Sumario:
— Derrota política, militar y moral del régimen
— Democracia sucia
— La reconversión política
— La década de la infamia
— Una crisis de Estado
— La salida de la crisis
Lo que no entraba en sus cálculos es que algún día estallara el escándalo y mucho menos que la guerra sucia fracasara, que es, precisamente, lo que más les critican sus oponentes parlamentarios. Y eso último se ha puesto cada vez más en evidencia ante el hecho de que el régimen, pese a los ingentes medios y recursos materiales, económicos, policiales y propagandísticos empleados para combatir a las organizaciones democráticas y revolucionarias, y pese a los métodos brutales de que se ha servido, no ha conseguido su objetivo de aplastarlas o derrotarías, ni en el plano político, ni en el militar y moral. Ahí están también para corroborarlo los pobres resultados alcanzados por la política de reinserción de los presos políticos. Lo cual supone, indudablemente, una gran victoria del movimiento de resistencia sobre el Estado fascista, victoria que ha actuado como detonante de la crisis.
Ahora, una vez puesta en claro la implicación directa del Gobierno en los crímenes perpetrados por sus subordinados, F. González trata, una vez más, de echar tierra sobre el asunto, alegando que todo se ha hecho conforme a la más estricta legalidad democrática. Esta es la única verdad que ha dicho en el tiempo que lleva al frente del Gobierno. Porque, efectivamente, el terrorismo de Estado no lo ha inventado el PSOE. La casta reaccionaria y sin escrúpulos que detenta el poder en España desde hace casi sesenta años ha recurrido continuamente a los asesinatos, a los fusilamientos, a la tortura y al encarcelamiento de todos los oponentes políticos con tal de seguir preservando sus intereses y privilegios. Sólo que esa guerra contra el pueblo y contra sus organizaciones de resistencia ha revestido diferente carácter, según las condiciones políticas. En la época de Franco, el tiro en la nuca que practicaba la Guardia Civil era legal gracias a la llamada ley de fugas; de igual modo se fusilaba legalmente al amparo del Código y de los Tribunales Militares. Con la Reforma, los asesinatos en cuartelillos y comisarías eran, si cabe, más legales todavía, puesto que se practicaban bajo la cobertura de una Ley antiterrorista aprobada por un Parlamento compuesto por todas las fuerzas políticas: desde los lacayos carrillistas, pasando por los ávidos felipistas, hasta la derecha más, negra reconvertida a la democracia. Pero ahí empezó a gestarse la contradicción que ahora ha estallado con tanta violencia: ¿cómo asesinar, hacer desaparecer, torturar y encarcelar de por vida, impunemente, en nombre y en defensa de la democracia? Para escapar a esa contradicción se formaron, ya bajo el Gobierno de Suárez, los primeros escuadrones de la muerte: el llamado Batallón Vasco Español que, en 1979, asesinó a nuestros camaradas Martín Izaguirre y Fernández Cario y a otros militantes de ETA como Argala. Luego, los felipistas, aupados al poder por los golpistas del 23-F, decidieron seguir reforzando y combinando las dos formas de terrorismo de Estado. Por un lado, aplicando con todo rigor y aumentando todavía más el número de leyes especiales de represión y, por otro, actuando desde la impunidad de las alcantarillas. Recibieron su primera y prolongada ovación parlamentaria el día que inauguraban su mandato, cuando el carnicero Barrionuevo anunció a sus señorías el asesinato, a manos de la policía política, de Juan Martín Luna. Recabaron apoyos, vía concesiones presupuestarias, a las burguesías nacionalistas; compraron silencios, plumas y púlpitos, vía fondos reservados; se aseguraron la colaboración del país vecino a base de compras y contratos multimillonarios, y echaron a rodar una bola que hoy se ha convertido en un alud de pus y sangre que amenaza no sólo con barrerles del Gobierno, sino que ha colocado al Estado en una situación de descomposición y caos de la que la oligarquía no sabe cómo salir.
