Ante estos desbordamientos de las masas el Gobierno de Portela Valladares declaró el estado de alarma. Pero la presión popular se hace tan fuerte que el Presidente de la República, Alcalá Zamora, respaldado por la Lliga Catalana, el Partido Agrario y otras formaciones políticas de la derecha burguesa, no tiene más remedio que llevar a cabo el traspaso de poderes un mes antes de lo previsto por la Constitución: el 19 de febrero, casi por sorpresa, se establecía un gobierno republicano de izquierda presidido por Azaña.
Una vez efectuado el cambio de gobierno no por ello cesa la agitación revolucionaria de las masas. En muchos pueblos y ciudades en los que los partidos obreros son influyentes y se han constituido embriones locales del Frente Popular, éstos deciden destituir de los ayuntamientos a los elementos reaccionarios y ponen al frente de los mismos a los representantes de los partidos republicanos de izquierda, a socialistas y comunistas. Incluso en algunos lugares se comienza a desarmar a los fascistas. Al mismo tiempo prosiguen las manifestaciones en pro de la amnistía que obligan al Gobierno a promulgarla antes de que sea aprobada por las Cortes, como era su intención. A partir de marzo, por todo el país comienzan a multiplicarse las huelgas económicas y políticas de carácter unitario en las que en algunos casos los huelguistas ocupan fábricas y minas, en tanto que, en el campo, se producen las primeras ocupaciones de fincas.
Los dirigentes de los partidos democrático-burgueses no podían estar de acuerdo con estas y otras iniciativas populares. Para ellos, que no pensaban ir más allá de una simple coalición electoral y que no estaban habituados a contar con el pueblo más que para que éste les votara, las masas debían esperar a que cada una de las medidas incluidas en el programa del Bloque Popular fuese sometida a los trámites parlamentarios de rigor. Esta pretensión, cuando la oligarquía financiero-terrateniente daba rienda suelta a los pistoleros de Falange y preparaba a la luz del día el golpe fascista, no podía ser más que un pretexto para eludir los compromisos contraídos y favorecer objetivamente los planes reaccionarios.
Por otra parte, el programa del Bloque Popular, al ser resultado de una transacción, de unos acuerdos mínimos que posibilitaran una coalición electoral, un entendimiento entre partidos con planteamientos políticos e ideológicos dispares e incluso contrapuestos, era de por sí insuficiente. Como reconocía José Díaz, si bien su aplicación podía aliviar momentáneamente la difícil situación de la clase obrera y de los campesinos y crear condiciones para la formación de un gobierno popular revolucionario, salvo la amnistía y la readmisión laboral de los represaliados, dicho programa no aportaba ninguna solución real ni definitiva a los problemas fundamentales de la revolución democrática (112). Eso sólo lo podía hacer un gobierno revolucionario. Pero un gobierno de esta naturaleza no era posible, ya que el PCE no tenía todavía una influencia preponderante entre la clase obrera. Además, los dirigentes socialdemócratas se oponían a la creación de un Frente Popular: unos, como Prieto, porque sostenían la misma política de colaboración de clase de la burguesía republicana; otros, como Largo Caballero (que en el fondo compartía la misma política oportunista de los prietistas), porque consideraban que para mantener su influencia entre los trabajadores y contrarrestar la del Partido Comunista era mejor adoptar una pose radical, de rechazo aparente a toda alianza con los partidos democrático-burgueses. En realidad, los caballeristas esperaban a que, tras el fracaso de la política de Frente Popular y el consiguiente desprestigio de los comunistas, llegase la hora en que el Partido Socialista pudiese tomar el poder, a fin de seguir prestando sus servicios a las clases dominantes. Esto explica que la burguesía democrática, pese a ser la clase obrera el principal sostén del Bloque Popular, formase entonces un gobierno a su medida.
¿Cuál fue la actitud del PCE con respecto a dicho Gobierno y al posteriormente formado por Casares Quiroga tras ser designado Azaña Presidente de la República? ¿Podía haber actuado el Partido de una forma diferente a como lo hizo sin renunciar a la táctica de Frente Popular?
Desde un principio el PCE, consciente del carácter burgués del Gobierno y, por tanto, de sus vacilaciones, así como de la necesidad de mantener la alianza con los sectores de la burguesía democrática por él representada, dejó muy clara cuál iba a ser su posición. Nosotros -declara José Díaz- haremos honor a nuestros compromisos y apoyaremos lealmente al Gobierno si éste realiza el programa del Bloque Popular. Pero lo combatiremos si no lo realiza (113). Para ello insistía en que era condición fundamental e indispensable apoyarse en la acción y vigilancia extraparlamentaria de las masas populares (114).
En aquellas circunstancias, ésa era la única manera de asegurar la hegemonía e independencia del proletariado en la revolución democrática, de ejercer la dirección de las amplias masas populares, de obligar al Gobierno a cumplir lo pactado y de llegar a constituir un verdadero frente de lucha antifascista. Sin embargo, aunque el Partido tuvo en cuenta todo esto y trató de guiarse por esa línea de actuación, no siempre actuó en consecuencia ante las vacilaciones del Gobierno. Así, cuando era necesario combatirle y obligarle a tomar determinadas medidas, apoyándose en la iniciativa revolucionaria de las masas, se limitaba a criticarlo desde la tribuna parlamentaria o la prensa partidista. Eso fue lo que sucedió con respecto al problema de la tierra y en lo referente a la lucha contra los planes golpistas de la reacción.
En el primer caso, si bien el Partido era el único que abogaba por la confiscación sin indemnización de las haciendas de los grandes terratenientes y de la Iglesia para repartirlas entre los jornaleros y campesinos pobres y apoyaba las ocupaciones de fincas (siempre que éstas estuviesen organizadas de acuerdo con los ayuntamientos), en todo momento se abstuvo de lanzar como consigna general la toma y reparto de la tierra. Y esta posición la mantuvo pese a que en regiones como Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía, se estaban generalizando las ocupaciones de fincas. Pero ni la falta de organización (algo normal entre el campesinado) ni la ausencia de apoyo por parte de los ayuntamientos (con el que se trataba de dar a dichas ocupaciones cierto respaldo legal) podían justificar esa actitud. Mucho menos podía justificarse con el argumento de que las ocupaciones espontáneas de fincas podían desembocar en colisiones entre los campesinos y las fuerzas armadas del Estado que, según la propaganda del Partido, la contrarrevolución pretendía provocar (115). ¿Acaso esas fuerzas armadas del Estado, como la odiada Guardia Civil, estaban defendiendo los intereses de los trabajadores? ¿No eran las mismas que asesinaban a los campesinos, como acababa de suceder en Yeste (Albacete), donde los muertos alcanzaron la veintena? ¿Qué sentido tenían entonces los llamamientos hechos a formar milicias obreras y campesinas? ¿Por qué ese temor a impulsar la iniciativa revolucionaria del campesinado?
Evidentemente, el PCE defendía la necesidad de la revolución agraria para liquidar el poder económico de la aristocracia terrateniente. Pero, en vez de movilizar a las masas campesinas y apoyarlas en sus iniciativas revolucionarias, se orientó hacia una política legalista, de otorgamiento. De esta manera trataba de evitar que un posible desbordamiento del movimiento campesino pusiese en peligro el frágil pacto con la burguesía republicana. Esta posición no dejaba de ser inconsistente, además de contradictoria, pues conducía al Partido a aislarse de los campesinos y a hacer el juego que interesaba a la burguesía. Este error, cuyas consecuencias se pondrán de manifiesto en la pasividad del campesinado pobre de algunas regiones frente a la sublevación fascista, no podía más que menoscabar el apoyo del campesinado al Frente Popular y debilitar la alianza del proletariado con los trabajadores del campo, sus principales y más seguros aliados. En el fondo, tanto éste como otros errores eran resultado de la confusión existente en el Partido sobre el carácter, las tareas y los métodos de la revolución, que estaba dando pie a que se abriese paso en él desde hace tiempo una concepción falsa, oportunista, de la revolución democrática.
Pese a todo, esos errores no invalidan la política de Frente Popular adoptada por el PCE ni cuestionan su empeño en impulsar la revolución y la lucha contra el fascismo. Que ésa era la táctica justa se evidencia en el hecho de que con ella se desarrollase el movimiento revolucionario de masas y fuese en aumento la influencia comunista, todo lo cual permitirá hacer frente al levantamiento militar fascista. Por lo demás, este breve período sirvió para que el Partido se ligase mucho más a la clase obrera y adquiriese una mayor experiencia para afrontar los problemas que se presentaban.
Desde el momento de producirse el levantamiento los dirigentes de los partidos democrático-burgueses y destacados líderes socialdemócratas, como Prieto, se niegan a armar al pueblo y tratan de pactar con los golpistas. Pero estos intentos de capitulación son echados abajo por los trabajadores madrileños que, siguiendo la consigna de ¡El fascismo no pasará!, lanzada por el Partido Comunista, se manifiestan masivamente ante la sede del Gobierno los días 18 y 19 de julio e imponen la formación de un nuevo gabinete presidido por Giral.
En Madrid, Barcelona, Bilbao y otras ciudades, los obreros son los primeros en hacer frente a los sublevados con las pocas armas que tenían a mano y los que realmente aplastan la sublevación, si bien en algún caso excepcional cuentan con el apoyo de algunos efectivos de las fuerzas de Asalto, de Carabineros e incluso de la Guardia Civil, como sucedió a última hora en la capital catalana. Aquí son los anarquistas, que previsoramente habían ocultado algunos pequeños depósitos de armas, los que desempeñan un papel relevante. En cambio en Madrid, particularmente en el asalto al Cuartel de la Montaña, principal reducto de los sublevados, ese papel correspondió a los comunistas. En otras ciudades en las que las organizaciones obreras eran más débiles, como en Galicia y Andalucía Occidental, la resistencia obrera y popular es enseguida aplastada. Este fue también el caso de Sevilla, en la que la presencia comunista era importante y donde la indecisión, unida a la imprevisión, permitió a los fascistas apoderarse de la ciudad tras reducir algunos focos de resistencia obrera en algunos barrios. En general, esa falta de previsión y preparación del Partido para hacer frente al golpe reaccionario se puso de manifiesto en todas partes. Y no precisamente porque se viese sorprendido por la sublevación (pues fue el primero en alertar a las masas sobre ella), sino por no haberse preparado previamente para enfrentarla de forma independiente y no estar a expensas del Gobierno.
Otro duro golpe para los fascistas fue la rebelión de la marinería que, tras detener y pasar por las armas a la mayoría de la oficialidad, se apoderó de gran parte de la flota. Debido a esto las tropas sublevadas en Marruecos encontraron serias dificultades para pasar el Estrecho de Gibraltar.
Aplastada la sublevación militar en las principales ciudades, buena parte de España se mantuvo en manos de las fuerzas populares. Con ello el enfrentamiento tomó el carácter de una guerra civil.
Con el ejército y demás cuerpos represivos sublevados o aniquilados por la resistencia popular, el aparato del Estado se hundió en la zona republicana, dando comienzo en el curso de la lucha a una verdadera revolución popular. Las autoridades civiles provinciales y locales fueron sustituidas por Comités, Juntas de Defensa o Consejos dominados por los partidos y sindicatos obreros en los que se dio participación a los representantes de los partidos democrático-burgueses. El Gobierno y la Generalitat eran las dos únicas instituciones que se mantenían en pie, pero sin ningún poder real, ya que éste residía en los Comités populares y, más concretamente, en las organizaciones obreras y sus respectivas milicias.
Dueños de la situación, los obreros se incautan de las fábricas, minas y compañías de servicios y transportes, incluidas empresas estatales, y, en otros casos, implantan un sistema de control de la producción y de la administración. Por su parte, los jornaleros y campesinos pobres se apoderan de las haciendas de los grandes terratenientes, creando cooperativas o bien explotándolas en común.
