¿A qué se debía tal disparidad de posiciones? ¿Es que los dirigentes del PCE eran tan sectarios o tan izquierdistas -como insinuaban los dirigentes de la Internacional- para no tener en cuenta sus argumentaciones? ¿Acaso la IC se estaba deslizando por la rampa del oportunismo de derecha, como daban a entender los dirigentes españoles, aunque no lo expresasen abiertamente? ¿Cuál era el fondo del problema?
La Dirección de la IC tenía toda la razón del mundo cuando, como ya se había puesto de manifiesto durante la polémica entablada con anterioridad, insistía en el carácter democrático, no socialista, de la revolución. Esta era, ciertamente, una cuestión fundamental o de principios, a partir de la cual habría de ser definida la táctica de lucha del Partido. En este punto, Bullejos y compañía desbarraban de la manera más lamentable al insistir, por su parte, en la consigna de revolución socialista. Ahora bien, el hecho de que la IC subestimase el poder económico del capital financiero y pusiera todo el acento en la participación electoral daba pie a pensar que la revolución democrática que preconizaba podía correr el riesgo de quedar limitada a la de viejo tipo. Y ese riesgo era tanto mayor por cuanto había dos concepciones diferentes sobre la revolución democrática, no sólo en el PCE sino también en la misma Internacional.
En relación con este problema crucial existía otra cuestión de no menor importancia que contribuía a aumentar la confusión: la fórmula del gobierno obrero y campesino, utilizada por la IC para definir ese tipo de revolución democrática, aparecía muchas veces vinculada a la revolución socialista y a la insurrección, sin que se hubiera llegado a precisar que la misma se correspondía a un gobierno de período de transición (53). Obviamente, la lucha por el gobierno obrero y campesino, que constituía el verdadero caballo de batalla de los dirigentes del PCE, no podía encajar con una práctica de participación electoral a ultranza. Esto explica que en vísperas de la caída de la Monarquía, con el movimiento revolucionario de masas en pleno desarrollo, Bullejos, apoyado por buena parte de la Dirección del PCE, preconizara el boicot electoral y la insurrección (54).
Este mismo problema de la inadecuación de las consignas del gobierno obrero y campesino, soviets e insurrección en las ciudades, también se estaba planteando por la misma época en China, donde finalmente fueron rechazadas por el Partido Comunista. De todo ello hoy se puede deducir que la táctica basada en la experiencia rusa no se correspondía con las condiciones existentes en ese momento para el desarrollo de la revolución democrática, ya no sólo en España y China (país semifeudal y semicolonial en el que estaba en el orden del día), sino a nivel general.
De hecho, esta táctica había quedado invalidada tras la derrota de la revolución en Europa y el consiguiente reflujo del movimiento revolucionario a nivel mundial, por lo que se imponía buscar otra nueva. Sin embargo, aunque la IC venía reconociendo de alguna manera esta necesidad, en un intento de amoldarse a la nueva situación, seguía manteniendo las viejas consignas combinadas con llamamientos a participar en las elecciones parlamentarias. En todo ello había cierta lógica, particularmente aplicada a las condiciones de España; más aún si tenemos en cuenta que la IC consideraba que existía una situación de reflujo del movimiento revolucionario, que la Dictadura se estaba consolidando y que todo ello podía llevar a que el Partido se quedase aislado de las masas.
Por su parte, los dirigentes del PCE perdían de vista, como el mismo Lenin había explicado, que los bolcheviques habían contado con unas condiciones extraordinariamente favorables para hacerse con el poder. No sólo la guerra imperialista había desarticulado el ya de por sí corrupto y maltrecho Estado ruso, sino que los obreros y campesinos, encuadrados en su mayoría en el ejército, se encontraban armados. Además, resultaría imposible comprender la insurrección de Octubre sin la revolución democrático-burguesa de febrero, que destronó al zar, y ambas revoluciones sin la precedente de 1905. De modo que si a esto añadimos, como apuntaba Lenin, que bajo el imperialismo (y más después de producirse la primera revolución socialista), los procedimientos tácticos y estratégicos de la contrarrevolución habían avanzado mucho más que los del proletariado (55), se puede comprender mejor la complejidad del problema que tenían ante sí la IC y el PCE, así como la necesidad de buscar una vía nueva, que permitiese acumular fuerzas y experiencias, a la espera de que se diesen nuevamente condiciones favorables para pasar a la ofensiva.
En conclusión, durante este período y hasta que adopte la táctica de Frente Popular, la IC carecerá de una táctica clara y justa, lo que hacía, a su vez, que los dirigentes del PCE se moviesen en medio de una nebulosa y se aferrasen a las antiguas consignas. Para desarrollar y completar la táctica de Frente Popular todavía será necesaria la experiencia de la guerra en España y, sobre todo, la de la revolución china. En base a ella Mao elaborará sus tesis sobre la nueva democracia y la estrategia de la guerra popular prolongada, con las que se abrirá una nueva vía a la revolución.
Este hecho, no por anecdótico menos verídico y testimonial, es el que mejor ilustra la desorientación del Partido y sus dirigentes ante los acontecimientos del 14 de abril.
Como consecuencia de ello, el PCE se aisló en ese momento de las masas. En algunos lugares, como Madrid, los comunistas que intentan repartir octavillas o dirigir la palabra a la multitud son abucheados y acogidos con manifiesta hostilidad. Salvo en Sevilla, Bilbao y Barcelona, en las que sus militantes consiguieron arrastrar a unos cuantos centenares de trabajadores al asalto de las cárceles y forzar la liberación de los presos políticos, la actividad del Partido apenas tuvo alguna incidencia. Fue en Sevilla, donde la organización local mantenía vínculos más estrechos con la clase obrera, en la que únicamente se dejó sentir su dirección efectiva, viéndose obligadas las autoridades militares, a causa de las manifestaciones violentas de las masas obreras, de los asaltos a centros monárquicos y armerías, a decretar durante varios días el estado de guerra (57).
El que el Partido se encontrase tan desorientado, lanzase consignas erróneas mezclándolas con otras justas y no comprendiese el profundo sentido de los acontecimientos desarrollados el 14 de abril y días sucesivos era, en gran parte, consecuencia de los planteamientos erróneos que sus dirigentes venían manteniendo en torno a la estructura económica y social de nuestro país y, por consiguiente, acerca del carácter de la revolución. Al considerar -como ya hemos visto- que España era un país capitalista desarrollado, perdiendo de vista los rasgos semifeudales aún predominantes en la base económica, en el régimen político y en otras instancias de la superestructura, los dirigentes del Partido se habían fijado como objetivo inmediato el llevar a cabo la revolución socialista. De ahí que no viesen en la sustitución de la Monarquía por la República más que un simple cambio de fachada gubernamental y lanzasen la consigna de ¡Abajo la república burguesa! ¡Viva la revolución proletaria!.
¿Qué representaba la República en las condiciones políticas de entonces? ¿Cuál debía haber sido la actuación del Partido?
En España, país industrialmente atrasado, no podía pensarse aún en una emancipación inmediata y completa de la clase obrera. Antes de eso, la revolución debía pasar por una etapa previa de desarrollo y eliminar toda una serie de obstáculos políticos, económicos y culturales propios del viejo régimen. La República, en la que se expresaba el carácter burgués de la revolución, suponía un avance histórico con respecto a la Monarquía, y brindaba la ocasión para quitar de en medio esos obstáculos y acortar ese proceso. Como decía Lenin, el régimen republicano era la mejor forma de Estado para el proletariado bajo el capitalismo. Una forma de lucha de clases y de opresión de clase más amplia, más libre, más abierta -insistía- facilita en proporciones gigantescas la misión del proletariado en la lucha por la destrucción de las clases en general (58). Al mismo tiempo, como también advertía Lenin, no había que olvidar que el Estado de la república más democrática no dejaba de ser una máquina para la opresión de una clase por otra.
La misma instauración de la República era, principalmente, resultado de la lucha revolucionaria de masas encabezada por el proletariado que, a lo largo de 1930, debilitó al viejo régimen haciendo inevitable su caída.
Pero, en ese momento, la clase obrera no podía desempeñar el papel de guía de la revolución. La influencia política e ideológica que continuaban ejerciendo sobre ella la socialdemocracia y el anarcosindicalismo se lo impedían, pasando por este motivo la dirección del proceso revolucionario a manos de la burguesía que, de esta manera, con el apoyo de las fuerzas represivas, pudo conducirlo conforme a sus propios intereses y, finalmente, estancarlo.
Por medio del Gobierno provisional de la República, constituido en base al Pacto de San Sebastián -como en el caso de su sucesor, el formado por la coalición republicano-socialista-, la gran burguesía, la aristocracia terrateniente y el imperialismo se proponían llevar a cabo algunas reformas para contener la oleada revolucionaria en ascenso, utilizando para ello a los políticos pequeño-burgueses y a los jefes de la socialdemocracia.