De ahí que tanto la oposición, el PP y sus nuevos aliados de IU, como los nacionalistas de Pujol y Arzallus se hallen divididos y estén utilizando el escándalo con tanta prudencia: seguir tirando de la manta supondría la caída de F. González y de sus secuaces, lo que evidentemente les interesa para hacerse ellos con el pastel; pero también, y ése es el problema, pondría al descubierto la implicación directa de la Guardia Civil, del Ejército -incluída la de su bobónico jefe- y de todas las instituciones del Estado en la guerra sucia. Eso explica que, de las decenas de crímenes y tropelías cometidas por el GAL, hasta ahora sólo hayan salido a relucir el par de bestiales chapuzas ejecutadas materialmente por funcionarios de Interior. Sobre el resto nadie quiere hablar, pues todos son parte implicada. Nadie está limpio de culpa, todos son cómplices, lo que deja al régimen sin alternativa, sin posibilidad de recambio. Ese es el significado de la crisis de Estado de la que hablamos; por lo mismo, están obligados a entenderse. Por ello, tal como avanzábamos en el número anterior de Resistencia, lo más probable es que lleguen a algún tipo de acuerdo para tratar de evitar la total bancarrota y seguir manteniendo el régimen de opresión y su corolario de corrupción, tortura, encarcelamientos, asesinatos, etc.
Por todas estas razones, hay que tener bien presente que el terrorismo de Estado no sólo se va a acentuar en España, sino que se va a extender todavía más, desde el momento en que los grupos oligárquicos que hoy están a la greña hagan las paces. La guerra sucia, como el fascismo que la alimenta, no se circunscribe a una situación concreta ni a un período determinado, ni responde a una maldad innata de la reacción española, sino que está ligada al carácter monopolista del régimen, que necesita del terror para someter a las masas a la más brutal explotación y aplastar su resistencia; por lo que no va a desaparecer más que con el capitalismo que la ha engendrado.
Nada de todo esto es nuevo, lo venimos explicando desde hace años. Son numerosos los textos del Partido en los que se analizan tanto las consecuencias del terrorismo de Estado como la colaboración de los reformistas en el mismo. En este número especial de Resistencia reproducimos algunos de esos textos con el fin de situar el problema y ayudar a nuestros lectores a ver claro en medio de la avalancha desinformativa, de verdades a medias y mentiras cuidadosamente elaboradas, que los medios de comunicación propagan a diario.
El clamor y la protesta ya es general. Sin embargo, no hay que esperar ningún cambio en esta estrategia, pues se trata de uno de los mayores logros del recién estrenado Estado de Derecho que padecemos en España. También lo es el silencio cómplice, la autocensura y, en no pocos casos, la apología descarada que vienen haciendo de esos fríos asesinos a sueldo los medios de propaganda y desinformación que inauguraron esta nueva etapa del régimen. Este ha sido otro gran descubrimiento. El PSOE descubrió a la Guardia Civil apenas se instaló en el Gobierno, y la Guardia Civil ha debido descubrir a los publicistas demócratas y liberales a ésos de El País y a otros perros de la misma camada que aturden todos los días con sus ladridos a través de la radio, TV, etc. Esta es la imagen repetida, cotidiana, de la España democrática, la imagen más real que pueda darse. Por eso no debernos dudar en calificarla de Real-Democracia o Democracia-sucia.
Para nadie es un secreto que la actual escalada terrorista del régimen es prolongación (aumentada y perfeccionada en toda su bestialidad) de otras campañas desatadas por los gobiernos anteriores, pero que sin embargo jamás éstos se atrevieron a llevarlas a cabo y menos aún a defenderlas con todo el descaro y el cinismo criminal, verdaderamente fascista, como lo viene haciendo ahora el gobierno del PSOE. Los Felipe, Guerra y demás comparsas eran la gran oportunidad que esperaban los fautores de la guerra sucia, los Cassinello y cía, para ponerla en marcha. Hacía tiempo que el Ejército tenía elaborados los planes, y sólo esperaban la ocasión (los fondos de reptiles necesarios y la orden o el visto bueno del gobierno de turno) para llevarlos a la práctica. Y la ocasión llegó con Felipe González. En uno de sus primeros discursos ante las Cortes (ya como Presidente del Gobierno), Felipe González dio luz verde, sin ambigüedades, tal como se lo venían exigiendo desde las altas esferas y los poderes fácticos, a esta parte tan importante del programa del Ejército golpista (la otra parte, la permanencia en la OTAN, también se halla en proceso muy avanzado de realización), hasta tal punto de que a un comentarista algo despistado se le escapó decir: Un clima de guerra sucia se respiraba ayer en el Palacio de las Cortes. Todos pudimos oír las palabras de Felipe a través de la radio y leer luego las referencias periodísticas de su discurso: ningún partido político, ninguna organización democrática, ninguna persona con opiniones propias y que se oponga a los planes de opresión, explotación y expolio de la oligarquía y el imperialismo encontrará paz ni sosiego en este país ni en ningún otro donde pueda llegar el brazo largo de la policía, de la Guardia Civil, del Ejército y sus servicios paralelos, incluido, naturalmente, el hampa internacional. La guerra iba a ser implacable -anunció entonces Felipe- y con todos los medios. Hechas estas declaraciones, el Ejército, que ya mucho antes habla calibrado la catadura moral del flamante Presidente, así como su extraordinaria capacidad de camaleón, no tardó en apropiarse de los diez millones de votos famosos, ascendió inmediatamente al generalato a Cassinello y puso bajo su mando a la Guardia Civil. Todo lo demás era cosa hecha, estaba planeado en la mente de este experto torturador, diplomado en la Escuela de guerra especial del Ejército de EEUU de Fort Brags.
