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Inicialmente el gobierno juntó en las mismas cárceles a presos políticos y sociales, para aparentar que todos eran iguales y que ya no había presos políticos. Pero influenciados por los presos políticos y por las movilizaciones por la amnistía, los presos comunes comenzaron a organizarse y crearon la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha) reivindicando sus derechos, la derogación de la Ley de Peligrosidad Social y unas mejores condiciones de vida en la prisión. Los presos políticos, con su ejemplo y experiencia, contribuyeron a organizar a sus compañeros, a elaborar las reivindicaciones y a defenderse de los carceleros, luchando codo con codo.
Al mismo tiempo, la experiencia de la lucha por la amnistía, sirve de acicate para reclamar un indulto general a favor de los presos sociales, estimulando su combatividad. Según datos oficiales de la Fiscalía, durante 1977 se produjeron más de 50 motines de presos comunes por todas las cárceles españolas, 9 de ellos con grandes destrozos e incendios. El PCE(r) apoyó siempre la lucha de los presos sociales y, con relación a los motines de aquel año manifestó: Nuestra posición al respecto es muy clara: el Partido y sobre todo nuestros camaradas presos en las cárceles apoyan las numerosas luchas y motines protagonizadas por los presos comunes contra las brutales condiciones a que son sometidos; además el Partido sostiene que los verdaderos delincuentes, mafiosos y gangsteres son el gobierno, los banqueros, la policía, el ejército, los Carrillo, los Felipe González, etc. Ahora bien, lucharemos para impedir que se ponga en el mismo plano a los presos políticos, todos ellos privados de libertad por luchar por la libertad del pueblo, y a los presos comunes, aunque está en nuestro Programa Mínimo la elaboración de un Código Penal sobre una base democrática y revisión de las causas de los presos sociales (Gaceta Roja núm. 57, 15 de noviembre de 1977). En la Gaceta Roja núm. 50 de 1 de agosto del mismo año también se decía:
Los presos comunes son víctimas de la sociedad capitalista y en las cárceles se les somete a una situación verdaderamente desesperada, por lo que nuestro Partido considera justa su lucha, la apoya y la estimula; tal es lo que hacen nuestros camaradas encarcelados. La COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha) está demostrando llevar una lucha antifascista; no cabe duda de que ahí hay elementos honrados; por esa razón, repetimos, nuestro Partido les apoya, como lo prueba el hecho de que camaradas y simpatizantes hayan participado activamente en las manifestaciones de las proximidades de la cárcel de Carabanchel cuando la policía estaba realizando tan salvajes masacres contra los presos.Los levantamientos y motines obligan al régimen a maniobrar a su viejo estilo. El autor de la nueva ley penitenciaria, Carlos García Valdés, explicó con claridad sus planes: ya no habría más indultos, por lo que sólo quedaba poner en marcha la reforma de las cárceles. El gobierno no tardó en dar muestras evidentes de que esa reforma sería como todas las demás que se estaban poniendo en marcha: un lavado de cara del viejo régimen fascista, que para nada cambiaría su esencia terrorista. El propio García Valdés en una entrevista preveía su fracaso y, ante tal eventualidad, amenazaba con levantar campos de concentración con alambradas, porque no queda más por hacer. Y así sucedió.Sin embargo, algunos anarquistas y otros elementos están tratando de confundir al pueblo hablando de los presos comunes como si fueran igual que los presos políticos, pidiendo ‘amnistía para los presos sociales’ y olvidándose de los antifascistas encarcelados. Eso mismo le conviene al fascismo para que cunda la confusión y no se pueda ver la represión contra los luchadores antifascistas.
Por esta razón, queremos dejar claro que entre la COPEL y el movimiento organizado de la clase obrera va un abismo y que entre los presos comunes (muchos de los cuales no reparan en robar el sobre a un obrero) y los comunistas y antifascistas caídos en la lucha, no se puede establecer comparación alguna. Por liberar a estos camaradas no cejaremos en la lucha.
