La expulsión de los colonialistas españoles de Cuba y Filipinas a finales del siglo XIX y la consiguiente repatriación de sus capitales a la metrópoli, junto a los grandes negocios que -amparándose en su neutralidad- llevó a cabo la burguesía de nuestro país durante la I Guerra imperialista mundial, dió como resultado una enorme concentración de capital. Eso explica que, en el periodo de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-29), se produjera una aceleración en el desarrollo económico, así como en el proceso de fusión de la banca con la industria, lo que dará lugar a la formación del capitalismo financiero y a la aparición de las primeras formas del capitalismo monopolista de Estado. Sin embargo, no por ello desapareció la contradicción entre las exigencias del desarrollo capitalista y las supervivencias feudales en el régimen político y en la estructura económica. Por el contrario, tanto esta contradicción como las demás que convergían en España derivadas de la crisis económica mundial del capitalismo (1929) se hicieron mucho más agudas, hasta desembocar, en 1931, en el derrocamiento de la monarquía y la proclamación de la II República, en la que el pueblo confiaba para mejorar sus condiciones de vida, resolver el problema de la tierra, acabar con la opresión nacional y otros tantos problemas que le agobiaban.
Pero la burguesía era ya incapaz de llevar adelante por sí sola este programa democrático. La llegada del capitalismo a la última fase de su desarrollo (la etapa monopolista e imperialista) y el comienzo de la revolución proletaria mundial hacían ya imposible la revolución burguesa de viejo tipo. La burguesía debía contar necesariamente con la clase obrera que, por otro lado, era demasiado fuerte para aceptar su dirección. Esta va a ser la historia de la República hasta el 16 de febrero de 1936: rechazo por parte de la oligarquía financiera y terrateniente a cualquier transformación democrática, vacilaciones de la burguesía democrática a la hora de acometer las transformaciones revolucionarias, fracaso de la socialdemocracia en su empeño por controlar y sofocar las luchas populares y toma paulatina de la dirección del proceso revolucionario por el Partido Comunista.
Además, a la gran burguesía se le planteaba otro importante problema: superar el atraso industrial y agrario de España con respecto a otros países. Esto sólo se podía lograr mediante una acumulación intensiva de capital, llevada a cabo en base al sometimiento y superexplotación de la clase obrera y a la esquilmación del campesinado. Pero, el triunfo del Bloque Popular en las elecciones del 16 de Febrero y las medidas que éste empezó a tomar ante el empuje revolucionario de las masas, se habían convertido en un obstáculo insalvable para la realización de los planes de la oligarquía, ya que entre otras cosas vino a poner término a sus esperanzas de hacerse de nuevo con el poder por la vía parlamentaria. Se hacía indispensable, por tanto, acabar con la República, aplastar el movimiento revolucionario e implantar un régimen fascista. Y éste va a ser el objetivo que persiga la reacción con la sublevación militar del 18 de julio.
No obstante, la dirección del Partido, bajo la influencia de la Internacional Comunista, cometió numerosos errores en la apreciación de la situación general así como en la aplicación de la táctica del Frente Popular, tendiendo a supeditarse al Gobierno republicano en vez de apoyar la unidad popular desde una posición política y militar independiente. Estos errores contribuyeron a la desmoralización de las masas e hicieron más desastrosos y duraderos los efectos de la derrota.
Al final, el PCE, que fue la fuerza política que más había luchado por el Frente Popular, se encontró expulsado de sus organismos e imposibilitado para hacer frente al golpe casadista; esto le va a impedir también proseguir la lucha en las nuevas condiciones generadas por el desmoronamiento de la República y dirigir la revolución cuando se crearon las condiciones favorables para ello, tras finalizar la II Guerra Mundial.
Para ello su primera preocupación consistió en aniquilar toda resistencia: suprimió las libertades y derechos políticos; impuso el yugo de la opresión a las nacionalidades; destruyó los sindicatos obreros y los partidos políticos democráticos; prohibió la huelga y la utilización de cualquier medio de defensa legal y pacífico de los trabajadores contra los abusos y la opresión del capital. Una represión brutal se abatió sobre las masas después de acabar la guerra: entre 1939 y 1944 fueron fusilados unos 200.000 antifascistas, la mayor parte obreros y campesinos.