Por todas esas y otras razones era evidente, pues, que no se podía meter en el mismo saco a la Monarquía y a la República. Las relaciones del gobierno republicano con las masas eran completamente diferentes a las mantenidas con anteriores gobiernos monárquicos, que eran odiados por el pueblo. El Gobierno provisional, aunque fundamentalmente contrarrevolucionario por toda su orientación política -ya que se proponía mantener y defender los intereses y privilegios de las fuerzas oligárquicas y castas reaccionarias-, había conseguido engañar a las masas, hasta el punto de ser aclamado por ellas como el gobierno de la revolución democrática. Esta diferencia importante entre la Monarquía y la República debía ser tenida muy en cuenta.
Además, existía otra mucho más esencial que el no comprenderla, como señalaba la IC, incapacitaba al Partido para encabezar a las masas en la lucha contra la burguesía: el hecho de que, a pesar de sus ilusiones en la república burguesa, los trabajadores perseguían objetivos revolucionarios y de que en la República encontraban mejores condiciones políticas para alcanzarlos. La abolición de los privilegios de la aristocracia, del clero y de la alta oficialidad, la reforma agraria, el mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo, la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas, etc., seguían estando a la orden del día. Era ahí donde el Partido tenía su principal campo de batalla para disputar a la burguesía su influencia entre las masas, pues era claro que esas aspiraciones populares no tardarían en entrar abiertamente en conflicto con la política contrarrevolucionaria del Gobierno provisional y de los gobiernos republicanos que tomasen su relevo. Como manifestaba la Dirección de la IC en sus críticas, toda la política del Partido debía basarse sobre este divorcio y este conflicto ineluctable entre la voluntad revolucionaria de las masas y la política reaccionaria del gobierno republicano y tender a provocarlos. El Partido, no subrayando la política reaccionaria del gobierno republicano y negando el comienzo de la revolución democrática no ha comprendido el proceso dialéctico de su desarrollo, ya iniciado desde antes del 14 de abril, pero considerablemente favorecido por la proclamación de la república que, aun sembrando las ilusiones democráticas entre las masas prepara al mismo tiempo su desilusión y el despertar de su acción revolucionaria (59).
Al no tener todo esto en cuenta se explica que los dirigentes del Partido subestimasen la necesidad de la revolución agraria como forma esencial de la revolución democrático-burguesa y que tampoco prestasen atención a un problema tan importante de la revolución en nuestro país, como el de las nacionalidades oprimidas por el imperialismo español, o lo enfocasen incorrectamente.
El hecho de que el PCE no hubiese superado todavía su estadio propagandista no se podía reducir a una cuestión numérica, ni era cierto que no estuviese ligado a las masas. Tampoco se podía atribuir el estancamiento en esa fase de desarrollo al sectarismo y falta de organización anterior, de los que no eran solamente responsables los comunistas españoles. Dado su origen en dos grupos dispares, la gran influencia de las corrientes anarquista y socialdemócrata en la clase obrera y el poco tiempo transcurrido desde su constitución, respecto a lo cual no se puede decir que la Dirección de la IC no fuese consciente -ella misma señalaba que se trataba de un joven Partido... salido de las capas anarcosindicalistas y anarquizantes (61) (y también socialdemócratas, añadiríamos nosotros para corregir ese lapsus)-, dicho estadio no podía ser superado de la noche a la mañana ni mucho menos se podía forzar la salida del mismo.
Como venimos señalando, la construcción del Partido requería de un prolongado período de trabajo entre las masas, de acumulación de experiencias y, sobre todo, de elaboración teórica. Y esta última era decisiva, ya que la maduración de un partido comunista está esencialmente vinculada al desarrollo de la línea política. Por tanto, la incapacidad del Partido para comprender su papel dirigente no era una cuestión de masas, sino de línea o, más exactamente, de tener una línea justa. Pero, a lo que se ve, los dirigentes de la Internacional pasaban por alto este detalle a la hora de buscar las causas de la inmadurez del Partido. Para ellos, todo se reducía a fin de cuentas a una cuestión de número, ¡hasta el punto de comparar su desarrollo con el crecimiento de la CNT y la UGT! (62). ¿Es que ya habían olvidado los dirigentes de la IC las ideas leninistas en las que precisamente se combatía esa confusión entre el carácter y las tareas de una organización sindical (anarquista, para más señas, la primera, es decir, ultraespontaneísta; y socialdemócrata, la segunda) y las de un partido obrero revolucionario?
En estos planteamientos, ciertamente, se manifestaba el temor a que el PCE se aislase de las masas, pero también la impaciencia porque se desarrollase rápidamente. Ese voluntarismo, no cabe duda, respondía en parte también a que la Dirección de la Internacional contemplaba la posibilidad de que en España se produjese una segunda reedición de la revolución de Octubre, cosa que hasta cierto punto no era descartable en ese momento. Pero esa impaciencia la estaba llevando a cometer serios errores, como el de alentar una concepción tradeunionista y socialdemócrata, muy acorde con otros planteamientos, como su reiterada insistencia en la participación electoral.
Idéntico voluntarismo se traslucía en sus reproches al Partido por el hecho de que se mantuviese al margen de la mayoría de las luchas reivindicativas de las masas, no dirigiese los combates políticos revolucionarios de la clase obrera y de los campesinos y no hubiese creado los sóviets (63). Sin embargo, resultaba evidente que, pese a los errores que venía cometiendo, el PCE estaba haciendo progresos, aunque, eso sí, siguiendo su propio ritmo.
A los tres meses de la instauración de la República, era capaz de dirigir por primera vez una huelga general revolucionaria de gran importancia, como la de Sevilla, en la que se hizo realidad la unidad de acción por la base con los obreros socialistas y anarquistas, lo que fue considerado por la IC como un éxito (64). Pero no sería la única. A partir de ese momento, el Partido dirige importantes huelgas obreras, principalmente en Vizcaya y Asturias, y comienza a tener una destacada participación en algunas luchas campesinas.
Todos estos progresos fueron resaltados en el IV Congreso (marzo 1932). En apenas un año el PCE había pasado de 1.500 a 11.756 militantes, salto notable si consideramos que, a mediados de 1935, cuenta con 19.200. Otro tanto sucedía con la Unión de Juventudes Comunistas (UJCE) durante el mismo período: de tener 400 militantes pasaría a alcanzar los 6.000. Igualmente aumentaba la influencia de los sindicatos afectos al Partido. La asistencia al Congreso de 101 delegados de fábricas y sindicatos, en representación de 100.000 obreros, era una prueba evidente de ello. Por otra parte, la composición social de las delegaciones asistentes al mismo era un claro exponente del carácter de clase del Partido y de su vinculación con las masas y, en particular, con la clase obrera: 75 por ciento de obreros industriales y agrícolas, 11'7 por ciento de empleados y 8'2 por ciento de intelectuales y profesionales (65).
En suma, un balance muy positivo, aunque no cuadrase con los cálculos de la IC.
Al mismo tiempo, el IV Congreso puso en evidencia las debilidades y carencias del Partido en todos los terrenos, especialmente en lo que respecta a la elaboración de la línea política. Como acertadamente hacía notar la Internacional, el PCE no tenía aún una línea política suficientemente justa (66). No obstante, si bien este Congreso no representó el viraje que esperaba la IC, supuso un avance en el esclarecimiento y comprensión de las tareas a acometer. De esta forma, cuando el 10 de agosto de 1932 se produzca el golpe de Estado monarco-fascista del general Sanjurjo, el Partido desempeñará en Sevilla, independientemente de los errores que se cometieran, un papel de primer orden en su abortamiento, poniéndose al frente de las masas y encabezando la resistencia armada (68).
Claro que los dirigentes de la IC no podían ser insensibles a estos progresos y en más de una ocasión tendrán que reconocer que el Partido había obtenido indiscutiblemente éxitos políticos y de organización, que su influencia se ha acrecentado y sigue creciendo. Pero, eso sí, subestimándolos al pasarlos por el tamiz de su impaciencia, ya que, por lo visto, tales progresos sólo representaban una gota de agua en un mar enfurecido (69). Y es que la Internacional no entendía que el desarrollo del Partido no se podía forzar. O, como decía Mao, refiriéndose al mismo problema en el PCCh, no por tirar de la planta crece más deprisa, pues de esa manera se le dañan las raíces y se ve afectado su crecimiento. Por el contrario, necesitaba un desarrollo independiente. Sólo así, en base a su experiencia directa, que necesaria e inevitablemente conllevaba cometer errores y aprender de ellos, podía el PCE ampliar su influencia, elaborar una línea política justa y, en definitiva, desarrollarse. Este era precisamente el problema de fondo que de una u otra forma subyacía en las divergencias y enfrentamientos de los dirigentes comunistas españoles con la Dirección de la IC.
