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Los abogados de los presos Angel Elías, José Esteban, Francisca Villalba, Juan Manuel Ruiz y Fernando Burillo envían el 6 de febrero un escrito al Parlamento Europeo para que interceda ante el gobierno español y uno de ellos, José Esteban Armentia, se entrevistó con el diputado laborista Ken Coates, responsable de la Subcomisión de Derechos Humanos. Como era previsible, esta gestión no sirvió para nada, salvo para poner de manifiesto, por si cabían dudas, que los derechos humanos de que tanto alardean son sólo para ellos, y no para los obreros y el pueblo trabajador.
El 7 de febrero uno de los presos en huelga, F.J. Ros Díaz, hospitalizado en Guadalajara, tras setenta días en huelga de hambre, se declara también en huelga de sed. Al mismo tiempo se refuerzan las medidas de intervención y censura de correspondencia para aislar a los presos. Varios de ellos son trasladados en ambulancias de una cárcel a otra. En enero ya son 24 los presos hospitalizados. Ante la negativa de los presos, la dirección del Hospital Penitenciario solicita al juez de Vigilancia Penitenciaria autorización para proceder a reconocer a los presos y hacerles pruebas médicas. La Dirección General emite una circular para que los traslados de los presos a los hospitales vayan acompañados de una autorización del juez de Vigilancia Penitenciaria para que puedan ser inmediatamente alimentados contra su voluntad. La AFAPP pone los hechos en conocimiento de Amnistía Internacional y el Colegio de Médicos de Madrid, solicitándoles que impidan la alimentación forzada, considerando que es una forma de tortura y de prolongar su agonía innecesariamente. La Asociación Médica Colegial ratificó el criterio de la Asociación Médica Mundial en contra de la alimentación forzada. Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública difunde un comunicando dando la razón a los presos y oponiéndose a su alimentación forzosa. Pero una organización supuestamente humanitaria, como Amnistía Internacional, puso de manifiesto a lo largo de esta huelga su naturaleza falaz y rastrera, al oponerse a la alimentación forzosa en Marruecos, pero apoyarla en España. Demostraban así su naturaleza imperialista, pretendiendo aparentar que sólo existen violaciones de los derechos humanos en los países tercermundistas, pero no dentro de la misma Europa.
El 30 de enero el Ministro de Justicia, Múgica Herzog, manifiesta públicamente que el gobierno no negociará con los presos en huelga de hambre, porque la considera un chantaje. El Ministro del Interior, Corcuera, manifiesta su pleno apoyo al Ministro de Justicia y apoya su política de dispersión. Por su parte, Antoni Asunción asegura que los familiares están coaccionando a los presos para que continúen con la huelga indefinidamente. En el colmo de la frivolidad y la desfachatez, llegó al extremo de comparar la huelga de hambre con las anorexias nerviosas que suelen padecer los adolescentes con su obsesión por las dietas y el adelgazamiento (El Mundo, 2 de octubre de 1990).
El 27 de enero, un grupo especial de la Guardia Civil secuestra para interrogarle a Jesús Cela en Coruña, que acababa de salir de prisión en huelga de hambre. Los jefes de este grupo encubierto eran el Ministro del Interior, Corcuera, el Secretario de Seguridad, Rafael Vera, y el Director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Le intimidan, le presionan y finalmente le anestesian para trasladarle a Burgos en un coche, donde le abandonan.