El entusiasmo revolucionario de las masas se hace particularmente patente entre los jóvenes. Desde los primeros combates, jóvenes obreros, campesinos y estudiantes están en primera línea. La juventud sostuvo sobre sus hombros, con abnegación y heroísmo, el mayor peso de la guerra. A ello contribuyó en gran medida la labor realizada por las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), creadas en vísperas del 18 de julio en base a la unión de las organizaciones juveniles comunista y socialista.
A esta oleada de entusiasmo revolucionario no permaneció ajena la mujer trabajadora. Su incorporación activa a la vida política, social y económica de la zona republicana fue todo un cambio revolucionario, por cuanto suponía una ruptura radical con prejuicios y hábitos ancestrales de relegación y discriminación de la mujer. Incluso muchas de ellas formaron parte de las milicias y hasta del ejército regular.
La resistencia popular contra el fascismo, unida a las transformaciones revolucionarias en curso, al despertar las iniciativas y las energías aherrojadas del pueblo por siglos de opresión y oscurantismo, generó un amplio y profundo movimiento cultural. Tanto en los frentes como en la retaguardia fueron realizados grandes esfuerzos para acabar con el analfabetismo y hacer accesible la instrucción y la cultura a los trabajadores. Con ese fin fueron creadas, a iniciativa del Partido, las Milicias de la Cultura. Estas no sólo enseñaban a leer y a escribir a los soldados (en su mayoría campesinos analfabetos), organizaban representaciones de teatro, etc..., sino que extendían su actividad a los pueblos, aldeas y cortijos más apartados. Al mismo tiempo fueron abiertas más de 10.000 nuevas escuelas y se crearon los institutos obreros con el fin de facilitar el acceso de los trabajadores a las universidades, que dejaron de ser cotos cerrados de la burguesía (116).
A esta tarea de dar instrucción a las masas trabajadoras contribuyeron con dedicación y entrega numerosos estudiantes, artistas e intelectuales. Estos últimos, en su mayoría, se pusieron del lado de la República y muchos de ellos, fundiéndose con los trabajadores y participando de sus problemas, sus luchas y anhelos, reflejaron en sus obras la epopeya que estaba protagonizando el pueblo.
En total, al comienzo, el territorio republicano contaba con una superficie de 270.000 km., comprendía 21 capitales de provincia y tenía una población de 14 millones de habitantes, mientras que el de los sublevados abarcaba una extensión de 230.000 km., englobaba 29 capitales de provincia y disponía de una población de 10 millones y medio de habitantes, si exceptuamos las colonias africanas.
Por lo que se refiere a los recursos económicos, la mayor parte de la industria y de las riquezas mineras se encontraban en la zona gubernamental, en tanto que en la otra zona dominaba con mucho el sector agrario. Pero, ni la primera estaba desprovista de recursos agrícolas con los que abastecer ampliamente a la población ni la segunda carecía de industria. En cuanto a otros recursos económicos, el Gobierno disponía de las reservas de oro del Banco de España, que eran bastante importantes, lo que no significaba que la reacción careciese de medios financieros. En este sentido, los depósitos bancarios de la oligarquía en el extranjero, la contribución económica de la Iglesia y el crédito internacional, aparte de otras importantes ayudas materiales, compensaron rápidamente con creces esa relativa ventaja inicial republicana.
En el plano político y social la República gozaba de una gran ventaja sobre las fuerzas reaccionarias, pues tenía el apoyo del proletariado, del campesinado pobre y de amplias capas de la pequeña y media burguesía y representaba una causa justa, todo lo cual suponía también un factor militar de primer orden. Precisamente, por esa falta de apoyo popular, la reacción tendrá que recurrir masivamente al terror para imponer su poder, ya que el exterminio sistemático de los cuadros y militantes de los partidos obreros y democrático-burgueses no bastaba. Y ése era su verdadero talón de Aquiles.
En cambio, en el terreno militar, pese a tener los republicanos la mayor parte de la marina de guerra y una parte de la aviación, la superioridad enemiga era aplastante.
La inmensa mayoría de los jefes y oficiales del ejército -unos 14.000 de los 16.000 existentes- secundó la rebelión (117). De ellos varios centenares, entre los que cabe destacar a más de una docena de generales que por diversos motivos no siguieron a los sublevados, fueron pasados por las armas. La República pagaba así las consecuencias de la política militar contemporizadora de los Azaña, Prieto y compañía. Al no llevarse a cabo la depuración del ejército, como pedía el PCE, y dejar en puestos claves del mismo a los militares africanistas, los fascistas pudieron contar con un ejército bien cohesionado y organizado, cuyo núcleo operativo más experimentado estaba constituido por las tropas mercenarias de la Legión y el Tercio de regulares marroquíes. A este ejército la República sólo pudo oponerle en un principio las milicias, algunos regimientos de soldados de reemplazo que no fueron disueltos y unos cuantos centenares de militares profesionales y, más tarde, un ejército regular en formación, siempre precariamente organizado y armado.
Pero estas ventajas y desventajas de cada campo se vieron pronto sensiblemente modificadas por la correlación de fuerzas desfavorable a la República en el plano internacional, que permitió a los fascistas cubrir sus carencias materiales, acrecentar su superioridad militar y ganar terreno.
Desde los primeros momentos la reacción tuvo el apoyo logístico y militar de los gobiernos fascistas de Portugal, Alemania e Italia. Mussolini envió a España varias divisiones con su correspondiente material, tanques y carros blindados, artillería y aviación; en total, unos 160.000 hombres. La ayuda hitleriana, si bien fue mucho menor en efectivos -unos 50.000- fue cualitativamente más importante debido al envío de asesores y técnicos militares, a la participación de la Legión Cóndor, a sus aportaciones en moderno material de guerra de diversas armas que sería probado por primera vez en España (por ejemplo, las bombas de fósforo), a su asesoramiento en técnicas de destrucción masiva propugnadas por las teorías militares nazis de la guerra total, etc... A cambio de todo ello, los imperialistas italianos y alemanes consiguieron numerosas concesiones mineras para abastecer su industria de guerra y otras ventajas. En cuanto a Portugal, la dictadura de Salazar se volcó en ayuda de los fascistas, dándoles todo tipo de apoyo y enviando a la Legión Viriato, formada por 20.000 efectivos (118).
Por otra parte, en el plano militar, hay que destacar también las levas efectuadas por los fascistas entre la población marroquí de la zona española e incluso francesa, que, en base a diversas fuentes, se podrían cifrar en casi 200.000 hombres a lo largo de toda la guerra (119). Dichas levas se vieron facilitadas por la política del Gobierno Giral y de Largo Caballero hacia Marruecos, no sólo contraria a declarar su independencia sino opuesta también a concederle siquiera un Estatuto de Autonomía como el de Cataluña, como le pidieron los representantes de la burguesía de Tetuán para dar su apoyo a la República (120). Gracias a esta política de resabios colonialistas e imperialistas de la burguesía democrática y de la socialdemocracia los fascistas pudieron contar con una retaguardia segura en el norte de Africa y utilizar al pueblo marroquí como carne de cañón. Bajo la promesa de dar la autonomía y la independencia al Rif una vez acabada la guerra y de algunas concesiones de tipo económico, la burguesía nacionalista marroquí respaldó activamente a la reacción española.
Tampoco faltó el apoyo político y material del Vaticano ni sus bendiciones, llegando a calificar la guerra contra el pueblo como cruzada, ni la ayuda de los medios financieros ingleses, franceses, yanquis y de otros países que tenían importantes intereses en España. Este fue el caso de la compañía petrolífera norteamericana Standard Oil que suministró de carburante a los fascistas durante toda la guerra, a crédito y sin limitación alguna, por tan sólo citar un ejemplo (121).
Pero lo que más limitó la capacidad defensiva de la República fue la política de neutralidad y no intervención de los gobiernos democráticos que, ante el temor al triunfo de la revolución popular en España y a sus repercusiones en sus propios países, se propusieron ahogar a la República, bloqueando sus costas y fronteras y privándola de la posibilidad de abastecerse de armamento, combustible, medicamentos y otros productos y materias primas de uso civil en los mercados internacionales. Incluso llegaron al final de la guerra a utilizar la intervención militar directa, cuando la marina británica, en connivencia con el gobierno francés, obligó a rendirse al baluarte republicano de Menorca (122). En cambio, esos mismos gobiernos dieron a los fascistas todo tipo de facilidades e hicieron la vista gorda ante la intervención militar de las potencias fascistas. De esta forma, las burguesías imperialistas inglesa, francesa y yanqui, principalmente, no sólo trataban de evitar fricciones con los imperialistas alemanes e italianos, sino también estimular con éstas y otras concesiones su agresión a la URSS.
Esta política de no intervención, que más tarde, en septiembre de 1938, desembocó en el Pacto de Munich, tuvo, además, el pleno respaldo de los dirigentes de la socialdemocracia internacional, que una vez más mostraron su subordinación al imperialismo. Estos no sólo boicotearon la solidaridad de los trabajadores que estaban bajo su influencia con la República, sino que a lo largo de toda la guerra alentaron la lucha de sus compinches españoles contra el Partido Comunista e hicieron todo lo posible por empujar a las fuerzas populares a la capitulación.
Por su parte, la República contó con la solidaridad y simpatía de los trabajadores y antifascistas de todo el mundo, conscientes de la trascendencia internacional del combate que se estaba librando contra el fascismo en nuestro país. La expresión más sobresaliente de la solidaridad del proletariado mundial fueron las Brigadas Internacionales, integradas por 35.000 voluntarios de la libertad -en su mayoría comunistas-, pertenecientes a más de medio centenar de nacionalidades. Si bien militarmente las Brigadas Internacionales no supusieron un factor decisivo, como le atribuye a veces la reacción, no cabe duda que tuvieron un gran valor simbólico y moral, al poner de manifiesto la identidad del proletariado internacional y los pueblos oprimidos del mundo con la lucha de los pueblos de España contra el fascismo y el imperialismo. En los campos de batalla dejaron su vida más de 5.000 internacionalistas.
A la causa popular dio su apoyo también la intelectualidad progresista de la época, siendo una muestra de ello el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia en julio de 1937.
Sin olvidar el apoyo del Gobierno mexicano, más simbólico que real, sólo hubo un Estado, la URSS, que prestase un apoyo efectivo a las fuerzas populares. La Unión Soviética proporcionó a la República las materias primas que necesitaba, como petróleo y derivados, algodón, material sanitario, productos alimenticios, maquinaria, bienes de equipo y armamento. Algunas remesas, como ropa, medicinas y alimentos, fueron sufragadas con colectas organizadas por los trabajadores soviéticos que, en el transcurso de la guerra, recogieron más de 274 millones de rublos (123).
A petición del Gobierno republicano la URSS envió como voluntarios a unos 3.000 asesores y técnicos militares y civiles que jugaron un notable papel en la preparación e instrucción del ejército popular, en la organización de los estados mayores y servicios de retaguardia, en la creación de escuelas militares y en la organización de una industria de guerra. Incluso muchos de ellos, especialmente aviadores y tanquistas, participaron directamente en los combates (124).
Así mismo, también tuvo su importancia la actividad diplomática del Gobierno soviético en apoyo de la República, sus denuncias de la intervención militar italo-alemana y su labor de desenmascaramiento de la política de no intervención.
No obstante, la ayuda soviética a la República, con ser importante, fue considerablemente inferior a la proporcionada por los imperialistas a la reacción. Pero, aunque hubiese sido mayor, no habría podido modificar esencialmente el curso de los acontecimientos ni cambiar una correlación de fuerzas tan desfavorable al pueblo.
En cuanto a las contradicciones de las fuerzas en pugna, no sólo se limitaban a la que enfrentaba a la oligarquía financiero-terrateniente y al pueblo, sino que, además, en cada campo existían a su vez divergencias de intereses o contradicciones que no, por ser secundarias, carecían de importancia.