Algunas de las críticas hechas por la IC iban bien encaminadas, pero eran insuficientes y hasta unilaterales. Las debilidades, incomprensiones y errores del Partido no sólo era preciso encuadrarlos dentro de una etapa de desarrollo, sino que, además, no se podían separar de algunas apreciaciones erróneas anteriores de la IC sobre la realidad española, de la labor desorientadora de delegados como Humbert-Droz, ni, por supuesto, de la línea errónea que se estaba siguiendo en la construcción del Partido. En todo caso, la responsabilidad en todos esos errores debía ser compartida.
Esto, claro está, no eximía al Partido y a sus dirigentes, en particular, de su propia responsabilidad en tan serios y graves errores. Por ello la lucha entre dos líneas que se venía librando desde 1927, entre los dirigentes españoles y la dirección de la IC y dentro del propio Partido, va a desembocar, tras la proclamación de la República, en una segunda gran batalla ideológica y política.
Sin duda, en ese propósito, más que las suspicacias hacia las veleidades de independencia de los dirigentes españoles, influía sobre todo el temor a que el Partido se aislase de las masas. De ahí que antes del IV Congreso, en el que Bullejos fue reelegido secretario general, la IC fomentase e impulsase la promoción y cooptación al Comité Central de cuadros obreros de reconocido prestigio entre las masas, como José Díaz, Dolores Ibarruri, Mije, Hurtado, Uribe y otros, en los cuales se apoyará más tarde para llevar a cabo la lucha contra el grupo bullejista.
A todo esto se añadía otra preocupación: el que la revolución española, sobre la que la IC no cesaba de subrayar su gran importancia internacional (70), se quedase en el intento por la falta de un partido maduro, pues su fracaso no podía dejar de repercutir en el movimiento comunista internacional.
Estos problemas y preocupaciones, unidos a su impaciencia, empujaban a la dirección de la IC a estar más encima de la actividad de los comunistas españoles y contribuían a acentuar la tendencia, que ya de por sí tenían sus delegados, a sustituir a los dirigentes de las secciones nacionales. Esta era una de las razones de que fuesen más frecuentes durante este período los roces y conflictos con los dirigentes del PCE, sobre todo a partir de la llegada de Vitorio Codovila.
La crisis estallará inmediatamente después de frustrarse el golpe de Estado del general Sanjurjo. El porqué en ese momento y no antes o después tiene mucho que ver con el contexto en el que se produce, caracterizado por el auge de la lucha revolucionaria y la agravación de la crisis política y económica.
Ambos hechos -la crisis interna del Partido y el golpe- coinciden con el inicio de una nueva oleada de luchas obreras y campesinas, mucho más fuerte que la anterior, que no pasaría desapercibida en Moscú: el XII Pleno del CE de la IC (septiembre 1932) tendrá muy en cuenta que en España se estaba produciendo un impetuoso avance del movimiento de masas con tendencia a desarrollarse en insurrección popular (71). Esta tendencia era más pronunciada en el campo, donde en las zonas latifundistas se estaban produciendo cada vez más frecuentes ocupaciones masivas de tierras e insurrecciones locales. Esto explica el apoyo dado al golpe por la aristocracia terrateniente y un sector minoritario de la oligarquía financiera más ligada a aquélla.
En efecto, la lucha revolucionaria de las masas, por un lado, y la crisis económica, por otro, estaban agudizando las contradicciones entre las clases dominantes. Por eso mismo la burguesía, bajo la presión del campesinado y a fin de contener en primer lugar la revolución en el campo, va a aprovechar el fracaso del golpe para expropiar, mediante indemnización, a la Grandeza de España e iniciar una reforma agraria a la manera burguesa, tan necesaria para el desarrollo capitalista, a expensas de sus aliados; aunque, en realidad, quienes verdaderamente debían pagar su coste, endeudándose con los bancos, iban a ser los jornaleros y campesinos pobres que se beneficiasen de ella.
Este conjunto de circunstancias será el que provoque el golpe militar anti-republicano y el que, finalmente, precipite el enfrentamiento del grupo de Bullejos con la dirección de la IC.
Lo que el PCE debía hacer en una situación semejante ya había sido advertido por el CE de la IC, tras el 14 de abril, ante la posibilidad de alguna intentona monárquica. Inspirándose en el ejemplo de los bolcheviques en la lucha contra Kornilov -señala la IC en su Carta abierta al CC del PCE de mayo de 1931-, el Partido comunista debe, sin sostener jamás al gobierno, luchar con toda la energía posible, como una fuerza independiente, pero también como la vanguardia revolucionaria y el guía de las masas, contra todo complot contrarrevolucionario, aprovechando tales ocasiones para armar a las masas trabajadoras y para conquistar nuevas posiciones para el proletariado y la masa campesina (72).
¿Qué hicieron los dirigentes del Partido? En vez de impulsar la lucha independiente del proletariado, desenmascarar al Gobierno republicano-socialista como instrumento de la contrarrevolución burguesa-terrateniente y llamar al campesino a la toma de la tierra, lanzaron la consigna de defensa de la república sin más. Una consigna que en ese momento suponía tanto como llamar a las masas a apoyar al Gobierno de la contrarrevolución y supeditarse a la burguesía. A este resultado les llevaba su incomprensión del carácter y desarrollo de la revolución y, desde luego, su interpretación esquemática de la consigna del gobierno obrero y campesino. Es decir, que así como el 14 de abril esa incomprensión les condujo a saltarse la etapa democrático-burguesa y a plantear como objetivo la toma del poder por el proletariado, ahora, esa misma visión les llevaba a hacer de la revolución democrático-burguesa un fin en sí misma, separándola de la revolución socialista (73).
El peligro de que con estos planteamientos el Partido se aislase de las masas era más que evidente. De ahí la reacción inmediata y contundente de la Dirección de la IC y de su delegación en España.
En la primera reunión del Secretariado posterior al golpe, la delegación, apoyada por dos miembros del mismo, acusó a Bullejos y compañía de caciquismo y de seguir una línea política errónea, oportunista y contrarrevolucionaria, y les exigió una autocrítica. Por su parte, Bullejos y otros dos integrantes del Secretariado acusaron a la delegación de intromisión (74). Como ejemplos más recientes citaban la destitución del responsable de la secretaría de agitación y propaganda sin contar con ellos y el que la delegación, deliberadamente, no diese a conocer a la Dirección del Partido las tesis sindical y de organización hasta el momento de ser presentadas al IV Congreso. Ante estas evidencias poca credibilidad podían merecer las acusaciones de caciquismo dirigidas contra Bullejos y compañía.
No obstante, la crítica a los métodos dirigistas de la delegación no podía ponerse al mismo nivel que la crítica a las concepciones erróneas y a las prácticas correspondientes, pues era al oportunismo al que principalmente había que combatir. Mucho menos podía servir para encubrir los errores, como pretendían Bullejos y sus seguidores. Los problemas planteados exigían una discusión a fondo, utilizando para ello un método correcto. Pero, lejos de eso, la delegación no sólo no hizo ninguna valoración autocrítica de su actuación, sino que, al no tener en cuenta la estrecha relación entre la unidad y la lucha ideológica, enconó el enfrentamiento con sus descalificaciones, imposiciones y nuevas intromisiones. Así, después de una reunión del Buró Político, en la que la mayoría de sus miembros, en ausencia de los encausados, habían aprobado mayoritariamente una resolución en la que se hacía a la delegación responsable de la situación de desquiciamiento de la dirección del Partido; y después también de que se tomase el acuerdo de reunir al CC, a fin de exponerle todo el proceso de las luchas habidas y las medidas de la naturaleza que sean, para que no vuelvan a surgir, y que el trabajo de la dirección discurra en las mejores condiciones (75), al día siguiente, ese mismo Buró Político -evidentemente, bajo la presión de la delegación, pues no otra cosa cabe deducir-, acordaba separar de todos sus cargos en el Partido a Adame, Bullejos y Vega (76).
Ese mismo día también la delegación daba a conocer al Partido una declaración con el fin de situar política e ideológicamente las divergencias. Según ella, todo su trabajo estaba dirigido a ayudar al PCE a transformarse en un Partido verdaderamente comunista, a asegurar la línea política trazada por la IC y a crear una dirección colectiva y unificada. Finalmente, la declaración llegaba a la conclusión de que los tres dirigentes mencionados estaban llevando a cabo una lucha contra la política de la IC, una lucha que ataca los principios fundamentales de la IC (77).