En el comunicado subsiguiente reivindicando la acción, los GRAPO calificaban la huelga de hambre de sus presos como la más larga sesión de tortura que conoce la Historia para descalificar a los que hipócritamente hablaron de respeto a la vida como excusa para atar a los presos a las camas y colocarles sondas en los brazos y la nariz, alargando así de forma indefinida una agonía macabra que hace palidecer los experimentos médicos de los nazis. El comunicado manifiesta también que su Organización jamás ha ‘hecho política’ con el sufrimiento de los presos ni demás víctimas de la represión del Estado. En todos los casos, nos hemos limitado a denunciar y a enfrentar las arremetidas que el Gobierno ha dirigido contra nosotros y las demás organizaciones populares de la manera que ha sido posible hacerlo según las circunstancias. Esto es particularmente cierto respecto a las condiciones que vienen padeciendo todos los presos políticos. Como es sabido, en ningún momento hemos promovido en las prisiones otra cosa que no fuera preservar un régimen de vida interno mínimamente aceptable; los presos del PCE(r) y los GRAPO nunca han creado situaciones que pudieran servir de argumento a gobernantes y carceleros para justificar la dispersión ni otro tipo de represalias contra ellos. Los GRAPO afirman que no existe otra alternativa a esa situación que proseguir la huelga hasta el final, hasta lograr la reunificación: o esto o tendríamos que resignarnos a verles morir lentamente, aislados en un agujero inmundo, asesinados en silencio. No creemos que esta última alternativa pueda ser aceptada por ninguna persona honrada y sensata. Reconocen que el Gobierno había conseguido hacer recaer el mayor peso de la huelga de hambre sobre los propios presos, de modo que, dadas las condiciones generales existentes, el movimiento organizado popular no ha podido reemplazarlos en el lugar que ocupan en este duro combate. En esto consiste, fundamentalmente, la política socialfascista, criminal, del felipismo: en la utilización que vienen haciendo de los presos políticos como auténticos rehenes en manos del Estado, a fin de debilitar al movimiento popular e intentar chantajearlo.
El comunicado apunta también a una de las claves de la terrible prolongación de la huelga de hambre: intentar llevar a los GRAPO al terreno de las respuestas inmediatas para así distraer nuestras fuerzas, acorralarlas y destruirlas fácilmente. Los GRAPO no entraron en la provocación del golpe por golpe, ni en una escalada de acciones desesperadas en apoyo a sus camaradas presos, aunque durante la misma ejecutaron a dos guardias civiles, a un policía nacional, hirieron de gravedad a dos altos mandos del ejército y, finalmente, el 7 de septiembre dos militantes armados con pistolas entraron en la consulta privada de otro médico, Jose Luis Casado Martínez, también en Zaragoza, y otro de los responsables de la alimentación forzosa. Pero éste ya había abandonado la consulta y se salvó de su ejecución. El 7 de junio de aquel mismo año, los GRAPO volaron el chalet de Galavís con él dentro, pero aunque destrozaron la casa y el coche, el ex-Director General de Prisiones salvó su vida. Con esta acción los GRAPO lograban alcanzar a tres de los más significados dirigentes del exterminio de los presos desde la Dirección General de Prisiones, acabando con uno de ellos y demostrando que estos criminales tan destacados nunca van a quedar inmunes.
El 1 de marzo los presos consiguieron arrancarse la sonda y, en represalia, todos ellos son trasladados de nuevo al Hospital Penitenciario. La orden parte de la policía, una vez informados del hecho, ya que los médicos se vieron obligados a informarles de todas las incidencias. En el Hospital Gregorio Marañón no se les respetó su intimidad, ya que debían estar en su habitación con la puerta abierta para que la policía pudiera vigilarles permanentemente, y en ocasiones entraban dentro de ella, a pesar de la oposición de los médicos.
La policía se adueñaba cada vez más de los hospitales y comenzaron a centrarse en José Manuel Sevillano casi desde un principio, dada su firmeza en seguir con la huelga hasta sus últimas consecuencias: en lugar de trasladarle en ambulancia fue conducido en un furgón de la guardia civil, en las peores condiciones imaginables.
En el Hospital Penitenciario a los presos se les vuelve a enchufar la alimentación forzosa hacia mediados de marzo, aunque consiguen negociar con los carceleros la forma de administración. Para evitar permanecer atados a la cama con la sonda de plástico introducida por la nariz, acuerdan que la alimentación se les suministre por vía oral: un ATS penitenciario les llevaba un vaso de plástico con un suero líquido llamado Pentaset; en presencia del funcionario, Jose Manuel Sevillano aparentaba que se lo tomaba y cuando se marchaba, escupía su contenido en el lavabo.