En el bando fascista, si bien la oligarquía financiera -la fuerza hegemónica- y la aristocracia terrateniente convergían en la necesidad de aplastar la revolución, divergían, sobre todo, en cuanto a la solución a dar al problema de la tierra, dado que la persistencia de unas estructuras agrarias atrasadas era un importante escollo para el desarrollo capitalista.
Sin embargo, debido a que el problema no podía ser resuelto de inmediato y a que en su solución los intereses agrarios de la aristocracia se iban a ver en alguna medida afectados, como más adelante veremos, la alianza de ésta con la gran burguesía financiera no estaría exenta de tensiones desde el comienzo de la guerra. Así se explica que la imposición de Franco (el candidato designado por los sectores más influyentes de la oligarquía para ponerse a la cabeza del Movimiento) estuviese precedida por una áspera lucha con los partidos que representaban a diferentes sectores de la aristocracia dispuestos a imponer a militares como Sanjurjo o Mola. Y otro tanto ocurrió con Falange, el grupo político que por su ideario fascista e imperialista mejor expresaba las aspiraciones y necesidades del capital monopolista. De esta forma desde los partidarios de Alfonso XIII a los del pretendiente carlista, pasando por la CEDA, Renovación Española, el Partido Agrario, la Lliga de Cambó, todos -con concesiones o sin ellas y por las buenas o por las malas- tuvieron que integrarse en Falange y plegarse a la férrea unidad impuesta por Franco. Hasta el punto de que éste no dudó en represaliar a algunos dirigentes falangistas reacios a ella o enviar al exilio a otros como al carlista Fal Conde, a Gil Robles o a Cambó.
En el campo republicano, dada la heterogeneidad de las fuerzas políticas y sociales aliadas, la agravación de las contradicciones y el enfrentamiento a que daban lugar se mantenían en estado latente. De ahí la importancia de preservar a toda costa y en todos los terrenos la independencia del Partido. Sólo así podría éste desempeñar un papel aglutinador y hacerse realidad la dirección y hegemonía del proletariado en la revolución democrática. Hegemonía que, como advertía José Díaz, no significaba una imposición sin más, sino una garantía para la firmeza de la política de Frente Popular, una garantía para la firmeza de la dirección de la guerra (124).
Los partidos democrático-burgueses, desbordados por la lucha revolucionaria de las masas y temerosos de una victoria popular, fluctuaban entre la capitulación y la resistencia. Los dirigentes socialdemócratas estaban divididos en diversas facciones enfrentadas: unos seguían los pasos de la burguesía democrática, otros colaboraban con los comunistas y hasta no faltaban quienes trataban de imitar a los anarquistas, pretendiendo colectivizarlo todo y desentendiéndose de la guerra. Por su parte, los faístas, que controlaban la CNT, al considerar que la guerra era cuestión de pocos días, se aprestaron a implantar el comunismo libertario. En Aragón y Cataluña, donde era mayor su influencia, llegaron a tener en sus manos todo el poder político, económico y militar. Y, como manifiesta Comorera, secretario general del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), no supieron qué hacer con él. No supieron -añade- hacer la revolución. No supieron hacer la guerra [...] Eran antipolíticos y formaron gobierno. Eran antiestatales y crearon un aparato de Estado policíaco y vengativo. Eran antiautoritarios y organizaban las patrullas de control [...] Imitando a los republicanos del siglo pasado, que decían: ‘sálvense los principios aunque se pierda la República’, proclamaron: ‘ganemos la Revolución aunque se pierda la guerra’. Y pretendían ‘ganar la Revolución’, organizando la indisciplina (125).
Una posición parecida, aunque desde una perspectiva pretendidamente marxista, sostenía el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), con cierta implantación en Cataluña. Este partido, formado por grupos trotskistas escindidos del PCE a comienzos de los años treinta, no cesaba de hacer llamamientos a instaurar la dictadura del proletariado para ganar la guerra.
Unicamente los comunistas, guiándose por la política de Frente Popular, mantuvieron una posición consecuente y firme, que explica que se llegaran a convertir en la primera fuerza política y militar republicana. A diferencia de las demás organizaciones obreras y de los partidos democrático-burgueses, para el Partido Comunista la guerra y la revolución estaban indisolublemente unidas. Ganar la guerra no sólo suponía impedir que la oligarquía financiero-terrateniente implantase un régimen fascista-monopolista y asegurar las conquistas democrático-revolucionarias, sino también crear las condiciones para hacer avanzar la revolución al socialismo, cosa que en ese momento no era posible debido al atraso económico del país, a la debilidad de la clase obrera y a la desfavorable situación internacional. Por esa razón el Partido definió la guerra como revolucionaria, añadiéndole la caracterización de nacional, por considerar que tanto Hitler como Mussolini querían adueñarse de España para repartírsela (126).
Ese peligro se hizo evidente a la vista de la envergadura de la intervención militar italo-germana, del interés político, estratégico y económico de los imperialistas alemanes e italianos por nuestro país y ante la posibilidad de que dicha intervención se convirtiese en una verdadera ocupación, sobre todo, en el caso de una eventual victoria de las fuerzas republicanas. Por otra parte, había motivos fundados para pensar que los imperialistas ingleses, franceses y de otros países no iban a permanecer al margen de un posible reparto, dada la importancia de sus intereses en España y su posición estratégica de cara a un previsible conflicto interimperialista en Europa. Esto era algo que se desprendía de la política de no intervención y que sería hábilmente aprovechado antes y después de la guerra por la gran burguesía financiera española para no caer en la dependencia de unas u otras potencias y aprovecharse de la ayuda de todas ellas para aplastar la revolución popular. Por eso no era del todo incorrecto utilizar tácticamente el sentimiento nacional (sin olvidar, al mismo tiempo, que España era un Estado multinacional) para movilizar a las masas, alertarlas sobre ese peligro, estrechar la unidad de todos los pueblos hispánicos en la lucha contra el fascismo y el imperialismo y desenmascarar la utilización propagandística que de ese sentimiento estaba haciendo la reacción para encubrir la intervención militar nazi-fascista. Pero nunca hasta el punto de situarlo al mismo nivel del carácter revolucionario y antifascista de la guerra o en un lugar preeminente, como si se tratara de una guerra de liberación nacional contra un ocupante extranjero, como así ocurrió. Pues de esta forma, mientras no se produjese una verdadera ocupación, se corría el riesgo de confundir a las masas y desviar al Partido de sus objetivos revolucionarios. No por casualidad los carrillistas se basarán más tarde en esta caracterización y en la consideración de España como una colonia para cambiar la línea de resistencia del Partido por la de reconciliación nacional y de claudicación ante el fascismo, hasta llevarlo, finalmente, a la liquidación.
No obstante, aunque el Partido definiese erróneamente la guerra como nacional, desde un principio no perdió de vista su carácter revolucionario y antifascista y actuó en consecuencia. Bajo esta perspectiva movilizó a la clase obrera y a los demás sectores populares y se puso a organizar un ejército popular, comenzando por crear el V Regimiento. Y en base a esa misma perspectiva dio su apoyo al Gobierno de Giral, formado exclusivamente por los partidos democrático-burgueses, a la vez que le apremió a legalizar las medidas revolucionarias impuestas por las masas o bien a tomar otras encaminadas a acabar con el poder económico de la oligarquía financiero-terrateniente, a liquidar los restos del viejo aparato estatal, a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y a organizar la resistencia.
El Gobierno de Giral se vio obligado, pues, a tomar algunas disposiciones en ese sentido, tratando al mismo tiempo de limitar su alcance revolucionario. Sobre todo a la hora de liquidar los restos del viejo aparato estatal y, especialmente, en lo que se refiere a lo que quedaba del ejército y de otros cuerpos represivos, que en ese momento no fueron depurados. Incluso ni siquiera disolvió a la Guardia Civil, el cuerpo represivo de más negra historia, sino que la mantuvo bajo el nombre de Guardia Nacional Republicana. Lógicamente, la burguesía democrática pretendía conservar lo que quedaba del viejo Estado para reconstruirlo, permitiendo así que en puestos, a veces importantes, del aparato del Estado republicano que se vaya construyendo permaneciesen emboscados elementos reaccionarios y capitulacionistas que en el curso de la guerra actuaron como quintacolumnistas. Lo mismo ocurrió con las medidas gubernamentales adoptadas contra la gran burguesía financiera y los terratenientes.
Debido a todo esto, a su incapacidad y falta de decisión para hacer frente a los militares sublevados, que se aprovecharon de ello para conquistar Extremadura, Guipúzcoa y otros lugares, la permanencia del Gobierno de Giral se hizo insostenible. Presionados por el Partido Comunista y por las masas, los partidos democrático-burgueses recurrieron una vez más a la socialdemocracia como tabla de salvación.
El 4 de septiembre se formó un nuevo gabinete presidido por Largo Caballero, el líder socialdemócrata de más prestigio entre los trabajadores y el más maniobrero. En el mismo figuraban Izquierda Republicana, Unión Republicana, la Esquerra Republicana de Cataluña, el PSOE y el PCE, que fue incorporado a instancias de Largo Caballero tras convencer a los Azaña y compañía. Y no porque simpatizase con los comunistas, pues era enconadamente hostil a ellos, sino porque, como buen oportunista, era suficientemente perspicaz como para darse cuenta de la conveniencia de no dejar fuera del Gobierno a la principal fuerza política y militar republicana. En posteriores remodelaciones serían incluidos también en el gabinete el PNV y la CNT-FAI, cuya actitud de rechazo al Frente Popular comenzaba a cambiar. Con ello se puede decir que por primera vez se constituía un gobierno representativo de todas las fuerzas políticas y sociales que se enfrentaban al fascismo.
A este respecto puede ayudarnos a comprender mejor la trascendencia del problema capital de la independencia la experiencia del Partido Comunista de China.
Como señala Mao, la burguesía nacional china, representada por el Kuomintang, adoptaba frente a los problemas de la revolución democrática y de la guerra contra el imperialismo japonés (1937-1945), al igual que por entonces la burguesía democrática española con respecto al fascismo, una doble política: por un lado se pronunciaba a favor de la unidad y la resistencia, mientras que, por otro, se negaba a tomar medidas políticas y económicas favorables al pueblo, ejercía una presión política e ideológica constante sobre el Partido Comunista y, si ésta no daba resultado, desencadenaba la represión contra las fuerzas progresistas a la vez que tendía al compromiso y claudicación ante los imperialistas japoneses.
Para responder a esta doble actitud, después de haber aprendido de los errores cometidos durante la primera guerra revolucionaria (1924-1927), el PCCh adoptó también una doble posición: al mismo tiempo que llamaba a la unidad con el Kuomintang para hacer frente a los japoneses, se enfrentó decididamente a su política reaccionaria y claudicadora en los terrenos ideológico, político y militar, defendiendo la necesidad de resolver los problemas de la revolución democrática, como el de la tierra o el del derecho del proletariado a expresarse y organizarse para defender sus intereses, pues sólo así se podía movilizar a todo el pueblo en la lucha contra el imperialismo japonés. Esta es -decía Mao- la doble política revolucionaria que oponemos a la doble política de los recalcitrantes; ésta es nuestra política de unidad por medio de la lucha (127). Por eso mismo, Mao defendía también con intransigencia el principio de dirección absoluta del Partido Comunista (128) sobre sus fuerzas armadas, sin por ello negarse a cooperar militarmente con el Kuomintang para combatir al Japón.
¿Adoptó el PCE esa política de unidad por medio de la lucha a la que se refiere Mao? ¿Preservó su independencia?