Frente a los motines de los presos sociales, la Dirección General de Prisiones reaccionó aislando a los miembros más conscientes de la COPEL, incomunicándoles y sometiéndoles al permanente hostigamiento de los carceleros en los celulares. Necesitaba sofocar el interior de las cárceles, y en ello se empeñó a lo largo de 1978, periodo en el que fueron sentando las bases de la reforma penitenciaria, aprobada en setiembre de 1979, apoyándose en los viejos carceleros fascistas, que la transición asciende a directores y jefes de servicios, por su amplia experiencia represiva. Las fuerzas antidisturbios se instalan permanentemente en las galerías de las cárceles y sofocan a sangre y fuego cualquier protesta.
La represión contra los presos comunes resultó brutal: apaleamientos, suicidios, celdas de castigo, traslados nocturnos y, finalmente, las drogas, que comienzan a entrar a raudales en las prisiones a partir de aquel año. Mientras la Constitución abolía la pena de muerte, los presos comunes más conscientes eran asesinados por docenas en los penales. En España uno de los silencios mejor guardados es el del número de muertos en las cárceles. Jamás se han proporcionado cifras oficiales, pero se sabe que superan los 200 al año. En este marco es donde se produce el asesinato del preso político anarquista Agustín Rueda Sierra el 13 de marzo de 1978, apaleado hasta la muerte por el director, los jefes de servicios y otros carceleros de Carabanchel. Nueve días después, un comando de los GRAPO ejecuta al Director General de Prisiones Jesús Haddad Blanco como represalia. El 10 de abril del siguiente año, los GRAPO también intentaron ejecutar al responsable máximo de la reforma penitenciaria, Carlos García Valdés, Director General de Prisiones en sustitución del anterior, que salvó la vida gracias a que en el último momento se le encasquilló el arma al miembro del comando que iba a disparar contra él. García Valdés había amenazado a los presos de los GRAPO diciéndoles públicamente que también sabía construir cárceles para fieras.
La comunas de presos políticos del PCE(r) y de los GRAPO surgen tras las primeras detenciones masivas en 1977 en las cárceles de Carabanchel y Yeserías, con el objetivo de convertir la cárcel en una escuela de formación política, en un ambiente de trabajo y de disciplina que permita a los comunistas y antifascistas presos frenar los intentos carcelarios de sumirles en la ociosidad, la desesperación, y la degradación que todo presidio impone. Un papel fundamental han desempeñado siempre la limpieza, la seriedad y el orden, porque la lucha no acaba con la detención, sino que sólo cambia de forma al llegar a la cárcel y hay que mantener bien alta la vigilancia y no relajarse, porque entonces la cárcel devora al recluso.
Se crea un comité dirigente y varias células o comandos, cada uno de ellos con tareas específicas a desempeñar, dentro de un plan general trazado por el comité de dirección. Las comunas de presos políticos expresaban los ideales de sociedad por los que luchaban: solidaridad, igualdad y propiedad colectiva. Pero no se trataba sólo de poner en común los recursos de cada cual; no se trataba sólo de unidades de consumo colectivo, a través de la cuales se repartía la ayuda proveniente del exterior, sino fundamentalmente unidades de producción. Por ello, el centro de la actividad de las comunas era el trabajo productivo, consistente en la fabricación artesanal en lana u otros materiales, de bolsos, tocas, mantones, bufandas y otros artículos, así como la confección de tarjetas y carteles con dibujos de contenido político. El objetivo es la financiación completa de los gastos de toda la comuna, para evitar que el encarcelamiento suponga un gasto añadido a las familias.
Por otro lado, por esa vía, se consiguen difundir consignas políticas, continuar la labor de propaganda y complementar la labor del Partido en la calle.
Otro de los objetivos fundamentales es el estudio y la discusión política de todos los militantes, para lo que se fue formando una biblioteca muy completa, con la ayuda de amigos, de distribuidoras y de librerías. Los libros sirven de material fundamental para el estudio y la elaboración de análisis de lo más diversos, no solamente sobre cuestiones políticas, sino también económicas, culturales, históricas, etc. Un material de trabajo fundamental es la prensa, que aportan las visitas de todos los rincones del país, e incluso del extranjero. También se elaboran murales y dazibaos en los que se resumen las discusiones o se plantean críticas para sean conocidas por todos.