En Zaragoza la alimentación también era por vía nasogástrica, lo que le produjo a Olegario Sánchez Corrales una fuerte gastroenteritis. Por ello, en unión de sus otros dos compañeros (José Balmón y Francisco Cela) se la quitaron el día 13 de marzo en el Hospital; en represalia, fueron trasladados a las cárceles de Daroca y Torrero. El regreso a las cárceles provocaba numerosas infecciones, ya que a la extrema debilidad del preso se le unía la suciedad propia y característica de las prisiones. Y sin embargo, la intoxicación propagandística no cesaba ni un momento, tratando de minimizar la gravedad de la situación y desacreditar a los presos en huelga. Por ejemplo, Diario 16 de Aragón narraba el 23 de marzo los hechos como si los presos volvieran a la huelga después de un paréntesis, comiéndose un estofado el día de su despedida del Hospital Miguel Servet.
El desenlace se acelera cuando en un análisis médico, los carceleros detectaron la extrema debilidad de Jose Manuel Sevillano y le introdujeron a la fuerza una sonda por la nariz para alimentarle y reanimar su estado general. El 18 de abril, junto con los demás presos, Jose Manuel Sevillano vuelve a rechazar la alimentación forzada y consigue arrancarse la sonda. La dirección del Hospital Penitenciario, en lugar de enviarles al Hospital Gregorio Marañón, traslada a Sevillano a la cárcel de Meco, donde ingresa en la enfermería. Era una medida de fuerza para presionar y agotar todas las posibilidades represivas: a pesar de la gravedad de la situación, los que rehusaran la alimentación forzosa no serían ya trasladados a hospitales sino a las cárceles. También a Buenaventura García le trasladaron a Segovia, a Juan Manuel Pérez Hernández a Ocaña, a Josefa Alarcón y a las demás presas a Avila.
A las pocas horas de ingresar en la enfermería de Meco, a Jose Manuel Sevillano le da un primer ataque cardiaco, que el gobierno se preocupó de silenciar para que no trascendiera; le reaniman con urgencia y se ven obligados a trasladarle de nuevo al Hospital Penitenciario el 25 de abril, donde se le alimenta a la fuerza por vía nasal. Allí es recluido en una habitación conjuntamente con Juan Manuel Pérez Hernández, Fernando Fernández y Luis Cabezas Mato; en otras habitaciones se concentraban ya la mayor parte de los presos, pero sin poder comunicarse entre ellos.
El 12 de mayo le da a Sevillano un segundo ataque cardiaco y los médicos le consideran muerto, pese a lo cual le trasladan urgentemente al Hospital Gregorio Marañón para reanimarle. Estaba en coma y en el Hospital le mantienen artificialmente con vida, para que el gobierno ganara tiempo y se preparara para la muerte, que sólo se produciría cuando ellos lo consideraran oportuno. Al mismo tiempo filtraron la noticia de su muerte para desmovilizar y desorientar al movimiento en la calle.
En el pueblo de Jose Manuel Sevillano, Marchena, localidad andaluza de jornaleros y trabajadores del campo, tropas especiales de la guardia civil tomaron posiciones y entraron en las viviendas de las personas más luchadoras para atemorizarlas ante el próximo desenlace y presentar un funeral en silencio con la sola presencia de los familiares más allegados.
Murió Sevillano y el gobierno no pudo impedir que numerosas personas se concentraran en el cementerio de Marchena para rendirle homenaje, sucediéndose también las manifestaciones, concentraciones y otras formas de protesta en muchas ciudades y pueblos de toda España.