Y guerra sucia tenemos; planeada, declarada y asumida plenamente por todo el entramado institucional del Régimen. Sólo que aquí, a diferencia de los países del Cono Sur Americano, el escenario político es nada menos que una Democracia Monárquica-Parlamentaria. La diferencia, como se ve, no es poca; pero nada de eso importa. España seguirá siendo el modelo de la transición a la Democracia-sucia en todos esos países.
El régimen fascista español ha montado su coartada, ha colocado a sus peones en el tablero de la lucha de clases y no está dispuesto a ceder, pacíficamente, ni una sola de sus posiciones. Es de esa manera como trata de perpetuarse prosiguiendo la guerra sucia que desde hace tantas décadas viene sosteniendo contra el Movimiento Político de Resistencia.
En estas circunstancias, las llamadas a la paz y a una negociación, a no ser que se esté abogando conscientemente por la paz de los paredones, del oprobio, la explotación y la absoluta falta de derechos para el pueblo (1o que tendría el mismo sentido de la reconciliación realizada por los carrillistas y demás), esas llamadas, repetimos, a la paz y a la negociación sólo pueden crear falsas expectativas y hacerles el juego en todo al Gobierno y a los torturadores. Nosotros pensamos que no es de esa manera como, en todo caso, podrían arrancársele concesiones, si es que se trata de eso. Ya está más que demostrado que la única forma de oposición en España es la lucha armada guerrillera y su combinación con el Movimiento Político de Resistencia de las grandes masas. Fuera de esto, no existe ninguna esperanza de cambio, ninguna otra alternativa de poder, ninguna posibilidad de avanzar, por poco que sea en un principio, por el camino de la liberación. En cualquier circunstancia, el planteamiento de una negociación jamás puede hacerse sobre la base de una rendición o entrega de las armas.
Dado el panorama político que hemos descrito, sólo el Movimiento de Resistencia podrá apartar definitivamente a las masas del reformismo colaboracionista, dotarlas de las experiencias necesarias para ejercer el Poder, acumular sus fuerzas y prepararlas cada día mejor para hacer frente a la guerra sucia que ha desencadenado contra ellas el Estado capitalista. En pocas palabras: frente a la guerra sucia de nada sirve clamar por la paz. Tenemos que ofrecer resistencia, cooperar en el logro de la unidad de todas las fuerzas que se oponen al fascismo, al monopolismo y al imperialismo, crear organización en todos los lugares, prestar apoyo a la guerrilla; en definitiva, hay que oponerle la guerra revolucionaria.
Como se recordará, tras la muerte de Franco se hizo necesario llevar a cabo la reforma política, aunque sin traumas ni rupturas. Dicha reforma le vino como anillo al dedo a la oligarquía financiera, que de esa manera pudo remontar la crisis política de entonces y matar varios pájaros de un solo tiro: entronizar a la monarquía, realizar el saneamiento económico de acuerdo con sus exclusivos intereses y atraer a su campo definitivamente a los partidos de la izquierda tradicional enmohecida. De este modo lograría también adquirir los derechos de primogenitura democrática y la legitimidad histórica que ostentaba esa misma izquierda por poco más que el miserable famoso plato de lentejas. Bueno, pues de ahí arranca la situación presente.