Sin embargo, no todo es el trabajo; los fines de semana se utilizan para la expansión y la diversión, especialmente las de carácter colectivo. Aquí juegan un papel fundamental el aprendizaje de canciones revolucionarias, los actos culturales, recitales de poesías y representaciones teatrales, concursos de dibujos, juegos de mesa, competiciones deportivas, etc.
Pero la verdadera innovación que comienza a imponerse como método de aniquilamiento de los presos, es el aislamiento. En palabras de Andrés Márquez, que fue Director General de Prisiones en los años ochenta, con el gobierno de Felipe González, la máxima seguridad se consigue con el máximo aislamiento (Ya, 16 de abril de 1986). La reducción del espacio disponible es la esencia de la incomunicación; del sistema de galerías se pasó al sistema de módulos, verdaderas cárceles dentro de las cárceles. En un espacio reducido las posibilidades de control son mayores y se le hace sentir al preso todo el peso del régimen penitenciario de una manera mucho más individualizada.
El aislamiento penitenciario exigió la construcción de nuevos presidios calificados de máxima seguridad, de nuevos espacios arquitectónicos diseñados para la incomunicación absoluta del recluso: incomunicación con sus compañeros, incomunicación con sus familiares y, finalmente, incomunicación también con el exterior, materializada en intervención de comunicaciones, censura de correspondencia y privación de prensa, radio y televisión. Para reforzar esa incomunicación, los nuevos penales se edifican en lugares aislados y deshabitados, de difícil acceso, obligando a que las visitas sean esporádicas. Las viejas prisiones enclavadas dentro del casco urbano son demolidas progresivamente y con los réditos de la especulación de los terrenos urbanos se construyen las nuevas. La incomunicación es la garantía de la impunidad, de que el carcelero puede cometer cualquier crimen en la más absoluta indefensión.
La incomunicación penitenciaria en España tuvo un nombre propio: Herrera de la Mancha, una prisión terminada de construir en febrero de 1979 e inaugurada el 22 de junio de ese mismo año con la llegada de los primeros presos. Herrera fue la primera cárcel de nuevo tipo construida en España. Aislada a 200 kilómetros de Madrid, en medio de la meseta castellana, sin posibilidad de acceso en transporte público, con una estructura modular para los presos, con viviendas unifamiliares al lado para los funcionarios y un cuartel de la Guardia Civil a la entrada: era el laboratorio de la reforma penitenciaria, en el que se iba a ensayar inmediatamente el régimen de exterminio de los presos políticos. La reforma penitenciaria no es Herrera, pero pasa por Herrera, dijo García Valdés, resumiendo su obra. Los GRAPO estuvieron a punto de volar esta prisión al poco de su construcción. A mediados de 1978 consiguieron apoderarse de los planos y reunieron suficiente información para derribarla con explosivos, pero la policía detuvo en octubre de aquel año a un comando en Barcelona cuando cargaba en varios vehículos los explosivos dispuestos para transportarlos hasta Herrera y la acción no prosperó lamentablemente.
De modo que el gobierno pudo inaugurarla en el verano de 1979 en el más absoluto de los sigilos. Entonces fueron recluidos allí algunos de los más importantes dirigentes de la COPEL que quedaban con vida y que se habían destacado en la convocatoria de las protestas y motines. Al llegar en el furgón de la Guardia Civil, les esperaban los carceleros armados con porras y distribuidos en dos hileras, que los presos tuvieron que atravesar para entrar en prisión entre golpes, patadas y puñetazos. Mientras esto sucedía en la primera cárcel de la democracia, los parlamentarios aprobaban por unanimidad la nueva ley penitenciaria, y aplaudían puestos en pie a García Valdés, que recibía su correspondiente dosis de gloria en la tribuna del público.
