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El gobierno está en una situación tal de debilidad, por el empuje de las movilizaciones de solidaridad, que no puede admitir una nueva muerte. Intenta nuevas vías de aproximación. El 25 de junio convoca a los abogados de los presos a una reunión en la Dirección General de Prisiones, en la que reconoce que tiene que terminar la huelga como sea y que están dispuestos a hacer concesiones. El punto fundamental es la exigencia de los presos de salir de la prisión de Herrera de la Mancha, su reagrupamiento en otra cárcel en unas condiciones de vida dignas y con garantías públicas de que los acuerdos se cumplirán esta vez. El Director General, Enrique Galavís, firma el documento y anuncia públicamente a través de los medios de comunicación su compromiso de respetar los acuerdos y de reagrupar a los presos fuera de Herrera de la Mancha en el plazo de seis meses.
La victoria de los presos en la huelga hubiera resultado impensable sin el amplio movimiento de solidaridad y apoyo desplegado durante los tres meses que se prolongó. El gobierno no contaba para nada con unas muestras de simpatía tan extensas y decididas. Calculaban que la campaña de intoxicación desatada en los medios de comunicación durante los años anteriores, les daría buenos dividendos, y hasta el final jugaron esa baza. Incluso trataron de aprovechar la huelga de hambre para continuar su campaña de tergiversaciones y embustes. Pretendían transmitir la falsa imagen de una acción a la desesperada de los presos, en la más absoluta de las soledades.
Pero en su editorial, el diario Ya se mostraba sorprendido por las muestras de apoyo recibidas por los presos de todas las partes del mundo y de los ámbitos sociales más dispares. ¿Qué pasa?, se preguntaba el editorial, alarmado ante el repudio de la política de exterminio del gobierno y la ola de protestas desatadas en numerosas ciudades y pueblos. El periódico no se lo podía explicar y el gobierno tampoco. Fracasó el aislamiento de los presos y se hundió el muro de silencio. Las luchas desencadenadas mostraron que quien se encontraba aislado y desprestigiado era el gobierno. Fueron ellos los primeros sorprendidos por esas muestras de aliento, procedentes de sectores sociales tan diversos y alejados entre sí. Habían filtrado a la revista Interviú que no cederían aunque falleciesen todos y cada uno de los presos, pero su actitud intransigente se vino abajo rápidamente, ante la imposibilidad de conseguir el aislamiento social de los presos.
Fueron las movilizaciones populares de todo tipo las que rompieron ese cerco de complicidad con la política de exterminio del gobierno, incrementando el prestigio y la influencia del PCE(r) y los GRAPO entre amplios colectivos populares, especialmente entre los obreros. Al impresionante despliegue contribuyó también la coincidencia de la huelga de los presos políticos del PCE(r) y de los GRAPO con la del IRA en Irlanda del norte.
Todo ello contribuyó a romper el silencio cómplice urdido entre el gobierno y la prensa. Los teletipos acabaron fundiéndose. Fueron muy numerosas las declaraciones y artículos de intelectuales y personalidades progresistas apoyando las reivindicaciones de los presos. El valor cualitativo de todas estas muestras de solidaridad hacia los presos políticos es enorme. Hoy los presos políticos en España son, fundamentalmente, militantes de organizaciones armadas, lo que exige una conciencia más elevada y un compromiso también mayor, porque todos los movimientos de solidaridad han sido objeto de persecución, detenciones y torturas, en un desesperado intento de aislar a los presos de la población trabajadora.
El 28 de abril se celebró una encartelada ante el consulado británico en Bilbao, gritando consignas a favor del IRA y los GRAPO. Pocos días después, familiares de presos y miembros de las Gestoras Pro-Amnistía y de la AFAPP se encadenan en el Ministerio de Justicia en Madrid, resultando detenidos varios de ellos. El 23 de mayo una gran manifestación recorrió las calles de San Sebastián, cortando el tráfico en varias calles, hasta que los antidisturbios la disolvieron con dureza. El 1 de junio la ACPG organiza un encierro en el consulado de Francia en Vigo. El 6 de junio la AFAPP organiza otro encierro en la catedral de San Isidro en Madrid, procediendo la policía al desalojo tres días más tarde, por lo que el encierro continuó en la sede de la Cruz Roja.