Era claro (al menos para nosotros lo era ya entonces) que al ser impelidos dichos partidos a integrarse en el sistema por las urgencias políticas del momento, la oligarquía se privaba de su mejor baza política futura. Durante estos últimos años, estos partidos se han visto obligados a compartir todos los avatares de la política de explotación intensiva y de represión sobre las masas a las que la oligarquía no ha estado dispuesta a renunciar en ningún momento. De modo que cuando poco más tarde Felipe González y sus amigotes se instalaron en el Palacio de la Moncloa, pudimos decir con razón que la historia política española había hecho el trayecto que debería haber recorrido en decenas de años. Esta es la causa profunda de la actual crisis
Ratificada la Constitución que dio carta legal al régimen nacido del 18 de Julio, todo quedó listo para imponernos con toda impunidad el reajuste duro de la economía (ya se sabe, la reconversión industrial y financiera, con todos sus costos a cargo de los trabajadores, no podía esperar más tiempo so pena de poner en serio peligro la consolidación de la democracia recién estrenada), por lo que ahora no es de extrañar que, en correspondencia con esa reconversión y con todo lo anteriormente expuesto, le haya llegado el turno a la reconversión de la vida política: la implantación de leyes y modos de gobierno de tipo netamente fascista, que marcan una clara y decidida regresión a un pasado aún cercano, están en el orden del día.
Este otro ajuste era previsible pues se veía venir desde lejos. Lo que no podíamos sospechar siquiera es la forma en que se esta llevando a cabo. Era de prever un endurecimiento de la represión como corolario lógico, casi natural, de la política antipopular, proimperialista y profundamente reaccionaria que está aplicando Felipe González. La crisis de gobierno apuntaba en el mismo sentido. Ahora bien, pocas veces se han tenido en cuenta las consecuencias que traería aparejado el fracaso de la guerra sucia desatada contra el movimiento popular de resistencia, contra todas aquellas organizaciones que se opusieron desde un principio a la maniobra reformista del régimen y la han combatido. Es este fracaso, precisamente, lo que ha desencadenado la crisis al poner de manifiesto que el Estado, contrariamente a lo que pretendían y han estado pregonando machaconamente, está perdiendo la guerra que sostiene de la manera más criminal y repugnante contra las fuerzas revolucionarias. Que esto es así lo demuestra, entre otros ejemplos que podríamos poner, el hecho de que haya salido a la superficie toda la inmundicia que han estado acumulando durante años en las cañerías y desagües del sistema, y que el mismo Presidente del Gobierno haya aparecido, lejos ya del pedestal que ocupaba, en su verdadero papel de capo de la banda de asesinos a sueldo de los GAL.
De esta tachadura sangrienta, a la que hay que añadir otras no menos ignominiosas (como la práctica sistemática de la tortura, los suicidios de presos políticos en las cárceles, las desapariciones de detenidos y un largo etc.), no se va a librar tan fácilmente como lo imagina el moralista Presidente del Gobierno ni ninguno de sus ministros; tampoco van a poder librarse de ella los parlamentarios, los jefes de fila de los partidos, la prensa institucional ni todos aquéllos que de una u otra forma, bien activamente, bien en calidad de cómplices o con su silencio, han estado colaborando en la represión. Todo ello no hará sino acentuar aún más su aislamiento respecto al pueblo y exacerbar las luchas intestinas que ya comienzan a manifestarse de una manera abierta.
No obstante, lo que venimos comentando no es más que un aspecto de la crisis, que va a repercutir en el conjunto de forma muy favorable para las fuerzas revolucionarias. Las reconversiones salvajes, el proceso de concentración financiera y las medidas económicas y sociales que la acompañan, junto al desarrollo y cada vez mayor radicalización de las luchas obreras y populares, son otros tantos rasgos que conforman la situación.
Todas esas medidas y la política terrorista del Gobierno han hecho que las masas se desengañen rápidamente de las promesas de cambio y de mejoras hechas por los felipistas y que ya no sólo no esperen nada de este u otro gobierno burgués que le suceda, sino que se hallen enfrentadas frontalmente al Gobierno y demás instituciones del Estado, con lo cual todos los apoyos con que contaban al principio para llevar a cabo la guerra sucia se han vuelto en su contra.
A esta situación no se ha llegado en unos días ni por obra del azar. Responde a condiciones objetivas y es el resultado de un proceso que, como vimos más arriba, tiene su origen en el carácter de la reforma del régimen (que ha dejado intactos el Estado fascista heredado de Franco y todos los privilegios económicos y políticos de la oligarquía), pasa por la irresistible ascensión de Felipe, sigue con la ofensiva burguesa contra las conquistas parciales de las masas, hasta alcanzar en estos días los resultados ya conocidos: la quiebra política del Gobierno y del Estado ante la creciente marejada revolucionaria y la resistencia redoblada del movimiento organizado popular. Como se puede apreciar, esos resultados no sólo ponen en evidencia el estruendoso fracaso de la ofensiva ultrarreaccionaria orientada contra el pueblo y sus organizaciones de vanguardia, sino que también dejan entrever los progresos realizados en la recomposición de nuestras fuerzas y lo que podríamos calificar, sin ningún tipo de subjetivismo, como la recuperación de la iniciativa en algunos campos.