Y de hecho así era. Sin embargo, resulta dudoso que se tratase de una lucha consciente contra los principios de la IC. Ni siquiera de ese rechazo a las intromisiones de la delegación, aun llevado hasta sus últimas consecuencias, se puede deducir que cuestionasen el papel de la IC como centro dirigente de la revolución mundial. Esta idea posiblemente ni se les pasó por la cabeza a Bullejos y compañía, aunque bien es verdad que dadas las posiciones en pugna resultaba fácil pensar que ello podía ocurrir. De todas formas, el problema de fondo que entonces se planteaba no residía tanto en el oportunismo de las posiciones que venían sustentando Bullejos y otros dirigentes ni en esa especie de juicio de intenciones que aparece expuesto en la declaración citada, sino en ese tipo de ayuda que la delegación estaba prestando. Esta ayuda, aunque no fuese ésa su intención, conducía a eliminar cualquier atisbo de dirección colectiva y realmente unificada, de iniciativa y de lucha ideológica, cercenando desde la raíz cualquier posibilidad de que los comunistas españoles pudieran pensar por sí mismos. De ahí que trataran de someter a quien disintiese de los criterios de la IC, llevase o no razón. Al final, a eso se reducía el cometido que se habían asignado los delegados.
Por esa razón y dado el papel tan destacado que desempeñó la delegación en el conflicto y, muy en particular, el argentino Vitorio Codovila, vamos a detenernos un poco más en este problema y en lo que del mismo se derivaba, pues pensamos que puede contribuir a esclarecer un poco más algunos aspectos de la crisis.
Es indudable que, independientemente de que la mayor parte de los delegados no fuesen unos oportunistas, como Humbert-Droz, por mucha voluntad que pusieran difícilmente podían orientar al Partido cuando lo desconocían todo sobre nuestro país, la mayoría de las veces incluso el idioma. Si encima pretendían dirigirlo, sin tomar siquiera en consideración la opinión de la Dirección del Partido, el resultado no podía ser más dañino para su propio desarrollo.
A ese respecto viene bien al caso remitirnos ahora a las consideraciones hechas por Togliatti -en sus informes a Moscú- acerca de los delegados de la IC que se encontraban en España durante la Guerra Nacional Revolucionaria; y, más concretamente, a las que se refieren a Vitorio Codovila: No quiero ocultaros mi impresión en torno al hecho -escribe Togliatti- de que la responsabilidad del mal trabajo del centro corresponde a nuestros ‘consejeros’. En particular, es preciso convencer a L. [Vitorio Codovila] de la oportunidad de cambiar radicalmente sus propios métodos de trabajo. Los camaradas españoles han crecido, es necesario entenderlo y dejar que anden por su propio pie, limitándonos nosotros al papel de ‘consejeros’... Esto daría a los camaradas un mayor sentido de la responsabilidad y les ayudaría mucho a trabajar mejor (79).
Por esa razón Togliatti pedirá al CE de la IC que les llame al orden para que no desorienten a los camaradas impulsándoles por un camino equivocado y dejen de considerarse los ‘amos’ del partido, partiendo de la base de que los camaradas españoles no valen nada, que dejen de ocupar su lugar con el pretexto de hacer las cosas más ‘rápido’ y ‘mejor’ (80).
Si esto sucedía en 1937, cuando los dirigentes españoles estaban -según Togliatti- en condiciones de dirigir al Partido, e incluso de dirigirlo bien, qué no sucedería en 1932 con unos dirigentes puestos en la picota y con Vitorio Codovila de por medio; o incluso, posteriormente, durante su permanencia en nuestro país hasta bien entrada la guerra.
Claro que tampoco Togliatti era ajeno a esos métodos ni, por supuesto, a los errores que el PCE, bajo su influencia, estaba cometiendo en el momento de escribir sus informes. Por eso no nos merecen ningún crédito sus consideraciones sobre lo que era justo o equivocado. Ahora bien, eso no invalida el valor testimonial de sus observaciones, por cuanto en ellas se ponen palmariamente de manifiesto ya no sólo las intromisiones a las que se oponían los dirigentes del PCE, sino las concepciones que las inspiraban y que llevaban a cortar las raíces del desarrollo del Partido.
Otro tanto venía sucediendo en aquella época en el PCCh, con la diferencia de que Mao y sus seguidores, contrariamente a los Bullejos y compañía mantenían una línea justa frente a las concepciones dogmáticas de la Dirección de la IC. Y lo estaban demostrando en la práctica, lo que les permitía oponerse con más autoridad y fuerza política a esas y otras intromisiones e ir al fondo del problema. Esto, claro está, no les librará de ser tachados por los dirigentes de la IC y sus delegados de nacionalistas pequeño-burgueses, calificativo que, salvando las distancias, también será aplicado a Bullejos y sus seguidores (81).
Naturalmente, el origen del problema no estaba en los delegados y en sus métodos, sino en la línea de construcción del Partido aplicada por la Dirección de la IC con respecto a sus secciones nacionales. Que el problema era general y no se limitaba al PCE y al PCCh se demuestra en que el XII Pleno del CE de la IC, coincidiendo precisamente con la lucha contra el grupo de Bullejos, aprobase una resolución en la que se expresaba la necesidad de acabar con el centralismo excesivo (82). Señal de que los dirigentes comunistas españoles puestos en la picota no andaban muy descaminados en su oposición a los métodos dirigistas de la delegación. Métodos que, a fin de cuentas, no eran más que una flagrante conculcación del centralismo democrático en el que debían basarse, según los estatutos, las relaciones de los órganos directivos de la Internacional con las secciones nacionales.
También se volvió a abordar esta cuestión en el VII Congreso (julio-agosto de 1935), cuyas actas nunca se publicaron, a juzgar por la resolución en la que se pronunció por una modificación de las funciones del Comité Ejecutivo, en el sentido de una mayor descentralización y autonomía de las secciones nacionales para resolver las tareas que se les planteaban. En ella se subraya, además, la necesidad de que el Comité Ejecutivo de la IC, al solucionar todos los problemas del movimiento obrero internacional, se basase en las condiciones y particularidades concretas de cada país, evitando como regla general inmiscuirse directamente en los asuntos orgánicos internos de los partidos comunistas (83). Esta medida estaba justificada, al parecer, por la adopción de la táctica de Frente Popular, aplicable no sólo a los países capitalistas o semifeudales, sino también a los países coloniales y semicoloniales. A ese respecto, la IC comenzaba a tener más en cuenta, a diferencia de lo que venía sucediendo con la vieja táctica del gobierno obrero y campesino, la diversidad de condiciones en cada país y todo aquello que hacía imposible la uniformización de tácticas y estrategias. Esto cada día era más necesario, además, en una situación internacional caracterizada por el ascenso del fascismo y el repliegue del movimiento revolucionario, lo que conllevaba un período más o menos prolongado de acumulación de fuerzas y el prestar mucha más atención a las condiciones nacionales. O sea, una realidad muy diferente a la que había hecho necesaria la constitución de la IC en pleno ascenso de la revolución.
Sin embargo, todas esas resoluciones nunca pasaron de los buenos deseos, imponiéndose la inercia centralista. Por este motivo, al no ser afrontado el problema desde la raíz y no prestar más atención al desarrollo independiente de las secciones nacionales y movimientos revolucionarios respectivos, la Dirección de la IC tendrá que recurrir cada vez más a medidas burocráticas e impositivas para no verse desbordada.
En concordancia con esos métodos, el conjunto del Partido permanecerá, a lo largo del conflicto, como convidado de piedra; aunque, eso sí, convencido de que la IC no se podía equivocar dadas sus poderosas razones y la unilateralidad con la que se presentaban. O sea que más que el propio convencimiento y comprensión de los errores que el Partido venía cometiendo se impuso el prestigio y el peso de la Internacional. Esa es la razón, junto al hecho de que los encausados -contrariamente a lo que se les acusaba- no se propusiesen llevar a cabo una labor fraccional, de que una dirección que llevaba siete años como tal no arrastrase ni a un solo militante.
Es muy sintomático que el Secretariado de la IC, muy al contrario que Codovila y otros delegados, no viese en el grupo de Bullejos un propósito deliberado de fraccionar el Partido ni de cuestionar a la Internacional y que incluso esperara a que rectificasen sus errores. No otra cosa es lo que estaba tratando de conseguir desde hacía tiempo mediante un trabajo paciente, pues, si bien en sus posiciones había serios y graves errores, también en su labor se podían apreciar aspectos positivos que la IC debería tener en cuenta. Por eso trataba de recuperarlos. De ahí también la disparidad de los métodos aplicados por la delegación y la Dirección de la IC a la hora de tratar las contradicciones surgidas y el intento de esta última de buscar un acuerdo o solución de compromiso. Además, el peligro de ruptura interna del Partido -cosa que no era descartable, dada la influencia de los planteamientos de los dirigentes encausados en la inmensa mayoría de los miembros del CC- aconsejaba recurrir más al convencimiento que al sometimiento.