Si el Gobierno de Largo Caballero, como después el de Negrín, tomó medidas más enérgicas en el terreno político, económico, social y militar, que contribuyeron a establecer y desarrollar una República democrática de nuevo tipo, no cabe duda que fue debido fundamentalmente a la presión del Partido Comunista que en todo momento se apoyó en las masas. Entre esas medidas políticas hay que destacar, además de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Euskadi, las orientadas a acabar con el control de la gran burguesía sobre la banca pública y privada, que supusieron casi una nacionalización, y, sobre todo, la confiscación por el Estado, sin indemnización, de las tierras de los terratenientes que apoyaban a los fascistas y su reparto a los jornaleros y campesinos pobres para su cultivo individual o colectivo. En realidad, el decreto sobre la tierra del 7 de octubre supuso el reconocimiento gubernamental de las ocupaciones llevadas a cabo por los campesinos desde el 18 de julio. En total, fueron confiscadas a los terratenientes y a la Iglesia más de 4 millones de hectáreas que representaban más del 20 por ciento de la tierra sembrada en toda España en 1935 (130). Además, el Gobierno anuló las deudas de los campesinos y les proporcionó ayudas económicas, créditos, semillas, fertilizantes y, en algunos casos, maquinaria agrícola.
Aunque el decreto sobre la tierra se limitaba sólo a los terratenientes que apoyaban a los fascistas, medida que en aquellas circunstancias era conveniente tener en cuenta, no afectaba a su alcance y trascendencia, ya que prácticamente todas las tierras y propiedades de la aristocracia terrateniente y de la Iglesia de la zona republicana fueron confiscadas.
Todas estas medidas, a algunas de las cuales, como fue el caso de esta última, negaron su apoyo los partidos democrático-burgueses, contribuían a fortalecer la unidad y la resistencia popular. Y más aún tratándose del campesinado, que constituía la gran mayoría de la población y de la masa de combatientes. Por eso se puede decir que la República comenzaba a tener un nuevo carácter. Esta es la razón de que su Presidente, Azaña, se lamentase en plena guerra, mucho antes de que tuviese lugar el golpe casadista, de no tener la fuerza para impedirlo. La obra revolucionaria -afirmaba- comenzó bajo un gobierno republicano que no quería ni podía patrocinarla. Los excesos comenzaron a salir a la luz ante los ojos estupefactos de los ministros. Recíprocamente al propósito de la revolución, el del gobierno no podía ser más que el de adoptarle o reprimirle. Es dudoso que contara con fuerzas para ello. Seguro estoy de que no las tenía. Aún teniéndolas, su empleo habría encendido otra guerra civil (131).
Esa hubiera sido muy probablemente la actitud de la burguesía democrática si el Gobierno hubiera tenido fuerza suficiente para reprimir el movimiento revolucionario de masas y poder llegar a un compromiso con los fascistas, como de hecho intentó nada más producirse la sublevación militar. Así que, si en un principio no pudo oponerse frontalmente a las masas e imponer totalmente sus propósitos, fue porque el pueblo -formado en su mayoría por el campesinado y el proletariado- estaba armado y porque, sobre todo, se lo impedía la existencia de un Partido Comunista fuerte, arraigado en las masas, con un programa revolucionario. Otra cosa es, claro está, el porqué la burguesía democrática va a conseguir reponerse de esa situación de debilidad y mantener su hegemonía hasta el punto de atreverse en la etapa final de la guerra a encender otra guerra civil. Pero, sobre esto nos extenderemos más adelante, aunque tenga mucho que ver con las cuestiones que ahora estamos analizando. Es decir, con el riesgo de supeditación del Partido a la burguesía democrática y al Gobierno como consecuencia de la adopción o aceptación de planteamientos que no llevaban al desarrollo de una revolución democrática de nuevo tipo y a la victoria del pueblo contra el fascismo. Y ese riesgo pendía sobre la actuación del Partido ya que no tenía una concepción clara, como venimos viendo, sobre el carácter, tareas y métodos de la revolución ni sobre cómo abordar el tratamiento de las contradicciones en el seno del Frente Popular. Eso explica que desde el principio el Partido adoptase frente al problema de la independencia una actitud ambigua, vacilante, propugnando la unidad incluso en los momentos en que era preciso desarrollar una lucha vigorosa contra los partidos burgueses y reformistas.
Por eso mismo era tan importante garantizar también la independencia militar, cosa que no hizo el Partido al dar su total respaldo a las medidas militares tomadas por Largo Caballero y perder el control de sus fuerzas armadas.
La única fuerza militar operativa seria que había en el campo republicano era el V Regimiento, organizado por el PCE en Madrid. En él estaban integradas fundamentalmente las primeras milicias formadas tanto por el Partido como por las Juventudes Socialistas Unificadas, numerosos obreros socialistas y ugetistas, algunos militares profesionales de tendencia progresista y otros antifascistas. Concebido como un embrión de ejército regular, disponía de un Estado Mayor, de escuelas de capacitación militar, de servicios de intendencia, transportes, enlaces y transmisiones, de servicios de sanidad, etc... Mas, al mismo tiempo, se diferenciaba de un ejército convencional por la presencia en él de los comisarios políticos, cuya misión consistía en apoyar a los mandos militares y mantener elevada la conciencia y moral revolucionaria de los combatientes, ya demostrada desde los primeros combates defensivos y ofensivos de las Sierras de Guadarrama, Somosierra y otros lugares. En sus unidades llegarían a estar encuadrados más de 70.000 combatientes. De ellos y de sus jefes salieron numerosos y capaces mandos del ejército popular que llegarán a estar al frente de divisiones y cuerpos de ejército.
Teniendo como modelo el V Regimiento, el Partido también organizó sus milicias en otros lugares. Y otro tanto hicieron el PSUC y el PC de Euskadi.
Por su parte, los demás partidos y sindicatos obreros tenían a su vez sus propias milicias, mientras que el Gobierno disponía de varios centenares de jefes y oficiales y de algunos regimientos, aparte de diferentes unidades de Carabineros, de las fuerzas de Asalto y de la Guardia Nacional Republicana, así como la flota y la aviación.
Con estas fuerzas dispersas y mal organizadas era evidente que la República no podía hacer frente al ejército fascista. Ante esta situación, frente a la simple militarización de las fuerzas milicianas con las que los partidos democrático-burgueses y la socialdemocracia pretendían organizar un ejército regular a imagen y semejanza del anterior, el Partido propuso la formación de un ejército popular integrado por las milicias, con un mando único, del que formaran parte los jefes de las mismas y aquellos militares profesionales fieles al pueblo. Esta propuesta iba también acompañada por el establecimiento de un Comisariado General de Guerra que centralizase e impulsase la labor de los comisarios políticos.
La iniciativa comunista fue aceptada, salvo en lo que se refiere a la composición de los órganos de dirección del ejército, que estarían exclusivamente formados por militares profesionales. De esta forma, el Gobierno, en el que la burguesía con la ayuda de la socialdemocracia llevaba la voz cantante, se arrogaba en última instancia la dirección de las fuerzas armadas populares a través de sus mandos de confianza. A todo ello dio su asentimiento el Partido y, mientras que otros, como los nacionalistas vascos y catalanes, anarquistas e incluso socialistas, se negaban a prescindir de sus milicias respectivas, el PCE fue el primero en comenzar a disolver el V Regimiento para formar con las unidades disueltas las primeras brigadas del nuevo ejército. En él, durante bastante tiempo, los comunistas serían mayoritarios, pues como norma general, más de la mitad de los militantes del Partido -la cifra máxima llegó casi a superar los 150.000- estuvieron siempre en el frente (132).
La formación de un ejército regular tenía importantes implicaciones políticas y militares que no fueron tenidas en cuenta por la dirección del Partido.
El hecho de que el PCE disolviese sus fuerzas armadas y las integrase en un ejército regular sin poder ejercer sobre éste ni sobre sus unidades ningún tipo de dirección, no sólo conllevaba la renuncia a seguir una política independiente en el terreno militar y suponía una clara supeditación al Gobierno, es decir, a la burguesía democrática, sino que también se privaba de un instrumento esencial para hacer frente a sus posibles medidas represivas. Estas, dado el carácter oscilante de sus aliados y la mentalidad anticomunista predominante entre ellos, no eran descartables.
Por lo pronto, las primeras medidas para limitar la influencia comunista en el ejército, algunas de ellas anuladas después bajo Negrín, fueron tomadas por el gobierno de Largo Caballero. Entre otras, la de limitar el ascenso de los jefes procedentes de las milicias al grado de Mayor, independientemente de la entidad de las unidades que mandasen; negar la entrada a las escuelas militares a los combatientes que no estuviesen avalados por la CNT o la UGT, etc. Por no referirnos a las cortapisas puestas a los comisarios políticos identificados con la política de resistencia -fuesen comunistas o no- o a la limpieza efectuada por Prieto en el Comisariado de Guerra hasta llegar a transformarlo en un organismo burocrático.
Otra cosa sería si el Partido hubiese integrado el V Regimiento u otras fuerzas sin disolverlas, como unidades regulares del ejército republicano, pero bajo su control, preservando así -como decía Mao- el principio de dirección absoluta sobre ellas. En ese caso, no se hubiese atado las manos y puesto una soga al cuello, pues eso le habría permitido mantener su independencia y capacidad de decisión para adoptar la táctica y estrategia que creyese más conveniente para ganar la guerra y haber organizado la guerra de guerrillas en la retaguardia enemiga, como en un principio se propuso, al tiempo que ese tipo de integración le permitía contribuir a la unidad del Frente Popular en el terreno militar. Incluso, de esa forma, hubiera podido imponer la presencia de sus jefes militares en los centros de decisión del ejército.
En cuanto a un plano militar general, es indudable que la formación de un ejército regular mejoraba, a corto y medio plazo, la capacidad defensiva de la República. Pero no sucedía lo mismo a largo plazo. Dada la correlación de fuerzas tan desfavorable al pueblo, que le impedía ganar la guerra en un corto período de tiempo, la práctica de una guerra exclusivamente regular, de defensa de posiciones y movimientos, no podía más que desfondar al ejército republicano y conducirle a la derrota.
La correlación de fuerzas en las filas obreras, especialmente en Catalunya, donde el anarcosindicalismo tenía más peso, fue cambiando en favor del PSUC, lo que, inevitablemente, se tenía que reflejar en los órganos de gobierno. En diciembre de 1936 el Consejo de la Generalitat de Catalunya fue reorganizado, saliendo del mismo un representante de la CNT y el poumista Andreu Nin. Pero en esa reorganización se volvió a hacer una concesión a los anarquistas, dejando en sus manos la Consejería de Defensa, aún a sabiendas de que estaban llevando a cabo toda una campaña contra la movilización general y la integración de todos los combatientes en el Ejército Popular. Por aquellas fechas, una hoja anarquista decía que en la guerra moderna tiene importancia la técnica y la estrategia, pero no la disciplina, que presupone la negación de la personalidad. Así, en el frente de Aragón, en el que al principio de la guerra combatían 42.000 hombres pertenecientes a diferentes agrupaciones anarcosindicalistas, meses después sólo quedaban 18.000, que poco a poco fueron volviendo a Barcelona o al resto de las ciudades catalanas para apoyar los llamamientos de sus jefes a hacer la revolución. Ruta, el periódico de las juventudes libertarias, pregonaba su negativa a defender la República, a la que calificaban de régimen burgués. Otro tanto hacía la prensa de los trotskistas. Los anarquistas, que controlaban las fronteras con Francia, los puertos y las comunicaciones, llegaron hasta interferir las conversaciones del Presidente de la República. Los incidentes se multiplicaban. De esta forma se fue calentando el ambiente hasta que el 3 de Mayo, uno de esos incidentes hizo estallar la revuelta. El conseller de Interior de la Generalitat ordenó la toma de la Telefónica. Fue recibido con un tiroteo. Inmediatamente Barcelona se llenó de barricadas. Los faístas presentaron un ultimátum al gobierno catalán exigiendo la disolución de todos los partidos políticos y de las fuerzas armadas de la Generalitat. Grupos armados llegados del frente (que no se derrumbó gracias a los esfuerzos de algunos responsables cenetistas que, junto a combatientes del PSUC, lograron mantenerlo) se lanzaron al asalto de las sedes institucionales, del PSUC, de la UGT, del Casal Carles Marx, etc. El resultado fueron 500 muertos.