Tras la II Guerra Mundial, una vez derrotadas las fuerzas nazi-fascistas en 1945, el Estado español quedó aislado del concierto internacional, aunque contaba con la comprensión y el apoyo de los capitalistas del mundo entero, en especial del imperialismo yanqui. Por otro lado, la economía española no sólo había quedado devastada, sino que, además, continuaba siendo predominantemente agrícola. Por esta razón, los planes económicos que habían trazado los monopolistas sólo podían realizarse en base a la esquilmación del campo y a las formas más inhumanas de sobreexplotación del proletariado, dada la escasa tecnificación de la industria. Tales fueron los principios que rigieron la llamada política económica autárquica mantenida hasta finales de los años 50. Dicha política permitió a la oligarquía española realizar una acumulación intensiva de capital, al mismo tiempo que ponía en pie una parte importante de la industria básica y transformaba, con las aportaciones económicas del Estado, los grandes latifundios en modernas explotaciones agrarias de tipo capitalista.
Durante los años en que se llevaron a cabo los Planes de Desarrollo (1964-1975) toda España se fue transformando: la mecanización del campo, los polos industriales, la emigración masiva a las ciudades y el surgimiento de grandes barrios obreros, la elevación general del nivel de vida y consumo, etc., configuran un paisaje, una forma de vida y una mentalidad distintos de los de la España de los años 30. Importante incidencia tuvo la emigración: en 1968 el Instituto Nacional de Emigración cifraba en 1.222.000 el número de españoles residentes en Europa; de ellos más de la mitad habían salido con contrato de trabajo durante los años del milagro económico español.
La liberalización económica abrió las puertas a las diferentes formas de penetración del capital extranjero en España. Sin embargo, gracias a las remesas de divisas proporcionadas por la emigración y el turismo, la oligarquía pudo aumentar la producción interior importando avanzados medios de producción sin caer por ello en la dependencia respecto al capital financiero internacional.
La acumulación y concentración económica habían conducido a un estrecho entrelazamiento entre el Estado, el capital financiero y las empresas; cuatro grupos controlan el poder económico: la banca, el sector público, el capital extranjero y las familias ligadas a las medianas empresas y a las explotaciones agrarias. De todos ellos, el capital financiero ha mantenido su carácter de grupo hegemónico dentro de la economía española.
El desarrollo industrial permitió un rápido crecimiento del proletariado fabril y su concentración en las grandes ciudades; en 1975 el proletariado industrial representaba el 38% del total de la población activa, convirtiéndose en la clase más numerosa de la población. En el caso de Catalunya y Euskal Herria, dicho fenómeno tuvo una repercusión especial: el flujo constante de obreros inmigrantes a esas nacionalidades dió lugar durante los años 60-70 a la aparición de un proletariado nuevo integrado por obreros de las distintas nacionalidades del Estado.
Durante el mismo periodo creció también el número de trabajadores del sector servicios (33% del total de la población activa), en el que se incrementó el porcentaje de asalariados por el considerable crecimiento de la industria turística y la creación de grandes almacenes, grandes empresas de transporte, etc.; por otro lado, durante esta etapa de desarrollo económico, proliferaron innumerables pequeños negocios, lo que contribuyó a la constitución de una nueva pequeña y media burguesía urbana. Es en la agricultura, ganadería y pesca donde va a tener lugar una considerable reducción de la población activa, que en 1970 representa tan sólo el 29%.
El golpe más duro, el que destruyó al Partido, no vino de la represión, sino de la labor de zapa llevada a cabo en su seno por el revisionismo carrillista. Desde finales de 1944 Carrillo y su camarilla se fueron haciendo con los resortes fundamentales del aparato de organización del Partido, con el control de sus medios de propaganda y con la dirección de la guerrilla. Para lograrlo y proseguir su labor, emplearon sistemáticamente la calumnia, la intriga, las expulsiones, la delación y el asesinato de los militantes que, de una u otra forma, se oponían a su línea capituladora.
La guerrilla, a la que los carrillistas se vieron obligados a simular que apoyaban bajo la presión de la mayoría del Partido, de los obreros avanzados y de otros luchadores antifascistas, fue utilizada por ellos con fines reformistas, como plataforma para encaramarse a la dirección y como coartada para encubrir sus planes liquidacionistas. De ahí que, en el momento que fue necesario impulsar la guerrilla, nunca le prestaran el apoyo material que requería y que se le podía proporcionar. De ahí también que cuando fue necesario tomar la decisión de suspenderla, al objeto de reanudarla y orientarla sobre nuevas bases, se pusiese fin a la misma de la forma en que se hizo: en secreto, sin ningún análisis político, con engaños, fomentando la desconfianza y las rivalidades personales entre los guerrilleros y abandonándolos a su suerte en la mayoría de los casos, cuando no asesinando o delatando a los que se negaban a abandonar las armas de esa manera.