Todas estas condiciones están elevando la moral de los trabajadores y su grado de conciencia política, a la vez que van creando muy buenas perspectivas para el trabajo de organización del Partido. Aun así, y apreciando esta tendencia en todo su valor, no podemos dejar de tener en cuenta toda una serie de factores que vienen lastrando el desarrollo del movimiento: en general, se sigue notando (y seguramente se hará notar durante algún tiempo) la resaca producida por la frustración de las ilusiones reformistas y las falsas alternativas. Esta resaca así como la propia situación económica, el miedo a perder el puesto de trabajo, la desorganización que aún predomina en el movimiento obrero y popular, el incremento de la represión y, sobre todo, la propia debilidad del Partido, son factores que pesan sobre el ánimo de las masas y que condicionan la marcha del trabajo político y orgánico. ¿Cómo podemos ir superando estos escollos?
Nosotros pensamos que una de las formas más eficaces consiste en fortalecer la unidad y la solidaridad combativa de todos los trabajadores.
La crisis del régimen, la extensión de las luchas obreras y populares y los progresos del movimiento de resistencia organizado, están creando un sentimiento muy extendido que clama por la necesaria unidad de un mismo frente de resistencia a las agresiones del Estado monopolista. En este sentido, son cada vez más frecuentes los ejemplos de solidaridad y de unión con uno o más sectores en lucha. Ahí tenemos la solidaridad que se ha creado en torno a las luchas de Euskalduna en diversos puntos de España, o las manifestaciones conjuntas que hicieron los trabajadores empleados con los parados, las de los estudiantes con los obreros, los comités de autodefensa contra el Estado, etc. Estas iniciativas y el profundo sentimiento de solidaridad que las acompaña actúan en favor del desarrollo de la conciencia política de las masas; conciencia que la labor general del Partido realizada entre ellas debe elevar a un grado superior, creando para ello las condiciones orgánicas necesarias.
No es extraño, pues, que ante la gravedad de la situación los poderes fácticos y sus testaferros estén reunidos en sesión permanente, al Bobón no le llegue la camisa al cuello, los espadones estén nerviosos y las ratas felipistas comiencen a abandonar el barco con el rabo entre las patas.
Decir que no nos ha sorprendido nada de lo que está sucediendo no sería del todo cierto, pues, en verdad, hemos de reconocer nuestra perplejidad -como pensamos que le ha sucedido a la gran mayoría de los ciudadanos de a pie de nuestro país- ante el hecho tan infrecuente de que un ex-gobernador del Banco de España y un ex-director general de la Guardia Civil, que hasta hace poco ocupaban sus respectivos cargos, uno haya pasado unos días en prisión por defraudar a Hacienda y por tráfico de influencias y otro se encuentre en búsqueda y captura por delitos propios y ajenos. No ha sido para nosotros una sorpresa, sin embargo, el que el Gobierno y el Estado atraviesen por una situación tan crítica, ya que eso es precisamente los que desde antes de los fastos y carnavaladas del 92 venimos anunciando.
La crisis del régimen -manifestaba el Informe Político presentado al III Congreso del Partido, tan sólo unos días después de celebrarse la última farsa electoral- se ha agravado de forma extraordinaria, haciéndose irreversible. No nos encontramos ante el comienzo de un proceso de reforma, una perspectiva de expansión económica y unos partidos prácticamente ‘vírgenes’ como a comienzos de la década del 80, sino al final de dicho proceso, cuando ya han agotado el ‘carrete’ de la reforma, los partidos aparecen completamente prostituidos, ante un horizonte económico más que sombrío y un panorama internacional amenazante por los cuatro costados. Por eso mismo, al hacer una valoración sobre la cuarta victoria electoral felipista, no nos dejamos llevar por las apariencias y señalamos que los votos obtenidos por el partido del Gobierno eran ‘votos a regañadientes’, ‘votos prendidos con alfileres’.Todo esto que decíamos es lo que se está poniendo de manifiesto en la actual crisis o, si se quiere, en esta fase o etapa de la crisis que padece el régimen desde antes de la muerte de Franco y que no ha conseguido superar. Basta con ver lo que el Gobierno y la oposición tratan de ocultar con el guirigay de la corrupción para darse cuenta de que no se trata de una crisis de gobierno sino de Estado y de que éste vuelve a encontrarse tan aislado y deslegitimado como en 1975 y 1981. Y eso a los pocos meses de haberse celebrado unas elecciones democráticas generales, en las que el PSOE ha estado a punto de conseguir tantos votos como en 1982. ¿No es acaso este aparente contra-sentido la prueba más palpable del fracaso de la Reforma, de la permanencia de los mismos factores políticos, económicos, sociales e ideológicos que alimentan la crisis del sistema desde hace más de veinte años?
