la vida y costumbres del pueblo vasco; además, se empieza a forjar la unidad en la lucha con los obreros nativos de Euskadi. Ante el peligro que representaba para sus intereses un movimiento obrero fuerte y unido, la burguesía nacionalista vasca va a intentar por todos los medios evitar la integración de los obreros inmigrados y su unión con los autóctonos, condenando las huelgas y llamando a estos últimos a boicotear toda reivindicación de sus hermanos de clase.
La burguesía vasca no duda en azuzar a unos obreros contra otros, haciendo gala de un chovinismo exacerbado que antepone los intereses de la nación para hacerles olvidar la explotación de que son objeto por parte de esa misma burguesía. Esta política antiobrera de los nacionalistas se vio favorecida por la actitud de la dirección del PSOE, imbuida de reformismo e incapaz de ligar el problema nacional al problema de la revolución democrática pendiente entonces en España. El PSOE no comprendió en ningún momento el carácter progresista del movimiento nacional popular (distinguiéndolo de su dirección reaccionaria y chovinista). Esta postura del PSOE dividió y debilitó al movimiento obrero y dejó en manos de la burguesía a un importante sector de los obreros vascos, que se desgajó del conjunto del movimiento obrero para nutrir los sindicatos de solidarios vascos, de corte clerical y dirigidos por políticos nacionalistas pequeño-burgueses.
Pero muy pronto, en el seno del PSOE van a surgir serias diferencias entre el sector proletario encabezado por Perezagua y los reformistas de Indalecio Prieto, diferencias que terminarán con la expulsión de Perezagua y la dirección de la Agrupación de Bilbao en el Congreso de 1915.
Sin embargo, la tradición de lucha de los obreros socialistas vascos era ya muy fuerte y va a seguir siendo una de las agrupaciones más combativas del proletariado en toda España. En numerosas ocasiones, la federación de UGT de Vizcaya actuará a espaldas y en contra de las decisiones de la propia dirección central. No en vano, esta agrupación tendrá una importancia decisiva en la fundación del Partido Comunista.
La Revolución Soviética, la bancarrota de la II Internacional y la creación, en 1919, de la III Internacional imprimieron un gran impulso al movimiento obrero y dieron un respaldo a los revolucionarios que, como Perezagua, se habían colocado enfrente del reformismo de la dirección del PSOE. Las Juventudes Socialistas se adhieren a la III Internacional y lo mismo ocurre con la práctica totalidad de la Agrupación de Vizcaya del PSOE. Juntos, formarán el núcleo del que, en 1921, nacerá el Partido Comunista de España, que recoge y da continuidad a la tradición marxista revolucionaria del proletariado vasco y del proletariado del resto de España.
Con la formación del PCE, la clase obrera se coloca en situación de dar un justo tratamiento a la cuestión nacional, forjando la unidad de todos los obreros vascos y tomando en sus manos, de forma paulatina, la dirección de todo el proceso revolucionario.
Una nueva capa social, en rápido crecimiento desde principios de siglo hace irrupción en el movimiento nacionalista: se trata de las nuevas clases medias de profesionales, técnicos, funcionarios municipales, administrativos, etc. El ideólogo principal de este nuevo sector de la burguesía será Eli Gallastegui -presidente de las Juventudes Nacionalistas de Vizcaya-, quien se inspirará en el movimiento de liberación irlandés. Desde las páginas de Aberri, Gallastegui ataca a los moderados de la Comunión por su política conciliadora y su negación de la lucha de clases. En sus escritos -hecho nuevo en el nacionalismo vasco- hay acentos de simpatía hacia la causa obrera y hacia los comunistas. Con motivo de la huelga general de 1921, en que tienen lugar violentos enfrentamientos entre los obreros y las fuerzas represivas, Eli Gallastegui escribirá lo siguiente: Ha corrido ayer en Bilbao sangre abundante y caliente, y como siempre ha sido sangre de gente humilde. Han sido los caídos unos hombres idealistas, unos hombres que luchan y sufren de continuo, son los comunistas (8).