Y ése fue el criterio que, en un principio, adoptó el Secretariado de la IC. Tras prolongadas discusiones en Moscú con Bullejos, Adame, Vega y Trilla -este último representante del PCE en las instancias dirigentes de la Internacional-, los cuatro aceptaron sus propuestas: Adame se incorporaría a la Internacional Sindical Roja (Profintern); Trilla seguiría ocupando su cargo de delegado; Vega ingresaría en la Academia Militar Superior de Moscú y Bullejos se reincorporaría a la Secretaría general, propuesta que, a petición suya, fue sustituida por la de organizar el Partido en Cataluña, formando parte del B.P. (85). Pero bastó que en Frente Rojo, órgano del Partido, se publicase -después de estos acuerdos- la resolución del B.P. del 5 de octubre, en la que se tomaba la medida de separarles definitivamente de la dirección y de exigirles una autocrítica pública para permanecer en el Partido, para que todos los pacientes esfuerzos del Secretariado de la IC se fuesen al traste. Ante tales condiciones -consentidas o no por la IC para no desautorizar a la delegación, su verdadera inspiradora-, los cuatro rechazaron de plano cualquier acuerdo (86).
La expulsión, por tanto, se hizo inevitable. A los pocos días, el Presidium del Comité Ejecutivo de la IC y la Comisión Internacional de Control tomaban la decisión de excluir de la Internacional y del PCE a Bullejos, Trilla, Adame y Vega, medida que sería corroborada por la nueva dirección (87).
¿Podía haberse evitado una solución tan expeditiva de la crisis de haber ido al fondo de los problemas y de haber adoptado unos métodos más justos, poniendo más el acento de lo que se puso en la lucha ideológica y una verdadera crítica y autocrítica? Nosotros pensamos que sí. Pero, incluso, independientemente de que no hubiese podido ser así, el Partido habría salido mucho más fortalecido en su unidad y cohesión interna y, sobre todo, mucho más esclarecido. Prueba de que la expulsión se podía haber evitado, al menos en algún caso, es el reingreso posterior de Trilla y Vega.
Tras la expulsión de Bullejos y compañía fue elegido como secretario general José Díaz, obrero sevillano, que en ese momento se encontraba en prisión. Su elección no cabe duda que estuvo determinada por el destacado papel que venía desarrollando al frente de la organización del Partido en Sevilla y Andalucía. Junto a él, Hurtado, Mije, Jesús Hernández, Dolores Ibarruri, Vicente Uribe y Pedro Checa fueron, entre otros, los que se hicieron cargo de las principales responsabilidades.
Comienza así, bajo su dirección, una nueva etapa en la vida del PCE y su verdadera actuación comunista (88). Con ello se puede decir que culmina el período inicial de su construcción -once años en total-, durante el cual se echaron las bases ideológicas, políticas y orgánicas, se establecieron vínculos con las masas, se difundió el marxismo-leninismo y la idea de la necesidad de un partido obrero revolucionario entre el proletariado y se forjaron en las dificultades de la lucha los cuadros que ahora tomaban en sus manos las riendas del Partido.
Entre finales de 1932 y comienzos de 1933, ni una sola región del país queda al margen de esta oleada revolucionaria que en muchos casos desemboca en acciones insurreccionales. Con estas luchas los trabajadores ponen de manifiesto que no están dispuestos a soportar por mucho tiempo las condiciones a las que eran sometidos. Esto confirmaba plenamente la apreciación hecha por el XII Pleno del CE de la IC de que en España se estaba produciendo un impetuoso avance del movimiento de masas con tendencia a desarrollarse en insurrección popular (89).
Tanto los líderes socialistas y ugetistas como anarcosindicalistas se veían cada vez más desbordados por sus bases. Por todas partes, especialmente en las zonas obreras más combativas, se iba haciendo realidad la unidad de acción entre los obreros de diversas tendencias.
A este fenómeno de radicalización y polarización de fuerzas no era tampoco ajena la pequeña burguesía urbana. Amplios sectores de la misma, afectados por la crisis económica y desengañados de los partidos republicanos por su política de contemporización con las fuerzas más reaccionarias, se radicalizaban y, aunque con vacilaciones, tendían a pasarse al campo revolucionario arrastrados por el proletariado. Como señalaba el Partido, la profundización de la crisis revolucionaria estaba produciendo una delimitación más nítida del campo de la revolución y el de la contrarrevolución.
En el desarrollo de esta situación incidían también, aparte de la crisis económica mundial, otros factores internacionales como el ascenso del fascismo tras la subida de Hitler al poder en Alemania y la agudización de los antagonismos interimperialistas.
El hecho de que la crisis interna del PCE coincidiese con el curso ascendente de la revolución no era una casualidad, sino que respondía a los propios requerimientos de la lucha de clases, que hacían inaplazable la construcción de un verdadero partido comunista que dirigiese el movimiento revolucionario. Alcanzar este objetivo resultaba vital en un momento en que la reacción más extrema se organizaba y ganaba posiciones, amenazando con tomar en sus manos el poder antes de que la mayoría de la clase obrera asumiera por completo el programa comunista.
Según el B.P., para situar al Partido en condiciones de encabezar y dirigir el movimiento revolucionario era preciso un viraje del Partido hacia las masas, resuelto por el IV Congreso (Sevilla), pero no realizado hasta hoy en todos los terrenos, sin excepción (90). Pero, ¿cómo llevar a cabo la transformación del PCE en un partido bolchevique de masas, que venía siendo el caballo de batalla de los dirigentes de la IC? ¿Cómo dar ese viraje que los comunistas españoles a duras penas comenzaban a comprender? ¿Bastaba simplemente para realizarlo la conciencia de su necesidad y la voluntad de acometerlo?
Como el mismo B.P. reconocía a comienzos de 1933, la gran simpatía con que ya contaba el Partido entre los trabajadores no se traducía en un reforzamiento de sus organizaciones. Incluso algunas de las más importantes, como la de Vizcaya, estaban retrocediendo (91). Era claro, pues, que no todo se podía atribuir al sectarismo. ¿A qué atribuirlo entonces?: ¿al sabotaje, a la ausencia de autocrítica o a la pervivencia de la influencia de los expulsados, como se decía? ¿No sería, más bien, independientemente de los errores de Bullejos y de los dirigentes de la IC, que ni antes ni ahora se daban las condiciones generales para que el PCE se convirtiese en un gran partido comunista de masas?
Pero este aspecto, con ser importante, no era lo principal. Ante todo seguía planteado el problema de la elaboración de una línea política justa, y para ello se requería, además de acumular experiencias, aplicar una línea de masas. Es decir, que había que fundir el elemento consciente, el Partido, con el movimiento revolucionario de las masas obreras y campesinas, lo cual exigía, a la vez que el estudio sistemático y la asimilación del marxismo-leninismo, partir de un conocimiento profundo de las condiciones reales del país, de la situación de las masas, de su estado de ánimo y de sus experiencias de lucha, etc., a fin de elaborar la línea justa y poder dirigir el movimiento revolucionario. O dicho en palabras de Mao, era preciso recoger las ideas (dispersas y no sistematizadas) de las masas y sintetizarlas [...] para luego llevarlas a las masas, difundirlas y explicarlas, de modo que las masas las hagan suyas, perseveren en ellas y las traduzcan en acción y comprobar en la acción de las masas la justeza de esas ideas [...] y así indefinidamente, de modo que las ideas se tornan cada vez más justas, más vivas y ricas de contenido (92). Esta era la única forma de ligar el Partido a las masas y de no caer en la concepción seguidista o espontaneísta ni en los errores de subjetivismo. Lo que sí conducía al aislamiento de los comunistas eran precisamente los reiterados llamamientos del Partido a la participación electoral y las críticas constantes al putchismo y al terror individual cada vez que los obreros y campesinos pobres se lanzaban espontáneamente a la insurrección, siguiendo muchas veces las consignas anarquistas, como en Casas Viejas (93). De esta forma, los comunistas mal podían arrancar a los trabajadores de la influencia anarquista. En todo caso, lo que había que hacer era llamar al boicot, fomentar el espíritu de revuelta y crear organizaciones de combate, preparándose así para encabezar y dirigir el movimiento insurreccional, y no limitarse a hacer llamamientos a la formación de milicias obreras y campesinas que luego quedaban en el papel.