Así fue la inauguración de este presidio, por lo demás a tono con el resto de las reformas fascistas. En el interior comenzó a experimentarse un régimen de vida basado en la humillación del preso, principio elemental para que el carcelero pueda expresar su omnipotencia: cacheos con desnudo integral, controles nocturnos, recuentos en fila, instancias para obtener lo más elemental, censura de correspondencia, intervención de comunicaciones, andar pegado a la pared mirando al suelo, recuentos permanentes, música militar para ambientar, videocámaras por todas partes, etc.
Pero el aislamiento penitenciario no era un invento español sino un sistema de destrucción científica de los revolucionarios encarcelados largamente preparado en diversos países occidentales. Fue ensayado por primera vez a finales de los años cincuenta en Estados Unidos en el marco de los planes de la CIA conocidos por los nombres clave de Artichoque, Pájaro Azul, M.K.-Ultra y M.K.-Delta, que se conocieron al ser publicados por el presidente Carter en 1977. Una de las fundaciones de la CIA, la Sociedad de Investigaciones sobre Ecología Humana era quien llevaba a cabo tales experimentos psiquiátricos de privación sensorial, estudiando los efectos que producía el aislamiento humano, así como las posibilidades de llevar a cabo lavados de cerebro y operaciones quirúrgicas de lobotomía.
Fue Alemania quien desarrolló en Europa estos experimentos en 1971 cuando los primeros militantes de la Fracción del Ejército Rojo fueron detenidos. Se llevaron a cabo en la Clínica Psiquiátrica y Neurológica de Hamburgo-Eppendorf, bajo la dirección del doctor Jan Gross. Esta Clínica estaba regida por el Departamento Especial de Investigaciones 115, a su vez financiado por la Asociación Alemana de Investigaciones con muchos millones de marcos. El instrumento principal de los experimentos era una cámara de silencio, una habitación completamente insonorizada y desprovista de cualquier estímulo óptimo o acústico, y equipado con aparatos dispuestos para registrar las reacciones humanas ante el aislamiento más completo.
Tras estos primeros experimentos, los planes de aislamiento e incomunicación fueron llevados a las prisiones para someter a todos lo que se negaran a acatar las normas impuestas por el Estado fascista. Desde un principio estos planes fueron duramente criticados como una forma de tortura blanca, sin huellas visibles. Así, el programa Start puesto en práctica en Estados Unidos en 1973 fue prohibido en febrero de 1974; el 4 de julio de 1978 una resolución de la Comisión Europea de Derechos Humanos decía, en referencia a la cárcel de Stammheim, en Alemania: La doctrina científica, fonológica y psicológica internacional, mantiene que la incomunicación puede perjudicar gravemente, por sí misma, la constitución física y psíquica: apatía crónica, fatiga, debilidad emocional, perturbaciones de concentración, disminución de las aptitudes intelectuales y perturbaciones en el sistema neuro-vegetativo. En el mismo sentido se pronunciaba Amnistía Internacional en un Memorándum presentado al gobierno alemán sobre el aislamiento en las cárceles de máxima seguridad de los presos de la Fracción del Ejército Rojo.
Justamente cuando los planes de aislamiento penitenciario comenzaban a ser destapados como una forma de tortura y destrucción psíquica, se inauguraba la prisión de Herrera de la Mancha, a la que seguiría en 1982 la de Meco y luego todas las demás: Nanclares de la Oca, Daroca, Topas, Villanubla, etc. Como dijera Enrique Galavís, que sucedió García Valdés en la Dirección General de Prisiones, a los presos de los GRAPO había que encerrarles en cajones de hormigón armado (Radio Nacional, 11 de febrero de 1980). En torno a la construcción de nuevas cárceles, empresas constructoras como Huarte se enfangaron en un escándalo de corrupción de muchos millones de pesetas con el PSOE e incluso exportaron el prototipo, construyendo centros de exterminio en Perú y otros países latinoamericanos.