En 1920, este sector hace causa común con los jauntxos clericales que siguen a Luis Arana y, juntos, se escinden de la Comunión Nacionalista. Estas dos nuevas facciones se unifican y forman el Partido Nacionalista, separatista e independiente, cuya dirección pasa a ser ocupada por jóvenes salidos de las capas profesionales y de la pequeña burguesía industrial: Telesforo Monzón, Manuel de Irujo, Jesús María de Leizaola, José Antonio Aguirre, entre otros.
Los nuevos dirigentes del nacionalismo vasco, aunque sin renunciar en teoría a la independencia, adoptan una posición gradualista; sus objetivos -principalmente durante la Dictadura y la II República- se reducen a conseguir el Estatuto de Autonomía, suprimiendo cuanto de racista y ultrarreaccionario habían heredado del viejo nacionalismo. Su ideología pasa a transformarse en un democratismo populista de clases medias, que constituyen ahora su principal base social.
En noviembre de 1930 vuelven a fusionarse la Comunión y el Partido Nacionalista, quedando constituido definitivamente el Partido Nacionalista Vasco. También ese mismo año se crea Acción Nacionalista Vasca, movimiento de la pequeña burguesía liberal y laica (sucesora, en cierto modo, de Aberri ta Askatasuna). Sus dirigentes (Anacleto de Ortueta, Tomás Bilbao, Justo Gárate...) denuncian el confesionalismo del PNV y aceptan la colaboración con el bloque republicano-socialista.
La llegada de la II República se hizo bajo la mirada desconfiada de los nacionalistas del PNV, que ni siquiera estuvieron presentes en la firma del Pacto de San Sebastián. Sin embargo, los peneuvistas pronto decidieron aprovechar la nueva situación que se había creado, concentrando todos sus esfuerzos en la consecución del Estatuto de Autonomía, para lo cual forman una comisión que se encarga de la redacción del proyecto. La lentitud del gobierno republicano en llevar adelante el Estatuto y las primeras medidas contra las congregaciones religiosas provocan una fuerte reacción antirrepublicana de los nacionalistas. Se detiene a muchos de ellos y se clausuran los centros vascos. Cuando, después de los incidentes motivados por aquellas medidas, Alcalá Zamora visita el País Vasco, los presos nacionalistas inician una huelga de hambre.
A pesar de la represión desencadenada por el gobierno, el proyecto de Estatuto sigue adelante. Este es presentado a los Ayuntamientos y aprobado masivamente, excepto en Navarra, por lo que su ámbito de aplicación quedó reducido a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Luchando contra las continuas trabas impuestas por republicanos y socialistas, el PNV consigue que el referéndum de ratificación del Estatuto se celebre el 5 de noviembre de 1933, votando a favor del mismo el 84 por ciento del censo. En diciembre de aquel año el proyecto de Estatuto es presentado a las Cortes.
La subida al poder de la CEDA va a poner en peligro todas las conquistas logradas por las masas populares desde la proclamación de la República (una de las primeras medidas antidemocráticas que tomó el nuevo gobierno fue paralizar la tramitación de los Estatutos de Autonomía). Ante la amenaza que representan los proyectos de la CEDA tendentes a hacerse con todo el poder e implantar el fascismo por la vía parlamentaria, se levantó en todo el país un amplio movimiento de masas que culminaría con la huelga general de octubre de 1934.
La postura abstencionista de los dirigentes nacionalistas vascos ante este amplio movimiento antifascista va a marcar el inicio de una serie de traiciones al movimiento popular y a las reivindicaciones nacionalistas del País Vasco. La posición claudicadora de los peneuvistas queda perfectamente reflejada en las palabras de su máximo líder, Aguirre, pronunciadas a raíz de la huelga insurreccional: Yo concibo a mi pueblo luchando hasta las últimas consecuencias por su libertad. Pero por banderas extrañas, no. Hacia la libertad vamos. Pero hemos de ir en medio aunque la revolución surja a nuestro lado, unas veces a cargo de las derechas monárquicas, otras veces a cargo de las izquierdas extrañas (9). No pasará mucho tiempo sin que el pueblo compruebe a qué últimas consecuencias se refería el líder del PNV.