Durante los meses que siguieron a los sucesos de Mayo, el PSUC trató de impedir el choque armado entre organizaciones obreras, no respondiendo a las continuas provocaciones y los asesinatos de sus militantes. Pero ante el levantamiento de los faístas y los poumistas, tanto el Partido como las Juventudes y la UGT movilizaron todas sus fuerzas para sofocarlo. De todos modos esa aventura estaba condenada al fracaso, pues ni los faístas ni los trotskistas consiguieron arrastrar a la masa de obreros confederales, que se mantuvo en todo momento al margen.
El levantamiento de Mayo costó muy caro al anarquismo. La CNT, principal sindicato obrero de Catalunya hasta entonces, perdió mucha influencia, siendo paulatinamente desplazada por la UGT. La autonomía de Catalunya también resultó perjudicada, pues si bien era correcta la decisión de colocar bajo el mando del gobierno central todas las fuerzas militares, para crear una única dirección de la guerra, no lo era la de incautarse también de las funciones de orden público, atribuidas a la Generalitat por el Estatuto del 32. Esta medida contra las prerrogativas autónomas hirió los sentimientos nacionales y tuvo serias consecuencias para el futuro.
La negativa de Largo Caballero a tomar medidas contra los instigadores del levantamiento de Barcelona (aduciendo que se trataba de un enfrentamiento entre partidos) provocó su caída del Gobierno y su sustitución por Negrín. En parte, el PCE adquirió mucho más peso en el nuevo gobierno, pero ese mismo hecho tuvo algunas repercusiones negativas. Su temor a romper la unidad en el Frente Popular le llevaba a no denunciar clara y abiertamente las vacilaciones del gobierno y del resto de los partidos que lo componían y, sobre todo, a no desenmascarar la tendencia a la creación de un bloque anticomunista, encabezado por los caballeristas y sus nuevos aliados anarquistas y por algunas otras formaciones republicanas y nacionalistas. En realidad, bajo la capa de esa alianza anti-PCE que se estaba fraguando, lo que realmente se escondía era una política de capitulación ante los fascistas y de entrega de la República Popular a la que, a partir de ese momento, sólo el PCE defendería encarnizadamente. Los sucesos de Mayo no fueron más que el preludio de lo que más tarde sucedería en Cartagena y del posterior golpe casadista.
El PCE y el PSUC no supieron extraer experiencias de lo sucedido en Barcelona. No vieron que la lucha contra el anarquismo no se podía llevar a cabo desde la posición de defensa a ultranza de la legalidad republicana, sino desde una posición de lucha independiente, de defensa de la República Popular que preservara al mismo tiempo la unidad combativa de la clase obrera y sus conquistas revolucionarias. Además, el PCE y el PSUC no supieron hacer distinciones entre las diferentes corrientes anarquistas, ni sacar partido de las disensiones que había entre ellas; ni siquiera se plantearon atraerse la amistad de sus líderes más combativos y honestos. De esa forma, muchos obreros cenetistas, hartos de aventuras, pero completamente desorientados, cayeron bajo la influencia de los socialdemócratas y de los nacionalistas.
Madrid, como centro político de la República, era el objetivo estratégico de los sublevados y a su consecución subordinaron sus planes operativos desde el comienzo de la guerra. A primeros de noviembre de 1936, después de culminar el exitoso avance de sus tropas por Extremadura, Cuenca del Tajo y Guipúzcoa, el mando fascista daba por segura la conquista inmediata de la capital madrileña. Con ese fin concentró el grueso de sus mejores y más potentes efectivos: la Legión y el Tercio, las fuerzas del general Mola y el grueso de la artillería y aviación integrada fundamentalmente en ese momento por las escuadrillas alemanas, italianas y portuguesas.
Ante tan poderosas fuerzas, ni el Gobierno ni los militares profesionales ni ningún partido, salvo los comunistas, confiaban en que Madrid pudiese resistir. Y, sin embargo, resistió gracias a que el Partido Comunista, con la ayuda del V Regimiento, movilizó y organizó a todo el pueblo en su defensa. El no pasarán, consigna enarbolada por el Partido, se convirtió en la bandera de lucha del movimiento popular.
El general Rojo, entonces teniente coronel y jefe del Estado Mayor de la Defensa de Madrid (formado precipitadamente el día 6 de noviembre, la víspera del primer gran ataque), diría años más tarde: Madrid quería batirse: carecía de armas, de organización, de fortificaciones, de jefes, de técnica; poseía, en cambio, una superabundancia de moral exaltada y de pequeños caudillos, de una masa ciudadana dispuesta a cumplir su deber histórico a costa de cualquier sacrificio [...]. La mutación era tremenda: parecía como si al marchar el Gobierno a Valencia, llevando consigo el manto de pesimismo y de desconfianza que todo lo cubría, hubiera salido a la luz una verdad dormida en el fondo popular, un espíritu de lucha hasta entonces ignorado, y esto era la fuerza mayor que teníamos en la mano, porque representaba la voluntad colectiva de defenderse sostenida por una fuerza moral que no se detenía ante el sacrificio (133).
En la defensa de Madrid participaron también, además de otras fuerzas anarquistas y socialistas, columnas milicianas llegadas de Cataluña, como la mandada por el dirigente anarquista Durruti y la organizada por el PSUC, así como las primeras unidades de las Brigadas Internacionales.
Para doblegar la resistencia de sus defensores, el ejército fascista, aconsejado por los expertos militares alemanes, sometió a la ciudad a intensos bombardeos indiscriminados que provocaron innumerables víctimas entre la población.
Aunque los combates por Madrid continuaron, el fracaso de este primer intento supuso para las fuerzas reaccionarias su primera gran derrota militar después de la que le habían infligido las masas populares en las jornadas revolucionarias de julio y una gran victoria política y moral para la República. Por esa razón la defensa de Madrid se convirtió en símbolo de la resistencia popular contra el fascismo, incluso más allá de nuestras fronteras. Por lo demás, si alguna enseñanza se desprendía de esta heroica gesta, era la gran importancia, como factor determinante y decisivo, del apoyo activo y revolucionario de las amplias masas populares y su necesaria contribución a las tareas de la guerra.
Esta gran victoria tuvo también sus consecuencias políticas. Por un lado, demostró a los trabajadores y a todos los partidos que era posible resistir y vencer al ejército fascista y a las fuerzas internacionales que le apoyaban, fortaleció la unidad combativa de las fuerzas populares y aumentó el prestigio e influencia del Partido entre las masas; pero, por otro, desató la animadversión e inquina de los líderes de los partidos democrático-burgueses, socialdemócratas y faístas contra los comunistas, temerosos de su creciente influencia y de que impusiesen su hegemonía.
A partir de febrero de 1937, ante los sucesivos fracasos por tomar Madrid, el mando fascista cambió de táctica: del ataque frontal pasó a llevar a cabo operaciones ofensivas de envolvimiento por el Jarama (a principios de ese mes) y por Guadalajara (en la segunda semana de marzo).
Ambas fueron desbaratadas por las contraofensivas republicanas, apoyadas por un importante despliegue de tanques y aviación, hecho posible por la llegada de material y técnicos militares soviéticos. La más decisiva fue la que dio lugar a la conocida como batalla de Guadalajara, donde, por primera vez, los republicanos derrotaron en campo abierto a una gran fuerza enemiga, muy superior en número de hombres y armamento, como la del Cuerpo Expedicionario enviado a España por Mussolini. Por ello esta victoria militar, política y moral republicana, a la que contribuyeron dos brigadas internacionales en las que estaban encuadrados varios centenares de antifascistas italianos, tuvo tanta repercusión y resonancia internacional.
Pero estas contraofensivas y victorias, en las que se hacían patentes los progresos hechos por las fuerzas populares en el dominio del arte y de la técnica militar, revelaron, al mismo tiempo, sus debilidades. Tanto en la batalla del Jarama como en la de Guadalajara, pese al heroísmo derrochado, el ejército republicano no pudo explotar a fondo sus maniobras ofensivas debido a la deficiente dirección de las mismas, a la subestimación de las fuerzas enemigas, a la falta de experiencia, a la ausencia de reservas y al tremendo desgaste sufrido. Pero, sobre todo, a causa de la superioridad militar del enemigo. Por estos motivos las fuerzas republicanas, después de su avance, se vieron obligadas a replegarse más tarde a sus posiciones de partida, al no ser capaces de contener los contraataques fascistas, y a adoptar la defensa de posiciones, cosa que durante toda la guerra será una constante.
Tras ambas batallas, que en su conjunto forman parte de la campaña por la defensa de Madrid, los fascistas abandonaron momentáneamente el plan de tomar directamente la capital y orientaron sus principales fuerzas hacia la conquista de la franja republicana del norte, culminándola el 20 de octubre de 1937.
La pérdida del norte fue un duro golpe político, económico, militar y moral para la República que hizo creer a la reacción y al imperialismo en una victoria inmediata. Pronto se verían sorprendidos. A finales de año el ejército republicano emprendió una audaz ofensiva en el frente de Aragón con el objetivo de prevenir un posible ataque enemigo a Madrid y tomar Teruel. El 8 de enero de 1938 las fuerzas populares, después de sitiar la capital turolense, conseguían la rendición de las tropas que la defendían.
Militarmente, la operación fue un éxito. Si Madrid fue, en el panorama de la guerra española la defensa de la República -afirma el general V. Rojo- Teruel constituye la primera gran proeza ofensiva de su ejército: allí se revela éste capaz de realizar una maniobra militar completa, bastándose siete días de ataque para reducir una bolsa de mil kilómetros cuadrados, dieciséis para hacer caer en el interior de la ciudad una resistencia que se lleva con tenacidad y heroísmo por sus defensores. Y añade: En Teruel, no sólo se mostraba que la experiencia guerrera no había sido infecunda, sino que se acreditaba la sana moral que el factor humano había alcanzado en el curso de la guerra (134).
En efecto, esos progresos eran evidentes. Desde la heroica defensa de Madrid, pasando por el Jarama y Guadalajara, cuando comenzó a organizarse el ejército regular, así como por las operaciones de Brunete y Belchite, hasta culminar en la gran ofensiva de Teruel, las fuerzas armadas populares mantenían una línea de avance y superación en todos los terrenos. Pero, como no tardará en demostrarse con el abandono posterior de la capital turolense y, más tarde, con la ruptura del frente aragonés por las divisiones fascistas, durante la batalla defensiva de Levante, con el fracaso de la tentativa ofensiva republicana del Ebro y el rápido avance fascista sobre Cataluña, esos progresos quedaban anulados por la aplastante superioridad militar enemiga.
De esta forma, a partir de la división del territorio republicano en dos, como consecuencia de la llegada del ejército fascista a las costas levantinas, en el Frente Popular y en el Gobierno comenzaron a tomar fuerza las tendencias capitulacionistas. Desde líderes democrático-burgueses, como Azaña, a destacados dirigentes socialdemócratas y jefes militares, sin olvidar a los faístas, todos presionaban para poner fin a la guerra mediante un compromiso con el llamado gobierno de Burgos y se afanaban en formar un bloque de oposición contra los comunistas, principal obstáculo para llevar adelante sus planes y maniobras capituladoras.
Esas maniobras, a las que no era ajena la diplomacia inglesa y francesa, fueron desenmascaradas y combatidas por el Partido, apelando y recurriendo a las masas. Como señalaba José Díaz, cada vez más apartado de las tareas de dirección a causa de su enfermedad, un compromiso semejante sería una capitulación [...] sería la pérdida de la guerra (135). No puede haber paz -añadía- hasta que no sean definitivamente aplastados todos los enemigos y todos los que tratan de implantar en España un régimen fascista (136).