Por aquellas fechas los GRAPO propusieron públicamente por vez primera un programa de cinco puntos, entre los que se contaba la amnistía, para cesar en sus actividades armadas que servía a la vez para que el movimiento de resistencia tuviera claros los objetivos políticos más importantes de la lucha, y para negociar con el gobierno una tregua. Pero en aquellos momentos, el gobierno no había apurado aún todas las posibilidades represivas y sus planes se centraban en las detenciones masivas y los asesinatos selectivos. El número de presos políticos crecía por ello de manera imparable y su situación empeoraba progresivamente. Una constante de la política penitenciaria fue siempre la consideración de los revolucionarios encarcelados como rehenes a través de los cuales pretendían atemorizar al movimiento popular, por un lado, y presionar a las organizaciones revolucionarias, por el otro. Dentro de las cárceles los presos políticos experimentaban, en su propia forma de existencia, todos los vaivenes de la lucha política: la debilidad o fortaleza del gobierno y la debilidad o fortaleza del movimiento de masas.
A cada momento político, el gobierno respondía con medidas penitenciarias de lo más variadas: celdas de castigo, palizas, reagrupamiento, dispersión, traslados etc. En la noche del 26 al 27 de diciembre de 1978, de improviso, los 36 presos que el PCE(r) y los GRAPO tenían entonces en la cárcel, son sacados de la cama a punta de metralleta, esposados y trasladados a la prisión de Zamora, ocupando los de ETA la de Soria y los demás presos políticos son trasladados a la de Segovia. Inicialmente estas tres prisiones se convierten en los centros especiales de reclusión de todos los presos políticos, cuyo número aumenta sin cesar año tras año.
En la prisión de Segovia, un preso común enviado por la dirección intenta asesinar a un militante de los GRAPO acuchillándole varias veces. En la de Zamora los presos se vieron obligados a emprender tres huelgas de hambre de duración superior a los 20 días, en enero, noviembre y diciembre, reclamando una mejora en las condiciones de vida y un trato digno de los carceleros. En la huelga de hambre de 1980, a los presos se les prohibió comprar agua mineral, ordenando el director que beban agua del río. Algunos presos padecieron graves infecciones a causa del mal estado del agua. El caso trascendió a los medios de comunicación, y la población exigió la instalación de una depuradora, que obtuvieron.
Los asaltos de la policía política a la prisión son periódicos: mientras recluyen a los presos en el patio durante horas, abren sus celdas, las registran, destrozan los objetos personales y se llevan las pertenencias más insospechadas.
En la prisión de Zamora comienza la preparación de la espectacular fuga de cinco dirigentes de los GRAPO, que logran evadirse el 17 de diciembre de 1979. En represalia, el gobierno divide la comuna de presos políticos en tres grupos: 22 de ellos son trasladados a Herrera de la Mancha y Puerto de Santa María, y el resto queda en Zamora.
Se inicia una dura batalla, un forcejeo en el que los carceleros quieren imponer un régimen de exterminio para que los presos claudiquen y se arrepientan, y los presos defienden su dignidad como personas y como revolucionarios en la única forma que disponen: con la huelga de hambre. Las huelgas comienzan a hacerse intermitentes (10, 20, 30 días) con cortos periodos de recuperación que apenas son suficientes para superar la debilidad física. Durante 1980 los presos realizan tres huelgas de hambre, con un total de 50 días de ayuno.
Pero poco a poco, a través de las organizaciones de solidaridad, los presos consiguen dar a conocer la verdadera situación en el interior de la prisión de Herrera, el régimen de exterminio que allí trataban de implantar los carceleros, hasta el punto que el gobierno se vio obligado a constituir una Comisión parlamentaria para tapar el escándalo.
Finalmente los presos consideraron que no podían continuar el desgaste físico, porque los carceleros tenían todas las de ganar. La disyuntiva estaba entre la aniquilación silenciosa o la muerte en la lucha. Era necesaria una postura firme y definitiva. Se idea un nuevo método de huelga de hambre, consistente en el escalonamiento, con el fin de presionar al máximo, y prolongar la situación para romper el muro de silencio que el gobierno había urdido. El 14 de enero comienza una huelga de hambre de dos presos en Herrera, a los que poco a poco y en grupos de dos se les van uniendo presos y presas de otras cárceles, como Yeserías, Carabanchel, Zamora y Puerto de Santa María.