Con ocasión de la formación del Frente Popular, y no obstante recoger éste en su programa la aprobación del Estatuto y la supresión de los desahucios rústicos, que tanto daño hacían a los pequeños campesinos, el PNV se opondrá a su inclusión en el Bloque Popular. Este quedaría formado por republicanos, socialistas, comunistas y nacionalistas de ANV.
Los planes de la sublevación fascista se aceleraron tras el triunfo del Frente Popular; el PNV, perseverando en su política exclusivista e insolidaria, mantuvo que el conflicto en ciernes no concernía al País Vasco. Así lo manifestaron en un mitin celebrado en el frontón Euskalduna de Bilbao (enero de 1936) cuyo lema era Por la civilización cristiana, la libertad patria y la justicia social. Irujo afirmaba que los diputados nacionalistas no han defendido a ninguna clase social, sino los intereses del conjunto del país, y Monzón aseguraba que Euskadi es lo primero, siendo por tanto un falso dilema estar a favor o en contra de la revolución. Esto se decía cuando todas las fuerzas populares y progresistas se disponían a hacer frente al inminente peligro fascista.
Por su parte, cumpliendo lo prometido en la campaña electoral, todas las fuerzas integrantes del Frente Popular apoyaron el proyecto de Estatuto del País Vasco, el cual fue aprobado el 1 de octubre de 1936, ya en plena guerra. El primer gobierno autónomo vasco queda formado por Aguirre, Leizaola, Monzón y de la Torre (PNV); Nárdiz (ANV); de los Hoyos, Gracia y Aznar (PSOE); Astigarrabia (PCE), y Espinosa y Aldasoro por los republicanos.
Durante los primeros años desde su fundación, en el Partido se dejó sentir la influencia del PSOE respecto del problema nacional, ignorando, en la práctica, su existencia. La Internacional Comunista tuvo que llamar su atención sobre la importancia que este problema tenía en el proceso revolucionario que se estaba gestando en España. Así, en mayo de 1931, es enviada al CC del PCE una carta en la que se apunta a este respecto:
La situación presente, en la cual la lucha nacional de Cataluña, Vasconia y Galicia se ha convertido en uno de los factores más importantes del desarrollo de la revolución democrática española, crea el deber al Partido de operar un viraje serio en su política nacional [...] el Partido debe propagar por todo el país el derecho de Cataluña, Vasconia y Galicia a disponer de ellas mismas hasta la separación. Debe defender este derecho con gran energía entre los obreros de España, para destruir su mentalidad hostil al nacionalismo catalán, vasco y gallego. En Cataluña, Vasconia y Galicia, los comunistas deben hacer comprender a los obreros y campesinos la necesidad de su estrecha unión con los obreros y campesinos revolucionarios de España para llevar con éxito la lucha contra el imperialismo español, desenmascarar las vacilaciones de los nacionalistas, llamando a las masas a usar libremente de manera absoluta de su derecho de disponer de ellas mismas hasta la separación.Estas justas recomendaciones de la Internacional no fueron interpretadas correctamente por la dirección del PCE -encabezada por entonces por Bullejos- y, en consonancia con el izquierdismo predominante en las demás cuestiones relativas a la línea política, el Partido pasó a propugnar lisa y llanamente la independencia para Cataluña, Euskadi y Galicia, cambiándose el sentido que tiene para los comunistas la defensa del derecho a la autodeterminación.
De acuerdo con esta orientación errónea, el PCE, en un principio, llamará a boicotear los Estatutos de Autonomía y a combatir sin distinción a todos los nacionalistas so pretexto de su carácter de clase burgués. En el terreno organizativo, el Partido propugnará la creación de distintos partidos comunistas en cada nacionalidad; así, en 1932 se fundaría el Partit Comunista de Catalunya.