Esta actividad contrarrevolucionaria fue posible por las propias debilidades, insuficiencias y errores arrastrados por el Partido desde la etapa anterior, los cuales en ningún momento fueron analizados a fondo ni, por tanto, corregidos. Así, y aunque la línea general del Partido fue justa en lo esencial y éste se constituyó en el artífice principal de la resistencia antifascista, la persistencia en los graves errores cometidos durante la guerra se acentuó, hasta que fueron erigidos en línea política. Esto explica que se adoptase una versión cada vez más deformada y derechista de la táctica de Frente Popular: la llamada política de Unión Nacional o de Frente Nacional Antifranquista. En ella el objetivo de acabar con el poder de la oligarquía financiero-terrateniente y su sistema de dominación fascista quedaba simplemente reducido a quitar de en medio a Franco e instaurar una democracia parlamentaria burguesa.
A todo esto hay que añadir otros factores como la dispersión de la dirección, la nula atención prestada al desarrollo de la teoría revolucionaria y a la formulación de una línea política adecuada a las nuevas condiciones de España, así como el progresivo abandono de los principios leninistas de funcionamiento y organización. De esta forma fueron creándose las condiciones que permitieron al oportunismo medrar en las filas del Partido y esperar la ocasión propicia para tomar la dirección y culminar su obra destructiva, sin que los viejos dirigentes, atenazados por el dogmatismo y los hábitos conciliadores, fuesen capaces de impedirlo. Esa ocasión llegó en 1956 con la celebración del XX Congreso del PCUS, en el que se impusieron las tesis revisionistas de Kruschev y sus seguidores. Sin este respaldo, a Carrillo y su grupo les hubiese resultado realmente difícil rematar su obra. Desde este momento la política de resistencia del PCE se transformó abiertamente en colaboración con los grandes capitalistas financieros y los jerarcas de la Iglesia, en pacifismo y desorganización de las masas, en apoyo a la política sindical fascista; en suma, en la llamada política de Reconciliación Nacional.
Este movimiento de crítica al capitalismo sería estimulado por la Gran Revolución Cultural Proletaria China y por la crítica marxista-leninista, efectuada por el PCCh y los comunistas de otros países, a las tesis revisionistas acerca de la transición pacífica y parlamentaria al socialismo, el Estado de todo el pueblo, la emulación económica entre el socialismo y el capitalismo, etc.
A finales de la década, dos nuevos e importantes acontecimientos, que conmoverían la vida de todos los países, vinieron a sumarse a los anteriores: la heroica lucha de resistencia del pueblo vietnamita a la agresión norteamericana y el movimiento de masas, de carácter revolucionario, desatado en el mes de mayo de 1968 en París y otras ciudades de Francia.
La crisis económica capitalista mundial también tuvo una fuerte repercusión en España, en un momento en que tocaban techo los planes de desarrollo industrial, el régimen entraba de lleno en su crisis política e iniciaba, tanteando el terreno, la maniobra aperturista con la que buscaba una salida a la misma. El movimiento obrero y popular se había repuesto de los efectos de la derrota sufrida en 1939 y de los largos años de terror fascista abierto y, toda vez que habían fracasado la política de reconciliación carrillista y sus consignas para una huelga nacional pacífica, comenzaba a encaminar sus pasos por la vía de la resistencia y la lucha armada.
Este contexto general va a dar lugar a la aparición del nuevo movimiento obrero organizado. La Organización de Marxistas-Leninistas de España (OMLE) fue una de las primeras organizaciones comunistas nacidas en aquel período (1968). A partir de ella se iría reconstruyendo el Partido revolucionario de la clase obrera, cuya necesidad se estaba haciendo sentir desde hacía ya tiempo.
Los acontecimientos que se venían sucediendo con rapidez en el país y la polémica entablada acerca de los mismos dentro de la propia Organización hicieron necesaria la convocatoria del Congreso Reconstitutivo del Partido. Ciertamente, para que éste pudiera tener lugar se requerían, además, otras condiciones de tipo orgánico e ideológico. Era imprescindible que la Organización estuviera preparada para asumir el papel y la responsabilidad del Partido. Mas dichas condiciones también existían, de modo que en junio de 1975 pudo celebrarse el Congreso Reconstitutivo.
Con esta reunión se logró dar cima al trabajo desplegado por la OMLE durante un período de más de siete años, en el transcurso del cual fueron echados los cimientos orgánicos, políticos e ideológicos necesarios para levantar de nuevo al Partido. En un momento de máxima agravación de la crisis política del régimen, así como de todas las contradicciones y tensiones sociales, el Congreso constituyó una plataforma que habría de permitir al PCE(r), nada más nacer, desempeñar un importante papel en la vida política, especialmente en la denuncia de la Reforma.