Un índice claro del declive socialdemócrata era la pérdida de afiliados por parte del PSOE y de la UGT. En tan sólo un año (desde 1932 a 1933) el primero había perdido la cuarta parte de su militancia, pasando de 80.000 a 60.000, mientras que en la UGT la afiliación se redujo, durante el mismo período, a la mitad (de 800.000 a 400.000). Y algo parecido estaba sucediendo en las Juventudes Socialistas (94).
Como consecuencia de esta pérdida de influencia de la socialdemocracia entre la clase obrera se produjo la ruptura de la coalición republicano-socialista y la salida del PSOE del Gobierno, así como su división interna en diversas corrientes, una de las cuales, la encabezada por Largo Caballero, se radicalizará bajo la presión de la base siguiendo el camino iniciado por las Juventudes Socialistas. En todo ello el Partido Comunista venía influyendo decisivamente.
Por esas mismas fechas (el 3 de marzo de 1933), días después de que los nazis subieran al poder en Alemania, la IC hizo público su primer llamamiento a la Internacional Obrera Socialista (IOS), emplazándola a formar un frente único. En el citado documento, la Dirección de la IC aconsejaba a sus secciones nacionales cambiar la orientación, de unidad de acción por la base, que venían siguiendo desde poco antes del VI Congreso (agosto/septiembre 1929), por la del frente único con las masas obreras socialistas por intermedio de los partidos socialistas, a fin de impulsar el programa de lucha contra la ofensiva del capital y del fascismo(95). ¿Era justa esta táctica? ¿En qué condiciones debería aplicarse?
A comienzos de los años veinte, en las condiciones de reflujo de la revolución, de debilidad de los partidos comunistas y división de la clase obrera, Lenin sostenía, como hemos visto, que para atraer a la lucha contra el capital a una masa cada día mayor de obreros no había que vacilar en hacer llamamientos incluso a los líderes socialdemócratas con la propuesta de sostener conjuntamente la lucha. Pero Lenin no condicionaba la realización del frente único con los obreros socialistas a un acuerdo con sus dirigentes ni establecía ningún compromiso que conllevase la renuncia a la lucha ideológica contra la socialdemocracia. Por eso dejaba bien sentado con respecto al frente único que se trataba de una fórmula intermedia, supeditada a una situación de reflujo del movimiento revolucionario y de división de la clase obrera. Además, Lenin no perdía de vista, como le va a suceder a partir de ahora a la Dirección de la IC, que un frente se establece con una o varias clases, no dentro de la propia clase por mucho que se limite a realizarse por la base.
Bien es verdad que en 1933 la situación se presentaba algo distinta. Los partidos comunistas eran, en general, más fuertes que entonces, mientras que, por otra parte, el movimiento de masas no se encontraba en una fase de reflujo sino de ascenso. No obstante, en algunos países capitalistas como Alemania, la instauración del régimen nazi había interrumpido el desarrollo del movimiento revolucionario de masas y se mantenía una clara división de la clase obrera. Además, había que tener en cuenta otro factor nuevo: la socialdemocracia, después de favorecer la implantación del fascismo, se estaba convirtiendo también en una de sus víctimas. Indudablemente todo esto aconsejaba la adopción de la táctica de frente único, siempre que no se perdiera de vista la necesidad de mantener dentro de él la lucha contra las concepciones y prácticas reformistas, ni su carácter transitorio. Había que tener presente, en función del objetivo de impulsar la revolución y de conseguir la unidad de la clase obrera, que la socialdemocracia, dada su naturaleza y los intereses de clase que defiende, no era ni podía ser en el futuro un aliado seguro ni duradero, y que esperaría la ocasión para pasarse a las filas enemigas y traicionar de nuevo la revolución. De ahí el peligro de relajamiento de la lucha ideológica que suponía la recomendación de las instancias dirigentes de la IC a los partidos comunistas de establecer el frente único por intermedio de los líderes socialdemócratas y de renunciar a los ataques contra las organizaciones socialistas durante la acción común (96). No por casualidad advertirá posteriormente Dimitrov, en su informe al VII Congreso de la IC, contra las tendencias que aspiran a disminuir el papel del partido comunista en el seno del frente único y a reconciliarse con la ideología socialdemócrata (97).
En la situación de crisis revolucionaria por la que atravesaba España en 1933, la unidad de acción entre los obreros socialistas y comunistas acabaría imponiéndose, por lo que la aplicación de la táctica de frente único, en los términos propuestos por la IC en su llamamiento del 3 de Marzo, resultaba más que discutible. Por ese motivo cabe considerar que el Partido cometió un error al adoptarla, ya que le llevaba a enredarse en el juego oportunista y, a la postre, a atarse las manos para desarrollar un trabajo independiente entre las masas. Esto es lo que habría de suceder poco tiempo después con el efímero engendro de la Alianza Obrera, creada a iniciativa de socialdemócratas y trotskistas, en la que el PCE se verá obligado a ingresar (98). Por lo demás, suponer que los líderes reformistas se prestarían a facilitar ese frente único sólo podía confundir a los obreros y rehabilitarles ante sus ojos, cosa que hasta cierto punto va a suceder.
Esta concepción errónea de la unidad va a traer consecuencias muy negativas a la hora de orientar correctamente la táctica de Frente Popular, de tal manera que la ampliación de ese frente único (sin lucha y por arriba) de la socialdemocracia a la burguesía republicana habrá de llevar al Partido a cometer serios y graves errores en su aplicación.
A la vez que el trabajo destinado a lograr la unidad y organización independiente de la clase obrera, ya por entonces el Partido desplegó una labor encaminada a desarrollar la lucha política y a despertar la conciencia de los trabajadores sobre el peligro que representaba el ascenso del fascismo. Desde su primer llamamiento a las organizaciones obreras a un frente único, el Partido situó la lucha contra el fascismo en un primer plano en todas las luchas y movilizaciones de masas por él promovidas. Paralelamente impulsó la creación de un embrión de frente unitario popular en el que, junto al PCE, Unión de Juventudes Comunistas (UJCE) y sindicatos afines, figuraban la Juventud de Izquierda Radical-Socialista y destacados intelectuales y artistas (99).
El mismo hecho de que esa iniciativa no se limitase a la clase obrera y que estuviese alentada y respaldada por la IC, revelaba que ya desde ese momento se estaba comenzando a perfilar la táctica del Frente Popular a partir de la ampliación del frente único. No obstante este temprano intento y la intensa actividad desplegada por todo el país para crear comités antifascistas que agrupasen a la clase obrera y a otros sectores populares, su realización sería por el momento incipiente. Las condiciones todavía no estaban maduras para ello. Por un lado, tanto la IC como el PCE seguían aferrados a la vieja táctica y todavía no se tenía muy clara la formulación de la nueva, sobre todo porque se requería experiencia y que las masas la hiciesen suya. Además, aún faltaba una condición esencial: fortalecer en la lucha la unidad e independencia de la clase obrera. Esto sólo podría lograrse con la culminación, en lo fundamental, del período de construcción del Partido.
Por otro lado, era necesario profundizar todavía más en el conocimiento y caracterización del fenómeno fascista. En ese sentido, el XIII Pleno del CE de la IC (diciembre 1933), en el que se hizo la primera convocatoria para la celebración del VII Congreso, supuso un paso importante: definió al fascismo como la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, chovinistas e imperialistas del capital financiero; consideró que su crecimiento era un índice del desarrollo de la crisis revolucionaria y del descontento de las masas, al mismo tiempo que de la incapacidad de las viejas formas democrático-parlamentarias para luchar contra el proletariado y las masas trabajadoras y de su necesidad de preparar la guerra imperialista, y refutó la tesis socialdemócrata de la inevitabilidad del fascismo y del comienzo de una época fascista. Por lo que se refiere a España, el Pleno señaló que la revolución y la contrarrevolución se encontraban frente a frente, aprestándose para combates decisivos (100), lo que se habrá de confirmar plenamente.
Bajo esta orientación y ante la convocatoria de elecciones generales para noviembre de 1933, con las que las clases dominantes pensaban preparar el terreno para instaurar un gobierno fascista, el PCE propuso al Partido Socialista y a otras organizaciones obreras la formación de un frente único electoral, ampliable a algunos partidos republicanos de izquierda, con el fin de establecer candidaturas antifascistas e impedir el triunfo de los partidos reaccionarios (101). Pero tal propuesta, en contra del criterio de algunas federaciones socialistas, como la de Asturias, no obtuvo ninguna respuesta y encontró poco eco entre la clase obrera. Esta, desengañada de los líderes socialistas y sin ninguna confianza en que los problemas se pudiesen resolver mediante los votos, se decantó en su mayoría por la abstención. Las elecciones fueron ganadas por las fuerzas reaccionarias. El PCE consiguió, según sus estimaciones, 400.000 votos (en las anteriores de junio de 1931 sólo había obtenido 60.000), logrando un diputado por Málaga con una candidatura apoyada por socialistas y radical-socialistas. Con estos resultados y la alta abstención habida se ponía de manifiesto, una vez más, que la única táctica justa para llevar a las masas a la unidad en la lucha contra el fascismo, en una situación de auge revolucionario, era el boicot. En esas condiciones, la participación electoral sólo podía favorecer a los partidos reaccionarios y desmoralizar a las masas populares.