En Barcelona -sede del Gobierno en ese momento-, el PCE y el PSUC, contando con el apoyo de diferentes sectores políticos y sindicales no comunistas, convocaron una gran manifestación de masas en apoyo de la política de resistencia y para presionar al Gobierno, a la cual concurrieron masivamente los trabajadores sin distinción de tendencias. Así mismo apelaron al ejército, donde la gran mayoría de sus mandos y combatientes se pronunciaron en un plebiscito por continuar la lucha (137).
Ante este inequívoco clamor popular y la presión comunista los capitulacionistas plegaron velas, aunque sin abandonar su labor de zapa.
Sin embargo, con el incontenible avance fascista sobre Cataluña y el endurecimiento de la posición inglesa y francesa contra la República tras el pacto de Munich, la desmoralización comenzó a hacer mella entre aquéllos que, como Negrín, habían apoyado siempre, aunque con vacilaciones, la política de resistencia preconizada por los comunistas. Este, en vez de combatir a los capitulacionistas y tomar medidas enérgicas contra ellos y, en especial, contra los mandos militares de más alto rango, mantenía una actitud conciliadora, hacía oídos a las propuestas mediadoras inglesas y francesas y se plegaba cada vez más a sus presiones. Así se explica que presentase a las Cortes un programa como el de los Tres puntos de Figueras para poner fin a la guerra mediante una paz sin represalias(138), y que al mismo le diesen su apoyo los Azaña y compañía. Pero lo más grave del caso es que esa desmoralización y falta de perspectivas también se dejaban sentir en la Dirección del Partido, hasta el punto de dar ésta su aprobación a dicho programa, sin reservas de ninguna especie (139). Un programa que, por muchas proclamas que hiciese a la resistencia, no dejaba de ser una pantalla para la capitulación.
A la vista de esta actitud derrotista y de clara supeditación de la dirección del Partido al Gobierno de Negrín se comprende que los Casado y compañía encontrasen un terreno propicio para intensificar sus maniobras destinadas a poner fin a la guerra por la vía rápida. Y para ello necesitaban acallar a los comunistas, tarea en la que se volcaron en plena ofensiva de las tropas fascistas sobre Cataluña, comenzando por prohibir la propaganda y los mítines del Partido bajo el pretexto de la censura militar y detener en varias provincias a los comunistas que llamaban al pueblo a proseguir el combate. Mientras tanto, los casadistas, que copaban los puestos de mando claves del ejército republicano, saboteaban las operaciones militares preparadas para hacer frente a la ofensiva enemiga.
Sin embargo, esta vez, la dirección del Partido, en lugar de reaccionar, movilizar a los militantes y denunciar el golpe que se estaba fraguando por parte de los demás integrantes del Frente Popular, se sometió casi por completo al Gobierno. La equivocación de la dirección del Partido -se reconoce en una resolución del B.P. posterior a la derrota- radicó en no comprender que siendo justo ayudar a Negrín a vencer sus vacilaciones, debió independizar más su acción, orientarse decididamente hacia las masas. Esta actitud no fue modificada, como la misma resolución señala, ni aun en los momentos tan graves como los que precedieron al golpe de Casado, cuando los factores de traición maduraban y eran casi de dominio público; cuando incluso la mayoría de los ministros se declaraba por la liquidación de la guerra y Negrín envuelto en un ambiente de falsedad y de traición no tomaba posición contra los traidores y capituladores. A pesar de todo, la dirección del Partido, sigue esperándolo todo de las medidas políticas y de organización para oponerse a la inminencia de la traición (140). Por el contrario, toda su atención -como confirma Togliatti en sus informes a la IC, pretendiendo escurrir el bulto- se centró, generalmente, en la lucha, absolutamente necesaria, por la conquista de los centros de dirección, sobre todo en el ejército, más que en el trabajo de fortalecimiento y organización sistemática de los vínculos del partido con las masas (141).
De esta forma, al no actuar con decisión e independencia del Gobierno por temor a romper el Frente Popular (142), cuando los capitulacionistas ya lo habían roto, el Partido se aisló de las masas y dejó el campo libre a la burguesía y a sus aliados socialdemócratas y faístas para que pasaran a la acción.
El 3 de marzo de 1939 la Flota republicana, con base en Cartagena, se declaró en rebeldía contra el Gobierno e intentó desertar, siendo impedido por los mandos y marineros comunistas. Esta situación fue aprovechada por elementos capituladores de las unidades de la base naval para sublevarse y hacerse con el control de la ciudad. A continuación, tras izar la bandera fascista y pedir refuerzos al mando enemigo, conminaron a la Flota a hacerse a la mar, lo que esta vez no pudo ser evitado al ser detenidos los militantes del Partido de todas las dotaciones por los partidarios de la deserción.
La insurrección de Cartagena fue aplastada por iniciativa de la dirección del Partido -único momento en que actuó con energía, de forma independiente-, utilizando una brigada formada por comunistas y movilizando a todos los cuadros y militantes de Murcia y pueblos limítrofes.
Tanto la rebelión de la Flota como el levantamiento pro-fascista de Cartagena formaban parte del plan de Casado que, de acuerdo con el Estado Mayor del ejército enemigo, consistía en abrir a los fascistas a un mismo tiempo las puertas de Cartagena y de Madrid (143). Pero el aplastamiento de la insurrección cambió en parte el curso de los acontecimientos.
La noche del 5 de marzo se sublevaba Casado en Madrid contra el Gobierno, constituyendo una Junta o Consejo de Defensa encabezado por el general Miaja, por él mismo y Julián Besteiro, destacado dirigente socialdemócrata. De ella formaban parte también representantes de todos los partidos que integraban el Frente Popular con excepción de los comunistas.
Inmediatamente los golpistas detuvieron en Madrid a diversos militares comunistas que ocupaban cargos de relevancia en el ejército para mantenerlos como rehenes, al mismo tiempo que por todas partes los representantes del Partido eran destituidos de los cargos que ocupaban en el aparato del Estado, expulsados de los organismos unitarios del Frente Popular, saqueadas sedes y locales y detenidos centenares de cuadros que después serían entregados a los fascistas.
Para confundir a las masas y aislar de ellas al Partido, la Junta encubrió el golpe militar con la difusión de la noticia de que los comunistas se habían sublevado en Cartagena y pretendían dar un golpe de Estado, a la vez que lanzaban por radio constantes proclamas en las que aseguraban que no abandonarían las armas hasta no garantizar una paz sin crímenes (144). Y esto lo decían mientras estaban ultimando la entrega del pueblo a los carniceros fascistas y silenciando con la censura militar la promulgación por el Gobierno de Burgos, el 13 de febrero de 1939, de la Ley de responsabilidades políticas. Ley en la que se establecía el encausamiento de todos los que desde octubre de 1934 habían participado en la vida política republicana, o que, desde febrero de 1936, se habían opuesto al Movimiento Nacional por medio de actos concretos o pasividad grave (145).
El Partido se vio sorprendido por el golpe casadista y, excepto en Madrid (donde se habían tomado algunas medidas para neutralizar rápidamente un posible golpe, que a la hora de la verdad no se pusieron en práctica), no reaccionó para aplastar a la Junta, aunque -como afirma José Díaz- tenía a su disposición las fuerzas necesarias (146), ni movilizó a las masas. La dirección del Partido, al ver que el Gobierno hacía dejación de sus funciones y abandonaba el país, consideró, en consonancia con la política gubernamentalista que había seguido, que no había nada que hacer y abandonó su puesto en el momento en que más falta hacía, saliendo de España la mayor parte de sus miembros pocas horas después de partir Negrín. Por eso tampoco es extraño que algunos destacados dirigentes que tardaron más tiempo en salir del país -como Checa, Jesús Hernández y otros, como el consejero Togliatti- trataran de hacer las paces con los casadistas y ordenaran a las fuerzas militares del Partido, que estaban a punto de derrotarles, que aceptaran la tregua pedida por la Junta y cesaran las hostilidades, cosa que hicieron (147). De esta manera, los Casado y compañía aprovecharon el cese de los combates para ganar tiempo, recibir refuerzos del frente mandados por oficiales y comisarios socialdemócratas y anarquistas y atacar después por sorpresa y neutralizar a las unidades comunistas que se les habían enfrentado, deteniendo y fusilando a algunos de sus mandos, mientras que a otros los reservaron para entregárselos como presente a Franco.
Pocos días después, el 28 de marzo, entraban las tropas fascistas en Madrid sin disparar un solo tiro, al mismo tiempo que todos los demás frentes deponían las armas pensando que la Junta había logrado algún tipo de compromiso. La paz honrosa y sin crímenes de los Casado, Miaja, Besteiro, Wenceslao Carrillo y Cipriano Mera se convertía así en la mayor carnicería que haya sufrido el pueblo a manos de la reacción a lo largo de la historia de España.
Teniendo en cuenta lo que hemos expuesto, es evidente que desde el comienzo de la guerra el Partido fue cometiendo una serie de errores tanto en el plano político como militar que le llevaron a supeditarse cada vez más al Gobierno republicano y que esos errores llegaron al final a convertirse en lo principal. De esta manera, lo que en un principio era una línea justa se transformó en su contrario, provocando la debacle del Partido e impidiendo toda resistencia armada organizada contra el fascismo.
Si no se hubieran acumulado tantos errores, una derrota -muy probable desde el comienzo de la guerra a causa de la desfavorable correlación de fuerzas y de la situación internacional, que ya de por sí impedían al pueblo ganar la guerra en ese momento- no habría imposibilitado la prosecución de la lucha.
Uno de esos errores sobre los que venimos advirtiendo, sin duda el más grave, puesto que fue el que realmente impidió al Partido prepararse para mantener la resistencia en las nuevas condiciones, consistió -como se señala en el Programa aprobado por el III Congreso del PCE(r)- en tender a supeditarse al Gobierno republicano en vez de apoyar la unidad desde una posición política y militar independiente. Esto le llevó a relajar la lucha ideológica en el seno del Frente Popular y en el propio Partido y a descuidar el trabajo político entre el campesinado. Esta política de supeditación y de concesiones -continúa- aunque apuntaba hacia la consolidación de una democracia parlamentaria burguesa más que a una república de nuevo tipo, en la práctica sólo podía contribuir en aquellas circunstancias a la victoria del fascismo (148).
No otra cosa fue lo que finalmente sucedió. Debido a esa tendencia a la supeditación el Partido acabó perdiendo su independencia política, permitió a la burguesía republicana recuperar su hegemonía en la revolución democrática y frenar su desarrollo y dejó en sus manos la dirección de la lucha contra la reacción ante la que tendía a capitular por su posición de clase. Por la misma razón, esa supeditación condujo también al Partido a aislarse progresivamente de las masas -en particular, del campesinado pobre- y a infravalorar el papel que éste último podía desempeñar en el desarrollo de la revolución democrática y en la lucha contra el fascismo y el imperialismo.
Igualmente, esa falta de independencia se reflejó también en otros problemas colaterales como el de la cuestión colonial y, más concretamente, en lo que se refiere a Marruecos. Así, aunque el Partido defendía en su programa el derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo marroquí, desde el comienzo de la guerra la dirección lo olvidó por completo y se hizo cómplice del Gobierno, hasta el punto de llegar a adoptar en la cuestión colonial los planteamientos típicos de la socialdemocracia, como el de pretender extender la democracia a las colonias (149).
Ahora bien, el hecho de que en el transcurso de la guerra se impusiese cada vez más en el Partido y, en primer lugar, en su dirección una política de supeditación al Gobierno republicano no significa que todos los cuadros y militantes la compartiesen. Como se deduce de las concepciones que orientaban su actuación y de su aplicación muchas veces contradictoria, en el seno del Partido se venía desarrollando una lucha abierta entre dos líneas con respecto a todos los problemas de la revolución: una línea revolucionaria, de resistencia, y otra reformista, de capitulación. Pues si no hubiese sido así y la gran mayoría del Partido no hubiese seguido una línea revolucionaria, de resistencia, es indudable que las tendencias oportunistas que se estaban abriendo paso en él desde hace tiempo se habrían impuesto antes.