Desde la cárcel de Carabanchel, los presos difunden el 21 de febrero un comunicado anunciando que los objetivos se habían cumplido, pero avisaba al mismo tiempo de la posibilidad de que todo fuera una trampa: Esperamos de estos carceleros todo tipo de componendas, pero no nos van a engañar, advertían. Y no les faltó razón. Las mejoras no duraron mucho. Dos días después se produjo el golpe de Estado y el gobierno estimó que, ante la amenaza militar, los presos no reanudarían la huelga.
Durante la noche del golpe de Estado, la columna militar al mando del general Pardo Zancada, después de asaltar la sede de la televisión, se encaminó hacia la prisión de Carabanchel, con objeto de llevarse a los presos políticos allí recluidos y fusilarlos. No pudieron penetrar al interior del recinto y, durante un tiempo, se entabló una fuerte tensión con la guardia civil que custodiaba la cárcel, hasta que, finalmente, desistieron en su intento.
El gobierno contaba con esta amenaza implícita, así como también con el agotamiento de los presos que, según sus cálculos, no tendrían capacidad para responder a una nueva agresión en ese momento. Los meses de verano se avecinaban y esperaban conseguir la complicidad silenciosa de los medios de comunicación.
Los presos aguantaron como pudieron las nuevas provocaciones que siguieron inmediatamente al acuerdo: volvieron las humillaciones, los cacheos arbitrarios, los desnudos integrales, etc. Las exigencias para cumplir los acuerdos se convierten en sanciones en celdas de castigo y largos periodos de aislamiento, acompañados en algunos casos de brutales palizas. Una nueva huelga se hacía inevitable, pese a que las condiciones no eran favorables, por la amenaza permanente de los militares con el golpe de Estado.
El 14 de marzo de 1981 comienza la huelga de hambre de los presos políticos del PCE(r) y de los GRAPO contra el régimen de exterminio impuesto en la cárcel de Herrera de la Mancha. Es Juan José Crespo Galende quien la inicia y a él le siguen escalonadamente más presos de Herrera y otras cárceles. Las exigencias son bien simples: un trato digno y humano y la salida de la cárcel de Herrera de la Mancha, exigencias que deberían ser garantizadas por un organismo de solvencia.
El 28 de abril Crespo Galende comienza a padecer vómitos de sangre en medio de grandes dolores, mareos y malestar general. A causa de los vómitos apenas puede tomar agua mineral, ya que le produce náuseas. No obstante su deterioro físico, se le traslada a Madrid para asistir a juicio e ingresa en la prisión de Carabanchel y de ahí, a los 40 días de huelga, al Hospital Penitenciario, donde es aislado completamente, prohibiéndole la compañía de sus camaradas. A merced de los carceleros, es presionado y coaccionado por todos los medios posibles para que deje la huelga. Poco a poco son numerosos los presos en huelga que van llenando el Hospital Penitenciario, sometidos a las mismas presiones e incluso alguno de ellos es apaleado por los carceleros. El Ministerio de Justicia envía al Hospital Penitenciario a grupo de psicólogos para que logren que los presos desistan de la huelga.
Ante la grave situación de Crespo, el 2 de junio el Ministro de Justicia Fernández Ordóñez accede a recibir a una comisión de abogados de los presos, que remite al Director General Enrique Galavís, que hasta ese momento se había negado a recibirles. Accede a que los presos en huelga sean examinados por un médico independiente, porque los presos sospechan que el agua mineral que bebían estaba tratada y contenía vitaminas. Y en efecto, el médico confirma las sospechas, porque concluye que, dentro de la gravedad, Crespo podía continuar otros 150 días en huelga de hambre. Por ello los presos se declaran también en huelga de sed el día 5 de junio. Crespo reitera una y otra vez que no volverá vivo a Herrera de la Mancha a recoger colillas del suelo. Mantuvo una lucidez extraordinaria, incluso en los peores momentos, y acuñó la frase que definiría a esta huelga: Morir para sobrevivir; para poder vivir dignamente dentro de las cárceles había que luchar hasta la muerte y demostrar al Ministro del Interior Rosón y a toda su guardia pretoriana, que los presos políticos no estaban dispuestos a dejarse aplastar ni a arrastrarse como gusanos por los módulos de sus presidios.