Tras la celebración del IV Congreso del Partido (1932) -donde fueron derrotadas las posiciones oportunistas del grupo de Bullejos- y una vez elegida una nueva dirección, el Partido Comunista va a iniciar la corrección de todos los errores de tipo izquierdista que se venían cometiendo. Siguiendo las recomendaciones de la Internacional Comunista, el Partido va a abordar el problema nacional desde la perspectiva de la revolución democrático-burguesa. Un punto esencial en aquel momento era el apoyo a la tramitación de los Estatutos de Autonomía por cuanto éstos suponían un paso adelante en las transformaciones democráticas que permitirían el acceso ulterior al derecho a la autodeterminación. No obstante, a la vez que apoya a los sectores democráticos nacionalistas en sus justas demandas nacionales, el Partido insiste en la necesidad de que la clase obrera conserve su independencia política y organizativa respecto a éstos, concretada en la formación del Partido Único del proletariado.
De acuerdo con estas nuevas posiciones, el Partido Comunista en el País Vasco va a ir elaborando las bases teóricas y las consignas concretas respecto al problema nacional en numerosos artículos aparecidos en el periódico Euskadi Roja. Así, en uno de los números de este órgano se dice:
Es innegable que en todo movimiento de independencia de los países oprimidos existen posibilidades revolucionarias que los comunistas no podemos ni debemos desdeñar, sino, al contrario, utilizarlas a fin de transformar al país avasallado, de baluarte de la burguesía y el clericalismo (caso de Euskadi) en aliado del proletariado revolucionario (10).
Así mismo, el Partido tiene en cuenta las circunstancias económicas y políticas que distinguen a las naciones opresoras y oprimidas, e igualmente pone al descubierto la falsa concepción burguesa que pretende eliminar la lucha de clases bajo el pretexto de la unidad de la nación. Para el Partido, existen dos Euskadis, la de los capitalistas (dirukitzazaleen Euskadi) y la de los trabajadores (langillen Euskadi), en razón de la cual se dan dos programas nacionales alternativos (11).
Por un lado, se encuentra el programa de la burguesía, que insiste en la prioridad de la independencia de la patria para resolver el problema nacional, para lo cual, trata de suprimir los conflictos sociales que se producen dentro de la nacionalidad. En la práctica este programa se traducirá -como veremos más adelante- en la renuncia de la burguesía a los objetivos nacionales, cuando los avances del proletariado representen un peligro para sus intereses. De ahí que, llegado el caso, no dudarán en traicionar la causa nacional y popular y se echarán en brazos del fascismo. Por otro lado, tenemos el programa del proletariado, que reconoce el potencial revolucionario que encierran los movimientos nacionales y aboga por el derecho de las naciones a su autodeterminación, entendiendo esto desde un punto de vista de clase, es decir, como un medio de organizar a las masas y de ponerse en camino para resolver todos los problemas y las lacras que genera el capitalismo. El Partido expresaba claramente este planteamiento cuando decía que los comunistas luchamos naturalmente contra la tendencia a la ‘estrechez nacional’, pues no podemos ni debemos encerrarnos en un movimiento patriótico, ‘chauvinista’, sino que tenemos que considerar el conjunto del movimiento revolucionario y comprender que hay que subordinar el interés particular (libertad de separación), al interés general (libertad de unión) (12).
De esta manera, el Partido se colocaba a la cabeza del movimiento nacional y social en el País Vasco. Esto se demostrará con motivo de la huelga general revolucionaria de 1934. El Partido es el único que asume la huelga con todas las consecuencias, convirtiéndose en el dirigente de la misma. Allí donde los comunistas consiguen que se acepten sus criterios, es donde mayor unidad y combatividad toma el movimiento antifascista.