Las muestras de apoyo arreciaron tras la muerte de Crespo Galende. El 19 de junio, nada más conocerse la noticia del fallecimiento, se celebraron espontáneamente manifestaciones en Portugalete y Mondragón y, al día siguiente, la izquierda abertzale convocó manifestaciones por toda Euskal Herria. En Hernani se celebró una asamblea a la que acudieron unas 1.000 personas y otras similares se convocaron en Ondárroa y Rentería, que acabaron en otras tantas manifestaciones. Bilbao y San Sebastián aparecen ocupadas por policías antidisturbios para impedir las concentraciones. Almería, Albacete, Lugo, Alcalá de Henares y otras localidades aparecen envueltas en pancartas exigiendo al gobierno que acceda a las reivindicaciones de los presos políticos. En Cádiz la policía desaloja un encierro convocado en los locales de una asociación de vecinos en apoyo a la huelga.
Numerosos colectivos convocaron al funeral de Crespo Galende celebrado el 27 de junio en Las Carreras (Vizcaya), donde se produjo una impresionante manifestación de duelo que ocupó toda la carretera nacional que atraviesa el pueblo. También se convocaron manifestaciones en Pamplona, Bilbao, Eibar y Rentería, extendiéndose las muestras de solidaridad. Los trabajadores de Lemóniz y de reparaciones mecánicas de Altos Hornos de Vizcaya difundieron comunicados de apoyo a los presos políticos. En Cádiz se celebró una manifestación el día 14 y la policía impidió otra el día 23, provocando saltos y barricadas en varias calles del centro de la ciudad. El 5 de julio también se recordó la muerte de Crespo Galende en la concentración anti-OTAN celebrada en la Casa de Campo de Madrid. Otro mitin se convocó en Vigo, tras finalizar la huelga, en el que intervinieron los abogados de los presos políticos y miembros de la ACPG. Los apoyos continuaron durante la manifestación del Dia da Patria Galega el 25 de julio en Santiago de Compostela, que la prensa calificó como A manifestación pola amnistía.
Al año siguiente de la muerte de Crespo todavía se siguieron celebrando numerosas conmemoraciones. En Las Carreras (Vizcaya), un homenaje con intervención de Eva Forest y otros ex-presos políticos convocaba a unas 800 personas, que acudieron hasta el cementerio a inaugurar una placa en su memoria. En Madrid el 20 de junio se celebró un mitin en el antiguo cine Olimpia de Lavapiés, convocado por MC, LCR y AFAPP, en el que se leyeron numerosas muestras de adhesión al acto de distintos colectivos.
Se pagó un altísimo precio: la muerte de Crespo Galende y varios otros con secuelas indelebles en su estado de salud. Angel Collazo, el hermano de Abelardo, perdió la razón a consecuencia de la huelga, y Luis Rodríguez inició también a partir de entonces una crisis que le llevó al suicidio tres años después. Pero los planes de exterminio de Rosón fracasaron estrepitosamente; en las condiciones más difíciles que cabe imaginar, un grupo de presos, aislados y amordazados, obtuvieron sus exigencias. Y no menos importante fue su victoria moral, ganándose la admiración y el apoyo de millones de personas, en España y en todo el mundo. Nada más ponerse en práctica, la reforma penitenciaria quedaba al descubierto, como el resto de las que pusieron en práctica desde 1975. Por el contrario, el prestigio y la influencia de los presos políticos se elevó hasta cotas antes desconocidas. Demostraban que aún en las condiciones más precarias era posible enfrentarse con éxito a la política terrorista del gobierno y hacerle retroceder.
Para las organizaciones de solidaridad hasta entonces se luchaba sobre todo para denunciar, especialmente, que seguían existiendo presos políticos en España; a partir de entonces se planteó claramente el problema de su liberación.
Desde 1983 hasta 1987 los presos pueden convivir en comuna y realizar una vida colectiva en unas condiciones de vida aceptables, sin que se plantearan problemas graves con los carceleros. Tras la huelga los presos políticos pasaron a constituirse en una realidad asumida a regañadientes en los medios oficiales; una realidad con la que, si no se podía acabar, había que negociar. En el verano de 1983 delegados del gobierno se entrevistan con presos del PCE(r) y de los GRAPO por vez primera y cuatro años después, se inician las conversaciones de Argel con militantes de ETA. En todas ellas, la existencia de presos políticos se convierte en un punto esencial.