La campaña de intoxicación en la prensa no cesa ni un solo día. En declaraciones a la prensa, el Director del Hospital Penitenciario llega a decir que Crespo Galende se encuentra perfectamente, y que incluso come golosinas. Sin embargo, el Ministro de Justicia, Fernández Ordóñez, amenaza públicamente con la alimentación forzosa de los presos, ante el peligro inminente de un fatal desenlace.
La Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial, celebrada en 1975, estableció expresamente al respecto: El preso no será forzado a tomar alimentación artificial cuando rehuse tomar alimentos y, según el médico, sea capaz de sopesar racional y realistamente las consecuencias de esa decisión voluntaria. Tal opinión del médico sobre la capacidad del preso para sopesar su decisión deberá ser corroborada por, al menos, otro médico independiente. Las consecuencias de negarse a tomar alimentos serán explicadas por el médico al preso. En fin, la decisión no era distinta que en cualquier otro caso en el que un enfermo no quiere seguir los consejos de su médico, estando éste obligado a respetar la decisión de aquel.
Pero el gobierno trató de imponer sus intereses políticos por encima de todo y de todos, no vacilando en el momento de emplear la violencia más brutal, tanto contra los presos en huelga como contra quienes se negaban a la alimentación forzada. Los presos del Hospital Penitenciario fueron atados a la cama y alimentados a la fuerza con suero por vía intravenosa. Crespo entra en un estado de semi-inconsciencia, con momentos de delirio; pierde la consciencia repetidas veces en un espacio muy corto de tiempo. El 8 de junio entra en coma y es trasladado al Hospital de La Paz. Los médicos aseguran que su estado es gravísimo y que hay que temer un desenlace inminente en un breve plazo de tiempo. El gobierno desmiente la noticia y habla de recuperación y mejoría. A pesar de su grave estado y de las protestas de los médicos, Crespo es rodeado de una nube de policías que ocupan la planta del Hospital, le atan a la cama de pies y manos y le inyectan suero para prolongar su agonía.
El 19 de junio, tras 97 días en huelga de hambre, Crespo Galende muere. Había comenzado a militar en la organización de Euskal Herria del PCE(r), y cuando fue detenido, pertenecía al aparato central de propaganda de nuestro Partido. Como a sus demás camaradas, no se le aplicó la amnistía ni los jueces tuvieron en cuenta tampoco el carácter político de la actividad por la que resultó condenado. Le detuvieron antes de aprobarse la Constitución y le asesinaron en nombre de esa misma Constitución antidemocrática. Era la primera vez que en España moría un preso político en huelga de hambre: ni siquiera en tiempos de Franco la barbarie había llegado hasta esos extremos.
Pero la huelga no acaba ahí: otros presos se siguen sumando a la huelga y son varios los que se debaten entre la vida y la muerte. Desde la muerte de Crespo todos los presos que siguen en huelga se niegan a ser visitados por los médicos, a recibir cualquier forma de tratamiento y a ser trasladados a hospitales para impedir la prolongación de su agonía artificialmente. Pero el gobierno comienza a trasladar por la fuerza a los presos a las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales para sacar al problema del ámbito carcelario, como si se tratara de una cuestión meramente sanitaria, inyectarles suero y prolongar indefinidamente su agonía. Ante esta situación, los presos se declaran también en huelga de sed.
Los trabajadores de los hospitales se niegan a colaborar con el gobierno en la alimentación forzada, ante lo que tuvieron que presionarles, prohibiéndoles hablar con los huelguistas y amenazándoles con procesarles por colaboración con banda armada. El Colegio de Médicos de Madrid y el Grupo de Médicos Vascos contra la tortura se pronuncian a favor de los presos y en contra de la alimentación forzosa.