Es evidente que ese aislamiento y deslegitimación no se deben sólo a la corrupción, como intentan hacérnoslo creer los partidos institucionales y sus medios de propaganda. La corrupción no es más que una manifestación -entre otras- de la crisis y descomposición política a la que ha llegado el régimen y está siendo utilizada, sobre todo, como cortina de humo para ocultar otros problemas mas graves y responsabilidades más sangrantes del poder, todas ellas derivadas del estado de las ‘cañerías’ y de las ‘cloacas’, donde, según aseguraba Felipe González, se defiende el ‘Estado de Derecho’: o sea, la guerra sucia, las detenciones arbitrarias, la tortura sistemática, el exterminio de los presos políticos, los asesinatos de los oponentes al sistema, los crímenes del GAL, etc. En suma, para encubrir que el terrorismo de Estado sigue siendo un instrumento esencial de la oligarquía monopolista para mantenerse en el poder, esclavizar a la clase obrera y no verse desbordada por el movimiento revolucionario de masas. Lo que no dicen los Felipe, Anguita, Aznar, Pujol, Arzallus y compañía es que la corrupción es el precio a pagar por el silencio y la colaboración de todos los partidos que ellos representan en esa guerra sucia. ¿Acaso los fondos de reptiles, las extorsiones y otros negocios sucios, como el tráfico de drogas, no están destinados a estimular el celo de sus torturadores y mercenarios? ¿De dónde sacan los partidos miles de millones de pesetas, aparte de las que ya reciben directamente del Estado, si no es de las mordidas, sobornos, fraudes, estafas y otros negocios cenagosos?
Pero ese pacto de silencio no podía durar eternamente ni sustraerse al navajeo político, a las peleas y luchas de intereses de los grupos oligárquicos en un momento en que la crisis aprieta y hay cada vez menos que repartir, el barco hace aguas por todas partes y aumenta el descontento popular. De ahí que unos y otros se hayan visto obligados a jugar con fuego para recuperar alguna credibilidad entre las masas, conseguir votos y desbancar al adversario en su pugna por el poder y el reparto del botín. Por ello no es casual que al destapar el tarro de la esencias democráticas se les haya ido de la mano, hasta el punto de convertir la guerra sucia y el terrorismo de Estado en un bumerán que se ha vuelto no sólo contra el Gobierno que la ha llevado a cabo, sino también contra todos los partidos que aprobaron los presupuestos destinados a los fondos reservados, han estado apoyando la guerra sucia y de ella también se han aprovechado.
El que todo esto haya sucedido justamente cuando más empeñados estaban en encubrir sus infamias es la mejor demostración de su aislamiento y deslegitimación entre los trabajadores, de su profunda crisis. Y es que no es sólo la corrupción, sino la creciente oleada de indignación entre las masas por todos esos abusos y crímenes, la independencia y radicalización de sus luchas, los continuos progresos del partido de la abstención o, en otros muchos casos, la desvinculación del voto, la extensión del boicot político, de la desobediencia civil y de otras formas de resistencia de los trabajadores, lo que constituye -como afirma el Informe Político del III Congreso- la más clara manifestación de la crisis que habíamos anunciado con tanta antelación. Sólo así, debido a la naturaleza fascista del régimen, se puede entender que la simple insinuación del antiguo jefe de los picoletos de tirar de la manta haya actuado como detonante de la actual situación y puesto contra las cuerdas al Gobierno y al Estado. ¡Hasta ese extremo llega su debilidad!