Si al final esa línea de supeditación y claudicación se impuso en su dirección ello se debió a que los partidarios de la línea de resistencia no fueron capaces ni supieron impedirlo. A esta incapacidad no fue ajena la influencia que cobraron en el Partido, como reacción a esa tendencia oportunista, las concepciones izquierdistas. De ahí que, ante la acentuación de las maniobras capitulacionistas de los demás integrantes del Frente Popular y de sus posiciones anticomunistas, a las que estaba dando alas esa línea de supeditación y de concesiones por la que se deslizaba la Dirección, muchos militantes no viesen otra salida que la de que el Partido tomase el poder. La tendencia contra la que en diversas ocasiones he tenido que tomar posición -escribe Togliatti en su informe a la dirección de la IC de fecha 21-22 de abril de 1938- ha sido la de creer que la solución de todos los problemas será posible si el Partido toma en sus manos todos los resortes del poder y en cuanto lo haga. Alguna vacilación, rápidamente superada, incluso en Pepe, en forma de orientación hacia un gobierno puramente obrero (150).
Ciertamente plantearse que el Partido tomase el poder, por mucho que se hiciese bajo la fórmula de un gobierno obrero, no era una posición justa, pues no existían condiciones para ello ni mucho menos para que pudiese mantenerlo. Mas tampoco lo era la de seguir plegándose a la burguesía democrática, como proponía Togliatti, basándose en una concepción falsa del Frente Popular, es decir en la unidad sin lucha. En ese momento, efectivamente, había que ampliar el frente de lucha contra el fascismo y no restringirlo, o, como decía Mao por esa misma época, era necesario practicar una política de puertas abiertas y no de puertas cerradas. Pero, eso sí, nunca a costa de renunciar el Partido a su independencia política ni a la lucha ideológica pues, de actuar así, como la experiencia demostrará, no sólo no se debilitaba el Frente Popular sino que se facilitaba la labor de los capitulacionistas. Y eso es precisamente, aunque de una forma errónea, lo que trataban de evitar los partidarios de la idea de que el Partido debía tomar el poder.
En ese sentido resulta doblemente significativo que el Secretario general del Partido, José Díaz, se mostrase vacilante, como dice Togliatti, y que de alguna forma compartiese la posición de estos últimos; señal de que estaba viendo el callejón sin salida al que conducía la política de supeditación y de concesiones, sin que, por otra parte, tuviese muy claro el camino que había que seguir. Más aún si ello llevaba aparejado oponerse a los consejos de los dirigentes de la IC, cuya autoridad política y moral pesaba lo suyo, y romper con la dependencia que existía a la hora de elaborar y aplicar la línea política. Dependencia que explica, en buena medida, esa incapacidad del PCE para adoptar una línea propia. De ahí que su vacilación, unida al hecho de que la posición de que el Partido tomase el poder no era justa, fuese rápidamente superada por José Díaz.
Tampoco era una casualidad que fuese en Madrid donde estuviese más arraigada esa posición izquierdista, como se desprende de las referencias que hace Togliatti en sus informes a la existencia de mucho sectarismo y, más concretamente, en las organizaciones de base (151), pues era precisamente en la capital madrileña donde mejor se podía palpar la actividad capitulacionista y anticomunista. Como tampoco lo era el que Mundo Obrero se hiciese portavoz de esta tendencia, que de sectaria tenía muy poco, en la que junto a ideas y consignas erróneas, como la de que el Partido debía tomar el poder, se sostenían otras muy justas. Tal era, por ejemplo, la que llamaba al pueblo a apoyarse en sus propias fuerzas y no esperar la ayuda de los países capitalistas democráticos en la que confiaban la gran mayoría de los dirigentes del Partido y de la IC, como lo demuestra el hecho de que trataran de propiciarla haciéndoles una concesión tras otra. Por ello cabe afirmar que, pese a sus errores, esa tendencia era la que verdaderamente representaba la línea de resistencia del Partido. Pues esos errores izquierdistas siempre podían ser corregidos. Pero las que difícilmente podrían rectificarse -como demuestra la experiencia- eran las posiciones derechistas, por cuanto en ellas no alentaba ni por asomo un espíritu de lucha, sino de claudicación y entrega al fascismo. Y esta diferencia radical entre la línea de resistencia y la línea de claudicación se hizo claramente perceptible ante el golpe casadista: mientras la mayor parte de los dirigentes del Partido y otros cuadros abandonaban la lucha o, simplemente, como Carrillo y otros tras la caída de Cataluña, se escaqueaban quedándose en Francia, numerosos cuadros y militantes -encabezados por varios miembros del CC y de la dirección local madrileña- se enfrentaban a los casadistas con las armas en la mano. Incluso algunos de ellos se tiraron después al monte para iniciar la guerrilla y continuar la lucha.
El mismo Stalin insistió en su conveniencia y aconsejó formar en la retaguardia de los ejércitos fascistas grupos de guerrilleros integrados por campesinos (153). Incluso, siguiendo estos consejos, fue planteada su necesidad por José Díaz en el Pleno del CC de marzo de 1937 (154).
Condiciones para llevarla a cabo existían. Por un lado, en la zona fascista había un numeroso campesinado pobre y una población proletaria cada vez más importante, sobre todo después de la caída del norte, sometidos a un régimen de opresión y terror. Por otro, en las montañas se habían refugiado numerosos antifascistas para huir de la represión que, en algunos lugares, comenzaron a organizarse en partidas guerrilleras que llevaban a cabo sabotajes y acciones de castigo contra falangistas y otros elementos de las fuerzas represivas. Algunas de ellas, formadas por combatientes del ejército popular que se echaron al monte con sus armas y pertrechos después del hundimiento del frente asturiano, mantenían en jaque a los fascistas, sin que éstos lograran acabar con ellas por completo gracias al apoyo de la población. Lo que permitirá a no pocos de sus integrantes mantenerse en activo hasta bien entrados los años cuarenta.
Y por ahí debía haberse orientado el Partido ante el curso desfavorable de la guerra, no sin antes basarse en una valoración objetiva de las condiciones en que se desarrollaba y de las fuerzas enfrentadas y tener en cuenta, como señalaba Mao, los aspectos tanto positivos como negativos de ambos bandos, así como sus acciones recíprocas (155). Cuánto más después del golpe casadista y la derrota.
Sobre todo, la superioridad militar de las fuerzas reaccionarias y la debilidad de las fuerzas populares podían modificarse, como afirma Mao, si se aplicaba una táctica militar y política correcta durante la guerra, sin cometer errores de principio, y haciendo todos los esfuerzos posibles. Sólo así -añade- todos los factores favorables para nosotros y desfavorables para el enemigo se reforzarán a medida que la guerra se prolongue, modificarán más y más la correlación de fuerzas inicial y transformarán la superioridad del enemigo sobre nosotros en superioridad sobre él (156).
Esa táctica militar correcta en las condiciones de ese momento en España era la de la guerra de guerrillas, encuadrada en una estrategia de guerra popular prolongada. La guerra de guerrillas era la que mejor respondía al carácter popular de la revolución y tenía gran tradición en nuestro país, donde, durante la guerra de la Independencia contra la ocupación napoleónica, jugó por primera vez en la historia contemporánea mundial un papel estratégico. Y ese mismo papel hubiera podido desempeñar en la lucha contra el fascismo. La acción guerrillera tras las líneas enemigas no sólo hubiese fortalecido considerablemente la potencia militar del ejército republicano y las posibilidades de resistencia, sino que, en la eventualidad de una capitulación de algunos sectores del Frente Popular o de una derrota, habría sentado las bases para proseguir la lucha y permitido salvar la vida y ganar las montañas para proseguir el combate a miles de cuadros y militantes comunistas y de otras organizaciones antifascistas que, al permanecer en las ciudades, fueron capturados y asesinados.
Pero la adopción de dicha estrategia exigía al Partido, al mismo tiempo, hacer un balance crítico de la experiencia política y militar, de los errores cometidos y de los fracasos, teniendo especialmente en cuenta las consecuencias catastróficas a las que le había llevado la política de unidad sin lucha con la burguesía democrática y otras organizaciones obreras de signo socialdemócrata o anarquista y, sobre todo, la traición que éstas acababan de consumar contra el pueblo al desatar el golpe casadista y capitular ante el fascismo.
Por otra parte, para poner en práctica la guerra de guerrillas, se hacía necesario realizar una retirada a bases seguras y bien protegidas en las zonas montañosas que tuviesen condiciones apropiadas para reunir y acumular fuerzas, dispersarlas o concentrarlas para atacar o defenderse del enemigo y extender las bases de apoyo y zonas guerrilleras.
Durante todo este período inicial el Partido debía hacer un planteamiento claro sobre el papel de la lucha armada en el desarrollo de la revolución, destacando que la principal forma de lucha era la guerra y la principal forma de organización pasaba a ser el ejército guerrillero. El centro de gravedad de la actuación del Partido y de las fuerzas armadas comandadas por él tenía que ser, por tanto, desplazado de la ciudad al campo y a las montañas, a fin de poder establecer desde allí el cerco de las ciudades antes de pasar a tomarlas. Esto no quiere decir que se dejara de prestar atención a la organización clandestina del Partido en los centros urbanos y a otras formas de organización y de lucha de los obreros y otros trabajadores, o que no se requiriese prestar atención al desarrollo de la guerrilla urbana. Pero estas formas o métodos de lucha y organización, dado el cuadro general que se describe, no podían más que desempeñar un papel secundario.
Al mismo tiempo, ante la previsible situación que se iba a crear en el plano internacional, de enfrentamiento interimperialista, las fuerzas populares no debían echar en saco roto las experiencias acumuladas sobre la actitud mostrada por las potencias democráticas hacia el fascismo, en general, y hacia la reacción española, en particular. En cualquier caso, independientemente de que pudiera utilizar a su favor las contradicciones entre los imperialistas, el Partido debía apoyarse en sus propias fuerzas y no depender para asegurar la victoria de la ayuda internacional.
En la fase final de la guerra popular o incluso antes, las pequeñas unidades guerrilleras podrían convertirse gradualmente en fuertes columnas y agrupaciones regulares, a fin de ir transformando la guerra de guerrillas en guerra de movimientos, obligar al enemigo a abandonar la defensa de posiciones, en la que la guerrilla encuentra siempre más dificultades para vencer a un enemigo bien pertrechado, y recurrir sobre todo a las maniobras.
Como observa Mao, dicha transformación no tenía porqué suponer el abandono de la actividad guerrillera, sino la formación gradual, en el curso del amplio desarrollo de la guerra de guerrillas, de una fuerza principal capaz de realizar la guerra de movimientos, fuerza en torno a la cual deberán existir, como antes, numerosas unidades guerrilleras que realicen amplias operaciones de guerrilla, que, como él decía, constituían poderosas alas de la fuerza principal y servían de reserva inagotable para su continuo crecimiento (156).
La transformación de la guerra de guerrillas en guerra de movimientos permitiría golpear con fuerza al enemigo y ultimar las condiciones para pasar a la ofensiva de las fuerzas regulares y guerrilleras, combinándola con la insurrección en las ciudades, a fin de dispersar al ejército enemigo y aniquilarlo en todas partes. Ese momento sólo podía tener lugar en el período final de la II Guerra Mundial o inmediatamente después de acabada ésta, cuando las fuerzas imperialistas no estaban en disposición de acudir en ayuda de la reacción o al menos no podían hacerlo con la prontitud y los medios que una situación semejante requería.
De esta forma, por no haber hecho un replanteamiento estratégico de la línea política y militar seguida durante la guerra y no corregir los errores ideológicos, políticos y militares a los que antes nos hemos referido, el PCE no sólo se vio lastrado para hacer frente al golpe casadista y para continuar la resistencia armada frente al fascismo, sino que también se incapacitó para dirigir más tarde a las masas a la toma del poder. Pero lo más grave fue que las consecuencias de estos errores se dejaron sentir después profundamente en el Partido, hasta el extremo de favorecer la labor de zapa de los carrillistas y su liquidación posterior a manos de éstos.