El triunfo electoral envalentonó a la reacción. El Gobierno presidido por Lerroux con el apoyo parlamentario de la CEDA comenzó inmediatamente a eliminar las escasas conquistas económicas y democráticas arrancadas por las masas desde comienzos de la República.
La clase obrera respondió a esta ofensiva reaccionaria con una oleada de huelgas económicas, políticas y luchas insurreccionales espontáneas. Todas estas acciones de masas culminarían el 14 de septiembre de 1934 en el gran mitin del Stadium de Madrid, organizado conjuntamente por primera vez por el PCE, la UJCE, las Juventudes Socialistas y el ala izquierda del PSOE. A la concentración acudieron más de 70.000 trabajadores, en su mayoría jóvenes, para mostrar su repulsa a la ley que impedía el asociacionismo juvenil, abiertamente dirigida contra las organizaciones obreras, así como a los recientes asesinatos de varios militantes socialistas y comunistas perpetrados por las bandas falangistas. En este acto multitudinario, en el que por primera vez desfilaron juntas las milicias socialistas y comunistas, se pusieron de manifiesto los deseos de unidad de la clase obrera y su disposición a tomar el poder antes de que se impusiese impunemente un régimen de terror como en Alemania y en Austria.
Paralelamente, bajo la presión popular, se agudizaban las contradicciones entre la oligarquía financiero-terrateniente y otros sectores de la burguesía y, en particular, con la burguesía nacionalista catalana y vasca. Las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central eran cada vez más tirantes, hasta el punto de que se preveía un levantamiento popular en Cataluña.
Estas divisiones en el campo de la burguesía, unidas al temor a que el proletariado alcanzara en breve una real y efectiva concentración de sus fuerzas bajo la dirección del Partido Comunista, empujaban a la reacción a agruparse en torno a la CEDA, formación declaradamente fascista. Desde los monárquicos a los partidos republicanos más entroncados con la gran burguesía financiera, como el Partido Radical, pasando por los clericales-fascistas de la CEDA y grupúsculos nazis como las JONS o la Falange, todos compartían un mismo objetivo inmediato: implantar un gobierno de mano dura para dar la batalla a las fuerzas revolucionarias antes de que fuera demasiado tarde.
La insurrección alcanzó en Asturias su punto culminante. Tras tomar por asalto en pocas horas más de medio centenar de cuarteles de la guardia civil, hacerse con el control de la fábrica de cañones de Trubia y algunos depósitos de armas, los insurrectos implantaron el poder obrero durante quince días. Al cabo de ese tiempo y tras cruentos combates el ejército, bajo la dirección del general Franco y de otros militares fascistas, se hizo de nuevo con la situación.
Unos meses después de su aplastamiento, José Díaz reconocía en su intervención ante el VII Congreso de la IC que, en vísperas de la insurrección, el PCE estaba muy poco preparado desde el punto de vista técnico y orgánico para dirigir el movimiento insurreccional (102). ¿Cómo era posible -cabe preguntar- que el Partido, que desde hacía dos años venía observando que el movimiento de masas tendía a desarrollarse en insurrección popular armada (y que había participado en numerosas revueltas campesinas y huelgas obreras de carácter insurreccional) no estuviera preparado para la insurrección y fuese a la zaga de las maniobras socialistas, esperando incluso a que los dirigentes socialdemócratas le proporcionasen las armas?
Naturalmente, esa falta de previsión tenía mucho que ver con las concepciones que el Partido venía manteniendo sobre diferentes problemas tácticos, como la participación electoral o la unidad de la clase obrera y, en definitiva, con la nueva vía de desarrollo de la revolución que, de alguna manera, se estaba buscando. A todo esto tampoco podían ser ajenos los métodos de lucha del proletariado y, más concretamente, la insurrección.
En este terreno, también el subjetivismo estaba ejerciendo su influencia. De ello era un claro exponente el compendio elaborado en 1928 por la Dirección de la IC en colaboración con especialistas militares soviéticos, bajo el seudónimo de A. Neuberg, para que sirviese como guía de la organización y conducción de la insurrección armada. En el mismo no sólo se pasaba por encima de la experiencia bolchevique, sino que sus planteamientos, hechos al margen de cualquier análisis histórico concreto, suponían una vuelta atrás, a las posiciones putschistas, al golpe de mano de una minoría y al aventurerismo. Con semejante guía se comprende que fracasasen todas las insurrecciones organizadas y dirigidas, después de Octubre de 1917, por diferentes partidos comunistas bajo el patrocinio de la IC (103).
La causa principal de este retroceso en la teoría y práctica revolucionaria residía en que los dirigentes de la Internacional no comprendían que, en las condiciones del régimen político creado tras la revolución Soviética por la burguesía y el imperialismo para hacer frente a la lucha revolucionaria del proletariado, era imposible repetir otra insurrección como la de Octubre. Sin embargo, en vez de investigar en profundidad las causas de tantos fracasos insurreccionales y extraer enseñanzas para hacer avanzar la teoría y la práctica militar del proletariado, la IC tendía a evitar su repetición preconizando la marcha por caminos ya trillados como el parlamentarismo. Y es que, como señalaba Mao, el subjetivismo no podía más que conducir inevitablemente o al oportunismo o al putschismo (104).
A la vista de estas concepciones erróneas y debido, sobre todo, a que la estrategia insurreccional se daba por superada en la práctica sin que se viese otra alternativa que no fuese la lucha parlamentaria, se explica que cuando estalle una insurrección espontánea de masas, como la de Asturias, el PCE no se encontrase preparado, fuese a remolque de los líderes socialistas y, al final, se viese forzado a intervenir en el movimiento insurreccional en las peores condiciones: sin preparación alguna, a la aventura, sabiendo que el Partido Socialista nada serio tenía preparado y que su propósito no era el de llevar a cabo una insurrección popular para la toma del poder, sino un movimiento limitado a provocar un cambio de Gobierno (105). En estas circunstancias era claro que de no intervenir en la insurrección, cuando los obreros estaban esperando el momento para alzarse a la batalla definitiva, hubiese supuesto no sólo la consolidación de un gobierno semifascista o fascista, sino también el tirar por los suelos en un sólo día y por mucho tiempo todo el prestigio político y moral del Partido y de la IC ante las masas obreras de nuestro país. Por eso pensamos que, ante semejante tesitura e independientemente de los errores y falta de experiencia que habían llevado al Partido a esa situación, fue justo -como señalaba José Díaz- participar en la lucha dispuestos a corregir todas las faltas iniciales con las que se producía el movimiento en el propio curso de la batalla; cosa que en parte se consiguió allí donde las fuerzas del Partido, como en Asturias, eran importantes o estaban niveladas con las del Partido Socialista. De esta forma, si en Asturias pudo ondear victoriosa la bandera roja durante quince días, fue gracias a la iniciativa, valor y heroísmo de los comunistas, que supieron ganarse la confianza de las masas obreras. Fueron ellos los que asumieron toda la responsabilidad del movimiento de Octubre después de que los dirigentes socialistas, siguiendo su tradicional práctica oportunista de dejar a los obreros en la estacada, hubieran decidido desligarse de todo compromiso con la insurrección y las víctimas de la represión que le siguió. Con ello trataban, tras ser derrotado el movimiento insurreccional, de reemprender una vez más el camino de la política de chalaneo y colaboración con las clases dominantes.
Sin embargo, posteriormente, ni el PCE ni la IC pudieron extraer de forma consecuente las lecciones que se desprendían de esta experiencia, tanto en el terreno político como en el de la lucha armada, a consecuencia de las concepciones que venían manteniendo, lo que hoy podemos ver con más claridad a la luz de la experiencia histórica. Esta es, en última instancia, la razón de su incapacidad para comprender el fondo del problema y de que atribuyesen la causa principal de la derrota del movimiento insurreccional de Octubre a que no se hubiese asegurado el frente único con el Partido Socialista y la CNT (106).