Precisamente, si algo destaca por encima de todo como factor determinante de la agravación de la crisis es el papel decisivo que, como en otros períodos, está desempeñando la clase obrera. Sin olvidar los efectos políticos de la huelga del 27-E, las últimas luchas que está protagonizando por todas partes contra los cierres de empresas y despidos, en las que destacan los sabotajes, las barricadas y enfrentamientos con las fuerzas represivas, no cabe duda que están contribuyendo en gran medida a aislar y debilitar aún más al Gobierno. Tan es así que ya se ha hecho habitual por parte de los trabajadores reventar los congresos, mítines y actos del partido felipista, lo cual es doblemente significativo por tratarse en muchos casos de obreros que hasta ahora disfrutaban de las mejores condiciones laborales y salariales del país y en los que el PSOE y la UGT tenían su más fiel clientela. Ante hechos como éste, y sin nada que ofrecer realmente, se explica que los felipistas hayan tenido que sacrificar a algunos de sus colegas de fechorías para capear el temporal y que no se diga que no cumplen sus promesas. ¿Qué otra cosa pueden ya ofrecer, como no sea el aparentar que están dispuestos a combatir la corrupción que ellos mismos han contribuido a extender y de la que se han beneficiado a manos llenas? Se comprende, pues, que su lavado de cara -catarsis, le llaman- no tenga tanto el objetivo de mantener la poltrona como el de intentar que el PSOE no quede definitivamente liquidado en el caso de perderla.
Ilusiones felipistas aparte, sean cuales sean los resultados electorales, lo cierto es que la debacle del PSOE es ya una realidad. Con ello la oligarquía se encuentra sin ninguna baza política que jugar por la banda de la izquierda y sin ni siquiera poder contar por la banda de la derecha con una alternativa que le pueda ofrecer una mínima estabilidad. Esa es la razón de que el desfondamiento felipista sea la consecuencia más destacada de la crisis y la que explica que ésta se haya agravado, poniendo de manifiesto el estrepitoso fracaso de la reforma política del régimen, de su intento de enmascarar su esencia fascista, de dotarse de una amplia base social y de legitimarse. Esto no quiere decir que la oligarquía vaya a volver a adoptar las viejas formas de dominación fascista ya periclitadas. Por el contrario, va a hacer todo lo posible por mantener la parafernalia democrática, al tiempo que intensifica y perfecciona sus medidas e instrumentos terroristas para hacer frente al movimiento de resistencia popular.
No es casualidad que todos los partidos institucionales se hayan puesto de acuerdo y hayan echado mano de la lucha contra la corrupción para salvar al sistema. De esta forma, tratan de presentarse ante los trabajadores como los buenos de la película, al tiempo que lanzan el mensaje de que la corrupción nada tiene que ver con el Estado capitalista, sino que es obra de unos pocos aprovechados que empañan su imagen.
En este empeño los cretinos de IU se están llevando la palma, ofreciéndose para proseguir la labor de los felipistas o compartir la carga, si se tercia, desde alguna poltrona ministerial. Se trata, en suma, de aplicar la reforma laboral y el nuevo código penal y continuar la guerra sucia. Todo a más bajo precio.
En esa dirección apunta la reciente creación del superministerio de la represión. ¿Qué se esconde tras esta iniciativa?
Cuando comenzamos a denunciar que la tan cacareada división de poderes del llamado Estado de Derecho era una falacia, que las condenas impuestas por los jueces de ese Tribunal de Orden Público que es la Audiencia Nacional son dictadas por la policía, que los carceleros están a las órdenes del Ministerio de Interior al igual que en tiempos de Franco, que las leyes y medidas terroristas introducidas por el nuevo Código Penal están destinadas a toda la población trabajadora, muchos no querían creérselo. Pues bien, en esa medida de refundir el Ministerio de Interior con el de Justicia está la prueba de que nuestras denuncias no eran fruto de una mente calenturienta. Con ello el Gobierno no hace más que reconocer abiertamente lo que ya de hecho existía. Pero con una variante, al frente del superministerio han puesto a todo un señor juez con aureola progre y democrática, defensor de los derechos humanos, flanqueado por dos colegas del mismo corte. De esta forma tratan de presentar como el no va más de las reformas democráticas lo que no es más que una mayor centralización del aparato represivo, propia de un Estado fascista o policial, destinada a hacer frente al ascenso del movimiento de masas, pues ya no son un puñado de revolucionarios los que se enfrentan activamente al Estado. Aquí reside una de las principales razones de esta medida.