En la huelga general participan, junto a los comunistas, las bases socialistas, republicanas, anarquistas y nacionalistas de STV, éstos últimos en contra de los propios dirigentes del PNV que se habían abstenido de convocarla.
La consecuencia más inmediata de estos acontecimientos, particularmente en Vizcaya, es el auge de una dinámica unitaria cuyo efecto concreto es la proliferación de las Alianzas Obreras. Estas existen en los principales centros fabriles como Baracaldo, Sestao, Portugalete, Erandio, La Arboleda, Gallarta, Ortuella, Somorrostro, Dos Caminos, Arrigorriaga y Bilbao. En Guipúzcoa se forman en Pasajes, Rentería e Irún.
En junio de 1935 se celebra el Congreso en que va a quedar formado el Partido Comunista de Euskadi. En sus resoluciones, el Congreso insiste en la necesidad de poner al descubierto la política de traición del movimiento nacional que sigue el PNV y su lucha contra los obreros. Otro tanto mantiene con respecto al PSOE: El Partido Socialista jamás ha sabido comprender el valor revolucionario de la lucha por el derecho de autodeterminación de Euskadi y establecer la debida diferencia entre movimiento nacionalista y dirección reaccionaria del mismo. Así mismo, corrigiendo viejos errores el Congreso reconoce y apoya el Estatuto votado en Estella, que si bien no satisface más que una parte mínima de las aspiraciones del pueblo, su implantación significa una victoria del pueblo (13).
A pesar de estos análisis y alternativas justas, el Partido Comunista aún estaba lejos de haber logrado superar las concepciones erróneas que se venían arrastrando desde tiempo atrás en relación al problema nacional. Así, pocos meses después del Congreso, el secretario general Astigarrabia, dirige al Comité Central del PCE un balance de la actividad del Partido en el País Vasco. En este informe se deja entrever una cierta frustración por los resultados que se están obteniendo en los trabajos para la formación del Bloque Popular. Ante estas dificultades, Astigarrabia propone al Comité Central una solución que supone, de hecho, plegarse a las exigencias de la burguesía nacionalista. Su propuesta consiste en asentar la alianza haciendo del Bloque Popular, un frente antimperialista que tenga por base el establecimiento de un programa que tenga en cuenta fundamentalmente las reivindicaciones de tipo nacional-revolucionario y la cuestión campesina (14).
Como es lógico, dicho Frente debía estar formado, principalmente, por la burguesía del PNV y ANV; esta propuesta de Astigarrabia suponía de hecho, que el proletariado hiciera las concesiones que fueran precisas a la burguesía nacional a fin de consolidar esta unidad antimperialista. Como es de suponer, estas propuestas no fueron aceptadas por el Comité Central del PCE. Así que en el País Vasco el Bloque Popular quedaría formado por los comunistas, republicanos, socialistas y nacionalistas de ANV.
Estas posiciones -que culminarán durante la guerra civil, con Astigarrabia haciéndole el juego a los nacionalistas del PNV- revelaban bien a las claras que, aunque en el terreno político y en su actividad práctica el Partido venía manteniendo una posición justa, en el terreno organizativo aún se dejaba arrastrar por las presiones del nacionalismo burgués, muy influyente entonces entre las masas. Así nos explicamos que el PCE adoptara una estructura federal cuando extendía su trabajo a las nacionalidades, y que a la creación del PC de Catalunya, en 1932, siguiera la formación del PC de Euskadi, en 1935 (el PC de Galicia se formará en 1936).
Esta dispersión orgánica de los comunistas es la que propició la aparición de no pocos problemas -como los ya señalados- a la hora de aplicar una línea única de actuación para todo el proletariado, y favoreció, en última instancia, el que un sector de los comunistas de las nacionalidades se dejase arrastrar por la demagogia nacionalista burguesa. Sin embargo, la propia marcha de los acontecimientos fue imponiendo la necesidad de que el proletariado de toda España dispusiera de un Partido Comunista fuerte y unido, con un centro dirigente único. Esto dio lugar a que, no sólo los lazos entre estos partidos siempre fueran muy estrechos, sino a que, de hecho, sólo hubiese un centro dirigente común a todos ellos: el Comité Central del PCE.