El aparente monolitismo político del régimen se vió obligado a ceder ante el avance incontenible del movimiento popular. Particularmente la clase obrera, que había marchado siempre en la primera fila, fue conquistando una posición tras otra al régimen: el derecho de huelga, los derechos de expresión y de reunión, etc., fueron impuestos por la lucha. La represión y el terrorismo abierto del Estado también fueron combatidos valerosamente por la resistencia y la guerrilla. El gran capital y su Gobierno se encontraban ante una situación realmente difícil, que les impedía seguir controlando a las masas. Tenían, pues, que cambiar algo las formas de dominación para poder conservar intactos sus privilegios y reforzar su poder político y económico.
No obstante, ese cambio debía tener en cuenta la nueva realidad creada por el movimiento democrático. De modo que no tuvieron más remedio que legalizar lo que ya había sido conquistado por los trabajadores con el fin de limitarlo y controlarlo. Al mismo tiempo, la oligarquía procedió a integrar en su régimen a los carrillistas y otros elementos de su misma calaña que, desde tiempo atrás, venían dando sobradas muestras de colaboración y servilismo. Con esta última medida, el Estado nacido de la sublevación militar fascista del 18 de julio tomaba un tinte de legitimidad.
El resultado final de esta maniobra política fue recogido en la llamada Constitución democrática, que consagra la monarquía, el sistema de explotación capitalista y la opresión sobre las nacionalidades. Con todo ello la clase dominante logró crear algunas ilusiones y mantener engañados a los trabajadores, pero apenas ha conseguido, como pretendía, ampliar su base social. El continuo recorte de las libertades y derechos sociales de los trabajadores, la intensificación de la explotación, la negación de los derechos nacionales, el terrorismo de Estado, los asesinatos políticos, la práctica de la tortura a los detenidos y encarcelados, la corrupción generalizada entre los potentados y líderes políticos, etc., han terminado por poner al descubierto la verdadera naturaleza fascista e imperialista que continúa teniendo el régimen y por desprestigiar ante las masas a los partidos socialfascistas que le sirven y apoyan.
Hoy día, la oligarquía financiera se debate en medio de grandes contradicciones y luchas internas, viendo además reducido al mínimo su margen de maniobra política. Todo esto ha puesto en evidencia la profundidad de la crisis del sistema que impera en España y la necesidad de cambios radicales.
No se puede negar que la oligarquía española ha introducido algunos cambios en su régimen de dominación política, pero eso lo ha hecho para reforzar al mismo Estado fascista y explotador. La separación de poderes, la burda falsificación del parlamentarismo, el establecimiento de las autonomías y otros cambios del sistema político introducidos por la reforma no han podido disimular, sin embargo, el carácter monopolista, centralista y terrorista del Estado. El fascismo es la superestructura política, jurídica, ideológica, etc., que corresponde al sistema de explotación monopolista implantado en España en 1939. Y junto a él se ha desarrollado y aún hoy se mantiene como forma de poder, ya que el uno sin el otro no podrían existir.
La reforma política ha venido a demostrar que en la fase monopolista del capitalismo no es posible la vuelta atrás, al sistema político de libertades y al parlamentarismo burgués, propios del capitalismo de libre competencia. La necesidad de un sistema policíaco, que se corresponda con el control económico de los monopolios, hace que el sistema capitalista tienda en esta etapa al fascismo, al militarismo, a la reacción abierta en general, lo que aboca a la sociedad burguesa a una profunda crisis revolucionaria.
Este va a ser el telón de fondo de las enconadas luchas entre los distintos grupos financieros de nuestro país y de la intrincada maraña de intereses contrapuestos, tanto españoles como extranjeros, que afloraron en el momento de la incorporación de España a la CEE en 1986. Es evidente que el único medio que tiene la oligarquía para continuar acumulando capital consiste en incrementar la explotación y su capacidad de competir en los mercados internacionales. Sin embargo, esta pretensión de asegurarse un lugar en la competencia capitalista y una cierta independencia respecto a las multinacionales se halla dificultada por el abismal (y cada vez mayor) desfase tecnológico respecto a las primeras potencias imperialistas; lo cual limita enormemente la capacidad de maniobra de la oligarquía en su política económica, obligándola a tomar medidas radicales de reconversión y concentración y a sacrificar para ello numerosas empresas y ramas de la industria. Como consecuencia de ello, numerosos obreros y otros muchos trabajadores de la ciudad y el campo se han visto lanzados al arroyo del paro, la precarización y la miseria, en un acelerado proceso de proletarización que abarca a amplios sectores. No obstante, la crisis económica no ha supuesto ningún cambio cualitativo en la composición y estructura de las clases sociales en España, aunque sí se han sucedido en estos últimos años cambios importantes que se deben resaltar.