Como ya hemos visto, la táctica de Frente Popular, a diferencia de la táctica del gobierno obrero y campesino, se adecuaba perfectamente tanto a situaciones de reflujo de la revolución como a situaciones de transición hacia etapas de ascenso revolucionario. Es decir, que por medio de ella se podían acumular fuerzas y experiencias y preparar las condiciones para que el proletariado pudiese tomar el poder cuando se diese un cambio favorable en la correlación de fuerzas tanto a nivel de cada país como en el plano internacional.
Sin embargo, como consecuencia de los vaivenes tácticos (a derecha e izquierda o viceversa) del período anterior, persistía en la IC la confusión sobre diferentes problemas que impedía aplicar consecuentemente la nueva táctica. En unos casos, su obstáculo se encontraba en las concepciones izquierdistas y en otros en las derechistas o reformistas, siendo estas últimas cada vez más influyentes desde el momento en que comenzó el reflujo de la revolución mundial y la búsqueda de nuevas formulaciones. De esta manera, a medida que la táctica insurreccional o del gobierno obrero y campesino, propia de una situación de ascenso, chocaba con la realidad, se fue produciendo paulatinamente, a falta de algo nuevo, el regreso a las viejas tácticas socialdemócratas de participación en el Parlamento que habían dejado hace tiempo de ser justas, acompañadas del relajamiento o abandono de la clandestinidad y del sistema de organización por células y de una progresiva influencia de las concepciones reformistas. Así, a caballo de la confusión sobre las fórmulas de transición al socialismo volvieron a colarse de rondón la concepción socialdemócrata sobre la revolución democrático-burguesa y otras tendencias oportunistas sobre las que alertó Dimitrov durante el VII Congreso de la IC.
Nada tenía de extraño, pues, que en el PCE se abriese paso, en el momento de aplicar la táctica de Frente Popular, la tendencia al abandono de la alianza con el campesinado y a la supeditación del proletariado a la burguesía, a la relajación de la lucha ideológica y a la conciliación con la socialdemocracia, que apuntaba a la consolidación de un proceso democrático-burgués en la revolución española. Por esa razón una afirmación tan desacertada y descabellada como la hecha por Stalin, en el sentido de que era muy posible de que la vía parlamentaria resultase un procedimiento de desarrollo revolucionario más eficaz en España de lo que fue en Rusia (157), no podía más que dar alas a la corriente reformista, aunque ésa no fuese su intención y sus declaraciones se hubiesen efectuado en una situación compleja y de lucha encarnizada contra el imperialismo italo-alemán. Basta separar esa afirmación de su contexto para que nos lleve directamente de la mano de los revisionistas a traducirse en su conocida tesis de la transición pacífica, parlamentaria, al socialismo. Y por ahí iban encaminadas las orientaciones dadas a los dirigentes comunistas españoles por Togliatti, principal delegado de la IC en España desde 1937 hasta el final de la guerra, como lo confirma, además, su actuación posterior en Italia, al final de la II Guerra Mundial, al frente del PCI.
Tampoco resulta extraño que el PCE concibiese la unidad sin lucha en sus relaciones con la socialdemocracia y la burguesía democrática y que relajase la lucha ideológica dentro del Frente Popular y en el propio Partido si la dirección de la IC había aconsejado a las secciones nacionales renunciar a criticar a los líderes socialdemócratas con tal de poner en práctica la táctica de frente único y si hasta al mismo Stalin -como manifestaba Mao- se le escapaba la conexión existente entre la lucha y la unidad de los contrarios (158).
En el caso de los errores militares, si bien la cuestión era más compleja, dada su relación con el atraso de la teoría militar del proletariado, sucedió algo parecido. Tanto la formación de un ejército regular (integrado por militares profesionales y milicianos, comisarios políticos, etc.) como la estrategia de la guerra convencional se aplicaron en buena medida bajo los consejos de los asesores militares soviéticos que traían las experiencias de la guerra civil revolucionaria en Rusia. O sea, lo mismo que hicieron en China hasta que Mao impuso sus tesis sobre la Nueva Democracia y la estrategia de la guerra popular prolongada. Y es que la estrategia defensiva, ineludible en los comienzos de una guerra popular, estaba proscrita por los estrategas militares soviéticos, ya que la concebían como sinónimo de derrota.
Con tales planteamientos se comprende que no pudieran reconocer el papel estratégico de la guerra de guerrillas. Otra cosa es el porqué no se puso en práctica la guerrilla, al menos como elemento auxiliar de la guerra convencional. Pero en este caso habría que buscar su explicación más en razones políticas que militares, debido al rechazo mostrado hacia la misma por los líderes republicanos y socialdemócratas. Aparte, claro está, de en las presiones ejercidas en el mismo sentido por las cancillerías imperialistas; presiones que también explican otras concesiones, como la de la retirada de las Brigadas Internacionales o la de no tocar cuestiones como la de Marruecos.
Así que, si a todos estos y otros consejos erróneos añadimos la falta de independencia del PCE para desarrollar y aplicar la línea política desde el comienzo de la guerra, no cabe duda de que la dirección de la IC tuvo una gran influencia en los errores cometidos. No obstante, por cuanto esos errores fueron aceptados y puestos en práctica por comunistas españoles, es a ellos a quienes corresponde atribuirles la principal y última responsabilidad.
Otra cosa muy distinta es el que durante la guerra se llegase hasta el extremo de que el Partido no pudiese tomar ninguna decisión sin que antes fuese supervisada y aprobada por los delegados de la dirección de la IC. ¿No era esto la demostración más palpable de que el centralismo de la Internacional estaba obstaculizando el desarrollo de las secciones nacionales y llevándolas muchas veces por un camino equivocado? ¿Dónde residía entonces el verdadero fondo del problema?
Hoy, a la luz de la experiencia histórica, podemos ver que desde el momento en que no se produjo la revolución en Europa, como esperaban los bolcheviques y Lenin en particular, la IC comenzó a dejar de tener sentido y que, al igual que les había sucedido a sus predecesoras en situaciones de reflujo de la revolución, esa pretensión de mantener un centro dirigente de la revolución mundial acabaría por entorpecer su desarrollo. Por otra parte, la aparición de otros frentes de lucha, como el del movimiento de liberación nacional de las colonias y semicolonias, hacía cada vez más difícil, por no decir imposible, el encuadramiento orgánico y la uniformidad ideológica del movimiento revolucionario mundial. En esas condiciones, teniendo en cuenta los intereses políticos vitales del movimiento obrero en su conjunto, lo más aconsejable hubiera sido disolverla.
Así lo indicaba también la experiencia de anteriores organizaciones internacionales del proletariado.
La Liga de los Comunistas, por ejemplo, fue disuelta en 1852 a instancias de Marx tras la derrota de la revolución de 1848 y en medio del reflujo de la ola revolucionaria en Europa, al haberse convertido, según Engels, en un semillero de escándalos y bajezas (159). Y otro tanto ocurrió en 1876, a petición de Marx y Engels, con la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o I Internacional, después de haber cumplido plenamente su objetivo de mancomunar y llevar a un mismo cauce los esfuerzos de la clase obrera de distintos países de Europa y América en la lucha por su emancipación. En este caso también en un contexto semejante al de la disolución de la Liga de los Comunistas, después de la derrota de la Comuna de París en 1871, y utilizando parecidos argumentos: evitar que grupos oportunistas, como los bakuninistas, medraran en ella y que la reacción mundial descargara su odio contra sus miembros. Pero, ¿sólo por eso?
A esta interrogante responde F. Mehring saliendo al paso de los que esgrimían la idea de que Marx no hubiese tenido en cuenta entre las causas que aconsejaban la disolución de la AIT las contradicciones surgidas entre el Consejo General, su máxima instancia, y los partidos nacionales. Se ha aventurado la hipótesis -escribe Mehring- de que Marx hubiera seguido observando durante mucho tiempo este mismo retraimiento (Ndr, es decir, que se habría abstenido durante más tiempo aún de plantear la cuestión de la disolución) si la caída de la Comuna de París, por una parte, y por otra la campaña de agitación de Bakunin no le hubieran obligado a adoptar una posición política. Es posible y hasta muy verosímil que fuese así [...]. Mas sin ignorar que el problema que se le planteaba no tenía solución dentro de la Internacional tal y como ésta se hallaba organizada, y que en la misma medida en que se concentrase e hiciese fuerte contra sus enemigos exteriores, se desarticularía interiormente. Ya el hecho de que la cabeza directora del Consejo general acusase al Partido obrero más desarrollado dentro de sus propias orientaciones [...] de ser una tropa policíaca, indicaba bien a las claras que la hora histórica de la Internacional había sonado (160).
De hecho, ese mismo problema había sido otra de las razones que llevaron a la disolución de la Liga de los comunistas, apuntada indirectamente por Marx al acuñar en relación con ella dos conceptos que nos pueden ayudar a comprender la contradicción surgida dentro de la misma Internacional Comunista: el partido, en el sentido efímero, como organización concreta, y el partido [...] en su sentido amplio, histórico (161). Una idea que posteriormente será retomada por Engels en 1882 para referirse a la disolución de la I Internacional: la oposición entre la Internacional como realidad social o histórica, que sigue subsistiendo pese a estar formalmente disuelta por la misma necesidad de vinculación entre los obreros revolucionarios de todos los países, y la Internacional oficial como organización concreta, en la que se da tanto la identidad como la contradicción (162).
Se podrá argumentar en contra que la II Internacional, que no fue disuelta, es la excepción que confirma la regla. Pero, aún así, también lo confirma al mostrar la otra cara de la moneda, pues ya vemos cómo acabó: en manos de los oportunistas, al servicio de la burguesía imperialista alemana, antes de entrar en bancarrota y romperse en mil pedazos con el estallido de la I Guerra Mundial.
En cuanto a la IC, es evidente que sus dirigentes eran conscientes del problema, como se desprende de la Resolución del Presidium del Comité Ejecutivo de la Internacional que dio a conocer públicamente las razones de su disolución en mayo de 1943. Toda la marcha de los acontecimientos durante el último cuarto de siglo, así como la experiencia acumulada por la Internacional Comunista -se declara en dicha Resolución- demostraron de manera convincente que la forma de organización para agrupar a los obreros elegida por el primer congreso de la IC era una forma que se correspondía a las necesidades del período inicial del renacimiento del movimiento obrero, la cual iba caducando a medida que se desarrollaba este movimiento y la complejidad de sus tareas en los diferentes países, llegando incluso a ser un obstáculo para el fortalecimiento ulterior de los partidos obreros nacionales (163).
Si eso era lo que estaba sucediendo y ya mucho antes de la guerra era cada vez más patente que, a medida que se complicaba la situación de cada país, tanto interior como internacionalmente, la solución de los problemas del movimiento obrero de cada país encontraría dificultades insuperables (164), ¿por qué no se disolvió antes? Por ejemplo, en 1934-35, coincidiendo con la convocatoria o celebración del VII Congreso de la IC, como en ese momento parece que se pensó. O incluso mucho antes. Sin embargo, de todo esto nada nos dicen los comunicados oficiales de la disolución de la Internacional. ¿Por qué tanto silencio?
A nuestro entender, la razón no es otra que el uso y abuso que el Estado soviético estaba haciendo de la Internacional Comunista. Al no ser disuelta a su debido tiempo, en el momento en que se hizo evidente el reflujo de la revolución en Europa y la IC comenzó a convertirse en un obstáculo, es explicable que se impusiese de una manera natural la tendencia a utilizarla como instrumento de la política exterior soviética con el fin de romper el aislamiento de la URSS. Así se entiende que para romper dicho aislamiento y no provocar demasiado al imperialismo se hiciese aconsejable, por razones de Estado, una política de contención de las contradicciones, de participación electoral, de hablar de insurrección