Gracias a esta unidad lograda en la práctica, y a la justeza de su línea política, el PCE pudo vencer las posturas vacilantes de algunos comunistas de las nacionalidades -como el caso de Astigarrabia-, y ponerse al frente de las masas populares. Así, la gran victoria del Frente Popular, el 16 de febrero de 1936, confirmó lo acertado de las tesis mantenidas por el Partido, y supuso una garantía para llegar a la justa solución del problema nacional en España.
Al presentar el programa del Frente Popular, José Díaz declaró: La necesidad de consolidar la victoria del 16 de febrero y de afianzar el régimen democrático ordena imperiosamente que se dé satisfacción a las ‘reivindicaciones nacionales’ de Catalunya, Euskadi y Galicia. No puede haber una democracia ni una república sólida, no puede haber una sólida alianza entre los pueblos de España, si la desigualdad nacional subsiste (15).
En el transcurso de la guerra contra la sublevación militar fascista y la agresión extranjera, el Partido Comunista se convirtió en el único y principal organizador de la resistencia antifascista y en el más firme defensor de la causa popular y nacional.
Sin embargo, la firmeza de los comunistas del País Vasco se vio oscurecida por las posiciones claudicantes de algunos de sus dirigentes, principalmente de su secretario general, Astigarrabia. Este no supo mantener la independencia política del proletariado frente a la política de traición de la burguesía nacionalista y el gobierno autónomo a la causa obrera y popular.
Durante todo el período de la guerra, Astigarrabia y otros dirigentes del Partido no denunciaron con firmeza la política de Aguirre y los dirigentes nacionalistas, los cuales hicieron todo lo posible por llevar la división a las filas populares y mantener a Euskadi al margen de la resistencia que se desarrollaba en toda España. Al formarse el Frente Norte, los peneuvistas se negaron a integrar los Batallones Vascos en el Ejército Popular, lo que agravó la situación militar y precipitó la derrota de este Frente; más tarde, los dirigentes nacionalistas culminarían su traición al acordar con los fascistas italianos la rendición de los Batallones, que se habían replegado a Santander. Las vacilaciones y claudicaciones de los dirigentes del Partido en Euskadi favorecieron estos planes de la burguesía vasca y contribuyeron al desastroso final de la guerra en este Frente.
Tras la caída de Bilbao, el Comité Central del PCE expulsó al secretario general del Partido Comunista de Euskadi. En el Informe pronunciado en el pleno del CC del PCE celebrado en noviembre de 1937, José Díaz se refirió a este asunto en los siguientes términos:
Cuando hablaba del Frente Popular, decía que necesitamos que nuestro Partido sepa hacer su política independiente, para no hipotecar las actividades del Partido. Al plantear de nuevo esta cuestión, quiero referirme con pocas palabras, muy concretamente, a cómo en el Norte fue eso lo que nuestro Partido de Euskadi no hizo. Teniendo un representante en el Gobierno, nuestro Partido de Euskadi se comprometió de tal manera dentro de éste que no pudo hacer una política independiente; porque este representante no era más que un prisionero de ese Gobierno, Gobierno que dirigían los jefes nacionalistas vascos, representantes de los grandes industriales, de los grandes capitalistas, de los Bancos, etc.; que aparecieron luchando juntos durante un período con las fuerzas antifascistas, pero que en realidad se puede asegurar estaban separados del verdadero pueblo de Euskadi, que ha luchado con heroísmo. Con tal política, aplicada por Astigarrabia, nuestro Partido, teniendo como tenía las manos atadas, no pudo desenmascarar ante el proletariado y el pueblo de Euskadi a dónde conducía la actividad de los jefes nacionalistas vascos (16).