Lógicamente, el régimen y todos los partidos políticos que le sostienen van a intentar salir de nuevo de la crisis amañando entre bastidores una serie de acuerdos que no trascenderán al público. Por ahí apuntan los contactos mantenidos entre pepistas, peneuvistas y dirigentes de CiU, las conferencias del monarca con Pujol y los gestos de firmeza que éste ha exigido a don Felipe para mantener su pacto. Pero lo que más destaca en este tejemaneje es el intento de situar a los cretinos de IU, a cuya cabeza se encuentra el fantoche Anguita, como la nueva alternativa de izquierda. Ese es el sentido de la campaña destinada a promoverle que están llevando determinados medios de propaganda, al tiempo que se multiplican las ridículas poses y declaraciones de este personajillo. Es indudable que este lacayuelo no está a la altura del papel que hasta ahora ha venido representando Felipe González al frente del Gobierno. Pero no por eso la oligarquía va a dejar de utilizarlo, presentándolo como un hombre íntegro, como un regenerador de la vida pública española, al objeto de que los trabajadores le voten y legitimen de nuevo con su voto al sistema. ¿Es que Anguita y los que le rodean no han dado ya sobradas muestras de servilismo? ¿Acaso su comportamiento actual indica que vayan a hacer lo contrario de lo que han estado haciendo durante estos años? ¿Se puede esperar otra cosa de quienes reciben su sueldo del Estado?
Que los Felipe, Guerra y Anguita son todos unos canallas se sabe desde hace mucho tiempo. Pero si han podido mantener en pie el tinglado y cometer de forma continuada tantas fechorías, es porque los trabajadores se lo hemos permitido, prestando oídos a sus promesas o en otros casos capitulando ante sus chantajes. ¿No va siendo hora de abandonar esa línea de conducta, de rechazar toda ilusión, y darles la patada que merecen por tantos y tan repetidos engaños y abusos? ¿Cuál es la alternativa?
Es cierto que para mucha gente la revolución es un proyecto quimérico, mientras que para otros es un horizonte lejano y difícil. Sin embargo, no por eso podemos renunciar a él, ya que los obreros no tenemos otro. Pero en cualquier caso, si existe una salida para mejorar nuestra situación y no acabar en el abismo más negro, ésa no la vamos a encontrar prestando apoyo al sistema que nos oprime y explota ni depositando nuestra confianza en el gobierno de turno, sino mostrándoles nuestro rechazo más radical y haciendo aún más profunda la crisis que padecen. Hay que crearles al menos una situación en la que les sea imposible llevar a cabo su política antiobrera y anti-popular.
Y eso no se va a conseguir, tal como ya está sobradamente demostrado, refrendándola una y otra vez con el voto. ¡Que voten ellos, que se vean aislados y rechazados por los trabajadores! Hay que hacerles sentir de esta forma el odio y la repulsa que tienen tan merecidos.
Lo hemos anunciado hasta el agotamiento desde los primeros días de la Reforma y aún hoy, ante la evidencia misma de este hecho histórico, tenemos que repetirlo: del régimen fascista y monopolista no es posible retroceder al sistema democrático parlamentario, propio de otras épocas; del fascismo y el monopolismo sólo se puede marchar hacia el desmantelamiento del Estado capitalista corrupto, militarista, policiaco y hacia la implantación de un régimen democrático-popular que ponga en manos del pueblo los principales medios de producción, la banca, la tierra, etc. Sólo de esta forma se podrá acabar con el terrorismo fascista, con los asesinatos políticos, la tortura, la prevaricación, la corrupción generalizada, el paro, la droga y todas las demás lacras que padecemos.
Cualquier otra solución, cualquier otra propuesta que no alerte sobre esta cruda realidad y no proponga luchar de forma organizada y decidida para alcanzar esa meta, debe ser rechazada. De manera particular debemos rechazar y volver la espalda a aquellos partidos que, proclamándose comunistas o de izquierda, nos llaman nuevamente a participar en unas elecciones amañadas, de las que ya sabemos cuál va a ser el resultado
El régimen busca de nuevo legitimarse para proseguir con más saña la misma política expoliadora y terrorista de siempre. Es así como los Felipe, Aznar, Pujol, Arzallus, Anguita y cía se han propuesto prolongar su agonía, aun a costa de sumir en el abismo más negro, en la impotencia y la desesperación, a los trabajadores; imponiéndoles más sacrificios, todavía peores condiciones de vida y de trabajo y un estado de excepción permanente. Pero para todo eso necesitan formar un frente común y sembrar nuevas ilusiones; y, sobre todo, que legitimemos con nuestro voto todas esas medidas y su Estado de sobreexplotación y terror. Por este motivo, sólo un boicot masivo, una huelga general de electores, podría dar al traste con esa pretensión de la oligarquía y sus lacayos, castigar todos sus abusos y crímenes y abrir una nueva vía para la solución de los graves problemas que padecemos.