Pero la estrategia terrorista del gobierno del PSOE dará un giro en 1987, intensificando todas las medidas represivas e incluyendo a los presos políticos como rehenes para poder doblegar a las organizaciones revolucionarias. En 1987 se frena la escalada de asesinatos de los GAL contra refugiados vascos, que Francia comenzará a expulsar masivamente hacia España, el Tribunal Constitucional, presidido por Tomás y Valiente, legitima la ley antiterrorista, que se incorpora definitivamente al Código Penal común y, finalmente, todos los partidos parlamentarios se ponen de acuerdo, y de su consenso surgen los pactos antiterroristas de Ajuria Enea y Madrid. Dentro de esta ofensiva, los presos políticos desempeñaban un papel de primer orden, y el gobierno iniciará su dispersión para tratar de que claudiquen y se arrepientan, tratando de introducir una cuña que divida al movimiento de resistencia.
Hasta entonces el régimen ensayó el exterminio, la claudicación pura y simple de los presos y, a través de ellos, de las organizaciones revolucionarias; a partir de entonces, la estrategia es más modesta, ya que sólo persigue gestionar el problema que para él supone la persistencia de unos 800 presos políticos de muy distintas organizaciones antifascistas, libertarias, comunistas e independentistas. Reconoce la existencia de un colectivo importante de presos políticos, pero tata de lograr su arrepentimiento, al tiempo que su escisión, el fomento de rencillas permanentes entre ellos. En una entrevista concedida en 1990 a la revista Época, Múgica reconocía que las dispersión tenía por objeto impedir que los presos se organicen o reciban continuamente visitas de abogados y familiares. La dispersión y el arrepentimiento eran las dos caras de la misma moneda. La dispersión inaugurada ese año trataba de forzar su claudicación.
Dos personajes son claves en esta estrategia. Por un lado, el Director General de Prisiones, Antoni Asunción, posteriormente ascendido a Ministro del Interior del PSOE. Por el otro, un personaje siniestro que entonces no era conocido, ya que ocupaba un cargo anónimo como máximo responsable de seguridad dentro la Dirección General de Prisiones: el comandante de la guardia civil Rafael Masa González, que venía de dirigir los comandos parapoliciales de los GAL en la etapa más criminal de la guerra sucia, directamente implicado en el asesinato de Brouard y en las torturas a Linaza. Quedaba claro, por tanto, que la dispersión no era más que una continuación de la misma guerra sucia dirigida por el Estado contra las organizaciones revolucionarias e independentistas.
Al tiempo que la dispersión, los arrepentidos empiezan a ser utilizados en los medios de comunicación, lo mismo que en los comienzos de la transición lo fueron los conciliadores y reformistas. Bajo la batuta de la policía política se inicia una campaña de guerra psicológica en la que los arrepentidos colaboran para tratar de engañar, tergiversar y confundir a los trabajadores y al pueblo en general. Se les pone en libertad para realizar entrevistas, difundir comunicados en vastas campañas publicitarias de amplia repercusión en prensa, radio y televisión, tratándoles como expertos conocedores de las organizaciones a las que traicionaron.
La maniobra de los arrepentidos fue un fracaso absoluto. No consiguieron más que rendir a un puñado insignificante de presos políticos. En noviembre de 1984 fueron 14 los miembros de los GRAPO en prisión que abandonaron la Organización en bloque, de los que sólo uno de ellos se prestó a redactar un infamante libro.
Los presos de ETA fueron dispersados primero, en enero de 1987, y el 24 de julio le toca el turno a los del PCE(r) y GRAPO, previa destrucción de las comunas que venían manteniendo en las cárceles de Soria, los hombres, y de Carabanchel, las mujeres. Sin previo aviso, los hombres son trasladados a las cárceles de Almería, Ocaña y Daroca, y las mujeres a las de Córdoba, Castellón y Basauri. Al llegar a los nuevos destinos muchos presos tuvieron que declararse otra vez en huelga de hambre ante las lamentables condiciones de vida que se les trató de imponer. Aprovechando la dispersión, los carceleros se cebaron con saña para doblegar a los presos políticos. El 18 de abril de 1989 tres presas de la cárcel de Castellón, entre ellas Aurora Cayetano, fueron apaleadas e introducidas en celdas de aislamiento tras protestar por el recorte arbitrario en el tiempo de comunicaciones con las visitas. Un grupo de carceleros entró en sus celdas y la emprendió con ellas a patadas y puñetazos en el estómago. Como consecuencia de la paliza, una de ellas perdió la sensibilidad en el brazo derecho, padeció falta de movilidad desde los dedos de las manos hasta el pectoral y una lesión en el nervio cubital a la altura del codo.