En suma, este movimiento fue el último intento de llevar a cabo una insurrección obrera siguiendo las pautas de la revolución soviética. Su fracaso no sólo puso de manifiesto una vez más la inviabilidad de la estrategia insurreccional (la llamada vía de Octubre), sino también que la táctica del gobierno obrero y campesino y de los sóviets no era la fórmula adecuada para llevar a cabo la revolución en España. Entre otras razones, porque las condiciones internas e internacionales no permitían una rápida transformación de la revolución democrático-burguesa de nuevo tipo en revolución proletaria, como realmente pretendían en ese momento el PCE y la IC. ¿Acaso, por mucho que el Partido insistiera en contar con el campesinado y en buscar el apoyo de la pequeña burguesía urbana, no había intentado implantar en Asturias y en otros lugares, como Vizcaya, un poder soviético? Luego, ésta era la demostración más palpable de que Bullejos y compañía no habían hecho otra cosa que tratar de seguir el 14 de abril los consejos de la Dirección de la IC, sólo que de una forma esquemática y sin poderlos llevar hasta sus últimas consecuencias como en Asturias. Por ello, si algo se desprendía de esta momentánea derrota, era la necesidad de adoptar una nueva táctica y en parte ésta será la enseñanza que sacarán los dirigentes de la IC.
En fábricas, minas y tajos se multiplicaron los despidos por razones políticas o económicas, produciéndose las primeras huelgas de solidaridad con los represaliados y despedidos. El ejército de parados se aproximó al millón. En todas partes los patronos prolongaron la jornada de trabajo y rebajaron considerablemente los salarios. Estos descendieron en las ciudades de 12 y 11 a 4 y 5 pesetas, siendo mayor la caída de los jornales en el campo, donde pasaron de 6 a 9 pesetas a 1'50 para los hombres y 0'60 céntimos para las mujeres por jornadas de sol a sol.
La contrarrevolución se hizo presente en el campo con inaudito rigor. Los campesinos pobres que habían sido beneficiados por la Reforma Agraria de Azaña fueron desposeídos de la tierra para devolvérsela a los grandes terratenientes. En otros casos, éstos dejaban yermas sus fincas y despedían a los jornaleros con frases como la de ¡Comed República!. Por otra parte, como consecuencia de la nueva ley de Arrendamientos rústicos, más de 100.000 arrendatarios quedaron condenados a ser desahuciados.
Pero la reacción estaba muy lejos de consolidar su régimen de terror. La represión desatada agudizó aún más las contradicciones en su seno. La coalición gobernante del Partido Radical y de la CEDA se mostró incapaz de superar sus disensiones internas. Esta situación de crisis dió paso, en septiembre de 1935, a un nuevo gabinete radical, presidido por Chapaprieta, que comenzó a restablecer las garantías constitucionales. Este retroceso, que se venía a sumar a otros (como el del indulto arrancado para los veinte dirigentes de la insurrección de Asturias condenados a muerte), hizo aún más patente ante las masas populares la debilidad de la reacción y las animó a redoblar la lucha. A través de ella fue prendiendo en los trabajadores la idea de la necesidad de un amplio frente antifascista.
Es en estas condiciones, después de la heroica insurrección de Octubre, y como resultado de su consecuente actuación durante la misma, cuando el Partido Comunista pasó a ejercer la dirección del movimiento revolucionario del proletariado. El cada vez mayor eco que sus llamamientos encontraban entre las bases de otras organizaciones obreras y sindicales, como las del PSOE, UGT y CNT, obligaban a los dirigentes oportunistas a seguir a regañadientes las consignas que lanzaban los comunistas en pro del frente único, de la amnistía, etc. Nuestro Partido Comunista de España -manifiesta José Díaz por esa época- aunque se desarrolla y crece rápidamente, aún no es, numérica y orgánicamente, la fuerza decisiva del proletariado español, pero política e ideológicamente constituye la fuerza orientadora de todo el movimiento revolucionario de nuestro país (107).
Recogiendo el sentir de las masas populares, y a fin de dotar al movimiento de unos objetivos de lucha claros, el PCE avanzó entonces un programa que resumía las principales reivindicaciones de la etapa democrática de la revolución: 1.- Confiscación de la tierra de los latifundistas, de la Iglesia y del Estado, sin ninguna indemnización para entregarla inmediata y gratuitamente a los campesinos pobres y a los obreros agrícolas. 2.- Liberación de los pueblos oprimidos por el imperialismo español. Concesión del derecho de autodeterminación a Cataluña, Euskadi y a cuantas nacionalidades se sientan oprimidas. 3.- Mejoramiento general de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera [...] 4.- Libertad para todos los presos revolucionarios. Amnistía total para los presos y perseguidos, de carácter político-social (108).
El 2 de junio de 1935, por primera vez en un acto público, el Partido hizo un llamamiento a la formación de un amplio frente de todas las fuerzas obreras y antifascistas para luchar contra la reacción y exigir la disolución de las Cortes. En su intervención José Díaz definió con claridad cuáles eran los objetivos inmediatos y futuros del Partido: Nosotros, Partido Comunista, luchamos y lucharemos siempre por la realización de nuestro programa máximo, por la implantación del Gobierno Obrero y Campesino en España, por la dictadura del proletariado en nuestro país. Pero en estos momentos de grave peligro que amenaza a los trabajadores, con el fascismo dueño de los resortes principales del Estado, declaramos que estamos dispuestos a luchar unidos con todas las fuerzas antifascistas sobre la base de un programa mínimo de obligatorio cumplimiento para todos cuantos entren en la Concentración Popular Antifascista (109).
Estos planteamientos se vieron refrendados por las resoluciones del VII Congreso de la Internacional Comunista (celebrado finalmente en julio/agosto de 1935), en las que se sintetizaban las experiencias revolucionarias más avanzadas de las masas y de algunos partidos comunistas como el PCE.
El VII Congreso abogó por la necesidad de ampliar el frente único del proletariado a las masas campesinas y de la pequeña burguesía urbana a fin de aislar a los sectores reaccionarios, acabar con el fascismo y crear así las condiciones para la toma del poder por parte del proletariado. Se trataba, pues, de una táctica defensiva, de acumulación de fuerzas, a la espera de una situación interna e internacional más favorable que permitiese a las masas obreras tomar la iniciativa y pasar a la ofensiva. En el caso de los países coloniales y semicoloniales, la alianza del proletariado con otras fuerzas populares tomaba el carácter de un frente popular antiimperialista (110).
Con el respaldo del VII Congreso, la actividad del Partido recibió un fuerte impulso. Las masas hicieron suyas las consignas unitarias comunistas, obligando al Partido Socialista a estrechar relaciones con el PCE y a llegar a un acuerdo para realizar un pacto electoral antifascista con los partidos republicanos de izquierda.
El anuncio de elecciones para el 16 de febrero de 1936 precipitó las gestiones que se venían realizando con los partidos burgueses de izquierda para llegar a una coalición electoral. Las negociaciones fueron laboriosas (111). Para facilitar su culminación el PCE tuvo que hacer importantes concesiones tanto en la asignación de las candidaturas como en cuanto al programa, pues lógicamente los partidos burgueses no iban a apoyar un programa que conducía a la hegemonía del proletariado en la revolución democrática. A ello también contribuyó la concepción errónea del frente único que había adoptado el Partido, que le llevaba a subestimar su propia fuerza e influencia. Pese a todo, en el programa electoral se recogían algunas reivindicaciones muy sentidas por los trabajadores, como la amnistía. Finalmente, el 15 de enero de 1936, se firmaba oficialmente el Pacto del Bloque Popular, que en Cataluña se haría unos días más tarde, adoptando el nombre de Front d'Esquerres.
Como señalaba José Díaz, dicho Pacto no era aún un verdadero frente amplio de lucha antifascista [...] que tenga por fuerza-guía a la clase obrera y por garantía el frente único proletario [...] sino una especie de coalición electoral de las fuerzas obreras y republicanas de izquierda (112). A excepción de los comunistas, los demás partidos no aspiraban a otra cosa por razones evidentes. Pero, con el mismo se sentaban las bases para avanzar hacia dicho Frente. De ahí que el Partido Comunista insistiera en la trascendencia de las elecciones, manifestando que no se trataba como otras veces, de una simple contienda electoral, sino de un episodio clave en la lucha entre la reacción y las fuerzas revolucionarias en la perspectiva de la lucha por el poder. Por eso, justamente, en ese momento había que participar en las elecciones y no vacilar en establecer acuerdos o compromisos con los líderes socialistas y republicanos de izquierda.
El 16 de febrero las candidaturas del Bloque Popular se alzaron con el triunfo frente al Bloque Nacional, asestándole un duro golpe a las fuerzas fascistas que vieron así cortado su acceso al poder por la vía parlamentaria. Esta victoria no hubiese sido posible sin la labor orientadora del Partido Comunista y sin la insurrección de Octubre de 1934 que debilitó a la reacción y forjó en la lucha la unidad e independencia de la clase obrera. Por eso el Partido fue el verdadero artífice de esta victoria popular con la que se abría un amplio cauce a la revolución.