A pesar de esta postración económica y social, y junto a las viejas costumbres medievales, Galicia ha conservado también su lengua y conformado una psicología propia, escapando al proceso de castellanización que se produce en otras zonas peninsulares.
La hidalguía y el clero se han ido constituyendo como las clases dominantes durante este largo período de tres siglos: el clero, manteniendo sus privilegios ancestrales; y la hidalguía, administrando en su beneficio los feudos de la nobleza gallega que desterrara Isabel la Católica de Galicia, en los comienzos mismos de la monarquía absoluta. La nobleza y la Iglesia, beneficiarias del sistema foral impuesto a los campesinos, convirtieron a la sociedad gallega en una sociedad sin dinamismo, en la que predominaba la vida rural. El 90 por ciento de la población es campesina, y del campo se extrae casi todo el excedente de la producción social.
En esta sociedad feudal de principios del siglo XIX, aunque escasos, hay algunos elementos dinamizadores. Las primeras industrias que se instalan en Galicia son el Arsenal de El Ferrol y la fundición de Sargadelos, industrias construidas en el siglo XVIII para atender las necesidades militares del Estado y que no van a tener mayor incidencia en el proceso de desarrollo y transformación de la economía gallega. Mayor importancia tendrá la industria textil artesanal que a finales del siglo XVIII se extiende por todo el norte de Galicia, para desaparecer a mediados del siglo XIX al entrar en el mercado gallego la producción textil inglesa y catalana, con las que no puede competir. Serán las transformaciones en las artes de pesca y la creación de la industria salazonera las que más incidencia van a tener a la larga en la estructura económica de Galicia; sus promotores son catalanes. A causa de la ruina que provocan sus innovaciones en los gremios de la pesca, en numerosas poblaciones estallan motines, muchas veces promovidos por las clases reaccionarias (hidalguía y clero); estos industriales se ven sometidos a un aislamiento total de la sociedad gallega. Es de destacar también la creciente presencia de una burguesía comercial, que se asienta principalmente en núcleos urbanos de la costa: Vigo, Coruña, etc. Esta es la sociedad que se encuentran los ejércitos napoleónicos. La ocupación provoca una repentina y viva reacción patriótica en todo el pueblo gallego, el cual se lanza a la lucha hasta conseguir la pronta expulsión de su tierra del invasor. El pueblo gallego fue de los primeros en organizar Juntas que dirigieran la resistencia, y en ellas participan todas las clases sociales de una u otra forma: hidalguía y clero, campesinado y burguesía.
La naciente burguesía gallega se alinea desde el comienzo mismo de la guerra con el movimiento liberal y por primera vez juega un papel social revolucionario. Al tiempo que combate al invasor, se enfrenta a las clases dominantes exigiendo transformaciones sociales. Su participación en las luchas liberales continuará hasta mediados de siglo, pero poco o nada conseguirán en lo que respecta a la erradicación del feudalismo en Galicia.
Bien es cierto que los gobiernos liberales inician toda una serie de cambios de trascendencia para el futuro en España: abolición de los señoríos, desamortizaciones eclesiásticas y civiles, etc.; estas medidas están orientadas a transformar la economía feudal y a facilitar la implantación de las formas capitalistas en la producción agraria, pues favorecen el incremento del suelo cultivado y la producción y comercialización de los productos del campo (vino, trigo, aceite, etc.). En esencia, con dichas medidas se pretende mercantilizar la agricultura. Pero en Galicia no van a tener ninguna incidencia estas reformas, y el sistema foral, esa pesada losa feudal que oprime al campesino gallego, aún pervivirá por espacio de casi un siglo. Las desamortizaciones mantienen intacto el poder de la hidalguía y lo que pierde el clero con la desamortización va a parar a manos de la burguesía -en general, comerciantes o representantes de profesiones liberales-, que es la clase que posee dinero para pagar las tierras desamortizadas. Para el campesinado, que es la clase más numerosa y que no tiene los medios para hacerse propietaria de la tierra que trabaja, estas medidas no significan m&aacut