Ante la gravísima situación de todos los presos, el 8 de febrero de 1991 la dirección del PCE(r) les ordena el cese de la huelga de hambre que venían manteniendo desde hacía 14 meses. La resolución final de la huelga tenía que llegar desde fuera de la cárcel. A causa de su estado y de la dispersión, los presos políticos no podían tomar por sí mismos la decisión. Sobre ella pesó también el agotamiento del movimiento de solidaridad, que debía recuperar la iniciativa de nuevo bajo otras condiciones que la propia continuación de la huelga no permitían abrir. El gobierno sólo estaba dispuesto a ceder ante la muerte de varios de los presos precio demasiado alto, que no estábamos dispuestos a pagar de ninguna manera, dijo nuestro Partido. Pero además, la alimentación forzada mantendría con vida a verdaderos cadáveres, postrados para siempre con padecimientos físicos muy graves: Había un límite -expuso el PCE(r)- que no debíamos rebasar: el sacrificio no se podía convertir en algo estéril y hasta contrario a los fines que se perseguían desde el comienzo de la huelga no podía conducir a una muerte asegurada de antemano.
En marzo el Comité Central publica un comunicado en relación con la huelga de hambre. El balance inicial que en aquel momento realizó la dirección de nuestro Partido fue el siguiente:
No se ha conseguido arrancar nada al Gobierno, hemos perdido al camarada Sevi y la salud del resto de los camaradas se halla bastante quebrantada. Pero el Estado y las fuerzas reaccionarias que lo respaldan no han logrado destruirnos ni llevar a los camaradas presos al terreno de la desmoralización, la claudicación y el arrepentimiento, tal como se habían propuesto. Su derrota política y moral es más que evidente. En cambio, los presos conservan su moral y su espíritu de combate intactos. Además, a lo largo de esta lucha han ganado el reconocimiento y el apoyo de gran parte de los trabajadores.Después, se abriría un debate público en la prensa del Partido para analizar las experiencias y hacer balance. En octubre de 1991 el nº 16 del órgano Resistencia publica un artículo titulado Un debate necesario en el que resume las discusiones, en las que participan tanto de los presos, como de los militantes de la clandestinidad, pasando por los que se habían solidarizado, e incluso organizaciones y amigos del extranjero. Así por ejemplo, la Redacción de Il Bolletino difundió una declaración en la que exponía: Los presos políticos españoles han conseguido concluir esta batalla manteniendo intacta su identidad política de clase y su firmeza revolucionaria, contribuyendo así a desenmascarar la naturaleza real del Estado español.No obstante, tenemos que reconocer que ese apoyo aún no es suficiente, pues no se traduce en una lucha política consciente y organizada para imponer al Estado las reivindicaciones de los presos, la amnistía y otras muchas reivindicaciones y derechos. Este es el sentido de nuestra lucha, en este camino estamos y en él seguiremos batallando sin desfallecimientos. La huelga de hambre recién finalizada ha supuesto un paso muy importante dado en esa dirección, y aunque momentáneamente, el enemigo de clase se haya impuesto por la fuerza, no nos ha vencido en ningún terreno. Por el contrario, ha perdido la batalla de la opinión pública, ha sido desenmascarado en su verdadero carácter socialfascista ante los ojos de todo el mundo, se ha visto obligado a tener que mostrar su absoluta falta de moral y su impotencia frente a los que se atreven a luchar.
Por su parte, en nuestro balance, comenzábamos exponiendo que el momento de iniciación de la huelga no había sido elegido deliberadamente por los camaradas encarcelados, sino que vino impuesto por la provocación del gobierno, que fue quien tomó la iniciativa. De ese modo pretendían desviarles de los planes que tenían trazados de reorganización y acumulación de fuerzas. Una vez los más los presos políticos no eran más que rehenes que trataban de utilizar para entrar en un cuerpo a cuerpo en el que el Partido se vería obligado a volcar todas sus energías y así tendrían la oportunidad de liquidarles en una batalla desigual.