El 14 de setiembre la AFAPP de Madrid organiza el primer acto de solidaridad con los presos en huelga y, dos días después, la policía cargó brutalmente contra varios familiares que se manifestaban encartelados ante el Ministerio de Justicia. El día 19 otros familiares ocupan la sede de la Cruz Roja en Bilbao.
Ante el cariz que empezaban a tomar los acontecimientos y la proximidad de las elecciones convocadas por el PSOE para el mes de octubre, la Dirección General de Prisiones comienza a maniobrar para ganar tiempo, dividir a los presos y desmoralizar al movimiento de solidaridad. La subinspectora de Sanidad Penitenciaria, Maria Angeles Granados, se compromete formalmente ante el director del Hospital Penitenciario Jaime Vinuesa y la juez de Vigilancia Penitenciaria Manuela Carmena, a trasladar en un plazo breve a los siete presos del PCE(r) y de los GRAPO presos en la cárcel de Almería a otra cárcel, en unas condiciones normales y con la posibilidad de poder desarrollar vida en común entre ellos. Los presos, entonces recluidos en el Hospital Penitenciario, aceptan la oferta y anuncian el fin de la huelga.
Pero celebradas las elecciones generales, el PSOE incumple sus promesas, y el 10 de noviembre dispersa a los siete presos que se encontraban en el Hospital Penitenciario. Además de ellos son dispersados otros nueve presos del PCE(r) y de los GRAPO. En uno de aquellos traslados, el 12 de aquel mismo mes, Carmen Cayetano es objeto malos tratos al llegar a la cárcel de Sevilla II, donde se le ata a la cama y las carceleras la desnudan a la fuerza.
El día 30 de noviembre los presos políticos responden a la nueva maniobra de dispersión con otra huelga de hambre, exigiendo su reagrupamiento en una misma prisión. En el comunicado que difunden para dar a conocer sus reivindicaciones, denuncian el aislamiento, que comenzó con la dispersión y la prohibición de contactos entre ellos, así como su incomunicación respecto del exterior, con la que buscan un exterminio silencioso que oculte las torturas permanentes, los suicidios provocados o la innovación de los fondos reservados para cárceles, tras los que se camuflaba el GAL carcelario, un plan para liquidar a los presos políticos aprovechando provocaciones o a presos comunes cómplices de sus planes.
Un mes después son sesenta los presos en huelga de hambre por su reunificación, entre los que destaca el preso anarquista Pablo Serrano, que se había unido a la comuna de presos políticos de la cárcel de Soria.
Como sucedió en la huelga anterior, de nuevo el Fiscal General del Estado, Javier Moscoso, amenazó con la alimentación forzosa y ordenó a los fiscales que se opusieran a los jueces de Vigilancia Penitenciaria contrarios a forzar la voluntad de los huelguistas. Idéntica postura manifestará posteriormente su sucesor en el cargo, Leopoldo Torres. El Ministro de Justicia, Enrique Múgica califica las posiciones contrarias a alimentar a los presos a la fuerza como colaboración al suicidio. Finalmente, en contra de todas las normas deontológicas de la Medicina, el Tribunal Constitucional en pleno, presidido una vez más por Tomás y Valiente, aprobó la medida del gobierno de alimentación por vía intravenosa en sus sentencias de 27 de junio y 19 de julio de 1990. En lugar de defender los derechos de los presos, como era su deber, el Tribunal Constitucional los eliminaba definitivamente, e incluso impedía que los presos por sí mismos pudieran luchar por conseguirlos, tratando de quebrar su voluntad de una manera total y definitiva. Como decía un preso en una carta: No nos dejan morir, pero tampoco vivir.
Una vez recabado este imprescindible apoyo, el Director General de Prisiones, Antoni Asunción, ordena a sus carceleros que vigilen día y noche a los presos en huelga de hambre que están ya dentro de los hospitales para obligarles a la alimentación por sonda, atándoles a la cama de pies y manos e introduciéndoles tubos de plástico en la nariz o jeringuillas en las venas. A los presos les ataban a la cama de pies y manos, bien con vendas en los hospitales, con esposas (en Meco) e incluso con correas de cuero, como en Yeserías o en Logroño. Luego a la fuerza les introducían sondas, bien para alimentarles son suero por vía intravenosa, pinchándoles en los brazos, bien introduciéndoles una sonda por la boca o por la nariz. Este último método era el más doloroso, ya que exige una gran relajación, de manera que hubo casos en los que les causaron graves desgarros en las vías respiratorias a los presos. A pesar de ello, en una nota oficial difundida el 1 de junio, el Ministerio de Justicia negará la evidencia, desmintiendo que se estuviera alimentando a los presos.