La población activa del conjunto de los territorios que componen el Estado, es decir, las personas en edad de trabajar y que tienen empleo o lo buscan, la componen actualmente unos 16 millones, de los cuales once millones son asalariados. El grueso de la población laboral es, en consecuencia, el trabajador por cuenta ajena, el trabajador dependiente. El fenómeno social más importante que se viene produciendo en los últimos años es el crecimiento del trabajo asalariado, lo que indica la concentración de los medios de producción en manos de una minoría y el expolio de una mayoría creciente, que se ve obligada a vender su fuerza de trabajo. En España se viene produciendo un acelerado proceso de proletarización de la sociedad; el país está cada vez más proletarizado, con una masa que no dispone más que de su fuerza de trabajo y otra, cada vez más reducida, que acumula todos los medios de producción y de vida. Uno de los efectos de la acumulación capitalista es precisamente el crecimiento absoluto y constante del proletariado, que llega a resultar M>excesivo para las necesidades de la reproducción ampliada del capital y pasa al paro, a la reserva.
De todas las clases sociales, la que más ha crecido, por tanto, ha sido la clase obrera, que se ha duplicado en los últimos 30 años, mientras que la pequeña burguesía se ha reducido en una tercera parte. En realidad, la llamada clase media es una exigua minoría; la mayor parte de los no asalariados son autónomos, trabajadores independientes, pequeños agricultores, pescadores, ganaderos, comerciantes, profesionales liberales y vendedores, quienes, cada vez en mayor número, tienen que convertirse en asalariados de los monopolios. La reducción de la población no asalariada se ha debido, fundamentalmente, a la ruina sufrida por cientos de miles de pequeños campesinos que se han visto obligados a abandonar el campo. En cuanto a la masa de trabajadores y empleados (banca, hostelería, funcionarios...) ve hoy como su situación se deteriora y se va asemejando cada vez más a la de la clase obrera: contratos eventuales, despidos, etc. En el rápido crecimiento del sector servicios ha influido también de forma notable el aumento del personal al servicio del Estado.
A la par que han ido disminuyendo las viejas clases medias se ha formado, en el seno de la masa de asalariados, un sector de privilegiados que, tanto por sus funciones, por la delegación de poderes que le concede la burguesía, como por el carácter mixto de sus ingresos y por su forma de vida puede emparentarse con la pequeña burguesía.
La base de esta nueva expansión económica del imperialismo español, acompañada por el incremento de la actividad diplomática, militar, cultural y propagandística del Estado fuera de nuestras fronteras, reside indudablemente en el alto grado de acumulación y concentración monopolista alcanzado, lo que le permite llevar a cabo la exportación de capital a los países más atrasados donde obtiene una más alta tasa de ganancia.
En ese sentido, el capital financiero español, a fin de compensar su debilidad económica y también por razones políticas, está centrando su actividad en aquellas zonas en las que se encuentra en mejores condiciones de competir, como es el caso de los países latinoamericanos, sus antiguas colonias, en algunos de los cuales empieza a ocupar importantes posiciones en pugna con los capitalistas yankis y de otros países. Pero no es menor el interés del imperialismo español por el Magreb, ya no sólo por consideraciones económicas, sino también geoestratégicas.
El papel del Estado español no se limita al terreno de la exportación de capital, sino que en definitiva persigue el objetivo de someter a esos países a su dependencia, a veces compartiéndola con otros Estados imperialistas. De ahí que el Gobierno español trate de erigirse en interlocutor entre la Unión Europea y América Latina, haciendo valer sus vínculos históricos, o que últimamente haya intensificado su actividad diplomática en el norte de Africa. De ahí también que, aprovechando su participación en la OTAN o en la UEO, el Estado español no desaproveche la menor oportunidad de estar presente con sus fuerzas militares allí donde sus socios imperialistas más fuertes meten la zarpa, con el fin de hacer méritos, sacar alguna tajada y acostumbrar, de paso, a la opinión pública a ese tipo de operaciones que preludian conflictos más devastadores y sangrientos.
No obstante, y a pesar de sus pretensiones de grandeza y de saqueo, el imperialismo español no puede pasar de desempeñar un papel subordinado y muy secundario entre las potencias imperialistas, lo que, dada su mayor debilidad, se irá acentuando cada vez más a medida que se vaya agravando la crisis mundial del capitalismo.