Pero si el Partido no podía caer en la trampa, tampoco podía dejar abandonados a los presos a su suerte, porque eso significaba dejar manos libres al gobierno para que se ensañaran con ellos. Pero al mismo tiempo el grueso de la lucha debió recaer sobre las espaldas de los propios presos. Los planes del gobierno rebasaban el estrecho marco de las cárceles: se trataba de un proyecto estratégico en el que estaba en juego toda la política antiinsurgente de reinserción y exterminio masivo. Para inclinar la balanza a favor de los presos se requería un amplio movimiento de solidaridad de la clase obrera y otros sectores populares de abierto carácter político y con perspectiva de sacar a los presos de las cárceles.
Debido al carácter mismo de la lucha, el gobierno no podía retroceder, ya que ello hubiese tenido graves repercusiones políticas para todo el sistema. En primer lugar, les hubiese forzado a ponerse a la defensiva; el ejemplo de firmeza y resistencia por parte de los presos y la constatación de que es posible obligarles a recular, sirviese de ejemplo y estímulo para la clase obrera y demás sectores populares apabullados por la política explotadora y represiva del Estado. Eso hubiera significado arrojar por la borda todo lo que habían logrado recuperar en más de diez años, les hubiera retrotraído otra vez a 1977. Lo que ponía de manifiesto la intransigencia del gobierno no era una posición de fortaleza sino de debilidad y crisis. Pero al tiempo, no saldrían de la crisis retrocediendo más que como último recurso; antes agotarían todo el arsenal represivo a su alcance. De ahí lo que se produjo: el más absoluto cierre de filas de todos los grupos parlamentarios en torno a unas reivindicaciones de lo más simples y sencillas. Estaban dispuesto a pagar todos los costes políticos que fuesen necesarios antes que ceder a los presos lo más mínimo. No bastó la firmeza de los presos, ni tampoco las acciones guerrilleras: sólo un poderoso movimiento de masas de carácter político les hubiera obligado a ello.
El gobierno intentó arrepentir y dividir a los presos, pero todos sus intentos acabaron volviéndose contra ellos mismos. El fracaso de sus planes represivos acabó con el consenso y con todos los pactos antiterroristas, enfrentándose entre sí el PP con el PSOE, y estos a su vez con los partidos nacionalistas. La guerra sucia también se volvió contra sus propios patrocinadores, envueltos en varios procesos por asesinato, pertenencia a banda terrorista y malversación de fondos públicos. El PSOE acabó hundido y enfangado en un mar de corrupción y escándalos de todo tipo.
El 31 de marzo de 1992, después de varios intentos fallidos en las cárceles de Meco y Cartagena, se fuga de la prisión de Granada el militante de los GRAPO Fernando Silva Sande.
Una de las últimas hazañas de los socialfascistas consistió en la reorganización de toda la burocracia carcelaria. Trasladaron las cárceles del Ministerio de Justicia al de Interior, rematando así la labor que iniciaron en 1987 con la dispersión. La policía se adueñaba de las prisiones para perseguir a los revolucionarios hasta el mismo interior de sus mazmorras. Se cumplieron así los vaticinios de García Valdés: fracasada la reforma penitenciaria, habría que poner a un militar, un guardia civil o un teniente coronel de la policía al frente de la Dirección General de Prisiones. También elevaron el rango administrativo de la Dirección General de Prisiones, transformándola en una Secretaría de Estado, lo que la convertía en un departamento directamente dependiente del gobierno y sometido a una clara orientación política, imprescindible para gestionar el papel de rehenes de los presos políticos frente a las organizaciones revolucionarias a las que pertenecen. Dentro del nuevo organigrama carcelario, se ha constituido una célula política para la dirección de la represión, de la que forman parte policías, guardias civiles y agentes secretos del CESID especializados en la lucha contrasubversiva. Esa célula política está en contacto permanente con el subdirector de seguridad de cada cárcel, cargo de nueva creación y verdadero comisario político de las prisiones.