Josefina García Aramburu, presa en la cárcel de Basauri (Vizcaya), describió así la alimentación forzosa en una carta fechada en enero de 1990: A los 45 días decidieron alimentarnos a la fuerza. A mí me daban 48 horas de vida, como máximo, y a Carmen [López Anguita] poco más. Total, que hemos estado nueve días con la alimentación, aunque boicoteándola como hemos podido. Carmen no bebió una gota de agua en todo el tiempo, aparte de que inventó una serie de técnicas para impedir la entrada de la alimentación. En cuanto a mi, durante los cinco días que estuve en la UCI me violaron por todas partes: vena yugular, sondas por la nariz y por todas partes [...] Te aplican una sonda que garantiza un alimento con todo tipo de vitaminas, hierro, potasio, calcio, etc.; se llama Precitene. Si te llevan a la UCI, empiezan por suero en vena y el Precitene. Luego te abren la yugular y te meten otro suero distinto. Un poco más tarde, te quitan el suero de la yugular y te meten lo que llaman alimentación parenteral (una bolsa con una pasta blanca, con todos los ingredientes de una comida), tres kilos en 24 horas. El suero que te desconectan de la yugular, te lo añaden con el otro por la vena. A las 48 horas te quitan la alimentación de la yugular y te vuelven a meter suero. Y ya, para rizar el rizo, aparte de la medicación que consideran necesaria, albúmina por la yugular y hierro por la boca. Toda yo era un complejo de sondas y cables, porque también está lo de los electrolitos, o como se llame, conectados a una pantalla que te controla el corazón. Y para colmo, las sondas y los sueros, conectados a bombas que pitan cada vez que hay una anomalía o se acaba la comida o el suero. Y lo peor del caso es que en la UCI, atada o no, no tienes opción de quitarte nada. Para cuando has logrado quitarte el primer engendro, ya tienes a todo el personal encima.
El traslado a centros hospitalarios y la alimentación forzosa tenían también otros objetivos secundarios: aparentar que se trataba de un problema sanitario y no político, desviar la atención y enfrentar a los presos con los médicos y no con el gobierno. Eso mismo trataron de hacer con los jueces de vigilancia penitenciaria, siempre con la pretensión de poner al gobierno en un segundo plano, fuera de la polémica. A eso contribuyeron muchas de las polémicas, artificialmente infladas desde la prensa, que presentaban el problema desde una perspectiva seudohumanista como un suicidio como un ejercicio de libertad personal y no como una forma de lucha contra el exterminio en las prisiones. Una vez rotos todos los diques del silencio, la intoxicación pasaba a primer plano, con la colaboración de toda clase de sesudos universitarios y columnistas.
La juez Manuela Carmena, sin embargo, reconoció públicamente que el gobierno era el responsable de la huelga de hambre por haber incumplido las promesas que en su presencia transmitió a los presos.
Las movilizaciones populares se sucedieron desde el primer momento sin descanso. Convocadas por la AFAPP, un grupo de personas se concentraron ante el Ministerio de Justicia para protestar por la dispersión de los presos y sus condiciones de vida en las cárceles. Al día siguiente, otras cien personas repiten la misma concentración ante la prisión de Soria. El 11 de enero se celebran manifestaciones en Vitoria, Bilbao, San Sebastián y Pamplona en apoyo a los presos en huelga, convocadas por AFAPP, Salhaketa, LKI, EMK, CNT, ESK-CUIS y CGT. En Vigo se celebra un concierto en solidaridad con los presos en la Asociación de Vecinos Val do Fagoso. En Eibar, un sabotaje en solidaridad con los presos, suspende las emisiones de televisión para la zona. En Madrid, el 19 de enero se celebra una manifestación convocada por AFAPP, LCR y MC a la que acuden varios cientos de personas en apoyo a los presos. El 31 de diciembre varias organizaciones (LCR, MC, PCOE, PCV y libertarios) convocan una concentración en Valencia pidiendo el reagrupamiento de los presos. El 2 de febrero unas 500 personas se manifiestan en Madrid en apoyo a las reivindicaciones de los presos y, en Bilbao, otra manifestación de unas 300 personas, es disuelta por la policía. En sendos comunicados públicos, tanto el Grupo de Abogados Jóvenes y como la Asociación contra la Tortura apoyan las exigencias de los presos, critican las medidas del gobierno y responsabilizan a Múgica y Asunción de la vida de los huelguistas. En otro comunicado público, Herri Batasuna mantiene esa misma posición, así como las Madres Unidas contra la Droga. En Bilbao y San Sebastián se celebran concentraciones convocadas por AFAPP, LKI, EMK, CNT, IT y Kemen. Las Gestoras responsabilizan al PSOE, y en concreto a Enrique Múgica, Ministro de Justicia, de la vida y del estado de salud de los presos.