Inmediatamente después de la huelga de hambre, Antoni Asunción creó el FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) en el que se registran pormenorizadamente todos y cada uno de los movimientos de los presos sometidos a él: cartas, visitas, situación familiar, condenas, evolución personal, etc. Todos los presos sometidos a este régimen están en un aislamiento absoluto, trasladados periódicamente de celda y de penal, registradas sus pertenencias con frecuencia, etc. En una de las circulares que envió durante la huelga de hambre, el comandante Masa ordenaba lo siguiente: En relación con las comunicaciones de los presos del GRAPO orales sujetas a intervención, se viene observando, al traducir las cintas, que los comunicantes se pasan mensajes por escrito, obstaculizando de esta forma el control audiotécnico de la comunicación. En consecuencia, sería aconsejable que se impidiese a los comunicantes introducir en los locutorios papeles, bolígrafos, lápices o cualquier instrumento que pudiera utilizar a tal fin (Cambio 16, núm. 958, 2 de abril de 1990). Luego estas instrucciones concretas fueron complementadas con todas las Circulares oficiales de 28 de mayo y 13 de setiembre de 1991, 28 de febrero de 1995 y 21/96, en las que se organiza y regula todo el régimen especial FIES, que supone el ingreso en departamentos especiales de la cárcel, aislados y separados de los demás presos, en celdas de las que son cambiados periódicamente, con sólo dos horas de acceso al patio, siempre en solitario, comiendo dentro de la misma celda, sin disponer de ropa, que le suministra un carcelero, esposados cada vez que salen de la celda, cacheados y registrados sistemática y humillantemente, incluso por rayos X y con desnudo integral, etc.
La huelga de hambre también sirvió para que el PSOE elaborara un plan de construcción de 18 macrocárceles, con un presupuesto de 160.000 millones de pesetas, capaces de albergar a unos 20.000 nuevos presos. Para llenar estas nuevas cárceles, los socialfascistas elaboran un nuevo Código Penal en 1995 que eleva considerablemente las penas y establece nuevas figuras de delito, especialmente dirigidas contra el movimiento de resistencia popular: insumisos, okupas, saboteadores nocturnos, etc. Aprueba también la ley Corcuera por la que se establece una control absoluto sobre la población, extendiendo a todos las normas que habían venido experimentando desde hacía años en la ley antiterrorista. El PP no haría luego más que completar esta labor con otras dos medidas: la ley de videovigilancia y el plan de Policía 2000 para la invasión represiva de las calles y barrios. Al tiempo, a escala europea se han puesto en marcha los Pactos de Schengen y la Europol. Con todas estas disposiciones, el número total de presos en las cárceles ha alcanzado casi los 50.000, frente a los menos de 10.000 que había en los años sesenta, en pleno franquismo. El número de carceleros también se ha multiplicado por cuatro desde 1979 en que se promovió la reforma penitenciaria.
Antes de hundirse, el PSOE tuvo que enfrentar otra huelga de hambre en enero de 1996, que se prolongó durante 15 días. El gobierno se vio obligado a sentarse a negociar, aunque a las dos semanas la huelga se reanudó durante otros 38 días más. Con ella se obtuvo un reagrupamiento parcial de los presos, una cierta mejora en las condiciones de vida dentro de las cárceles y la liberación de dos de los presos que enfermaron gravemente durante la huelga de hambre: Milagros Caballero y Juan Manuel Pérez.
La crisis del PSOE favoreció la victoria electoral del PP en marzo de 1996. Estos habían expuesto en su programa electoral dos claves fundamentales de su estrategia: la negativa a cualquier clase de negociación y el cumplimiento íntegro de las penas. Al día siguiente de la toma de posesión ya estaba desdiciéndose de todas sus bravatas.
Mientras, los presos de los GRAPO empezaban a salir en libertad después de más de 20 años de condena, con numerosas luchas y huelgas de hambre sobre sus espaldas. Todo el enorme peso del aparato represivo carcelario no había podido con ellos y son el mejor ejemplo de que contra el fascismo se puede resistir y vencer. Así se lo vienen reconociendo en los numerosos homenajes populares que cada uno de ellos ha recibido de sus vecinos y compañeros de trabajo, en los que miles de personas de diferentes localidades les han expresado su simpatía y reconocimiento. Se lo tienen bien merecido, sin duda.