En Vigo se crea la Plataforma de Solidaridad con los Presos Políticos, integrada por diversos partidos políticos y movimientos de solidaridad, convocando a una manifestación en Santiago el 18 de marzo, a la que asistieron unas 500 personas.
El Heraldo de Aragón informaba el 2 de febrero de la formación de un Comité Pro-Reunificación que había apedreado la sede del PSOE en Zaragoza, acción que reivindicaron, advirtiendo que proseguirían con los sabotajes si el gobierno no accedía a las reivindicaciones de los presos. También informaba de un documento redactado por 65 escritores e intelectuales aragoneses exigiendo al gobierno que negociara con los presos, a lo que se ofrecían en su comunicado, y exigiendo un trato digno en las cárceles a todos los presos.
En Catalunya, seis organizaciones, Crida a la Solidaritat, Lliga Comunista de Catalunya, Moviment de Defensa de la Terra, Partit dels Comunistes de Catalunya y Confederació General del Treball, se pronuncian conjuntamente a favor de los presos en un comunicado enviado al delegado del gobierno en Barcelona, criticando la actitud del gobierno.
También del exterior llegan muchas muestras de solidaridad, entre ellas, la del Partido Comunista de Hungría (marxista-leninista) y del Partido Comunista de Turquía (marxista-leninista). En Hamburgo grupos de manifestantes ocupan las oficinas del Parlamento Europeo y el Consulado español, mientras en Frankfurt asaltan la sede del Partido Social-Demócrata y la Fracción del Ejército Rojo llevó a cabo una acción armada que reivindicó el comando José Manuel Sevillano. En Zurich se producen concentraciones y sabotajes ante el Consulado español en protesta por las condiciones de vida y la dispersión de los presos políticos, y se atacan reiteradamente las oficinas de Iberia. En Bruselas grupos de saboteadores destruyen varias delegaciones de bancos españoles y el 5 de febrero miembros del Comité de Apoyo a los Presos Políticos de España se encadenan ante el Consulado, difundiendo un comunicado contra el gobierno español. Algunos días después ocupan el Consulado en Lieja y cuatro resultan detenidos en el desalojo posterior de la policía. El Grupo de Mujeres Marxistas-Leninistas de Zurich manifiesta su solidaridad con los presos y publica un comunicado, en el que afirma: Vuestra lucha en las cárceles es nuestra lucha, podéis contar con todo nuestro apoyo solidario, porque con vuestro ejemplo transformáis las oscuras mazmorras de la burguesía en trincheras de combate. Los presos políticos belgas de las Células Comunistas Combatientes y los franceses de Acción Directa se pusieron en huelga de hambre en solidaridad con sus camaradas españoles. También todos los presos políticos alemanes de la Fracción del Ejército Rojo se declararon rotatoriamente en huelga de hambre en solidaridad con sus compañeros españoles el 22 de enero: Con nuestra acción solidaria, queremos expresar que hacemos frente común contra el mismo adversario. La victoria o derrota en España significa la victoria o derrota en toda Europa occidental, afirman en su comunicado. El colectivo alemán de abogados de presos políticos envían una carta a Múgica exigiéndole que cumpla con las reivindicaciones de los presos. También se constituye una Comisión Internacional en apoyo a los presos en huelga de hambre, compuesta por unos 100 abogados y médicos de Holanda, Alemania, Suiza, Francia, Italia y España, difundiendo un comunicado en el que llaman a defender a los presos políticos en su lucha contra la tortura física y psíquica, y por su reagrupamiento. Otra Comisión Internacional similar se constituyó en México.